Sentencia 11167 de noviembre 6 de 1997 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

PROCESOS CON LLAMADO EN GARANTÍA

EFECTOS DE LA CONCILIACIÓN

EXTRACTOS: «En primer término, estima la Sala procedente analizar las incidencias que puede tener en un proceso el llamamiento en garantía de un tercero y la conciliación que se acuerde sin su aquiescencia, para luego abordar con dichos principios el caso sub iudice.

I. La conciliación y el llamado

1. Al demandar la víctima de un daño a la entidad estatal a la cual se le imputa, la primera relación procesal se traba entre dichas partes: o sea, entre la parte actora y la demandada.

2. Sin embargo, dentro del término de fijación en lista, es posible que la propia demandada o el Ministerio Público formulen llamamiento en garantía contra un tercero a quien la entidad tenga el derecho “legal o contractual” de exigirle el reembolso total o parcial de la suma a la cual ella pueda resultar condenada, si se accede a las pretensiones de la parte actora.

Dicho llamamiento tiene como finalidad evitar la tramitación de un proceso posterior en el cual se defina la relación entre la demandada y el tercero. Como lo ha dicho la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, “con esta institución se rinde tributo al principio de la economía procesal, puesto que se evita la necesidad de una nueva litis para ejercer el llamado derecho de regresión o de reversión, entre quien sufrió la condena y la persona legal o contractualmente obligada a correr con sus consecuencias patrimoniales” (Sentencia del 11 de mayo de 1976, ponente Dr. José María Esguerra Samper).

Y tal como lo señaló la Sala en auto del 6 de octubre de 1994 (exp. 9803 actor Luis Eduardo Henao Campiño, ponente, Carlos Betancur Jaramillo)(*) tanto en el caso de que se adelante un nuevo proceso, como en el del llamamiento en garantía, se evidencian dos relaciones jurídicas diferentes, así:

(*) Publicado en J y D., Nº 276, pág. 1556 (N. del D.).

“... sea que se instaure la acción autónoma de repetición luego del proceso del responsabilidad o que se acumulen en un mismo proceso, a través del llamamiento, se observarán en todo caso dos relaciones jurídicas diferentes en cuanto a su alcance y contenido.

De un lado, la relación demandante —demandado, en la cual se discute la responsabilidad de la persona pública por los perjuicios causados con sus actos, hechos, omisiones, operaciones administrativas o contratos. Es esta la relación principal y propia del litigio de responsabilidad.

De otro lado, la relación parte demandada-tercero, cuando aquella considera que este último, o sea el funcionario o ex funcionario, pudo comprometerla con su conducta dolosa o gravemente culposa, deberá pagarle lo que tenga que reconocerle al demandante triunfador de la litis, total o parcialmente.

En este planteamiento se observa claramente un doble enjuiciamiento: el primero que busca definir la responsabilidad de la entidad demandada frente al demandante e imponer una condena consecuencial; y el segundo que está orientado a establecer que la entidad demandada resultó comprometida por la conducta dolosa o gravemente culposa de su funcionario, y que por esta razón debe resarcirla, en todo o en parte, de lo que tenga que pagar por la condena impuesta”.

Aunque el proveído transcrito en lo pertinente se refiere al llamamiento para los efectos del inciso segundo del artículo 90 de la Constitución (llamamiento al funcionario que con su conducta dolosa o gravemente culposa comprometió la responsabilidad del ente público demandado) y no a otra clase de llamamiento, como el que se dio aquí frente a la compañía de seguros, lo dicho, mutatis mutandis, tiene aplicación para el caso porque aquí también se pone de presente esa doble relación: la demandante frente a la entidad demandada y esta frente a la compañía llamada.

3. Ahora bien, cuando el tercero es vinculado al proceso mediante el llamamiento en garantía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 56 del Código de Procedimiento Civil, debe surtirse con él “la notificación del auto que acepta la denuncia (o el llamamiento en garantía), en la forma establecida para el admisorio de la demanda”. Y, de acuerdo con la misma norma, el llamado “podrá presentar en un sólo escrito contestación a la demanda y a la denuncia y en el mismo solicitar las pruebas que pretenda hacer valer” (se resalta).

De tal norma se deduce que el llamado en garantía podrá, desde el momento de su vinculación al proceso, controvertir el derecho que alega el demandante principal y solicitar pruebas que sustenten tal propósito, porque si desvirtúa la obligación del demandado para con el demandante estará, por contera, desvirtuando la suya propia. Y, además, podrá controvertir el derecho en el cual se fundamenta el llamamiento en garantía que ha sido formulado en su contra.

