•Sentencia 11144 de julio 6 de 1999

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

FALSEDAD EN DOCUMENTO PÚBLICO

SELLOS BANCARIOS DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES TRIBUTARIAS

EXTRACTOS: «La defensora no precisó el tipo de error de hecho que a su parecer condujo a la violación indirecta de la ley sustancial planteada. Lo hizo consistir, sin embargo, en que se le haya dado el carácter de documentos, sin serlo, a los autoadhesivos o sellos de presentación de las declaraciones de renta. Para el Procurador esa proposición debió haberse planteado por la vía del error de derecho por falso juicio de legalidad, en tanto lo que se le cuestiona al juzgador es haber incurrido en un yerro de interpretación de las normas jurídicas que regulan la prueba documental.

La Sala cree equivocada la vía escogida por la recurrente e igual la señalada por el agente del Ministerio Público. Los sellos de presentación como parte integrante de las declaraciones de renta de 1988 y 1989 que el procesado le aportó al Distrito Especial de Santafé de Bogotá para ser inscrito en el registro único de proponentes, no fueron supuestos, no se dejaron de considerar, no fueron tergiversados en su contenido material y no se aportaron al proceso ilegalmente. Frente a ellos, entonces, el juzgador no incurrió en ningún posible error de hecho o de derecho. La supuesta violación de la ley, en otras palabras, no se habría producido a través de algún defecto en la apreciación de los medios de prueba, sino que habría sido directa. En realidad la casacionista admitió los hechos que encontró establecidos el Tribunal, vale decir la condición de falsos de los sellos de presentación de las declaraciones de renta, radicando su desacuerdo en los alcances jurídicos derivados de ese hecho. A su parecer el autoadhesivo es sólo un número de orden o control que carece de las exigencias que de acuerdo con la doctrina se requieren para que alcance la categoría de documento (ser un escrito, tener aptitud probatoria y estar suscrito por autor conocido o conocible).

El reclamo, en suma, ha debido intentarse por la vía de la violación directa de la ley sustancial (CPC, art. 251), no obstante lo cual la Sala cree conveniente aprovechar la oportunidad para efectuar algunas precisiones, advirtiendo previamente que la defensa incurrió en un defecto adicional en el planteamiento del cargo al discutir primero la calidad documental de los sellos de presentación y a renglón seguido afirmar que no podía ser condenado su representado por falsedad en documento privado en consideración al carácter público de esos números de control oficial.

Lo que primero debe precisar la Corte es que a pesar de que la Fiscalía en la resolución acusatoria hizo radicar la falsedad tanto en el contenido de las declaraciones de renta como en los sellos de presentación ante los bancos, la sentencia condenatoria se limitó a éstos últimos, luego de señalar que las afirmaciones inexactas hechas en esos documentos constituyen únicamente una contravención fiscal, de acuerdo con la jurisprudencia de la Sala y en particular con la providencia de mayo 29 de 1988 en la cual actuó como ponente el doctor Lisandro Martínez Zúniga.

“Precisa entonces concretar —dijo el Tribunal— que la falsedad radica únicamente en esa pequeña acta que cada una de las declaraciones contiene y que sirvieron para demostrar la legal presentación de esos documentos, hasta el punto que fue con base en esas notas de presentación, supuestamente hechas ante el banco, como se le expidió al sindicado la resolución por medio de la cual se admitía en el listado de proponentes, con lo que se relieva de manera palpable el poder probatorio que tales documentos espurios tuvieron en su momento ante los funcionario del RUP. El engaño determinado por este poder probatorio de los documentos, fue de tanta trascendencia que después hubo de corregirse el yerro dictando la correspondiente resolución de exclusión”.

El hecho sobre el cual se pronunció la Corte en la sentencia atrás mencionada consistió en que una persona hizo una afirmación falsa en la declaración de renta que le presentó al fisco nacional. La siguiente fue la reflexión, que como se dijo fue recordada por la segunda instancia:

“Así las cosas aparece que el recurrente tiene razón en cuanto a la crítica que esgrime contra el estimar como ilícito el solo hecho de consignar en la declaración de renta afirmaciones carentes de veracidad, sin agregar en su apoyo prueba alguna.

Nuestra legislación tributaria no erige en delictuosa la simple afirmación inexacta que se consigne en la declaración de renta.

No es pues, delito en Colombia la simple evasión tributaria. La inexactitud en tal declaración, constituye una contravención fiscal que da lugar a imponer sanciones pecuniarias por trámites administrativos pero que de por sí no constituye delito de falsedad.

Así lo ha sostenido esta corporación reiteradamente; baste citar la providencia de 2 de octubre de 1984, que rememora el recurrente.

Por ello el cargo formulado en el auto de proceder del juzgado ... en el sentido de estimar falsedad en documento el reporte falso en la declaración de renta, merced a las críticas que hace el recurrente y el artículo 221 del Código Penal no era aplicable en tales condiciones”.

