Sentencia 11165 de julio 24 de 2001 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. Herman Galán Castellanos

Aprobado Acta Nº 104

Bogotá D.C., veinticuatro de julio de dosmil uno.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

Por cuanto el único recurrente lo es la parte acusada, conviene, el primer momento establecer si le asiste interés jurídico para impugnar extraordinariamente la sentencia anticipada con la que terminó en sus instancias este proceso.

La implicada, con la coadyuvancia de su defensor solicitó la emisión de sentencia conforme a las provisiones del artículo 37 del Código de Procedimiento Penal, una vez en firme la resolución definitoria de su situación jurídica, en la que se precluyó investigación por el delito de falsedad y se le atribuyó en concurso de hechos punibles, el delito de peculado.

En la diligencia correspondiente, la fiscalía en lacónicos términos que hacen sobreentendida la remisión a la acusación plasmada en aquella providencia (fl. 180, c. 1) dejó constancia de la manifestación de la acusada, de aceptación “de los cargos formulados” y tras referirse al memorial de la defensa previo a la definición de la situación jurídica (fl. 100, c. 1) sin especificar los diversos planteamientos, dijo compartirlos. Así se expresó el ente acusador.

“En su oportunidad, el apoderado de sindicada ..., hace una relación de reflexiones de orden jurídico frente a la confesión de su patrocinada, al igual que de la falsificación de la fecha de los recibos”.

“La fiscalía comparte estos planteamientos y aún continúa dudando de la falta de complicidad en esta comisión de hechos punibles ...”.

La alusión del fiscal al punto concreto de la confesión en el escrito del defensor surge de la acotación de éste sobre el relato del modo de operar expuesto por su poderdante, en la que dijo que “la forma simple y llana como confesó la apropiación del dinero ... está indicando la sinceridad de la misma” (fl. 100, c. 1) y después de aceptar que la prueba hasta entonces “legalmente incorporada al proceso es fundamentalmente documental y la confesión” (fl. 98, c. 1).

Sólo entendiéndose que por error, el fallador de primer grado calificó como inepta para efectos de rebaja punitiva la confesión de que habló la fiscalía en la formulación de los cargos, puede aceptarse el interés jurídico de la defensa para el recurso de apelación de la sentencia anticipada, y en lo concerniente a la Corte, que así lo acepta por abundar en garantías, para interponer el recurso de casación.

Pues bien, el numeral 4º del artículo 37-B del Código de Procedimiento Penal reconoce el interés a la defensa para recurrir, respecto de específicos aspectos de la acusación, entre ellos, la dosificación de la pena y el subrogado de ejecución condicional, vale decir, cuando al tratar esos temas el fallador de la primera instancia incurrió en error en detrimento del sentenciado, a fin de que el superior jerárquico restablezca el derecho vulnerado. Por extensión, las mismas razones conceden el interés a ese sujeto procesal para el recurso extraordinario, cuando es procedente.

Ocurre sin embargo, que, como se colige del contexto de la resolución definitoria de situación jurídica, en ningún momento la fiscalía interpretó que la confesión mencionada por la defensa confiriera a la acusada el beneficio del artículo 299 del Código de Procedimiento Penal, es más, ni siquiera el mismo defensor llegó a catalogarla como tal, pues aceptó que junto a ésta y con eficacia comprometedora obraba la prueba documental, que obviamente, había sido recaudada antes de la confesión. Esto explica que en rigor, no hubo error del juzgado ni del tribunal al no contabilizarla para disminuir la pena, pues su desestimación para ese efecto resultó de un proceso evaluativo de crítica racional que no le permitía otorgar el reclamado beneficio.

Cierto es que el fallador no catalogó como confesión para efectos de rebaja punitiva, la versión suministrada por la acusada cuando por primera vez compareció a la investigación. Pero cierto también es que, como lo destaca el Ministerio Público en su sugerencia desestimatoria de la censura que conforma la demanda, la confesión de que habla el casacionista, fue rendida por la procesada cuando ya la investigación penal se hallaba en curso y militaban pruebas de suficiente envergadura y contundencia para atribuirle la responsabilidad en los varios delitos de peculado y hasta se le había librado orden de captura, que si no se alcanzó a materializar fue porque ella acudió a la diligencia cuando ya era buscada por la autoridad policiva.

De tal manera, el reconocimiento de la ejecución de los diversos delitos simplemente fue una corroboración de lo que demostraba la prueba recaudada sin su colaboración —no es de olvidar que la sindicada había dejado de concurrir a su oficina antes de que termine la visita fiscal en que se establecieron los faltantes—, de donde fluye que en la imputación de la resolución definitoria de su situación jurídica, no tenía por qué incluirse ese medio probatorio con la connotación de beneficio punitivo, sin perjuicio de que se hubiera tratado de confesión calificada, aunque a ella hiciera referencia la fiscalía al aludir a la versión rendida por la procesada cuando mencionó los planteamientos de la defensa, orientados básicamente a desdibujar el tipo penal de la falsedad en documento público (fl. 97, c. 1), que fue la conducta medio para la comisión de los peculados y que el ente acusador terminó por catalogar como atípica (fl. 106, c. 1).

Es que esa confesión ninguna utilidad a la celeridad de la investigación aportó, pues autoría y responsabilidad de los delitos estaban plenamente establecidas para cuando fue realizada, como que los indicios y el acta de visita a la dependencia a la cual servía la procesada llevaban forzosamente a su compromiso penal, que si no se extendió también al delito de falsedad en documento público, lo fue justamente por la alegada circunstancia excluyente de culpabilidad aceptada por la fiscalía, de ignorar que adulterar los comprobantes de entrega de recaudos a la tesorería fuera delito, menos cuando la falsificación era evidente por lo burda.

En torno a la cuestión ha sido uniforme y constante el criterio de la Corte, acertadamente recordado para el caso tanto por el tribunal como por la procuraduría delegada. No fue objetivo del legislador instituir el beneficio punitivo del artículo 299 del Código de Procedimiento Penal, para premiar al procesado que guarda silencio ante la naciente investigación que lo involucra esperando que a través de sus mecanismos investigativos el Estado invierta tiempo y esfuerzo en establecer los hechos y su autor, para luego concurrir ante el investigador a reiterar lo que ya ha sido probado y de contera calificándolo con circunstancias tendientes a excluirlo de responsabilidad. Confesión de esa índole, aunque es prueba legalmente autorizada y por tanto sujeta al régimen de la racional evaluación, no comporta el beneficio de menguar la pena, pues ni puede servir como fundamento de la sentencia, ni contribuye a clarificar lo sucedido, demandando en ocasiones incluso, mayor desgaste para la administración de justicia en el empeño de investigar las aducidas circunstancias calificantes.

El estímulo de la rebaja punitiva por confesión consagrado en el artículo 299 del Código de Procedimiento Penal opera para el delincuente que colaborando a la investigación, fuera del estado de flagrancia, ante el funcionario competente, en su primera versión rendida a la investigación con las formalidades legales y sin calificantes, admite su delito, de tal manera que las demás pruebas que lleguen a practicarse evidencian su veracidad al corroborar ese sincero relato; no a la inversa, porque sería, como se ha dicho, beneficiar una situación que en nada disminuye para el Estado la carga de la prueba y discriminar en contra de los procesados que por cualquier razón se abstiene de admitir su comportamiento delictual.

Bajo estas consideraciones, impera desestimar el cargo propuesto.

Atendidas las razones expuestas, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

NO CASAR la sentencia recurrida. En firme, DEVUÉLVASE el expediente a la oficina de origen.

Cópiese, devuélvase y cúmplase».

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