En la misma providencia antes citada se señala sobre el punto:

“Lo precedente permite afirmar que la suerte de la relación parte demanda-tercero, está condicionada, en principio, al éxito de la relación principal. Es en ese sentido que puede hablarse de que es accesoria. Así si no prospera la principal no podrá existir pronunciamiento alguno en la resolutiva sobre la segunda relación; se aclara, si, que aun en el evento de la prosperidad de la primera relación no será forzosa la prosperidad de la segunda, porque ésta tiene unos alcances y efectos diferentes (...).

Lo expuesto permite inferir que el llamado no es una parte accesoria o un simple coadyuvante sino una parte principal con los efectos que esta calificación procesal implica”.

Así mismo en dicho proveído se precisa:

“En el fallo que ponga fin a la litis compete al juez resolver sobre dos relaciones sustancialmente diferentes: la vigente entre demandante y demandado y la que exista entre este último y el llamado en garantía. Desde luego, el examen de la segunda está suspensivamente condicionado o subordinado al éxito que tengan las pretensiones del demandante, pues carecería de operancia si estas no proceden jurídicamente o resultan enervadas por una excepción de fondo. En cambio, si el juzgador considera que las súplicas del demandante deben prosperar, por ser indudable la existencia del derecho subjetivo cuya tutela ha impetrado, deberá acometer el análisis de la relación sustancial que vincula al demandado con la persona que éste llamó en garantía y pronunciarse sobre ella”.

Es claro entonces que el ejercicio del derecho de defensa del tercero llamado en garantía, no sólo comprenderá la impugnación de la obligación legal o contractual de reembolso al demandado, sino que también abarcará la contradicción del derecho alegado por el demandante principal.

4. Ahora bien, vinculado el llamado en garantía, éste podrá participar en la audiencia de conciliación (D. 171/93, art. 4º), siendo posible que se llegue a un acuerdo tanto entre la víctima y la entidad, como entre ésta y el llamado en garantía, lo cual determinará la terminación total del proceso.

5. Pero, puede también ocurrir que en la audiencia de conciliación solamente se llegue a un acuerdo entre la víctima y entidad demandada y no respecto de la relación de esta última con el llamado en garantía, bien porque no asistió a la audiencia o porque no consintió con el acuerdo logrado entre las partes. Este es el caso planteado en el sub iudice, que indudablemente presenta problemas de orden procedimental, entre los cuales el más importante es determinar qué valor tiene para el llamado en garantía el acuerdo conciliatorio. A este respecto, se anota:

En eventos como el aquí planteado, la jurisprudencia de la Sala ha dicho que para la eficacia de dicho acuerdo no se requiere de la aceptación del llamado en garantía, pudiendo surtirse perfectamente sin su consentimiento, pues no hay aquí un caso de litis consorcio necesario entre la entidad y el llamado en garantía. Que en tal caso el acuerdo terminará la relación procesal trabada entre el demandante y la entidad, para quienes el acta tendrá efecto de cosa juzgada pudiendo asimilarse a una sentencia de condena; y que, no obstante el acuerdo entre las partes principales, no es procedente terminar el proceso, sino que éste deberá continuar para que en la sentencia se resuelva la pretensión de la entidad demandada contra el llamado en garantía.

En la providencia antes citada, se observa:

“Puede afirmarse así que, en principio, entre el actor y ese tercero no existe conflicto alguno. En otras palabras, si la actora no lo cita como codemandado con la administración, el llamamiento no puede darle ese carácter frente a aquella, ni convertirlo en obligado suyo.

En el evento del llamamiento la reelección principal sigue siendo la del demandante-demandado, ya que la del demandado-tercero, es, si se quiere, de simple garantía y de interés primordial para la parte que hace la denuncia.

Se hace la afirmación precedente porque el actor debe acreditar los supuestos de la responsabilidad del Estado y nada más, y para el efecto le basta demandar sólo a la entidad que estima fue la responsable. Si la administración demandada llama o hace la denuncia a un tercero (el funcionario lo es para estos efectos, por ficción legal) no se está oponiendo a la demanda, sino que sólo está cubriendo su espalda para que en el evento de que resulte condenada pueda repetir contra ese funcionario. Está, en otras palabras, como se dijo, ejerciendo un derecho de garantía.

(...).

...Se aclara, finalmente, para evitar equívocos, que en los casos de terminación anormal, concretamente como sucedió aquí con la conciliación total, el acuerdo debidamente aprobado entre las partes principales iniciales tiene el alcance de cosa juzgada, pero sólo frente a la primera relación (demandante-demandada), ya que la segunda, por regla general, no puede ser comprendida en el mismo sino que deberá definirse en el fallo. Por esa razón, nada impedirá que el proceso continúe entre la entidad demandada y el llamado con miras a que se resuelva en la sentencia si la conducta de este último no sólo estuvo afectada de dolo o culpa grave, sino que tuvo incidencia en la responsabilidad imputada a la administración.