La Sala reitera la anterior tesis. Las inexactitudes que contenga una declaración de renta que es presentada a la Administración de Impuestos para la crítica tributaria pertinente no constituyen delito de falsedad. Pero si para demostrarlas se falsifican pruebas, por ejemplo documentales, naturalmente que en relación con éstas podrá existir un atentado contra la fe pública que no es marginal al ámbito penal. Ahora bien, el comentado antecedente jurisprudencial no era exactamente aplicable en el caso examinado. En éste las declaraciones de renta materia del proceso nunca fueron presentadas ante las entidades autorizadas para su recepción, sino que se aparentó el acto falsificando los autoadhesivos o sellos de presentación que imponen los bancos. En tales condiciones carecía de importancia saber si las informaciones declaradas en los documentos coincidían o no con la realidad, pues ellos en sí mismos. al hacerse intervenir mentirosamente a las entidades bancarias receptoras para revestirlos de autenticidad y de toda su capacidad probatoria, fueron por ese solo hecho producto de una falsificación integral.

Así las cosas, debe concluirse que carece la impugnante de razón en su reproche. Lo que hace falsos los documentos es que se haya puesto a participar espuriamente a las entidades encargadas de su recepción y en tales condiciones es insostenible afirmar que los sellos o autoadhesivos carecen de contenido documental cuando precisamente ellos integran el documento dándole apariencia de auténtico. Fue precisamente esa virtud la que en el caso examinado hizo producir a las declaraciones de renta efectos probatorios en el tráfico jurídico, como se deduce de que hayan sido presentadas al registro de proponentes con fines acreditadores de sus contenidos materiales.

La intervención de las entidades bancarias receptoras de las declaraciones de renta es para el Tribunal de carácter privado y de allí que haya decidido condenar por el delito de falsedad en documento privado. Aunque sin mayores argumentos, dicho acto es para la demandante de naturaleza pública y el Procurador está de acuerdo con la conclusión del Tribunal. Su consideración es que así los autoadhesivos o sellos de presentación estén regulados legalmente, son de naturaleza privada en consideración a que no los emite la administración pública sino los bancos (de acuerdo con las normas tributarias correspondientes), que ni son autoridades públicas ni cumplen una función oficial.

La Sala debe puntualizar que la libelista afirmó la condición de público del acto de presentación de las declaraciones de renta. De ser cierta esa idea, planteada sin ningún tipo de desarrollo dentro del cargo examinado, las consecuencias agravarían la situación de su representado y en esa medida carecía de interés para proponerla. La Corte, sin embargo, considera pertinente un breve examen del tema. El artículo 126 del Decreto 2503 de 1987 dispuso:

“El Gobierno Nacional podrá recaudar total o parcialmente los impuestos, anticipos, retenciones, sanciones e intereses administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales, así como efectuar la recepción de la declaraciones tributarias, a través de bancos y demás entidades financieras”.

El artículo 127 del mismo decreto, aparte de autorizar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para señalar cuáles serían esos bancos o entidades, relacionó una serie de obligaciones que deberían cumplir y que enseguida se transcriben:

“a) Recibir en todas sus oficinas, agencias o sucursales, con excepción de las que señale la Dirección General de Impuestos Nacionales, las declaraciones tributarias y pagos de los contribuyentes, responsables, agentes retenedores o declarantes que lo soliciten, sean o no clientes de la entidad autorizada;

b) Guardar y conservar los documentos e informaciones relacionados con las declaraciones y pagos de tal manera que se garantice la reserva de los mismos;

c) Consignar los valores recaudados en los plazos y lugares que señale el Ministerio de Hacienda y Crédito Público;

d) Entregar en los plazos y lugares que señale el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, las declaraciones y recibos de pago que hayan recibido;

e) Diligenciar la planilla de control de recepción y recaudo de las declaraciones y recibos de pago;

f) Transcribir y entregar en medios magnéticos, en los plazos y lugares que señale el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la información contenida en las declaraciones y recibos de pago recibidos, identificando aquellos documentos que presenten errores aritméticos, previa validación de los mismos;

g) Garantizar que la identificación que figure en las declaraciones y recibos de pago recibidos, coincidan con la del documento de identificación del contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante;

h) Numerar consecutivamente los documentos de declaración y pago recibidos así como las planillas de control, de conformidad con las series establecidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, informando los números anulados o repetidos, e

i) Las demás que señale el Ministerio de Hacienda y Crédito Público”.

Dicho ministerio, facultado por el Decreto 2503 de 1987, expidió la Resolución 154 de 1988, mediante la cual reguló “la recepción de las declaraciones tributarias y el pago de los impuestos, retenciones, anticipos, sanciones e intereses que administra la Dirección General de Impuestos Nacionales a través de la red bancaria”.

