Sentencia 11160 de Julio 10 de 1997 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA

RESPONSABILIDAD ESTATAL

CAMPESINOS MUERTOS POR ACCIÓN DE PATRULLAS MILITARES

EXTRACTOS:«Estima la sala que en el presente evento aparece claramente demostrado que agentes vinculados a la entidad demandada causaron un daño antijurídico por cuyas consecuencias ésta debe responder en los términos del artículo 90 de la Constitución Política.

2. De las pruebas que obran en el expediente se evidencia que miembros del ejército nacional, en servicio y haciendo uso de sus armas de dotación oficial. dispararon contra la casa de habitación de la familia Arboleda Valencia, causando le muerte de la señora Elvia Rosa García, de 41 años de edad y la de sus hijos, Luis Eduardo, Pedro Claver, Gabriel, Virginia y Rodrigo de 21, 19, 17, 11 y 5

años de edad.

Tales hechos están acreditados con el informe rendido por el Ejercito Nacional (f.76 c.1); con las providencias rendidas en el proceso penal adelantado por los mismos hechos (fls. 139 y 207 c 1 ); con las actas de levantamiento de los cadáveres (fls 198 y s s. c. 1); los registros civiles de defunción (fls. 11, 13, 15, 17, 19 y 21 c.1); y con las necropsias practicadas en los cuerpos de las víctimas (fls. 184 y s.s. c. 1).

Las diligencias de necropsia señalan que la mujer presentaba “múltiples heridas por proyectil de arma de fuego en cara, dorso, con 5 orificios de entrada dorsales y 5 orificios de salida en tórax” (f.186); el niño de cinco años, presentaba “herida por proyectil de arma de fuego con orificio de entrada en abdomen y orificio de salida en dorso” (ff 188); la niña de 11 años, "heridas por proyectil de arma de fuego en cráneo, sin orificio de salida; en abdomen sin orificio de salida y en miembros inferiores y en pies heridas por proyectil de arma de fuego” (fl. 192); el mayor de los hombres cuya edad real era de 21 años, presentaba “herida abierta en cráneo con masa encefálica externa por proyectil de arma de fuego” (f.190); el segundo, cuya edad real era de 19 años, presentaba “múltiples heridas por proyectil de arma de fuego en tórax, cráneo, dorso” (196); y el tercero, cuya edad real era de 17 años, presentaba “heridas múltiples por proyecto de arma de fuego en tórax, dorso, abdomen y cráneo”. (f. 194)

3. Demostrado lo anterior, correspondía entonces a la entidad demandada, para exonerarse de responsabilidad, demostrar que los daños causados no le eran imputables, acreditando la existencia de fuerza mayor, culpa exclusiva y determinante de la víctima o hecho también exclusivo y determinante de un tercero.

Sobre este punto la sala, en sentencia del 5 de julio de 1.996, (exp. No 9941 actor María Girlez Arenas de Lindarte, ponente Carlos Betancur Jaramillo), dijo:

“4. La demostración de que la muerte de la víctima fue causada por agentes del DAS, con armas de dotación oficial, determina la imputación del daño a la entidad demandada, la cual para desvirtuar su responsabilidad debía demostrar la culpa exclusiva de la víctima, el hecho exclusivo y determinante de un tercero o la fuerza mayor.

Sólo mediante la prueba de cualquiera de dichas causales la demandada podía acreditar que el daño sufrido por la víctima no le era imputable y que, por ende, no estaba obligada a indemnizarla, pues de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Nacional todo daño antijurídico que sufra un particular por la acción u omisión de la administración, hace nacer la obligación de reparación del Estado, razón por la cual su sola existencia - la del daño antijurídico - hace derivar para la administración la obligación de reparar el perjuicio que el mismo ha causado.

Si existe alguna causa que justifique dicho daño, y que le quite el linaje de antijurídico, o una causal que destruya la imputabilidad del mismo daño a la administración, esa causal debe ser acreditada por la propia administración para exonerarse de responsabilidad. El hecho constitutivo de ésta es el daño, que como se ha dicho, por su sola naturaleza, es normalmente antijurídico. La demostración de una causal que impide el nacimiento del deber de reparación, debe ser acreditada por la administración.

