Sentencia 11133 de mayo 21 de 1998 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Ref.: Exp. 11.133

Actor: Audelina Arenas Pérez

Demandada: La Nación-Ministerio de Defensa

Consejero Ponente:

Dr. Juan de Dios Montes Hernández

Santafé de Bogotá, D.C., veintiuno de mayo de mil novecientos noventa y ocho.

EXTRACTOS: «(...).

El 1º de agosto de 1988, el señor Luis Humberto Pérez Guerrero viajaba en una motocicleta de su propiedad, desde la ciudad de Ocaña hasta su residencia situada en “Cerro Negro”. Sin embargo, desapareció en el trayecto y sólo hasta el 4 de agosto se encontró su cadáver, con evidentes signos de tortura; las pesquisas que se adelantaron permitieron establecer que el difunto y dos personas más fueron interceptados y capturados por miembros del ejército que les dieron muerte en una región montañosa.

La Sala considera:

La sentencia apelada será confirmada, pues los distintos medios de prueba allegados al proceso conducen sin lugar a dudas a establecer que en el sub lite se está en presencia de una falla del servicio imputable a la Nación colombiana.

Para llegar a esta conclusión, es importante advertir que en el expediente no reposa una prueba directa que comprometa al Ejército Nacional; sin embargo, del análisis del expediente se observa una serie de indicios que relacionados con las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se presentaron los hechos, permiten al fallador de instancia deducir la responsabilidad patrimonial de naturaleza extracontractual de la entidad pública demandada.

En el sublite se observa que el 1º de agosto de 1988, en el corregimiento de Cincho, municipio de la Playa (Norte de Santander), ocurrió el desaparecimiento del señor Luis Humberto Pérez Guerrero, quien tres días después fue encontrado muerto con signos de tortura.

Las pruebas recogidas a lo largo del proceso comprometen indiscutiblemente a miembros del Ejército Nacional en la muerte del señor Pérez Guerrero. Demuestran que en el caso de autos se está en presencia de un daño que debe resarcir el Estado; esta deducción se desprende de los testimonios que obran en el expediente, de los cuales el ad quem destaca los siguientes:

En su declaración la señora Rosa Herrera Contreras, dueña de la casa donde se vio por última vez al occiso, declaró:

“... a la casa llegó primero el señor Benjamín Quintero con Jorge Vivas, el señor Benjamín entró a la cocina y me dijo que iba un poco de gente que era el ejército y que él iba en calidad de detenido, también me dijo que iba enfermo que le regalara agua de panela, en ese momento llegó el ejército y me pidió también agua de panela pero todos no sino unos, yo les di el agua de panela y se salieron al patio, al rato llegó Luis Humberto Pérez Guerrero en una moto, él iba pasando por la carretera y un señor de esos del ejército lo mandó a parar y le pidió los papeles, él paró y le mostró los papeles que saco de un bolso y se los pasó al señor que lo mandó parar, en esas estaba Benjamín acostado en un kiosko y en esas pasó Luis y se trajo la moto, Benjamín le preguntó a Luis que qué había pasado y le dijo que tenían que esperar dos horas para irse para la casa de ellos, entonces dijo Luis Humberto Pérez que hiciera el favor de dejarlo hacer una llamada para avisarle a la familia que llegaba más tarde, en esas él hizo la llamada y yo me fui para la cocina y no los volví a ver más a ellos ni a Luis ni a Benjamín, ellos se fueron aunque yo no los vide ir, ya con la tarde como a las seis llegó Ana Elvia Guerrero junto con el esposo y la señora de Luis a buscarlo que no aparecía y los compañeros tampoco aparecían. Como a las siete de la noche estaban en la casa de la señora Ana Elvia y la esposa de Luis paradas en el patio y en esas bajó una moto en la que iban dos señores y dijo la señora de Luis Humberto que esa era la moto del esposo de ella, y el comentario era que se habían desaparecido...”.

Oneida Rodríguez, hermana del soldado que tenía en su poder la motocicleta en la cual viajaba la víctima, manifestó que su hermano Jesús Emiro quien para el 1º de agosto de 1988 prestaba el servicio militar, llegó a la casa el 4 del citado mes y año aproximadamente a las 11 de la mañana y llevaba una motocicleta que dejó allí guardada; con posterioridad se presentaron a la residencia unas personas a preguntar por su hermano y al ver la motocicleta comentaron que era de Humberto Pérez Guerrero, desaparecido hacía varios días; los acompañó a la procuraduría y allí se enteró que la persona desaparecida había sido encontrada muerta y con señales de tortura.

