Sentencia 11157 de mayo 8 de 1997 

CONSEJO DE ESTADO

SALA LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Consejero Ponente:

Dr. Jesús María Carrillo Ballesteros

Ref.: Exp. 11.157

Actor: Fanny Esther Sulbaran de Andrade

Demandado: La Nación-Ministerio de Defensa, Policía Nacional

Santafé de Bogotá, D.C., mayo ocho de mil novecientos noventa y siete

EXTRACTOS: «Sin duda aparece probado que la actuación de la fuerza pública encaminada a liberar los rehenes y recuperar las instalaciones del Palacio de Justicia, no estuvo ceñida a los procedimientos legales y constitucionales que imponen en esencia respeto y especial protección por la vida humana.

Se aprecia del acervo probatorio que las fuerzas del Estado obraron con negligencia por cuanto no adoptaron las medidas pertinentes para prestar adecuada vigilancia, que actuó con precipitud y desorden, disparaba sin interesarle contra quién dirigía las acciones, utilizaron armamento de alto poder destructivo sin parar mientes en el riesgo para la vida de quienes permanecían en cautiverio. Inexplicablemente desechó la posibilidad que resultaran sacrificadas personas ajenas al conflicto. En efecto, perecieron, en desarrollo de los hechos prestantes servidores públicos y particulares que por su actividad profesional ocupaban aquellas instalaciones.

En el análisis de esta realidad fáctica la Sala precisó en sentencia de 4 de abril de 1997, expediente 12007, actor Samuel Buitrago Hurtado, con ponencia de quien elabora este fallo, lo siguiente:

“La sentencia recurrida merece continuarse pues, para la Sala los medios probatorios aducidos al proceso evidencian en el sub examine que la administración incurrió en una falla o falla del servicio, la cual se configuró de un lado por la deficiente vigilancia y seguridad que prestó en la protección tanto de las instalaciones del Palacio de Justicia como de los servidores públicos y profesionales que por sus oficios se encontraban en dicho lugar. Y por otro porque la fuerza pública actuó desmedidamente en el operativo que organizó con el propósito de recuperar dicha sede y rescatar los rehenes que se encontraban en poder de militantes de la agrupación terrorista M-19.

Precisamente se advierte del análisis del acervo probatorio que miembros de la fuerza pública ingresaron a las dependencias del Palacio de Justicia disparando indiscriminadamente sin prestar atención a qué personas y contra qué objetos dirigían la ofensiva militar.

(...).

Si se presentó una falla del servicio por parte de la fuerza pública encargada de procurar la vigilancia de los magistrados y consejeros, así como del propio Palacio de Justicia y de quienes allí por una u otra razón se encontraban laborando. Hubo falla del servicio por cuanto a pesar de que, como se estableció, se conocían las amenazas contra los funcionarios judiciales y la intención de ocupar el Palacio de Justicia, la acción gubernamental en tal sentido no funcionó adecuadamente.

“Si bien proyectaron medidas de seguridad, lo cierto es que las mismas quedaron apenas en el papel y allí todavía se encuentran en el informe rendido sobre el particular. La vigilancia incrementada por la visita del Presidente de Francia desapareció cuando el mismo salió de Colombia. Ni la Policía Nacional, ni el DAS, ni el ejército, prestaron custodia alguna para el día de la toma del palacio, y ello a pesar de que se trataba de una toma anunciada, como la calificaron distintos personajes del propio gobierno. En verdad resulta de difícil comprensión para la Sala la actitud de extremo negligente, imprevisiva y desde luego culposa de las autoridades de la República para dejar en la más aterradora desprotección a consejeros, magistrados y personal que laboraba en el Palacio de Justicia, a la buena de Dios y con el único respaldo de una exigüa vigilancia particular, carente de experiencia y de los medios necesarios para enfrentarse a un enemigo audaz, osado y peligroso, el que venía amenazando de muerte a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y el mismo que había anunciado, de tiempo atrás, la ocupación del palacio donde aquella funcionaba. Era el mismo enemigo que había sido objeto de comentarios en la reunión del Consejo Nacional de Seguridad, organismo de donde surgió la determinación de brindar una especial protección a los referidos funcionarios judiciales y establecimiento de labores».

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