La jurisprudencia española sobre este tema, ha dicho:

Al ser la responsabilidad de la Administración objetiva, para que la obligación de indemnizar nazca basta con que el daño material e individualizado no sea consecuencia de fuerza mayor y proceda del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos en relación de causa a efecto; correspondiendo la prueba del daño sufrido y su origen al particular que solicita la indemnización, y la del hecho impeditivo de la pretensión, fuerza mayor, a la Administración demandada, en adecuada y correcta aplicación de la carga de la prueba establecida en el artículo 1.214 del Código Civil “(Sentencia del 7 de Diciembre de 1.981)”.

4. En el sub judice no es cierto, como lo afirmó el tribunal de primera instancia, que en el proceso esté acreditado que la muerte de la familia ARBOLEDA VALENCIA se produjo como consecuencia exclusiva de su propia conducta al atacar a la patrulla del Ejército Nacional.

5. Sobre este extremo sólo obran en el expediente las copias de las declaraciones rendidas por los propios miembros de la patrulla militar en el proceso penal que se adelantó en su contra, las cuales no fueron ratificadas y por ende no pueden ser aducidas contra los demandantes que no fueron parte en dicho proceso penal.

Como bien lo explica el propio tribunal, la sala ha admitido que dichas pruebas puedan ser aducidas contra la entidad demandada, en la medida en que los procesos penales se han tramitado con su participación y con la de los agentes que directamente causaron el daño, punto sobre el cual la Sala en sentencia del 26 de noviembre de 1.995 (exp. 9620, actora Rosa Anaya de Sandoval, ponente, Carlos Betancur Jaramillo) dijo:

“Advierte la sala previamente, que en la sentencia de primera instancia se aprecian probatoriamente las declaraciones rendidas en el proceso penal, sin que ellas hubieran sido ratificadas en este proceso.

Pues bien, la valoración de dichas declaraciones, como en repetidas ocasiones lo ha dicho la sala, requiere de su ratificación, para que cumplan con el requisito de la contradicción de la prueba. Pero no obstante hoy, frente al Decreto 2651 de 1.991, las declaraciones que obren dentro de un proceso penal podrán estimarse en el proceso de responsabilidad cuando hayan sido adjuntadas en copia auténtica, en los términos del ordinal 2 de su artículo 22”.

No puede en estricto sentido hablarse de falta de contradicción cuando dentro del proceso penal actuó el ministerio público y el funcionario que con su conducta pudo comprometer a la responsabilidad del ente público; funcionario frente al cual podrá ordenarse la repetición de la condena (artículo 90 de la constitución). Además, en el proceso de responsabilidad la prueba se decretó y el auto correspondiente fue debidamente notificado a las partes”.

Pero obvio resulta que no puede hacerse la misma afirmación respecto de quienes, como ocurre con las víctimas en este caso, no fueron parte en dicho proceso, pues frente a ellas resulta evidente que las pruebas no han cumplido con el principio de la contradicción, en la medida en que la actora no fue parte en el proceso penal en que dichos testimonios fueron recibidos.

6. El hecho de que la parte actora hubiese solicitado como prueba las copias de las diligencias penales adelantadas por los mismos hechos, en forma alguna puede significar que dicha parte acepte el contenido de las declaraciones que obren en dichas diligencias, o que esté dando por saneada la falta del requisito de su ratificación.

Si es cierto que cuando una parte allega un documento éste puede hacerse valer en su contra, pues se presume auténtico de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 276 del Código de Procedimiento Civil, esta disposición no puede ser aplicada a los testimonios que formen parte de la copia de un proceso penal allegada al proceso a petición de una parte, para deducir que ellos tendrán valor en su contra aún sin que se cumpla con el requisito de la ratificación.

Cuando la parte actora en estos casos solicita que se allegue copia del proceso penal del cual no ha sido parte y respecto del cual desconoce su desenvolvimiento, pretende que en el expediente obren todos los elementos de juicio que permitan al juzgador acercarse a la realidad de los acontecimientos; pero la apreciación de los testimonios que allí se hayan recepcionado en contra de cualquiera de las partes, dependerá fundamentalmente de su participación en el proceso en el que fueron practicadas o de su ratificación en el que se incorporan.

El principio de la comunidad de la prueba indica que ésta no pertenece a quien la aporta, favorézcala o no, pero su apreciación judicial está sujeta a que ella haya cumplido con los requisitos establecidos por la ley, los cuales tienen fundamentalmente el propósito de garantizar que las partes tengan la oportunidad de ejercer el derecho de contradicción respecto de ello.