De otra parte, el testimonio de Jesús Elías Pérez, primo de la víctima, también tiene fuerza probatoria, dado que fue una de las últimas personas que vio al occiso:

indicó: “... El día 1º de agosto de mil novecientos ochenta y ocho me encontré a Luis Humberto Pérez Guerrero aquí en la Playa cuando él viajaba para Cerro Negro, el iba sólo portaba un bolso negro en la parrilla de la moto siendo las doce del día, resultando el día cuatro de agosto allá enterrado en la montaña degollado, torturado, la lengua trozada, ... La moto se la robaron y apareció en la ciudad de Ocaña barrio Santa Clara en casa de Ramón Custodio Rodríguez a esa casa la llevó el hijo de Ramón Custodio que estaba prestando servicio en el batallón Santander de Ocaña, moto la tenían tapada en el aposento con una ruana, de ahí la sacaron para la procuraduría”.

A pesar del interés personal que podría afectar a las versiones dadas por los padres del occiso, lo cual de por sí no invalida esta prueba, para la Sala revisten importancia, dado que coinciden en lo fundamental con otros testimonios ya citados. Entre las afirmaciones de la señora Ana Elvia Guerrero de Pérez, madre del occiso, está la siguiente:

“El día primero de agosto a las dos de la tarde me llamó él y me dijo que ya iba para la casa y que lo tenían detenido el ejército y así fue que nosotros nos quedamos esperando en la casa, a esto de las cinco de la tarde pasó el bus que iba de Ocaña y le preguntamos que si por ahí no iba Luis Humberto Pérez y nos dijeron que no que por ahí no estaba...”.

La señora Carmenza Arenas de Carrascal, cuñada de la víctima, en relación con los hechos expuso: “El día 1º de agosto de 1988 al saber que se había desaparecido mi cuñado ... yo fui y puse la denuncia en la procuraduría de Ocaña el día dos de agosto, nosotros habíamos sabido que el ejército lo había detenido en el trayecto de La Playa a Cerro Negro, el había salido de Ocaña a Cerro Negro, a los días es decir el día cuatro de agosto fue encontrado por los campesinos de la vereda que queda entre Astilleros y Cerro Negro asesinado y lo habían enterrado junto con los dos compañeros que iban con él ...”.

Por el contenido y la claridad de las anteriores declaraciones, el ad quem establece que el señor Pérez Guerrero fue torturado y posteriormente asesinado por miembros del Ejército Nacional.

Sobre este punto, la Sala comparte en su integridad las conclusiones a del procurador quinto delegado ante esta corporación, Dr. Alier Eduardo Hernández, cuando sostiene que:

“Los indicios, correctamente deducidos por el a quo, son serios y coincidentes, de modo que dejan certeza respecto de que los hechos causantes de la muerte de Luis Humberto Pérez Guerrero fueron cometidos por miembros del Ejército Nacional.

“En efecto está probada la presencia del cuerpo armado en la zona y en la fecha en que se cometió el ilícito (esta conducta por sí sola, nada tiene de reprochable); que, algunos de sus miembros conducían a dos personas una de las cuales dijo estar detenida y exigieron la identificación de Pérez Guerrero (lo cual es también perfectamente legítimo); ese mismo día, sin embargo, murió Pérez Guerrero, cuya moto, inexplicablemente apareció en la casa del soldado Jesús Emiro Rodríguez; las otras personas perecieron también.

“Qué más se puede pedir? Hay prueba antecedente, concomitante y subsiguiente de los hechos; obviamente no hay prueba del momento mismo de la tortura y del homicidio; en casos como éste es difícil que la haya; tal exigencia probatoria haría imposible cualquier intento por estructurar la falla del servicio y el nexo causal”. (fl. 196).

Sobre un caso similar la Sala se pronunció el 17 de junio de 1993, expediente número 7918, actor Efraín Manuel Patiño y otros, con ponencia del Señor Consejero Dr. Daniel Suárez Hernández, así:

“... En varias ocasiones ha tenido la Sala oportunidad de manejar casos como el presente, en los cuales no aparece la prueba directa para demostrar la autoría de un homicidio, ni las circunstancias mismas de tiempo, modo y lugar en que aquel se ejecutó. En tales ocurrencias 59 ha dicho que exigir esa prueba directa equivaldría a pedir una prueba imposible, por lo que se hace necesario mediante un manejo inteligente, técnico y adecuado de los demás elementos probatorios disponibles, procurar establecer desde el punto de vista administrativo cuál ha sido la participación oficial en el hecho dañoso correspondiente. Lo anterior con el objeto de que en casos como el examinado se pueda establecer lo mas seguramente posible cuál fue el destino de quienes por una u otra razón se ven privados de la libertad por cuenta de organismos estatales de seguridad y más tarde aparecen lesionados o desaparecen para luego encontrarlos como cadáveres, en muchos casos torturados ...”».

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