Sentencia 11141 de noviembre 26 de 1998 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

PENSIÓN DE INVALIDEZ POR ACCIDENTE DE TRABAJO

APLICACIÓN DE NORMAS VIGENTES AL MOMENTO DEL ACCIDENTE

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 11141

Acta 43

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge Iván Palacio Palacio

Santafé de Bogotá, D.C., veintiséis de noviembre de mil novecientos noventa y ocho.

Resuelve la Corte el recurso extraordinario de casación interpuesto por Octavio Emilio Ramírez Villa contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín el 14 de abril de 1998, en el juicio que le sigue al Instituto de Seguros Sociales.

Antecedentes

Octavio Emilio Ramírez Villa llamó a juicio ordinario laboral al Instituto de Seguros Sociales, para que fuera condenado a pagarle la pensión de invalidez a partir del 8 de mayo de 1993, junto con las mesadas adicionales y a suministrarle atención médica, hospitalaria, de laboratorio y medicamentos.

En sustento de sus pretensiones afirma que ha estado afiliado durante varios años al Instituto de Seguros Sociales, cotizando para los riesgos de invalidez, vejez y muerte. Que el 8 de mayo de 1993 encontrándose en la vereda “La Soñadora” de Sonsón (Antioquia), en su condición de oficial de la cuadrilla de mantenimiento “de la EADE”, en momentos en que se dedicaba a cambiar un transformador, éste explotó, presentándose un accidente de trabajo que le causó graves quemaduras, con pérdida de su capacidad laboral en más de un 70%, toda vez que quedó imposibilitado para desempeñar el cargo que ocupaba.

Aduce que el 30 de marzo de 1994 la división de salud ocupacional, dictaminó una incapacidad para desempeñar oficios donde tuviera que levantar pesos superiores a 25 kilos, así como para hacer esfuerzos y/o escalar alturas, postes de alumbrado, árboles, etc., y; que el ISS, mediante Resolución 3314 del 10 de mayo de 1996, le negó la pensión de invalidez a la que tiene derecho, dado el número de semanas cotizadas y la disminución de su capacidad de trabajo. Que nació el 4 de noviembre de 1947.

En la respuesta a la demanda el Instituto de Seguros Sociales aceptó que el actor ha cotizado para los riesgos de IVM, y que tuvo un accidente de trabajo, del que manifestó atenerse a lo que se probara respecto de las circunstancias en que se presentó. Alegó que al actor le negó la pensión de invalidez de origen profesional con fundamento en los artículos 40 y 42 del Decreto 1295 de 1994, que exigen que para tener derecho a dicha prestación se requiere una merma de capacidad laboral igual o superior al 50 % y que según el dictamen médico que se le practicó, sólo se estableció un “12%”, por lo que le concedió una indemnización sustitutiva de la pensión de invalidez de origen profesional en cuantía única de $743.952. En su defensa propuso las excepciones de inexistencia de la obligación, falta de causa para pedir, compensación y prescripción.

El juzgado trece laboral del circuito de Medellín, por sentencia proferida el 3 de marzo de 1998 (fls. 136 a 140), absolvió al Instituto de Seguros Sociales de las pretensiones formuladas en su contra. No impuso costas.

La sentencia del tribunal

Apeló el actor y el Tribunal Superior de Medellín, mediante sentencia del 14 de abril de 1998 (fls. 149 a 153), confirmó el fallo recurrido.

Consideró el ad quem que la invalidez sólo podía determinarse con la evaluación del perito médico, la cual ocurrió el 8 de noviembre de 1997, por lo que la normatividad aplicable era la contenida en la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios. Por ello, y como le fue establecida una incapacidad del 21%, conforme al artículo 46 del Decreto 1295 de 1994, que exige una pérdida de capacidad laboral, por lo menos del 50%, no podía concederle la pensión.

El recurso extraordinario

Lo interpuso el demandante. Concedido por el tribunal y admitido por la Corte se entra a resolver.

