Sentencia 11130 de diciembre 3 de 2001 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge Aníbal Gómez Gallego

Aprobado Acta Nº 188

Bogotá, D.C., tres de diciembre de dos mil uno

Vistos:

Revisa la Corte en sede de casación la sentencia de segundo grado del 21 de junio de 1995, proferida por el Tribunal Superior de Barranquilla, por medio de la cual confirmó integralmente el fallo dictado por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Sabanalarga el 24 de febrero del mismo año, en el que condenó a Juan Sanjuán Fandiño a la pena principal de 25 años de prisión como autor responsable del delito de homicidio.

Hechos y actuación procesal

Los sucesos materia de juzgamiento en este proceso tuvieron ocurrencia en horas de la noche del 8 de mayo de 1994, en el establecimiento de comercio denominado “Mi Ranchito” ubicado en la calle 9 Nº 9-05 del municipio de Manatí (Atlántico), donde se suscitó una riña entre Patrocinio Fernández Castro y Juan Evaristo Sanjuán Fandiño, en el curso de la cual el último propinó al primero lesiones con arma cortopunzante a consecuencia de las cuales falleció posteriormente. Como el agresor fue perseguido por algunas personas después de cometer el hecho, se refugió en las instalaciones de la Estación Rural de Policía del lugar.

Formalmente abierta la instrucción el 9 de mayo de 1994, la Unidad de Fiscalía de Sabanalarga escuchó en indagatoria a Juan Sanjuán Fandiño y resolvió su situación jurídica con detención preventiva sin beneficio de excarcelación por el delito de homicidio. El 9 de septiembre de 1994 se profirió en su contra resolución de acusación por el mismo delito, decisión que impugnada fue objeto de confirmación en providencia del 26 de octubre del mismo año.

Una vez celebrada la vista pública, el 24 de febrero de 1995 el juez de conocimiento condenó al procesado a la pena principal de 25 años de prisión por el delito de homicidio, decisión que al ser impugnada por el procesado y su defensor, revisó y confirmó en todas sus partes el Tribunal Superior de Barranquilla el 21 de junio del mismo año.

La demanda de casación

Bajo un único cargo al amparo de la causal primera cuerpo segundo, el censor acusa la sentencia de segunda instancia de ser violatoria de la norma sustancial en forma indirecta, “al ignorar la existencia de la legítima defensa”. El juzgador incurrió en un falso juicio de identidad por errónea apreciación de las pruebas.

De cara al desarrollo del cargo inicia señalando que en el trámite del proceso se “judicializan” dos testimonios contradictorios y excluyentes.

El primero exculpativo, constituido por la declaración de la esposa de la víctima Neyla Esther San Juan y del cual cita algunos apartes, es claro y de “absoluta credibilidad” atendiendo las circunstancias en que la deponente percibió los hechos y las condiciones personales y familiares de la misma con el hoy occiso.

No obstante, las razones esgrimidas por el tribunal para desconocer su valor probatorio —las que igualmente trascribe— no tienen respaldo “empírico” alguno y desconocen la presunción de veracidad que entraña la prueba testimonial. Esta declaración como prueba de descargo, se incorporó atendiendo los parámetros de la ley, esto es bajo la gravedad del juramento y previa amonestación acerca de la importancia moral y legal del acto so pena de sanciones.

Para el impugnante, no es válido el razonamiento crítico del tribunal para desechar el testimonio de Neyla San Juan, “a no ser que se hubiese retomado la doctrina jurídico penal clásica, que señalaba sin (sic) más veraz el testimonio de la mujer como fantástico y superficial; o que por mujer se era sensible y emocional, fácilmente propensa a la ira falseando la verdad, cuando la experiencia en el foro demuestra todo lo contrario, y si bien es menos amplia que el hombre en su dicho, siempre es más veraz, fiel y exacta que el hombre”.

