•Sentencia 11158 de mayo 26 de 1999

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

CULPA DEL EMPLEADOR EN EL ACCIDENTE DE TRABAJO

CUANDO NO SE DOTA AL TRABAJADOR DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN

EXTRACTOS: «El informe patronal que envió la empresa de seguridad accionada al Instituto de Seguros Sociales relata que el señor Ulises de Jesús Giraldo pereció, junto con un compañero de labores, en circunstancias trágicas ocurridas, el 5 de abril de 1995 a las 10.30 a.m., en la autopista Medellín Bogotá, a la altura de Zamora, lugar donde fueron baleados desde un taxi que se les acercó cuando cumplían funciones de escolta en moto, resguardando un camión.

En esa misma comunicación se resalta que las causas del infortunio referido tuvieron origen en “acciones violentas de delincuencia organizada”.

Surge entonces del documento mencionado que evidentemente el Tribunal incurrió en una equivocación manifiesta al no dar por demostrado que el suministro de elementos de seguridad, particularmente un chaleco antibalas, hubiera servido de protección al señor Ulises de Jesús Giraldo frente a la agresión de la cual fue víctima cuando ejercía funciones de escolta, pues sin lugar a dudas el oficio de vigilante en sus diferentes modalidades es una actividad peligrosa; más en este caso que era efectuado en una motocicleta, que de por sí es un vehículo peligroso por su inestabilidad y por no ofrecer ningún resguardo físico a quien lo usa, menos de una agresión con arma de fuego donde la parte corporal del pasajero o pasajeros que brinda un blanco más voluminoso para un ataque es el tronco, que además alberga un buen número de órganos vitales.

En estas condiciones también es desacertado el sentenciador de segundo grado al inferir que el desenlace fatal de los hechos no se hubiera modificado simplemente por la circunstancia de haber dotado a los trabajadores de armas de fuego más sofisticadas, de una moto de mayor cilindraje y de chalecos antibalas, con el argumento que nada garantiza que el ataque hubiese sido menos calculado, feroz y certero. Apreciación que se repite es errada porque como bien lo anota el recurrente al invocar el criterio de la Sala sobre este punto, la previsión de los accidentes de trabajo está dirigida a que disminuyan los riesgos de pérdida de vidas humanas o lesiones irreparables de diversa índole, mediante la aplicación adecuada de las medidas de seguridad y la correcta utilización de los elementos de trabajo.

Viene entonces de los hechos examinados que la tragedia referida frente al derecho laboral constituye un accidente de trabajo, porque si bien la muerte del actor y su compañero fue producto de una agresión de terceros, ese acontecimiento guarda relación directa con el oficio de escolta para el que fue contratado el demandante, puesto que su función concreta era la de evitar el robo de los bienes cuya custodia fue encargada a la compañía de vigilancia demandada. Es claro entonces que las personas vinculadas laboralmente para desempeñar todos aquellos oficios relacionados con la protección de personas o bienes de la actividad delincuencial, cualquiera que ella sea, están expuestos a los riesgos que aquellos entrañan, que no son otros que la violencia de cualquier tipo que en contra de ellos se emplee por el hampa para cumplir sus cometidos.

Es incuestionable en consecuencia que una compañía especializada en seguridad o vigilancia debe adoptar todas las medidas necesarias tendientes a prevenir los actos de criminalidad que se quieren evitar con su contratación, entre ellas, la de dotar a sus trabajadores con los elementos de seguridad necesarios y adecuados para preservar su integridad, como también para repeler las agresiones de que sean víctimas, de manera tal que al menos aminoren el peligro que representa el oficio de vigilante, o el de escolta en este caso, frente a la contingencia predecible de un ataque criminal.

Por consiguiente, no tiene justificación de ninguna clase que el empleador, cuya actividad es la vigilancia, omita dotar a sus empleados de los elementos de protección necesarios para el cumplimiento de su labor, lo contrario sería admitir que se colocara a los trabajadores en situación de indefensión frente a la criminalidad, más cuando esta es organizada.

(...).

El acta de levantamiento y necropsia practicada al cadáver del señor Ulises de Jesús, corrobora la existencia del yerro fáctico advertido, pues ella acredita que las heridas de bala que causaron la muerte a dicho trabajador están localizadas a nivel del tronco en áreas que usualmente cubren los chalecos antibalas, lo que muestra fehacientemente que la utilización de este aditamento no era superflua. Por tanto, también se acredita de esta manera el tercer error de hecho atribuido al tribunal referente a la culpa comprobada de la empresa demandada, proveniente de su omisión de suministrar al trabajador los elementos de trabajo adecuados para el cumplimiento de la labor contratada.

Demostrados como están el segundo y tercero de los yerros fácticos que atribuye la acusación al Tribunal, encuentra la Sala pertinente el estudio de los testimonios citados en el cargo, aunque no sean pruebas hábiles en casación, para corroborar conforme lo permite la jurisprudencia laboral los errores de hecho evidenciados con las pruebas calificadas en este recurso.