Alcance de la impugnación

Pretende que se “case totalmente la sentencia impugnada en cuanto confirmó la de primer grado, para que una vez constituida en sede de instancia REVOQUE la proferida por el juzgado trece laboral del circuito de Medellín el 3 de marzo de 1998 y condene al Instituto de Seguros Sociales a pagar al demandante la pensión de invalidez a partir del 8 de mayo de 1993 y a suministrarle la atención médica, hospitalaria, de laboratorio y medicamentos. Proveerá sobre costas” (fl. 12, C. de la Corte).

Con tal propósito formula tres cargos, que fueron replicados, de los cuales se estudia el primero.

Primer cargo

En él acusa la sentencia de “violar directamente y por aplicación indebida los artículos 11, 13, 249, 250, 254, 289 de la Ley 100 de 1993, los artículos 1º, 2º, 3º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 34, 46, 47 y 48 del Decreto 1295 de 1994, el artículo 58 de la Constitución Nacional y el artículo 16 del Código Sustantivo del Trabajo y por infracción directa (por falta de aplicación) el artículo 24 del Acuerdo 155 de 1963 aprobado por el Decreto 3170 de 1964”.

En la demostración alega que el tribunal arribó a dos conclusiones equivocadas; en primer lugar, porque la invalidez no se configura el día en que se practica al paciente la evaluación correspondiente, ya que lo que determina el estado de invalidez es la pérdida de la capacidad de trabajo del interesado; y porque “el estado de invalidez no se estructura en el transcurso del proceso laboral. Al contrario, en este se discute una situación fáctica anterior”. Que, por ello se equivocó el fallador de segundo grado al considerar que la estructuración del estado de invalidez del actor y por consiguiente el derecho a pensionarse solamente le nace en el momento de la evaluación del perito médico.

Que el ad quem no podía aplicar las normas vigentes al momento en que se fijó la invalidez, sino las que regían cuando se produjo el accidente, porque es allí donde surgen derechos de carácter económico y asistencial para el asegurado.

Aduce que “problema diferente, es el relativo a la exigibilidad de las obligaciones aludidas. Obviamente, cuando se trata de una prestación económica como es el caso de la pensión de invalidez o de la indemnización sustitutiva, es menester esperar (para exigir el pago de la prestación) a que la lesión se consolide, que se puedan consolidar claramente las secuelas derivadas del accidente y que permitan constatar la incidencia de las mismas en la capacidad de trabajo del asegurado accidentado” (fl. 16, C. de la Corte).

Asevera que la obligación surge cuando ocurre el siniestro laboral y se hace exigible cuando las lesiones sufridas por el asegurado se consolidan.

Que los términos de la sentencia del 21 de febrero de 1997, radicación 8983, de esta Sala, son claros en el sentido de que cuando se controvierten prestaciones derivadas de un contrato de trabajo, la normatividad que se aplica es la vigente al momento de ocurrir el siniestro laboral.

Finalmente, agrega que “de acuerdo con lo anteriormente expuesto, al reconocerse (situación fáctica que no se discute) que el accidente de trabajo sufrido por el demandante ocurrió el 8 de mayo de 1993 (así lo concluye el juzgado y el tribunal acoge las conclusiones del juzgado del conocimiento), es necesario concluir que la norma aplicable al caso debatido es el artículo 24 del Acuerdo 155 de 1963 aprobado por el Decreto 3170 de 1964 y no las contenidas en la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1295 de 1994, que fueron las que sirvieron de sustento al Tribunal Superior de Medellín para resolver la controversia (fl. 18 C. de la Corte).

La réplica

Se opone a la prosperidad del cargo, argumentando que si la evaluación médica definitiva se produjo el 8 de noviembre de 1997, en vigencia de la Ley 100 de 1993 y su Decreto Reglamentario 1295 de 1994, era un imposible jurídico que se aplicara el régimen anterior que había perdido efectividad.

Arguye que la sentencia citada por el recurrente no cobija el caso controvertido, porque en esa oportunidad los dictámenes periciales efectuados por el ISS fueron con anterioridad a la vigencia de la ley nueva.