En consecuencia, a este testimonio debe dársele el valor probatorio que se indica, para que con base en él se reconozca que el procesado actuó en legítima defensa de su vida y se le exima de responsabilidad.

El otro testimonio, de cargo y responsabilidad, rendido por José Francisco Fontalvo, no debió en cambio dársele la credibilidad que se le atribuye porque está probado que no presenció los hechos y para el momento de los mismos el declarante se hallaba en estado de embriaguez y “quien consume alcohol su memoria se le hace vacilante, disminuye su capacidad de atención, se amegua (sic) la agilidad para comprender y percibir”. De otro lado, su amistad con la víctima hace probable que su dicho haya estado influenciado por sentimientos de solidaridad, vecindad y paisanaje, de donde el mismo no constituye prueba suficiente para condenar ni para desvirtuar lo alegado por el procesado en el sentido de que actuó en legítima defensa.

La circunstancia de que el procesado se encontrara armado se justifica por la cultura de violencia que se vive en el país. Así mismo el que le haya propinado a la víctima dos puñaladas y no una “no rompe con el elemento estructural de la proporcionalidad entre agresión y defensa”. “La pugnacidad y virulencia” de la respuesta a una agresión injusta no se puede medir racionalmente porque en esos instantes el hombre obra emocionado y ello implica la pérdida de la capacidad de compresión.

Es plausible admitir que Juan Sanjuan Fandiño fue agredido por el hoy occiso Patrocinio Fernández, quien debió estar celoso de quien compartía en el establecimiento de cantina con su esposa. Los celos, agrega, son “la pasión más altamente criminógena (sic), por cuanto en su proceso se entrelazan con el dolor y desfogan con la ira”. Dicha circunstancia hace admisible la tesis de que Sanjuan Fandiño fue injustamente agredido “por quien avasallado por la mórbida efigie de la pasión celosa, veía en él el objeto de la traición”.

Concluye señalando que en la sentencia no se cumplió con el principio de la “necesidad de prueba” de que trata el artículo 246 del Código de Procedimiento Penal, ni existe la prueba para condenar, y finalmente, “este instructivo arroja duda razonable y manifiesta que debió resolverse a favor del procesado”.

En consecuencia solicita que se case la sentencia para que en su lugar se dicte el fallo que en derecho corresponda.

Concepto del Ministerio Público

El Procurador Segundo Delegado en lo Penal sugiere la desestimación de los cargos en contra de la sentencia por las siguientes razones:

En primer lugar se advierte que los fundamentos esgrimidos por el casacionista en pro del reconocimiento de la legítima defensa han sido trajinados a lo largo del trámite del proceso, circunstancia que si bien no implica la descalificación del recurso extraordinario, en el presente caso el efecto sí es nocivo pues la argumentación en la que se soporta la petición de la causal de justificación está basada en juicios de reproche eminentemente subjetivos, que no tienen cabida en esta sede.

Así, agrega, el censor convoca a una revisión de planteamientos típicos de instancia, configurándose una desenfocada invitación a discernir sobre una peculiar apreciación probatoria respecto de dos medios de prueba que critica con una postura radicalmente opuesta a la estimación que de ellos hizo el tribunal.

Pero además el casacionista incurre en otra serie de desaciertos, pues no demostró la manera como pretende pudo haberse afectado la ley sustancial con la sentencia y ni siquiera aclara el sentido de la violación, que en el evento de la transgresión indirecta de ésta, puede darse por un error en la selección normativa, bien por falta de aplicación del precepto o por su indebida aplicación, sobre lo cual, insiste, nada aporta la demanda.

También incurre en una ostensible contradicción, con lo que se considera es el aspecto central de su demanda, esto es el reconocimiento de la legítima defensa, pues ninguna razón tiene que culmine diciendo que “el instructivo arrojó duda razonable” para endilgar la transgresión del artículo 445 del Código de Procedimiento Penal, cuando paralelamente alega una causal de justificación que ni remotamente puede tener coexistencia con el fenómeno de la duda, lo cual imponía hacer dichos planteamientos en cargos separados y con carácter subsidiario, tarea que omite el demandante.