“Se crea entonces por este principio una especie de situación comunitaria que impide la renuncia o el desistimiento de las pruebas ya practicadas. No renunciabilidad que está íntimamente vinculada con la lealtad que las partes se deben guardar en el proceso, porque no seria correcto que el mantenimiento de la prueba para los fines de éste, estuviera supeditado a que resultara favorable o no, después de diligenciarla o producirla, para las pretensiones de quien la solicitó”.(Carlos Betancur Jaramillo, De la prueba judicial, editorial Diké, 1.982, p. 30.).

7. Debe anotarse que los testimonios e indagatorias recibidas a los miembros de la patrulla militar causante de los hechos no constituyen tampoco, a juicio de la sala, prueba de que en realidad aquellos fueron atacados por la familia Arboleda Valencia desde su casa de habitación y que fue ésta la circunstancia que motivó su reacción. Los testimonios así rendidos son sospechosos por interés, porque con ellos los declarantes se estaban defendiendo de una imputación penal.

Del conjunto de dichas declaraciones, puede deducirse, en términos generales, que la patrulla militar, que de acuerdo con el informe obrante en el proceso (f. 76) estaba conformada por 36 militares, se encontraba persiguiendo a una columna guerrillera con quien miembros del batallón Voltigeros habían tenido un enfrentamiento días antes, el 22 de mayo, en el cual resultaron muertos 13 militares; que fue transportada en helicóptero cerca a la casa de habitación de la familia Arboleda García, en donde encontraron rastros de que allí habían permanecido guerrilleros, como en efecto lo admitió el propio Antonio Navales Arboleda, en la declaración rendida en el curso del proceso penal (f.91 c.1).

Y en lo que tiene que ver con la circunstancia concreta de la muerte de los miembros de la familia Arboleda García los soldados repiten una versión, según la cual vieron fuera de la casa a dos personas que portaban armas largas, razón por la cual la rodearon; y al escuchar una explosión, producto de la cual resultó herido un miembro de la patrulla y tiros que provenían de la casa, procedieron a disparar dejando de hacerlo solo cuando alguien gritó que oía llorar niños dentro de la casa; y que como consecuencia del enfrentamiento aparecieron 6 muertos, que procedieron a trasladar y a enterrar en Mutatá (Ant.) quedando dos niños vivos, gemelos de dos años, que fueron entregados al Instituto de Bienestar Familiar de dicho municipio, apareciendo en el lugar un arsenal de armas, municiones y otros elementos de uso privativo de las fuerzas militares.

Sin embargo sus versiones se contradicen respecto del número de personas que se encontraban fuera de la casa, de la forma en que estaban vestidos, del lugar donde se encontraron las armas y del tipo de armamento encontrado.

(...)

8. Las imprecisiones antes anotadas no permiten a la Sala dar a las declaraciones de los militares la absoluta credibilidad que les otorgó el tribunal de primera instancia; dichas contradicciones, por el contrario, permiten afirmar que no obstante el esfuerzo hecho por los miembros de la patrulla, es evidente que no pudieron recitar adecuadamente la versión preparada para justificar su atroz crimen.

El juzgador no puede aquí creer, sin más, lo que los propios militares digan, por el simple hecho de ser los únicos testigos presenciales de los acontecimientos, cuando esa macabra circunstancia, la de no dejar testigos, es, por el contrario, un indicio de que en la acción emprendida lo menos que se tuvo en cuenta fue el propósito de obrar, no solo dentro de los mandatos de la ley, sino dentro de los más elementales principios de convivencia.

¿Cuál es la razón para que los levantamientos de los cadáveres sólo se produjeran al día siguiente, en un lugar diferente a aquél en que se cumplieron los hechos? ¿Por qué no aparece ninguna prueba acerca de las heridas que se dice recibió un militar en el supuesto “enfrentamiento”? ¿Cómo se explica que una patrulla de 36 militares, expertos en contraguerrilla, termine causando la muerte a una familia compuesta por una mujer de 41 años, tres muchachos de 21, 19 y 17 años y a dos niños de 5 y 11 años? ¿En qué lógica razonable cabe que este grupo familiar pretendiera en realidad enfrentar a la citada patrulla?. Y, por último, ¿cómo se explica que estando en la casa de habitación y habiendo sido el "combate" tan corto, todos los miembros de la familia, incluso los niños, aparecieran con múltiples disparos en la cabeza y en la espalda?. ¿Qué justificación macabra tiene la presencia de cinco orificios de entrada y 5 de salida en el cadáver de Elvia Rosa?.

