Sentencia 11150 de octubre 20 de 1998 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO

POR ESTUDIOS DEL TRABAJADOR

EXTRACTOS: «En el desenvolvimiento ordinario del vínculo contractual laboral, lo normal es que cada una de las partes cumpla con las obligaciones principales que emanan de él, a saber: el trabajador, prestar el servicio convenido, y el empleador, remunerarlo. Sin embargo, pueden darse circunstancias ya bien sea por voluntad de una de las partes, de ambas o por mandato legal que impidan la efectiva prestación de servicios. Puede estarse en presencia, entre otras, de alguna de las siguientes tres hipótesis:

1. Una causal de suspensión del contrato.

2. Un incumplimiento de obligaciones por parte del trabajador.

3. Culpa o disposición del empleador.

En los dos primeros casos no hay lugar al pago de salarios: en el primero por establecerlo así la ley (CST, art. 53) y en el segundo, por ausencia de la causa generante del derecho; mientras que en el tercero el trabajador tiene derecho a percibirlo por mandato del artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo.

Las causales de suspensión del contrato son las taxativamente contemplados en el artículo 4º de la Ley 50 de 1990 (51 del estatuto del trabajo), razón por la cual no están facultadas las partes para extenderlas, ni mucho menos el empresario de manera unilateral para imponerlas. La “suspensión” del nexo laboral no extingue el vínculo, ni comporta su modificación per se. Se interrumpen eso sí, por el lapso previsto en la ley, las obligaciones principales de las partes de prestación del servicio y de su retribución y se permite al patrono descontar estos períodos para efectos de liquidación de vacaciones, cesantías, jubilaciones y primas de servicios.

En lo que concierne a los estudios que adelante un trabajador durante la vigencia del contrato de trabajo y que impidan totalmente la prestación normal de los servicios, pueden darse, entre otras, las siguientes hipótesis:

a) Que los estudios sean solicitados por el trabajador.

b) Que sean dispuestos unilateralmente por el empleador para capacitación del trabajador.

c) Que sean convenidos por ambas partes.

— En la posibilidad del literal a como el interés radica exclusivamente en el trabajador, en principio no existe derecho a percibir el salario por el lapso en que éste haga uso de la licencia que lo faculte para la no prestación de los servicios. Tal autorización suspende el contrato de trabajo, a menos que sea remunerada.

— En el segundo caso, si el trabajador cumple una orden del patrono en materia de capacitación —cuando al empresario le asista legalmente tal facultad—, ese hecho no puede acarrearle ningún detrimento salarial al destinatario de la misma; por tanto, le asiste el derecho a la remuneración y el tiempo de abstención del servicio no tiene los efectos de una suspensión del contrato porque tal situación obedece a una disposición del empleador que en los términos del artículo 140 del código, otorga el derecho a devengarla.

— En la última hipótesis debe presumirse que el interés del adiestramiento, capacitación o formación profesional, independientemente de que tenga relación o no con las funciones inherentes al cargo o con las actividades de la empresa, las partes pueden convenir libremente si ese tiempo de estudios sea remunerado o no. En el primer evento no se configura suspensión del contrato por faltar uno de los elementos y consecuencias esenciales; en el segundo en cambio, nada se opone a que las partes así lo acuerden, pues es un ejercicio libérrimo de sus potestades contractuales, sin que puede entenderse ello como una ampliación de las causales de suspensión del contrato, sino por el contrario, como una previsión conducente a ajustarse precisamente dentro de la causal de “licencia” temporal concedida por el empleador, expresamente contemplada en el numeral 4 del artículo 51 del código, tal como quedó tras la modificación introducida por el artículo 4º de la Ley 50 de 1990, y en consecuencia surtirá los efectos asignados en el artículo 53 del código».

(Sentencia de casación, octubre 20 de 1998. Radicación 11.150. Magistrado Ponente: Dr. José Roberto Herrera Vergara).

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