Sobre la presunta violación de los artículos 246 y 247 idem, que sólo tangencialmente se citan en el libelo, se desconocen las razones para su invocación, pues tampoco se erigen acordes con el único planteamiento desarrollado en la demanda.

Es igualmente improcedente entremezclar distintos falsos juicios en un mismo cargo, lo cual se extracta de la demanda cuando se alude a que en el fallo se le dio “convicción” a un testimonio que no rendía credibilidad alguna, con lo que se confiere un cariz de falso juicio de convicción sobre la prueba, cuando inicialmente se había enrutado la censura hacia un falso juicio de identidad, errores incompatibles en su esencia.

Llaman la atención al procurador algunos aspectos ventilados por el casacionista para sustentar su “íntima posición probatoria”. En primer lugar, es un verdadero exabrupto la afirmación según la cual la experiencia enseña que el testimonio rendido por la mujer es más veraz, fiel y exacto, pues ello implica, además de revivir postulados totalitaristas en franca contraposición con el desarrollo del derecho penal demo-liberal, un atentado al principio de igualdad.

Al anterior ilógico argumento concatena el censor su criterio personal para contraponerlo al del tribunal, llegando a conclusiones especulativas, como decir, sin que esté plenamente probado, que el deponente José Francisco Fontalvo estaba totalmente borracho cuando percibió directamente los hechos, aspecto sobre el cual ya había insistido previamente en instancias con resultados negativos, habiéndose explicado que esa tesis quedaba descartada en consideración a que esa declaración arrojó una versión coherente y precisa de la forma como ocurrieron los hechos.

De otra parte, se advierte que analizada imparcialmente la declaración de Nelia Sanjuan, único soporte de la pretensión del reconocimiento de la legítima defensa, de su contenido no emerge clara ni objetivamente la concreción de dicha causal de justificación, según se percibe de la cita textual que de la parte pertinente transcribe, de la cual extracta que la deponente relata un altercado que degeneró en un enfrentamiento armado, con elementos cortopunzantes de la misma naturaleza esgrimidos por parte de los contendores en igualdad de condiciones y con la misma disposición de parte y parte.

En detrimento de la aceptación de la causal de justificación alegada, cobra vigencia además la declaración de José Fontalvo, debatida sin éxito e infundadamente por el casacionista, que niega puntualmente, como testigo presencial de la contienda, el ejercicio de una acción defensiva por el aquí procesado, colocándolo en cambio en el plano de inicial agresor.

Concluye en que las falencias destacadas, que no lo fueron en su totalidad, hacen manifiesta la inviabilidad de la solicitud de casación del fallo recurrido. En consecuencia, se sugiere desestimar el cargo y no casar la sentencia.

Consideraciones de la Corte

Antes de entrar a verificar si los planteamientos jurídicos de la demanda tienen entidad para desvirtuar la doble presunción de acierto y legalidad que acompaña a las sentencias de instancia proferidas contra Juan Sanjuan Fandiño, resulta necesario precisar que el error de hecho por falso juicio de identidad difiere del error que proviene del desconocimiento de las reglas de la sana crítica en la valoración del mérito de las pruebas, que la jurisprudencia de la Corte ha venido nominando como error de hecho por falso raciocinio.

Mientras el primero se configura cuando el sentenciador distorsiona el sentido objetivo del medio probatorio, ya porque lo cercena, ora porque lo adiciona, o bien porque lo tergiversa, con la secuela de que por tal manejo se le hace producir efectos que no se desprenden de su real contenido o, dicho de otra forma, se le hace decir lo que aquél no dice; el segundo surge cuando el juez, en el examen de su contenido suasorio o de aplicación en general de razonamientos lógicos, se aparta de los reglas de la experiencia, los postulados de la lógica, o los principios de la ciencia.

