Sentencia 11127 de Julio 18 de 1997 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

RESPONSABILIDAD ESTATAL

CIVILES MUERTOS EN COMBATES ENTRE EJÉRCITO Y GUERRILLA

EXTRACTOS:«La sentencia de primera instancia será confirmada, reduciendo la responsabilidad de la entidad demandada en un 50% por culpa concurrente de las víctimas.

I. La responsabilidad de la entidad demandada.

1. Tal como se afirma en la sentencia de primera instancia, aparece demostrado en el expediente que las dos víctimas, Arunbio Muñoz y Gilberto Antonio Burbano Meneses, fallecieron en un enfrentamiento entre las fuerzas del orden y la guerrilla, al cual los dos era ajenos.

Al expediente obran las actas de levantamiento de sus cadáveres (f. 30 y 31 c.); de las necropsias practicadas (fls 25 al 32 c2); y del informe oficial de los hechos, denominado “caso táctico Nº 1”, del cual se deduce que las víctimas resultaron muertas cuando, transportaban guerrilleros, armas y municiones y se presentó un combate con los miembros del Ejército Nacional.

De los testimonios se evidencia también que Arunbio Muñoz y Gilberto Antonio Burbano Meneses no pertenecían a ningún grupo subversivo y que fueron obligados por los guerrilleros a realizar el viaje en el que infortunadamente perdieron su vida.

(...)

2. En el expediente no aparece demostrado que las víctimas pertenecerían a algún grupo guerrillero ni que fueran “colaboradores” de los subversivos, como se afirma en los alegatos de la parte demandada. Si ello fuera así, ninguna responsabilidad cabría al estado, pues en tal caso los daños sufridos por ellos serían imputables en forma exclusiva a su propia conducta.

No puede aquí calificarse de “colaboradores voluntarios” de la guerrilla a quienes residiendo en lugares en donde la protección del Estado a sus ciudadanos es precaria, se ven compelidos a obedecer las órdenes de los subversivos para salvaguardar su vida y su integridad personal. De quienes se encuentran en dicha situación no puede predicarse que tienen voluntad subversiva ni libertad.

3. En el sub judice resulta claro que las víctimas no suministraron transporte a los delincuentes con sus armas y explosivos, por voluntad propia.

Tal como lo dijo el testigo, Matias Aguilar Meneses.

“... allá en esos sitios autoridades del gobierno no existen, de manera que el campesino muchas veces por salvar la vida nos toca callar o hacer lo que ellos manden...” (f.53 c. 2).

O, como lo expresó Jesús Antonio Montealegre Anaya,

“... En el caso de Arnubio Muñoz que vivía allá arriba en Villa Nueva le era difícil negarse rotundamente a transportarlos, es que a lo último le dicen a uno es que no es un favor, sino una orden y uno qué puede hacer, tiene que acceder y eso lo hacen contra la voluntad de uno” (f.78).

4. Dicho lo anterior, también resulta evidente para la Sala, con base en la declaración rendida por el testigo presencial, Argemiro Ledezma Lara (f. 57 c.2), que el comportamiento de las víctimas en los hechos objeto del proceso también fue imprudente en la medida en que, habiendo tenido la opción de dejar que los guerrilleros se llevaran el carro, prefirieron conducirlo ellos mismos. Y aunque tal conducta, que se entiende fundada en un legítimo instinto de defender un bien que era de su propiedad, no puede configurar la culpa exclusiva de la víctima ni producir la ruptura del vínculo causal exoneratorio de la responsabilidad de la nación, sí amerita reducir la responsabilidad de la demandada en un 50%.

El declarante Argemiro Ledezma Lara (f. 57), dijo textualmente:

“... Serían entre ocho y nueve de la noche, llegó un grupo de muchachos bien armados con bota pantanera, machete al cinto, algunos tenían gorras pero vestidos de camuflaje no llevaban, preguntaron por el señor Arnulfo Muñoz, en ese momento el salió y los guerrilleros le dijeron que necesitaban un viaje que alistara el carro, el contestó que no podía porque acababa de llegar de la fonda y que era tarde y estaba cansado. El man que los dirigía a los guerrilleros le dijo que tenía que ir o que entregar el carro, Arnubio respondió que tuvieran en cuenta que él tenía mujer y familia, que era peligroso, que no tenía sino ese carrito, ellos lo amenazaron y como pues había más seguridad en que el mismo manejara su carro, les aceptó pero obligado, oí cuando llamó al ayudante o sea a Gilberto que vivía en la misma casa y le dijo que lo acompañara a hacer el viaje. Eso es todo lo que yo puedo informar y me consta”.

5. Por último, se precisa que en casos como el aquí narrado puede estimarse que el daño es causado como consecuencia una conjunción de acciones de las fuerzas armadas y la subversión o en general de los terroristas. Los dos actores del conflicto son, ante el particular ajeno a él, responsables en forma solidaria de los daños que el reciba en el enfrentamiento.

Pero la diferencia esencial entre los dos, radica en que la conducta de las fuerzas militares es legítima. Por tal razón, en tales hipótesis estas responden no bajo el régimen de la falla del servicio, sino por el rompimiento, frente a la víctima, del principio de igualdad ante las cargas públicas.

La actuación de la fuerza pública no resulta así objeto de reproche; y la responsabilidad patrimonial del Estado, tal como lo destacó el agente del Ministerio Público, no surge de su comportamiento irregular sino de el rompimiento de dicho principio. Del citado concepto se destaca:

“No existió falla del servicio; las fuerzas militares se limitaron a cumplir con su deber lo cual excluye toda idea de falla; de allí que los hechos se sitúen bajo el régimen denominado de daño especial cuyo presupuesto es la inexistencia de la falla en el servicio; surge, por el contrario de la licitud o legalidad de la actuación administrativa en cuyo cumplimiento se causan daños de carácter especial y anormal a los administrados, es decir, un daño antijurídico, de aquellos que la víctima no está obligada a soportar. Su fundamento es el principio de equidad y de proporcionalidad frente a las cargas públicas, título jurídico e imputación consagrado en el numeral 9º del artículo 95 de la Constitución Política fundamentado a su vez en la cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado establecida en el artículo 90 de la misma”. (f. 232 c.5)»

(Sentencia de Julio 18 de 1997. Expediente 11.127. Consejero Ponente: Dr. Carlos Betancur Jaramillo).

_______________________________________________