Se considera

Respecto del punto cuestionado, el tribunal al acoger la conclusión del a quo, sostuvo “que la estructuración del estado de invalidez del demandante, y por consiguiente, su derecho a la posibilidad de pensionarse, solamente le nace en el momento de la evaluación del perito médico que lo evaluó de manera definitiva, o sea el 8 de noviembre de 1997, razón por la cual, las normas aplicables son las contenidas en la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios. Como el artículo 46 del Decreto 1295 de 1994, dispone que para considerar inválida a una persona por causa de origen profesional, se requiere que hubiere perdido por lo menos el 50% o más de su capacidad laboral, y el libelista solamente perdió el 21%, no puede reconocerse en su favor el derecho pensional reclamado. (fl. 152, c. 1).

Es evidente que el ad quem se equivocó en su razonamiento, puesto que para resolver sobre la normatividad que debe aplicarse a un asunto como el debatido, en el que se practicaron varios exámenes médicos —antes de la iniciación del proceso y durante el trámite de éste—, no solamente debe tenerse en cuenta el instante en que se evacuó el dictamen ordenado por el juez, esto es, el que, según lo explica el tribunal, hace relación al “...momento de la evaluación del perito médico que lo evaluó de manera definitiva...”, sino también, por obvias razones, aquel en que tuvo ocurrencia el accidente, dada la relación directa que debe existir entre uno y otro, de causa a efecto, de modo que el dictamen definitivo sea la propia consecuencia del accidente padecido, para que no quede el más leve asomo de duda en cuanto a que en el resultado final pudo filtrarse secuela derivada de dolencia o afección distinta, variando así el porcentaje de merma de la capacidad.

Bajo los anteriores parámetros, es pertinente afirmar que al asunto examinado le es aplicable el artículo 24 del Acuerdo 155 de 1963 aprobado por el Decreto 3170 de 1964, que establece una pensión cuando la reducción de capacidad de trabajo es superior al 20%, no pagable en forma de capital.

Queda así demostrada la violación por parte del fallador de segundo grado de las normas relacionadas en la proposición jurídica, incluido el artículo 16 del Código Sustantivo del Trabajo, dado que, si bien las disposiciones que aplicó a este caso, Ley 100 de 1993 y artículo 46 del Decreto 1295 de 1994, son de orden público y producen efecto general inmediato, por virtud de la irretroactividad de la ley, para este asunto no pueden tener efectos, por tratarse de una situación jurídica definida en vigencia del Acuerdo 155 de 1963.

En consecuencia, prospera el cargo.

Consideraciones de instancia

Para complementar lo dicho al resolver el cargo, precisa aseverarse que en todas las ocasiones no resulta válido afirmar que frente a un accidente de trabajo son de aplicación las normas vigentes al momento en que éste se causó, pues habrá algunas en que operen otras disposiciones. Ello se presenta cuando en el examen médico definitivo no se puede con exactitud establecer si el porcentaje final de la incapacidad ha sido consecuencia directa del accidente alegado, porque, a manera de ejemplo, durante el tiempo que medió entre uno y otro instante ocurrieron otros menos graves, o cuando en el mismo lapso el afectado padeció dolencias de distinto origen. Sin dejar de lado también, que el principio de favorabilidad, en un momento dado, puede cobrar vigencia frente a la aplicación de las normas.

Con lo anteriormente expuesto, lo que la Sala quiere significar es que cada situación que se presente, relacionada con un accidente de trabajo, debe mirarse y decidirse separadamente, con los elementos probatorios arrimados a cada proceso, dejando en claro que en este juicio, un primer dictamen fue objetado (fls. 50, 113, 114 y 116) y el siguiente, aclarado (fls. 127 a 131), que fue el finalmente acogido por los jueces de instancia y, así mismo, que no fue cuestionado el número de semanas de cotización al ente demandado.

