Sentencia 11138 de noviembre 5 de 1997 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

•SALA DE CASACIÓN PENAL

DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO ECONÓMICO

EL AUMENTO DEL SALARIO MÍNIMO NO AFECTA AL DELITO YA COMETIDO

EXTRACTOS: «2. Con relación a las estafas cuya cuantía para la fecha en que entró en vigencia la Ley 23 de 1991 excedían de diez salarios mínimos legales mensuales, es evidente que la voluntad del legislador fue que mantuvieran su calidad de delitos contra el patrimonio económico, y con posterioridad a dicha ley no se ha expedido ninguna otra que varíe esa situación, de manera que desde ese punto de vista no tiene asidero invocar el principio de favorabilidad, ya que no existe sucesión de leyes en el tiempo, que es fenómeno que permite seleccionar entre diversas normas cuál es la más favorable para el procesado en el caso concreto.

3. Ahora, si el tema se reduce a precisar cuál es el efecto que se genera cada vez que el valor del salario mínimo es modificado, con relación a las conductas que en el momento de ejecutarlas superaban los diez salarios mínimos exigidos para considerarlas delito, pero que ante el reajuste ya no los exceden, con certeza se puede afirmar que ninguno.

Lo que la Ley 23 de 1991 introdujo es un parámetro que indica que en los casos de hurto, estafa, emisión y transferencia ilegal de cheques, abuso de confianza, aprovechamiento del error ajeno o caso fortuito, y daño en bien ajeno, si en el momento de ejecutar la conducta la cuantía del punible excede del valor de diez salarios mínimos mensuales entonces vigentes, debe ser sancionado como delito, sin que las variaciones posteriores del salario puedan provocar una alteración de los juicios de valor que se emitieron sobre lo ejecutado en un período precedente.

Dicho de otra manera, cuando el interés jurídico patrimonial afectado exceda de la cuantía mencionada, en cada época en que ello ocurra, su gravedad es tal que debe ser considerada delito, y dicha gravedad no se irá desdibujando con el transcurso del tiempo por la simple circunstancia de la pérdida del valor adquisitivo de la moneda, pues el factor determinante en esa materia no es el que traiga el futuro sino el existente cuando ocurrió, de manera que la modificación de la disposición complementaria no lleva a su aplicación retroactiva.

Al fijar el legislador la cuantía que sirve de límite a la calificación de una conducta como delito o contravención en salarios mínimos, no hace cosa distinta a reconocer la existencia de un hecho que afecta a nuestra realidad de manera importante, como es la devaluación de la moneda, razón por la cual no es acertado señalar una suma fija en pesos sino mantener el monto actualizado mediante ese sistema, porque lo evidente es que ese valor, pasado algún tiempo, y apreciado en el contexto de ese nuevo momento, no va a ameritar que su lesión o puesta en peligro sea considerada como delito, y en consecuencia puede bastar una regulación en el ámbito de las contravenciones.

De antemano se sabe que la disposición complementaria tiene su origen en una autoridad legislativa de inferior jerarquía, y que por la materia que regula va a sufrir constantes modificaciones, en el caso actual de nuestro país, ampliando cada vez la cuantía de lo que debe ser calificado como contravención, y restringiendo la de los delitos, pero ello no tiene incidencia sobre las conductas realizadas con anterioridad, pues el parámetro de referencia para saber frente a qué clase de hecho punible nos encontramos lo da la circunstancia de que la cuantía en cada momento resulte, o no, superior a diez salarios mínimos mensuales.

Razón le asiste al procurador delegado al criticar el entendimiento que le da a la norma el libelista, pues en realidad bastaría dilatar los procesos para que el hecho imputado terminara perdiendo la calidad de delito y convirtiéndose en una contravención, que para entonces seguramente también estaría prescrita, ya que el termino para ese efecto es muy corto. Dicho de otra manera, ese sería el camino para impedir la aplicación de los tipos penales relacionados, y una manera de procurar la impunidad.

4. En armonía con la anterior interpretación, el articulo 73 del Código de Procedimiento Penal señala que “la competencia por la cuantía se fijará definitivamente teniendo en cuenta el valor de los salarios mínimos legales vigentes al momento de la comisión del hecho”, lo cual quiere decir que independientemente de las variaciones que se produzcan en el valor del salario, la competencia se conserva, como igualmente se conserva la calidad de delito para el hecho objeto del proceso.

En conclusión, no existiendo la nulidad aducida, la demanda no prospera».

(Sentencia de casación, noviembre 5 de 1997. Radicación 11.138. Magistrado Ponente: Dr. Ricardo Calvete Rangel).

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