Su demostración, por consiguiente, debe fundarse en consideraciones distintas, pues en tanto el error de hecho por falso juicio de identidad impone contrastar el contenido material de la prueba con la aprehensión fáctica que de ella recogen los fallos de instancia, en orden a demostrar su falta de correspondencia, el error de hecho por falso raciocinio impone evidenciar que el análisis realizado por los juzgadores acerca del mérito de la prueba contradice de manera manifiesta las reglas de la sana crítica.

En el caso a estudio plantea el casacionista que el fallador de segunda instancia incurrió en un error de hecho por falso juicio de identidad, al desconocer de un lado el valor probatorio de la declaración vertida por Nelia Esther Sanjuan, y otorgárselo en cambio al testimonio de José Francisco Fontalvo, cuyas condiciones personales hacían dudar de su veracidad, lo que llevó al desconocimiento de la causal de justificación de la legítima defensa que imponía la absolución del procesado.

Para fundamentar el supuesto error, el demandante no demuestra sin embargo que la relación de las mencionadas pruebas, a la hora del examen judicial adolezca de supresiones o adiciones en su contenido material, sino que recurrentemente pretende significar que en su valoración se desconocieron las reglas de la sana crítica, lo cual quiere decir que en el fondo se objeta el fallo en esta materia porque supuestamente se incurrió en un falso raciocinio.

Así, en relación con el testimonio de Nelia Esther Sanjuan, reclama “absoluta credibilidad”, atendiendo las circunstancias en que la deponente habría percibido los hechos; su condición de esposa de la víctima; la observancia estricta de los requisitos procesales para su incorporación como prueba de descargo, y una supuesta regla de experiencia según la cual el testimonio de la mujer es “más veraz, fiel y exacta” que el del hombre.

No obstante, el tribunal, respaldando los juicios del fallo de primera instancia, al analizar la prueba cuestionada hace las siguientes reflexiones:

“Es evidente que Nelia se resistía a declarar y a pesar de habérsele citado varias veces como se dijo, no asistió y cuando finalmente lo hizo, se presentó acompañada de su tía.

No es pues una declaración que merezca nuestro crédito, ya que muchos factores incidieron para que no dijera la verdad.

En primer lugar que ya no convivía con su marido y era obvio que ya las relaciones no eran buenas, a pesar del afán de Fernández por llegar a reconciliarse, así se manifiesta cuando se presentó a buscar a sus hijos donde ella residía; se los envío a la esquina pero no salió y cuando en el centro de diversión Patrocinio la invitó a bailar no quiso hacerlo con él, no obstante que bailaba con otro.

En cambio las relaciones de Nelia y su primo Juan (el procesado) se hallaban en los mejores términos, hasta el punto que aceptó la invitación para salir a divertirse, contrario a lo que el procesado dijo en la indagatoria...

Las circunstancias anotadas y posiblemente la presión familiar, influyeron más en ella que un vínculo familiar casi terminado, para distorsionar la verdad con el fin de favorecer al procesado”.

Más adelante agrega:

“La narración que de los hechos hace el procesado no encuentra respaldo ni siquiera en la declaración de Nelia Sanjuan, su prima, que como lo expresamos mostró una clara parcialidad hacia su primo.

Ella no menciona que su mando hubiese abandonado el sitio donde estaban por el momento en que discutían, para regresar armado y acompañado de cinco amigos...”.

Y en relación con el testimonio de José Francisco Fandiño, cuya credibilidad en cambio cuestiona el casacionista porque supuestamente “no presenció los hechos, y al momento de la ocurrencia de los mismos estaba totalmente embriagado”, además de lo cual su amistad con la víctima pudo influenciar su atestación por sentimientos de solidaridad, vecindad y paisanaje, reflexionó el tribunal, así:

“En cuanto a la embriaguez del testigo, José Francisco Fontalvo, alegada por la defensa, la Sala la considera infundada, ya que si bien es cierto que acompañó a la víctima desde las primeras horas de ese día en distintos sitios de diversión y admite que éste se embriagó, sobre su estado afirma que había ingerido licor pero que no estaba borracho.