Se dice por regla general, porque la entidad pública en la audiencia de conciliación podrá expresamente desistir de su pretensión de llamamiento, si lo estima razonable; evento en el cual terminará el proceso en su totalidad. Si no sucede así y se logra el acuerdo conciliatorio, el proceso deberá continuar entre la entidad pública, como actora de su pretensión de repetición, y el llamado como parte demandada.

Juega en la definición que aquí se hace el principio de la economía procesal; el que se vería afectado si se le exigiera a la administración, luego de la conciliación, la presentación de una demanda autónoma de repetición, perdiéndose así los esfuerzos hechos por las partes y el mismo llamado en el proceso inicial.

En la motivación que se deja expuesta se acogen, en lo fundamental, los argumentos presentados en las instancias por los procuradores 38 ante el Tribunal de Risaralda y primero delegado ante esta corporación, Dr. Juan Carlos Henao P.

A título de pedagogía judicial se señala que una vez se logre el acuerdo conciliatorio entre las partes, el juzgador deberá indagar a la entidad demandada o al Ministerio Público, en su caso, si desea o no continuar con las personas llamadas”.

Se anota aquí que la jurisprudencia de la Corte también coincide en señalar la inexistencia de un litisconsorcio necesario con el llamado en garantía. Así, en sentencia del 28 de septiembre de 1977, con ponencia del Dr. Aurelio Camacho Rueda, se señala que:

“...La indemnización del perjuicio o el reembolso se debe efectuar por el llamado al demandado llamante, nunca al demandante, pues se trata de dos relaciones jurídicas perfectamente diferenciadas: la del demandante contra el demandado, en procura de que éste sea condenado de acuerdo con las pretensiones de la demanda contra él dirigida; y la del demandado contra el llamado en garantía, a fin de que éste le indemnice o le reembolse el monto de la condena que sufriere”

En síntesis de lo anterior, puede afirmarse:

En los procesos de responsabilidad en los cuales se haya hecho llamamiento en garantía a un tercero y se produzca etapa conciliatoria, podrán presentarse las siguientes hipótesis: a) Las partes principales (demandante-demandada concilian todas sus diferencias, con la aquiescencia del llamado; b) Esas mismas partes concilian parcialmente, igualmente con el consentimiento de aquél; c) Las partes principales concilian, pero el acuerdo no es aceptado por la persona llamada, bien porque no lo consintió o porque no asistió a la audiencia, y d) Las partes no lograron conciliar sus diferencias.

En la primera hipótesis (lit. a) el proceso, luego de la aprobación del acuerdo logrado, terminará y el auto aprobatorio tendrá el efecto de cosa juzgada entre las partes que intervinieron en la conciliación, incluida la persona llamada.

En la segunda (lit. b), aprobado el convenio parcial, deberá continuarse el proceso entre las mismas partes, pero sólo en relación con lo no conciliado. En lo que fue objeto de acuerdo, el auto aprobatorio, tendrá el mismo efecto del literal anterior.

En la hipótesis c el acuerdo logrado debidamente aprobado, terminará el proceso entre las partes que lo suscribieron y frente a éstas tendrá la fuerza de cosa juzgada. En cuanto al llamado, el proceso deberá continuar entre éste y la entidad que hizo el llamamiento o la denuncia, porque el acuerdo no sólo le será inoponible, sino que su aprobación será de efectos relativos frente a las partes que conciliarse (sic). Tan cierto esto que en la sentencia y en relación con el llamado podrá discutirse la responsabilidad de la administración y la cuantía de la condena conciliada, además de la conducta de dicho denunciado y su propia responsabilidad frente a la entidad que lo llamó al juicio.

Se precisa que en la hipótesis explicada sucede algo similar a lo que ocurre cuando la administración, luego de ser vencida en el proceso de responsabilidad y de haber efectuado el pago, formula la acción autónoma de repetición, porque frente a la persona demandada en el nuevo proceso, lo decidido en el inicial también le será inoponible, dado el efecto interpartes que produce, no sólo en la responsabilidad sino en el valor de la condena.

Y, finalmente, en la hipótesis del literal d el proceso deberá continuar en los términos propuestos inicialmente y entre todas las partes».

(Sentencia de noviembre 6 de 1997. Expediente 11.167 Consejero Ponente Dr. Carlos Betancur Jaramillo).

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