Así las cosas, como en el dictamen llevado a cabo por el especialista en salud ocupacional se determinó en el demandante una “pérdida de la capacidad laboral de un 21%” (fls. 127, 128 y 133), resulta en su favor el derecho a la pensión de invalidez.

Conviene recordar que si bien en principio las prestaciones por accidente de trabajo se causan desde que éste ocurre, ya en lo que atañe a la pensión de invalidez, por depender ésta de la respectiva evaluación sobre el porcentaje definitivo de pérdida de capacidad laboral, sólo es exigible cuando se emita el dictamen correspondiente por parte del médico o autoridad competente, sin perjuicio de que éste sea el señalado en las normas vigentes al momento del accidente. Debe entenderse, entonces, que para efectos de las revisiones posteriores le son aplicables hacia el futuro las normas vigentes al momento en que se generó el derecho a la pensión de invalidez, particularmente en lo que respecta a porcentaje de pérdida de capacidad laboral que puede dar lugar al referido derecho.

Consiguientemente, se condenará al Instituto de Seguros Sociales a pagar al actor una pensión de invalidez, en proporción y bajo las condiciones y términos que consagran los artículos 21 y siguientes pertinentes contenidos en el Acuerdo 155 de 1963 aprobado por el Decreto 3170 de 1964, a partir del momento en que se haya efectuado la desafiliación del demandante para los riesgos de invalidez, vejez y muerte, así como la atención que conlleva la condición de pensionado.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia impugnada, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín el 14 de abril de 1998, en el juicio ordinario de Octavio Emilio Ramírez Villa contra el Instituto de Seguros Sociales. En sede de instancia se condena al Instituto de Seguros Sociales a pagar a Octavio Emilio Ramírez Villa la pensión de invalidez, en proporción y bajo las condiciones y términos que consagran los artículos 21 y siguientes pertinentes contenidos en el Acuerdo 155 de 1963 aprobado por el Decreto 3170 de 1964, efectiva a partir del momento en que se haya producido u opere la desafiliación del demandante para los riesgos de invalidez, vejez y muerte, así como la atención que conlleva la condición de pensionado.

Costas en la primera y segunda instancia a cargo de la entidad demandada. Sin costas en el recurso extraordinario.

Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta Judicial y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Jorge Iván Palacio Palacio—Francisco Escobar Henríquez—José Roberto Herrera Vergara—Rafael Méndez Arango—Germán Valdés Sánchez—Fernando Vásquez Botero—Ramón Zúñiga Valverde. 

Laura Margarita Manotas González, secretaria.

SALVAMENTO DE VOTO

Salvamos nuestro voto por no estar de acuerdo con la tesis jurídica expresada en la sentencia, según la cual a quien ha sido pensionado por el Instituto de Seguros Sociales en razón de haber quedado inválido, “para efectos de las revisiones posteriores le son aplicables hacia el futuro las normas vigentes al momento en que se generó el derecho a la pensión de invalidez, particularmente en lo que respecta a porcentaje de pérdida de capacidad laboral que puede dar lugar a pérdida del referido derecho” (pág. 14), conforme está textualmente dicho en el fallo.

Aún cuando este especifico punto de derecho es el que principalmente nos lleva a apartarnos de la decisión de la mayoría, consideramos pertinente anotar que la sentencia de 21 de febrero de 1997 (Rad. 8993), citada por el recurrente para apoyar su acusación contra el fallo, no puede ser extraída del contexto dentro del cual se profirió para invocarla como si fuera un antecedente doctrinario, puesto que en tal ocasión el Instituto de Seguros Sociales, que actuó como recurrente, partió del supuesto de ser aplicable en ese caso las normas anteriores a la Ley 100 de 1993, pues la tesis que planteó, y que no tuvo acogida por la Sala, fue la de no existir en la normatividad anterior al año de 1993, y más específicamente para 1987, disposición que calificara como inválido al asegurado cuya reducción de capacidad de trabajo superara el veinte por ciento pero sin alcanzar el cincuenta por ciento; y dado que el artículo 24 del Acuerdo 155 de 1963 establecía para esa hipótesis la pensión de invalidez, no prosperó el cargo que en tal oportunidad se hizo contra la sentencia.