Ciertamente estas pruebas informan de otras razones que exigían a la empresa, por su gravedad, adoptar medidas de seguridad aún mayores que la de suministrar el chaleco antibalas, como es el hecho de que otros trabajadores de la empresa ya habían sido atacados en similares condiciones, incluso con la muerte de uno de ellos, pues así lo informan los testigos Héctor Mario Ardila y Jorge Eliécer Patiño Rojo (ver folios 137 a 140 y 147 a 151 vto.).

Estas personas también informan que de los dos escoltas que iban en moto solamente el parrillero llevaba revolver, lo que es insólito frente a los antecedentes de peligrosidad de la zona, no desconocidos por la empresa quien expresamente atribuyó, en el informe del accidente de trabajo el crimen de los dos trabajadores a la delincuencia organizada.

A todo lo anterior se agrega la versión de los testigos aludidos en cuanto a que la empresa no suministra a sus escoltas cascos cuando prestan el servicio en motocicleta; así como tampoco botas adecuadas para la realización de dicha actividad, pues el acta de levantamiento de los cadáveres reseña que el señor Ulises de Jesús Giraldo calzaba zapatos al momento en que fue atacado.

El cargo en consecuencia es fundado, por tanto se casará parcialmente la sentencia acusada en cuanto confirmó la sentencia de primer grado que absolvió a la empresa demandada de las súplicas relativas a la indemnización plena de perjuicios».

(Sentencia de casación, mayo 26 de 1999. Radicación 11.158. Magistrado Ponente: Dr. Armando Albarracín Carreño).

SALVAMENTO DE VOTO

EXTRACTOS: «Como bien se ha señalado en otras decisiones de esta Sala, el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo alude a una “culpa suficientemente comprobada del patrono”, lo cual representa un particular cuidado del fallador en el establecimiento de ese elemento culposo que genera el derecho indemnizatorio pleno al que se refiere la disposición. Ello, incide determinantemente en el caso presente por cuanto hace más difícil la estructuración de un error de hecho que tenga la condición de ostensible y que como tal, conduzca a la quiebra del fallo acusado.

La sentencia de la cual me aparto, siempre con todo respeto, comienza su estudio probatorio con el informe patronal del accidente de trabajo que obra en el folio 30. Luego de analizarlo concluye, porque así lo dice el documento, que el insuceso se originó en “acciones violentas de delincuencia organizada”, para agregar posteriormente que “surge entonces del documento mencionado que evidentemente el tribunal incurrió en una equivocación manifiesta al no dar por demostrado que el suministro de elementos de seguridad, particularmente un chaleco antibalas hubiera servido de protección...”. Es decir, de lo anterior surge la razón del quebrantamiento de la sentencia y allí aparece la discrepancia que expreso, pues no encuentro conexidad entre lo que señala el citado documento y la conclusión a la que arriba la posición mayoritaria, salvo la deducción o inferencia que se incluye en la parte transcrita, pero, precisamente por serlo, no puede llenar el requisito de evidencia que la técnica del recurso de casación exige como condición necesaria para la prosperidad de un cargo presentado por la vía indirecta.

Todo lo demás que aparece en el fallo del cual me aparto, sigue la misma ruta señalada por la deducción anterior. Es indudable la conveniencia de los chalecos antibalas en una labor como la adelantada por el fallecido, como también resulta incontrovertible la utilidad de dotar a los escoltas de un armamento más sofisticado, de unos vehículos más veloces, de botas y casco, pero nada de eso aparece en el expediente en forma concreta, salvo la misma lógica deducción que, en mi opinión constituye la columna vertebral de la decisión de la mayoría.

Un aspecto para destacar, es la ausencia de elementos de juicio que permitan concluir que el empleador omitió, a sabiendas por existir previa advertencia o conocimiento concreto, la entrega de los elementos que ahora se mencionan, lo cual resulta importante en el momento de establecer una “culpa suficientemente comprobada”.

En una parte de la decisión de la mayoría (hoja 10 y siguientes de la sentencia), se centra la argumentación en dirección a concluir que los sucesos ocurridos configuran un accidente de trabajo, conclusión que nadie discute pero que impone aclarar que no todo accidente de esta naturaleza debe entenderse imputable a la culpa patronal, como bien se ha señalado en múltiples decisiones de esta corporación en las que se han destacado las diferencias entre la responsabilidad objetiva y la de carácter subjetivo.

El elemento de juicio que, en mi opinión, brinda un mejor apoyo a la sentencia de la cual me aparto, corresponde al acta de necropsia, pero en ella se mencionan múltiples heridas en distintas partes del cuerpo, sin que respecto de algunas de ellas, incluso en el tronco, se puede saber si necesariamente hubieran quedado cubiertas por el chaleco antibalas, lo cual atenta contra la exigencia técnica de estructurar la evidencia en el error de hecho denunciado.

Las anteriores, brevemente expuestas, son las razones que me llevan a apartarme de la decisión mayoritaria».

Germán G. Valdés Sánchez. 

SALVAMENTO DE VOTO

EXTRACTOS: «El principal motivo de mi disentimiento la constituye la circunstancia de haberse producido la muerte de Ulises de Jesús Giraldo como consecuencia de una acción criminal desplegada por delincuentes por completo ajenos a la compañía.