En dicha resolución fueron autorizadas las entidades bancarias legalmente establecidas en el país para “recibir los formularios de las declaraciones del impuesto sobre la renta y complementarios...” y en general se fijaron en detalle las reglas que debían seguir como receptoras de los documentos tributarios. Igualmente el mecanismo de entrega de los mismos a las administraciones de impuestos nacionales y la obligación de la subdirección de recaudo de la Dirección General de Impuestos de brindar capacitación y asesoría a los bancos que decidieran hacer uso de la autorización y efectuaran solicitud en ese sentido (art. 12). Se dispuso igualmente la manera en que las entidades debían acogerse a la autorización prevista por la resolución y la fecha límite para hacerlo. El artículo 24 dispuso:

“La autorización conferida tendrá vigencia indefinida. No obstante, el banco podrá en cualquier momento dejar de hacer uso de la autorización, dando aviso al Ministerio de Hacienda y Crédito Público con un mes de antelación”.

De lo dicho aparece claro que fue decisión de la rama ejecutiva del poder público entregar a las entidades bancarias la facultad de recepcionar las declaraciones tributarias, a condición de que éstas aceptaran expresamente lo dispuesto en el reglamento expedido para el efecto por el Ministerio de Hacienda, sujetándose naturalmente a la eventualidad de las sanciones previstas en el artículo 128 y siguientes del Decreto 2503 de 1987, por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la autorización para recibir los documentos y recaudar los impuestos.

Aparte de ser banco reconocido, entonces, la facultad para recepcionar declaraciones de renta tiene su origen en la voluntad de la entidad de cumplir esa función en los términos definidos previamente por la administración pública. Que la entidad bancaria sea un particular, en consecuencia, no es lo que define la naturaleza jurídica de los documentos que emite en desarrollo de la facultad conferida, ni el carácter de dicha facultad.

De conformidad con el artículo 63 del Código Penal los particulares que ejercen funciones públicas en forma permanente o transitoria, son considerados servidores públicos. El rasgo identificador de la categoría de los documentos que expiden en desarrollo de una atribución que les confiere el Estado está ligado a que la misma constituya o no una función pública. Si lo es, como sucede en el caso examinado, los documentos que emiten tienen la calidad de públicos.

La función de recepcionar las declaraciones tributarias y recaudar los impuestos correspondientes es del Estado a través de la oficina respectiva del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En consecuencia, al desplazarse esas facultades hacia las entidades bancarias, lo que se hace es entregarles el ejercicio de una función pública, en cuyo desarrollo deben sujetarse a las reglas impuestas por la administración y a las sanciones derivadas de su incumplimiento, actuando para dichos efectos, en conclusión, como verdaderos servidores públicos.

Así las cosas, la intervención reglada de los bancos receptores de las declaraciones de renta y patrimonio constituye el ejercicio de una función pública, por lo que los sellos de presentación o autoadhesivos que estampan en el cuerpo de las mismas documentan dicha intervención y su falsificación configura el delito de falsedad documental pública y no privada como concluyó equivocadamente el Tribunal.

El error advertido, sin embargo, no es susceptible de corrección en sede de casación. Primero, por el carácter limitado del recurso, y además porque hacerlo significaría agravar la situación del procesado que es recurrente único y con ello resultaría conculcada la garantía constitucional de la prohibición de la reformatio in pejus.

Adicionalmente, el mismo no constituye ningún tipo de irregularidad en atención a que el hecho objeto del fallo correspondió con el de la acusación y la adecuación legal que de él hizo el Tribunal fue dentro de los mismos título y capítulo del Código Penal a que se refirió el pliego de cargos, resultando ella beneficiosa para el procesado».

(...)

•DEMANDA DE CASACIÓN

SU ADMISIÓN NO SUBSANA ERRORES DE TÉCNICA

EXTRACTOS: «Es importante referirse a otro punto tocado por el agente del Ministerio Público, según el cual no es posible el rechazo de un cargo por vicios de forma en el momento del fallo de casación. Esto significa que a pesar de la existencia de fallas técnicas en la presentación de un ataque, la circunstancia de haberse admitido la demanda, obliga a que se produzca el pronunciamiento de fondo respectivo.

La Corte ha tenido oportunidad de referirse al tema en varias oportunidades y no comparte el punto de vista del Procurador. La competencia de la Sala para decidir las pretensiones del casacionista se origina, en primer lugar, de que cuente con legitimidad e interés para recurrir y, en segundo, de que el libelo satisfaga las exigencias formales previstas por el artículo 225 del Código de Procedimiento Penal y en especial las señaladas en sus numerales 3º y 4º. Así las cosas, el hecho de que equivocadamente sea admitida la demanda en manera alguna sanea sus defectos y la pone apta o en condiciones de ser resuelta de fondo por la Corte. Pensar como lo hace el Procurador, entonces, traduce plantear que al error de ajustar una demanda que debía rechazarse se sume un nuevo error consistente en estudiar los reparos hechos a la sentencia del Tribunal, asumiendo del tal manera la Sala una competencia de la cual carece».

(Sentencia de casación, julio 6 de 1999. Radicación 11.144. Magistrado Ponente: Dr. Carlos Eduardo Mejía Escobar).

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