Sentencia 11105 de marzo 29 de 2000 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

SENTENCIA ANTICIPADA

FACULTADES DEL FISCAL Y DEL JUEZ

EXTRACTOS: «Los artículos 3º y 4º de la Ley 81 de 1993 redefinieron la figura de la terminación anticipada del proceso. A través del primero, que quedó correspondiendo al 37 del Código de Procedimiento Penal (2) , bajo la denominación de sentencia anticipada, se le concedió al procesado el derecho de poder solicitarla al fiscal dentro de las etapas procesales allí determinadas. Hecha la solicitud, así quedó regulado el mecanismo, el funcionario instructor puede disponer la ampliación de indagatoria del imputado y la práctica de pruebas dentro de los 8 días siguientes. Luego, en el marco de una diligencia, el fiscal realiza la formulación de los cargos, la que, junto con la aceptación de los mismos por parte del procesado, se hace constar en un acta que equivale a la resolución de acusación y contiene el fundamento sustancial de la sentencia de condena. No está prevista allí, entonces, la celebración de la diligencia ante el juez, ni su intervención en la misma .

(2) La Corte únicamente se referirá a éste en consideración a que el solicitado por el procesado y cuya tramitación es la que cuestiona el casacionista.

Así las cosas, la actuación se remite al juez competente quien, dentro de los 10 días hábiles siguientes y a condición de que no haya habido violación de garantías fundamentales, dictará la sentencia conforme a los hechos y circunstancias aceptados por el procesado. El artículo 11 de la Ley 365 de 1997 nuevamente modificó el artículo 37 examinado, pero sólo en cuanto a la rebaja de pena a que se hace merecedor el procesado cuando se acoge a la sentencia anticipada una vez proferida la resolución acusatoria y hasta antes de que se fije fecha para la celebración de la audiencia pública.

Bajo la figura de la sentencia anticipada, entonces, no existe discusión entre el fiscal y el procesado tendiente a la obtención de un acuerdo sobre la adecuación legal de la conducta, grado de participación, forma de culpabilidad, pena a imponer y condena de ejecución condicional (lo que sí ocurre frente a la audiencia especial prevista por el artículo 37A del C. de PP). El procesado simplemente acepta o no acepta los cargos que el instructor encuentra estructurados y le formula. Y si lo hace, con sustento en el acta que recoja esa aceptación, el juez tiene el deber de dictar la sentencia siempre y cuando no se hayan vulnerado derechos fundamentales.

Las facultades del juez, entonces, frente al actual artículo 37 del Código de Procedimiento Penal —que fue el aplicado al caso examinado— se encuentran limitadas únicamente al proferimiento del fallo respecto de los cargos aceptados. Pero en lo que tiene que ver con las penas principales y accesorias a imponer, con la extinción del dominio sobre bienes, con la condena a daños y perjuicios del directo responsable del delito y con la concesión o no de la condena de ejecución condicional, actúa sin limitación distinta a la Constitución y la ley.

Es evidente, por lo tanto, que no le asiste la razón a la defensa. El procesado se acogió a la figura de la sentencia anticipada, en su trámite ceñido a la ley aceptó el cargo que le formuló la fiscalía y el juzgador, sin extralimitarlo, emitió el fallo correspondiente. Que el defensor haya solicitado en el marco de la audiencia de aceptación de cargos la suspensión de la ejecución de la sentencia de acuerdo con el artículo 68 del Código Penal no significaba en absoluto una circunstancia condicionante de la decisión del juez, como o en su confusión lo predicó el recurrente.

En consecuencia, no prospera el cargo examinado».

(Sentencia de casación, marzo 29 de 2000. Radicación 11.105. Magistrado Ponente: Dr. Carlos Mejía Escobar).

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