Dentro de la lógica de lo razonable, la sala estima que no puede darse credibilidad a los dichos de los miembros de la patrulla militar, pues sus versiones son simplemente inverosímiles; resulta absurdo desde todo punto de vista que dos de los moradores de la casa de habitación hubiesen pretendido atacar a los militares cuando dentro de ella se encontraba su señora madre y seis hermanos, entre ellos varios menores de edad.

Por último, ellas no concuerdan con las versiones de quienes rindiera declaración en este proceso acerca de la conducta de la familia asesinada, dando cuenta de que se trataba de simples campesinos con buena reputación en la región.

El montaje de este tipo de versiones, han hecho que la sala exprese:

“La corporación se encuentra, pues, frente a un caso más de los muchos que a diario registra en el manejo de los distintos procesos en que se vivencia que algunos miembros de la entidad policiva, para tratar de excusar su conducta, acuden al expediente TORPE, BURDO, de colocar al lado del occiso armas o artefactos explosivos, con el fin de tratar de involucrar a las víctimas inocentes, en la realización de conductas antijurídicas Ese comportamiento es, a todas luces, censurable, pues a través de él se atenta también contra la dignidad de la persona humana. La magistratura ya está preparada para hacerle fuente a la conducta SIMULADA, a tal punto que no seria posible lograr que a través de ella se exima de responsabilidad a la administración.

El país demanda que los integrantes de la fuerza pública sean educados en la filosofía que enseña que se debe dar siempre testimonio de la verdad, pues sólo así será posible castigar a los responsables y absolver a los inocentes. Sólo rindiéndole culto a la verdad se podrá predicar que se ha PENSADO y ACTUADO BIEN. Para casos con el temperamento que se deja estudiado vienen bien las palabras de BALMES: “Ciertos hombres tienen talento de ver mucho en todo; pero les cabe la desgracia de ver todo lo que no hay, y nada de lo que hay” (El criterio). Que de, pues, bien en claro, que LA MENTIRA no es vía amplia para la exoneración de responsabilidad, sino SEMILLA FRUCTIFERA sobre la cual se consolida con más fuerza de CONVICCIÓN la falla del servicio o el DAÑO ANTIJURÍDICO”. (Sentencia del 9 de mayo de 1994, ponente, Dr. Julio Cesar Uribe Acosta, expediente No 8581, actor Luis Lucero.)

9. Se deduce, entonces, que en este caso la fuerza pública, luego de haber perdido a 13 de sus hombres por la acción de la guerrilla, empezaron a realizar distintos tipos de atropellos con la población civil, de los cuales da cuenta la investigación disciplinaria allegada a este proceso y cobraron venganza sobre una familia campesina por el sólo hecho de haber albergado en su casa a unos guerrilleros. Aquí se pregunta la sala: ¿Estaban en condiciones de negarse?. La respuesta tiene que ser negativa. Si lo hubieran hecho, su muerte habría sido el precio. El país tiene que tomar conciencia de que el campesino está en mitad de un fuego cruzado, en el que paga con su vida porque si o porque no. Es una lucha monstruosa en la cual su inocencia no cuenta y hasta parece estorbar a los dos bandos enfrentados en la lucha fratricida.

En este sub judice, como repetidamente lo ha dicho la sala.

“Los militares aplicaron a las víctimas la pena de muerte en forma sumaria y sin fórmula de juicio, por el solo hecho de sospechar que pertenecían a la guerrilla o que eran colaboradores de ésta. Pena de muerte proscrita en la Carta Fundamental y que la delincuencia denominada “guerrilla” aplica despiadadamente a lo largo y ancho del país y que algunas autoridades al parecer aprendieron a aplicar con igual rigor para mayor desgracia e infortunio”.( Sentencia del 29 de mayo de 1.992, expediente No 6821, consejero ponente Carlos Betancur Jaramillo.)

10. Esa conducta de los agentes de la entidad demandada, la hace entonces responsable del pago de los perjuicios causados, en los términos del artículo 90 de la Constitución Política».

(Sentencia de Julio 10 de 1997. Expediente 11.160 Consejero Ponente: Dr. Carlos Betancur Jaramillo).

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