Sentencia 11114 de enero 24 de 1996 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

PECULADO POR USO

TIPIFICACIÓN

EXTRACTOS: «En la censura que se hace a la sentencia de primer grado, no se controvierte la realidad fáctica del proceso, por cuanto se admite como circunstancias incontestables que desempeñándose la doctora B... como Juez Penal municipal de Riofrío (Valle), tomó un revólver que hacía parte de un proceso como instrumento del delito de lesiones personales y lo portó hasta cuando en la noche del 10 de junio de 1994 fue decomisado por la policía; le fue devuelto y al día siguiente de nuevo se le retuvo.

Lo que se discute es que el primer comportamiento sea merecedor de juicio jurídico de reproche ya por ser atípico en cuanto no se hizo uso indebido del arma, o existiendo ese uso no se causó daño, ora porque la acción estuvo amparada por la causal de justificación del estado de necesidad.

Nuestro Código Penal clasifica los delitos en la parte especial atendiendo el objeto o interés jurídico tutelado, describiendo las conductas que motivan incriminación. Así, en nuestro caso, el título III, tutela lo que se denomina la administración pública, donde se reprimen las acciones que atentan contra el normal, ordenado y legal desenvolvimiento de la función de los órganos del Estado, concebido en las tres ramas del poder. Por eso, en esta parte se sanciona toda acción que afecte el buen suceso de la administración pública, que es el bien jurídico protegido, independientemente de que a consecuencia de esa violación resulten vulnerados otros bienes, como ocurre, por ejemplo, con el peculado por apropiación (C.P., art. 133), en el que se presenta daño pecuniario o material, daño que, con todo, no es de la esencia del delito, sino incidente en la graduación de la punibilidad.

En tratándose de peculado por uso (C.P., art. 134 ), no se requiere material menoscabo de los bienes de que allí se trata, sino que basta la sola contradicción con el normal funcionamiento de la administración pública, puesta de manifiesto en la falta de escrúpulo por parte del funcionario o empleado en el manejo de las cosas que se le han confiado por virtud de sus funciones, y que conlleva a que haya desconfianza en el servicio público.

Por manera que, aparte del uso indebido que apareje dicho resultado, no es posible jurídicamente pretender que se extienda el daño a otros bienes en la tipificación del comportamiento, porque de lo contrario se estarían creando más exigencias que las que el legislador tuvo en mira en la estructuración del tipo penal; y asimilar el caso a otras hipótesis consideradas por jurisprudencia y doctrina, bien distintas por cierto, es un desfase, y no de la criminología precisamente, inaceptable por las graves consecuencias que ello implicaría de cara a una recta administración pública.

Frente al caso que se estudia, resulta indudable que en el ejercicio de sus funciones puede válidamente el funcionario o empleado judicial realizar todos los actos que son propios del proceso en relación con los instrumentos o bienes puestos a su disposición, o permitir, con el mismo propósito y con iguales limitaciones, que otros los realicen. Pero ya se cumplen actos arbitrarios con los mismos y por ende merecedores de reproche penal, cuando fuera de la órbita de sus funciones y con abuso de las mismas les da o permite que se les dé por otro indebido uso, pues en esas condiciones desborda el encargo de custodia dado, se va más allá de los confines autorizados por la administración pública, atentándose de esa manera inequivocamente contra ella.

De ahí que no sea necesario, como aquí se sostiene insólitamente, que para que exista uso punible, debía el arma ser tomada con ánimo de apropiación, puesto que el peculado que se acrimina no comporta el cumplimiento de actos de disposición uti dominus, quedando ontológicamente perfeccionado, con la ofensa al deber de fidelidad del funcionario o empleado con la administración pública.

Tampoco era preciso, como también se afirma, que el arma fuera disparada, que se amenazara con ella, o al menos se exhibiera para consumar el delito, pues estas conductas (que son formas diversas del uso material del objeto pero no del uso jurídico del bien según el tipo penal referido) independientes darían lugar a que eventualmente se tipificara otro hecho punible que concursaría con aquel, sin que uno resultara dependiendo del otro. El solo hecho de portar un arma estando inmovilizada por un depósito legal, desde el punto de vista jurídico, es usarla indebidamente, así no se la dispare o se le dé otro uso material propio.

Para la Corte no hay duda que el ilícito en examen se dio, cuando el bien (revólver) objeto de custodia por parte de la funcionaria fue utilizado indebidamente por ésta al portarlo como instrumento de eventual defensa personal (forma inequívoca de uso), pues la ex juez acusada no tenía autorización legal para darle ese tipo de uso.

Recuérdese que el revólver hacía parte de un proceso por lesiones personales que cursaba en el Juzgado Penal Municipal, el cual le fue decomisado a Juan Carlos Pimentel con dos cartuchos y una vainilla el 30 de noviembre de 1992, estableciéndose que éste lo portaba sin el correspondiente salvoconducto, circunstancia que hacía que el conocimiento de este hecho correspondiera a autoridad distinta a la ex juez penal municipal procesada.

El hecho de que la juez no se hubiera desprendido desde esa época del revólver remitiéndolo al juez competente, el que no lo hubiera dejado en custodia en el armerillo de la Policía, como sí lo había hecho con otras armas; la circunstancia misma de que hubiera sido hallado por agentes del orden la noche del 10 de junio de 1994 con la carga completa y que aún el 11 lo llevara consigo a pesar de que le fue devuelto porque adujo que correspondía a un proceso, constituyen serias evidencias de que de tiempo atrás le venía dando un uso personal, y que fue por obra del acaso, merced a su conducta desordenada de la noche de autos, que lo descubrió la autoridad policiva en su poder, porque, de no haber sido así, impunemente aún lo llevaría consigo. Y ello, ciertamente, no puede constituir simple indelicadeza como cándidamente lo afirma el magistrado a quo disidente, sino evidente desconocimiento de la ley penal.

La justificación que la defensa pretende de su conducta, aduciendo que desarrolló tal comportamiento porque sentía amenazada su vida, resulta inadmisible toda vez que, en primer lugar, en su indagatoria inicial nada dijo sobre tan neurálgico estado de espíritu y antes bien negó que hubiera tomado arma de proceso alguno, presentando contradictorias situaciones sobre el episodio del 10 de junio y, en último lugar, si hubiera temido por su integridad seriamente, nada más elemental que haber dado cuenta sobre la realidad de sus temores a los organismos del Estado para que se le diera la protección adecuada, pero nada de esto hizo, por cuyo motivo no se encuentra la necesidad que la impulsara a infringir la ley.

No cabe duda, en consecuencia, que el comportamiento comentado además de típico, resulta antijurídico y culpable, a título de dolo, debiendo ser merecedor de sanción, como con acierto lo dedujo el a quo».

(Sentencia de segunda instancia, enero 24 de 1996. Radicación 11.114. Magistrado Ponente: Dr. Dídimo Páez Velandia).

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