Como es sabido, la estructura legal de la responsabilidad en materia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en Colombia es sui generis, pues está fundada en la que se conoce como “responsabilidad objetiva” para la generalidad de los casos, o sea, aquellos que se regulan mediante el sistema general de prestaciones sociales antiguamente a cargo del patrono, y desde la Ley 90 de 1946 a cargo del hoy denominado Instituto de Seguros Sociales; pero en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo —si de trabajadores particulares se trata— se contempla la posibilidad de reclamar la indemnización total y ordinaria por perjuicios cuando exista culpa suficientemente comprobada del patrono en la ocurrencia del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional.

Es por la particular forma de regularse el accidente de trabajo que, a diferencia de lo que ocurre en el derecho común, los actos intencionales de terceros no exoneran de responsabilidad al patrono, pues, en los expresos términos del artículo 199 del Código Sustantivo de Trabajo:

“Se entiende por accidente de trabajo todo suceso imprevisto y repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca al trabajador una lesión orgánica o perturbación funcional permanente o pasajera, y que no haya sido provocado deliberadamente o por culpa grave de la víctima”.

Como la muerte de Ulises de Jesús Giraldo se produjo por causa o con ocasión del trabajo, y el hecho no fue provocado deliberadamente por él ni se debió a una culpa grave suya, el suceso imprevisto constituye, sin lugar a discusión, un accidente de trabajo, y las consecuencias del mismo quedan cubiertas por el régimen general de prestaciones sociales a cargo del Instituto de Seguros Sociales, o directamente del patrono si no lo hubiera afiliado a dicha entidad. Pero lo que si no tiene fundamento, en mi criterio, es el aserto de que Abservigía Ltda. es culpable de su muerte.

La conclusión a la que llegó el tribunal de no haberse comprobado suficientemente la culpa del patrono en la ocurrencia del accidente de trabajo, porque, según sus textuales palabras, “se carece de los elementos de juicio necesarios para formarse una idea clara de lo que sucedió” (fl. 234) y porque existían “elementos probatorios que acreditan que la demandada ejecutó actos probatorios encaminados a garantizar, razonablemente, la seguridad del señor Ulises de Jesús Giraldo, tal como lo ordenan las normas del Código Sustantivo del Trabajo y demás disposiciones de salud ocupacional” (fls. 234 y 235), además de estar fundada sobre el dicho de los testigos Guzmán Machado y Patiño Rojo, lo que impedía su control directo en el recurso extraordinario, no se ve contradicha por el informe sobre el accidente, ni por el acta de levantamiento del cadáver, ni por el resultado de la autopsia.

Dejo así expresadas las razones de mi salvamento de voto».

Rafael Méndez Arango. 

SALVAMENTO DE VOTO

Como estimo que el cargo formulado en la demanda de casación en el presente asunto debió haber sido desestimado por defecto de técnica, me permito salvar el voto con base en lo siguiente:

Si bien en su fallo el tribunal expresa que “ninguno de los medios de convicción que obran en el formativo da cuenta, de manera clara, precisa y detallada, de la forma como sucedieron los hechos que desencadenaron el deceso del causante (...)”, como también que “A lo anterior debe sumarse que existen elementos probatorios que acreditan que la demandada ejecutó actos orientados a garantizar razonablemente, la seguridad del señor Ulises de Jesús Giraldo, tal como lo ordenan las normas del Código Sustantivo del Trabajo y las demás disposiciones de salud ocupacional (...)”, argumentaciones estas que estarían indicando que el ataque por la vía indirecta era el indicado, en mi sentir ello no era posible porque a la postre el juzgador reconoció que al causante no se le había dotado de los elementos que para el censor configura la culpa patronal que da derecho a reclamar la indemnización plena de perjuicios. Y esto cuando en el fallo impugnado se expresa:

“Para finalizar, cabe resaltar que muchos de los hechos que invoca este apelante en la sustentación del recurso, como constitutivos de culpa patronal (fl. 214), poseen una alta dosis de relatividad, pues en criterio de la Sala el desenlace fatal de los hechos no se hubiera modificado, per se, si a ambos trabajadores se les dota de armas de fuego más sofisticadas, de una moto de mayor cilindraje, de chalecos antibalas, etc. Nada garantiza que el ataque hubiera sido menos calculado, feroz y certero si aquellos se hubieran desplazado en la forma y condiciones en los que propone el recurrente”.

Por lo tanto, como lo antes transcrito contiene una argumentación rigurosamente en derecho, estimo que era necesario destruir tal soporte por la vía adecuada, y como no se hizo, ello era suficiente para que el mismo se mantuviera.

De otra parte, no sobra agregar, admitiendo en gracia de discusión, la pertinencia del cargo por la vía indirecta, que comparto los argumentos de los compañeros de Sala que también salvaron el voto en cuanto sostienen que tampoco hay un error de hecho con la connotación de manifiesto.

Fernando Vázquez Botero. 

Junio 8 de 1999.

________________________________