Sentencia 11134 de octubre 21 de 1998 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

TRABAJADORES OFICIALES

RÉGIMEN DE LA PENSIÓN SANCIÓN

Ref.: Expediente 11134

Acta 40

Magistrado Ponente:

Dr. José Roberto Herrera Vergara

Resuelve la Corte el recurso de casación interpuesto por el apoderado de Natalia Reyes Cárdenas contra la sentencia de fecha 30 de marzo de 1998, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, D.C., en el juicio seguido por la recurrente contra la Beneficencia de Cundinamarca.

Santafé de Bogotá, D.C. octubre veintiuno de mil novecientos noventa y ocho.

(...).

V. Consideraciones de la Corte

Se presentan en este cargo las mismas impropiedades técnicas indicadas en las consideraciones de la Sala al primero, especialmente las atinentes al defectuoso petitum y a la fundamentación principalmente basada en razonamientos de puro derecho a pesar de haberse planteado formalmente por la vía indirecta.

En lo que sí tiene que ver con los errores fácticos denunciados y con la apreciación probatoria, debe recordarse que el hecho de no compartir la censura la razonable estimación efectuada por el fallador a las pruebas existentes en el expediente no constituyen necesariamente un yerro ostensible.

En casación del trabajo, cuando la acusación se enderece formalmente por la vía indirecta, le corresponde al censor cumplir los siguientes requisitos elementales: precisar los errores fácticos, que deben ser evidentes; mencionar cuáles elementos de convicción no fueron apreciados por el juzgador y en cuáles cometió errónea estimación, demostrando en qué consistió esta última; explicar cómo la defectuosa valoración lo condujo a los desatinos que tienen esa calidad y determinar en forma clara lo que la prueba en verdad acredita.

En cuanto a la afiliación al seguro social que dio por demostrada el tribunal y critica la censura, se observa que el fallo partió de la consideración que la Gobernación de Cundinamarca mediante Decreto 17 del 4 de enero de 1995 (folios 80 a 92) incorporó al sistema general de pensiones a todos los servidores públicos del citado departamento, entre ellos los del ente demandado dentro del plazo señalado en la ley. Este soporte no fue atacado por la censura, como tampoco la aserción medular del fallo (acertada o no) según la cual, conforme al artículo 1º del Decreto 1068 de 1995, a partir de la fecha límite para el orden departamental (30 de junio de 1995), las pensiones y demás beneficios consagrados en la ley “se rigen íntegra y exclusivamente” por ella.

Posteriormente el fallador dedujo del documento de folio 235 la afiliación de la demandante al ISS, lo cual no constituye en manera alguna yerro ostensible en la medida en que de esa prueba surge lo que infirió el ad quem, pues da cuenta que la actora diligenció el formulario respectivo oficial del ente gestor de seguridad social, en el que aparece también la firma del representante legal de la demandada, afiliación que debe entenderse para efectos de “pensiones” y “riesgos profesionales” porque así lo muestran las correspondientes casillas llenadas por la afiliada.

Aun cuando lo que concierne con la carga de la prueba no es punto fáctico sino jurídico, precisa la Sala que para los efectos de exonerarse de la pensión sanción actualmente no es menester que el empleador deba acreditar, además de la afiliación en pensiones a la respectiva administradora, una específica inscripción “al riesgo de pensión sanción, como también la remisión del bono pensional al ISS junto con las semanas cotizadas que permitieran a mi poderdante acceder a la pensión de vejez”, como lo cree el recurrente, porque tales exigencias adicionales no tienen contemplación legal ni desarrollo en la jurisprudencia de esta corporación.

Por lo demás el fallo acusado se apoya en la jurisprudencia de esta corporación enriquecido con un juicioso estudio jurídico sobre el tema, el cual de no ser compartido debía ser expresamente cuestionado en un cargo autónomo.

No sobra agregar que contrario a lo afirmado por la impugnante el artículo 133 de la Ley 100 de 1993 sí modificó el 8º de la Ley 171 de 1961 y es aplicable a los trabajadores oficiales. Así se desprende claramente del parágrafo primero de la nueva normativa, que reza: “Lo dispuesto en el presente artículo se aplicará exclusivamente a los servidores públicos que tengan la calidad de trabajadores oficiales y a los trabajadores del sector privado”, con lo cual quiso significar que no se aplica ni a los empleados públicos, ni a los demás servidores del Estado que constitucionalmente tienen la condición de funcionarios públicos (C.P., art. 123), pero es obvio que de la simple lectura del precepto surge su aplicabilidad actual a los trabajadores oficiales que por no haber quedado comprendidos por la regulación contenida en la Ley 50 estaban sometidos en materia de pensión sanción a los dictados de la mencionada Ley de 1961 en armonía con el Decreto 758 de 1990, que había previsto un sistema compartido entre el empleador y el Instituto de Seguros Sociales. De suerte que después de la vigencia de la Ley 100 la pensión sanción se genera respecto de trabajadores oficiales, como lo dispone su texto, cuando no hayan sido afiliados al sistema general de pensiones o lo hayan sido solamente en las postrimerías de la relación laboral, conforme a la jurisprudencia de esta Sala.

Finalmente, en cuanto a los demás derechos pretendidos en el cargo, atinentes a “diferencias correspondientes a la Ley décima de 1990”, dotaciones, reliquidación de cesantía e indemnización, la acusación se limita a mencionarlas al final, sin demostrar específicamente cuáles fueron los eventuales defectos de valoración.

(Sentencia de octubre 21 de 1998. Radicación 11.134. Magistrado Ponente: Dr. José Roberto Herrera Vergara).

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