Esto fue explicado en el fallo de 12 de agosto de este año (Rad. 10809), en la que se prohijó por la actual Sala de Casación Laboral el criterio expresado por la extinguida sección segunda en sentencia de 15 de febrero de 1995 (Rad. 6803), en la cual se explicó que el término de prescripción del derecho a reclamar una pensión de invalidez generada en un accidente de trabajo no necesariamente comenzaba a contarse desde el día en que éste ocurrió, por resultar en ocasiones necesario determinar los efectos que naturalmente pueden derivarse del accidente.

Como bien puede ocurrir que transcurra un tiempo considerable entre el día en que se produjo el accidente y la fecha en la que se determinen las secuelas definitivas del mismo, entre ellas la pérdida de capacidad en porcentaje tal que haga acreedor a la pensión de invalidez al asegurado accidentado, no resultaría insólito que se modificara la legislación existente, como aquí sucedió, lo que daría lugar a la paradógica situación de ser unas las normas que se tomarían en cuenta para establecer el porcentaje de pérdida de capacidad laboral y otras las que regularían la prescripción extintiva del derecho. Esto, desde luego, siguiendo el razonamiento que hace la mayoría hasta hacerle producir todas las consecuencias que lógicamente se deducen de la tesis.

Pero independientemente de que pueda aceptarse que la normatividad vigente para efectos de determinar las prestaciones a las que tiene derecho el accidentado sea la vigente el día en que ocurre el suceso imprevisto que disminuye la capacidad de trabajo del asegurado, no encontramos fundamento legal o doctrinario que permita concluir que “para efectos de las revisiones posteriores” al pensionado por invalidez “le son aplicables hacia el futuro las normas vigentes al momento en que se generó el derecho a la pensión de invalidez”.

Nos parece que si de conformidad con la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, y más específicamente de lo dispuesto por el artículo 46 del Decreto 1295 de 1994, para considerar inválida una persona por una causa de origen profesional se requiere que ella haya perdido por lo menos el cincuenta por ciento de su capacidad laboral, no es procedente mantener subsistente lo que establecía el artículo 24 del Acuerdo 155 de 1963, aprobado por el Decreto 3170 de 1964, para así considerar que alguien que no ha perdido el cincuenta por ciento de su capacidad de trabajo continúa siendo inválido porque en su momento la reducción de dicha capacidad fue superior al veinte por ciento.

Esta sui generis “congelación” de lo dispuesto en el Acuerdo 155 de 1963 no tiene asidero en nuestro derecho positivo; y resultaría en verdad extraño que en la actualidad un asegurado con un porcentaje de pérdida de capacidad de trabajo superior al veinte por ciento aunque inferior al cincuenta por ciento no sea inválido; pero que continúen siéndolo aquellos a los que antes de 1993 se les reconoció la pensión de invalidez de conformidad con lo que para ese entonces disponía el reglamento general del seguro social obligatorio de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

Como por todos es sabido, la pensión de invalidez no es vitalicia y definitiva sino eminentemente temporal y revisable periódicamente; ya que únicamente adquiere el carácter de vitalicia cuando la persona inválida cumple la edad requerida para adquirir el derecho a la pensión de vejez.

Estas razones que expresarnos con el mayor respeto, nos llevan a separarnos de la sentencia recurrida, pues, en nuestro criterio, el tribunal de Medellín no violó la ley, ya que ni aplicó indebidamente las normas de la Ley 100 de 1993 y del Decreto 1295 de 1994 con las que integra la proposición jurídica el impugnante, ni tampoco infringió directamente el artículo 24 del Acuerdo 155 de 1963, aprobado por el Decreto 3170 de 1964.

Rafael Méndez Arango—Fernando Vásquez Botero. 

Santafé de Bogotá, D.C., 1º de diciembre de 1998.

___________________________________