La forma clara, coordinada y precisa como recuerda lo acontecido, excluyen la posibilidad de que sus esferas volitivas y afectivas estuvieran alteradas”.

Los juicios de valor explícitos y motivados que se acaban de transcribir permiten demostrar que el examen judicial de los testimonios de Nelia Esther Sanjuan y José Francisco Fandiño estuvo precedido de un análisis racional que al rompe descarta la pretensión del demandante encaminada a la demostración de un falso raciocinio, dejando en evidencia su deseo de construir un paralelismo valorativo para menospreciar a su talante el análisis que la jurisdicción presenta como fruto de la contradicción y la inmediación en las instancias.

Pretender retóricamente una mejor evaluación juiciosa de la prueba, que supuestamente se pone por encima de la que hizo el tribunal, es una disposición impugnativa inadmisible en casación, porque, de un lado, en esta materia, por corresponder a una infraestructura racional, los errores con vocación de prosperidad son solamente aquellos tan manifiestos que ignoren por completo las leyes lógicas o empíricas (de experiencia común o científica), pues lo contrario sería propiciar una interminable cadena competitiva de razonamientos —quizás todos loables— entre las partes y las instancias judiciales, actitud que se opone al carácter institucional del derecho (según el cual se acepta no sólo la existencia de órganos que estatalmente administran justicia sino también que alguno lo hace en ultima instancia) y a su finalidad práctica de resolver conflictos.

Ahora, con base en reglas de la experiencia inexistentes, como aquella según la cual el testimonio de la mujer es más veraz que el del hombre; o en suposiciones como la que le atribuye al testigo José Francisco Fandiño un estado de embriaguez tal que le impidió percibir y comprender el desarrollo de los hechos, no pueden levantarse alternativas plausibles al riguroso examen racional de la prueba que hace el fallador, pues no son las hipótesis subjetivamente lanzadas por el recurrente las que derrumban lo que está acreditado debidamente en la sentencia; será necesario esgrimir alternativas empíricamente comprobadas, cuyo predominio sobre las primeras sea ostensible porque demuestran fácilmente cuán equivocadas son.

Finalmente, no puede pasar desapercibida para la Sala la ostensible contradicción en que incurre el censor al culminar la demanda aludiendo a que “el instructivo arrojó duda razonable” para endilgar la transgresión del artículo 445 del Código de Procedimiento Penal derogado (hoy L. 600/2000, art. 7º), cuando toda la argumentación que antecede se encaminó exclusivamente a demostrar una supuesta legítima defensa, pues debe recordarse que para el reconocimiento de la justificante como casual de exclusión de la antijuricidad debe aparecer plenamente demostrada en todos sus elementos conformantes —existencia de la agresión, actualidad o inminencia, dirección hacia derecho propio o ajeno, necesidad de defensa, proporcionalidad—, de donde no tiene cabida el reparo probatorio que ponga en duda su existencia.

Resulta forzoso concluir que con la censura no se construye un juicio técnico, con la inmediata consecuencia de conservar el fallo la incolumidad por sus notas de acierto y legalidad no desvirtuadas.

En cuanto se relaciona con la eventual aplicación de la favorabilidad por el tratamiento punitivo más benigno del nuevo Código Penal para el delito de homicidio, el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, decidirá lo pertinente de acuerdo con la previsión contenida en el artículo 79, numeral 7º del nuevo Código de Procedimiento Penal (L. 600/2000)

En mérito de lo expuesto, La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

No casar la sentencia recurrida.

Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Cópiese, devuélvase al tribunal de origen y cúmplase.

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