Sentencia 11101 de marzo 9 de 1998 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Ref.: Exp. 11.101 acumulado

Consejero Ponente:

Ricardo Hoyos Duque

Actor: Sociedad Schinel Compañía Ltda. y Sociedad Equiprol Ltda.

Demandada: Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol

Santafé de Bogotá, D.C., nueve de marzo de mil novecientos noventa y ocho.

EXTRACTOS: «Observa la Sala que le asiste razón al actor cuando afirma que en el contrato adicional renunció al reconocimiento económico e indemnización por concepto de la ampliación del plazo, pero de ninguna manera al reconocimiento económico por concepto de la paralización de la obra. Para ello es necesario tener en cuenta las siguientes cláusulas del contrato DIJ-A-118-90 que resultan fundamentales para desatar el asunto debatido; ellas son, la quinta y vigésima tercera que a la letra dicen:

“Cláusula quinta: Plazo. El consorcio se obliga a entregar la obra a plena satisfacción de Ecopetrol, en un plazo de ciento veinte (120) días calendario, contados a partir de la fecha del acta de iniciación de ellas y de lo cual se dejará constancia en acta suscrita por el consorcio y el interventor designado por Ecopetrol para tal fin. El consorcio deberá iniciar las obras dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de perfeccionamiento del presente contrato. Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito se podrá de común acuerdo entre las partes, suspender temporalmente la ejecución del contrato, mediante la suscripción de un acta donde conste tal evento sin que para los efectos del plazo estimativo se compute el tiempo de suspensión”.

“Cláusula vigésima tercera: contratos adicionales: Cuando haya necesidad de modificar el valor originalmente pactado o a prórroga del plazo originado por hechos imputables al consorcio, se celebrarán contratos adicionales. En caso de prórroga del plazo el consorcio renuncia a reclamación posterior contra Ecopetrol, por causa de los mayores costos en que incurra a consecuencia de la ampliación del término...” (negrillas de la Sala).

Al tenor de lo convenido en el punto primero del contrato adicional 1:2-2000-266288, la modificación del contrato en cuanto al plazo de la obra se hizo depender fundamentalmente de lo dispuesto en la cláusula quinta del contrato, esto es, las partes prorrogaron el plazo como consecuencia de la suspensión que éste tuvo y al reconocer que se había presentado una situación anormal que originó su paralización y que colocó a las partes, sobre todo al contratista, en una situación de fuerza mayor ante la imposibilidad de ejecutar los trabajos por las presiones de personas vinculadas con la entidad contratante toda vez que no era predecible para aquel que el sindicato de la compañía dueña de las obras se opusiera a los trabajos que se le habían encargado.

Encuentra la Sala que lo estipulado en el contrato adicional sobre el no reconocimiento económico e indemnización por concepto de ampliación del plazo, sería jurídicamente válido que se excepcionara por la demandada si dicha ampliación se hubiera dado en la circunstancia consagrada en la cláusula vigésima tercera del contrato, es decir, si el plazo del contrato se hubiera prorrogado “por hechos imputables al consorcio”, que es el único caso pactado en el contrato como renuncia anticipada del contratista para hacer reclamaciones posteriores por los mayores costos en que incurriera ante la ampliación del plazo, por solicitud de su parte.

En este orden de ideas, los contratos adicionales a la luz del contrato original DIJ-A-118-90 tenían una finalidad diferente, ya fuera para modificar el valor o el plazo del contrato, pero siempre y cuando las ampliaciones del término provinieran de requerimientos del contratista. Al punto de que si en el acta de acuerdo de reanudación de los trabajos la interventoría y el contratista ya habían convenido como consecuencia de la suspensión que el plazo se correría en 15 días y por ende el plazo de entrega final, resultaba innecesario el trámite del contrato adicional, puesto que el desplazamiento del término acordado en el acta de reanudación de los trabajos cumplía con las formalidades exigidas en la cláusula quinta del contrato.

(...).

“Ha sido jurisprudencia reiterada de esta Sala que cuando la liquidación del contrato se realiza entre la administración y su contratista, si no se deja salvedad en el acta en relación con reclamaciones que tengan cualquiera de las partes, no es posible que luego se demande judicialmente el pago de las prestaciones surgidas del contrato...”.

...La liquidación final del contrato tiene como objetivo principal, que las partes definan sus cuentas, que definan en qué estado quedan después de cumplida la ejecución de aquel, que allí se decidan todas las reclamaciones a que ha dado lugar la ejecución del contrato, y por esa razón es ese el momento en que se pueden formular las reclamaciones que se consideren pertinentes. La liquidación finiquita la relación entre las partes del negocio jurídico, por ende, no puede con posterioridad demandarse reclamaciones que no se hicieron en ese momento.

Es evidente que cuando se liquida un contrato y las partes firman el acta de liquidación sin reparo alguno, éstos en principio no pueden mañana impugnar el acta que tal acuerdo contiene, a menos que exista error u omisión debidamente comprobado. La liquidación suscrita sin reparos es un auténtico corte de cuentas entre los contratistas, en la cual se define quién debe, a quién y cuánto. Como es lógico es un acuerdo entre personas capaces de disponer y las reglas sobre el consentimiento sin vicios rigen en su integridad.

El acta que se suscribe, sin manifestación de inconformidad sobre cifras o valores y en general sobre su contenido, está asistida de un negocio jurídico pleno y válido, porque refleja la declaración de voluntad en los términos que la ley supone deben emitirse, libres o exentos de cualesquiera de los vicios que pueden afectarla. Así tiene que ser. Se debe tener, con fuerza vinculante, lo que se extrae de una declaración contenida en un acta, porque las expresiones volitivas, mientras no se demuestre lo contrario, deben ser consideradas para producir los efectos que se dicen en él...”.

(...)».

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