Sentencia 11172 de enero 30 de 1998 

C ONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Ref.: Exp. 11.172

Indemnizatorio

Consejero Ponente:

Dr. Luis Fernando Olarte Olarte

Actor: Haydee de Jesús Huertas de Peña

Demandado: Departamento de Cundinamarca

EXTRACTOS: «El querer del demandante desde el inicio de la relación jurídico-procesal siempre estuvo dirigido a obtener el resarcimiento de los perjuicios mediante el ejercicio de la acción in rem verso, medio que la Sala considera apropiado en vista de que dicha acción por su carácter residual era el mecanismo idóneo ante la ausencia de otra vía procesal como la contractual. En razón a que las diferencias económicas que surgieron no sobrevinieron por el incumplimiento del contrato de arrendamiento inicialmente pactado, sino que emanó de unas situaciones posteriores como lo fue el que la administración continuó ocupando sin legitimidad los locales que le habían sido entregados a título de arrendamiento.

La actuación del Juez 4º Civil del Circuito de Bogotá mediante la cual declaró la terminación del contrato y ordenó la restitución del inmueble en nada afecta o limita al accionante para que demande la reparación de los perjuicios ante la jurisdicción contenciosa administrativa, pues el juez solamente se pronunció en cuanto a la validez, efectos y contraprestación económica del contrato dejando de lado el examen de la relación jurídica que surgió con motivo de la terminación del contrato.

La Sala en varias oportunidades ha señalado que la acción in rem verso es aplicable en casos como el que se estudia cuando se den los siguientes supuestos:

a) Un enriquecimiento de la parte beneficiada;

b) Un correlativo empobrecimiento de la parte afectada;

c) Una relación de causalidad;

d) Una ausencia de causa jurídica, y

e) Subsidiaridad de esta acción.

Respecto al primer elemento, esto es, enriquecimiento de la parte beneficiada, la Sala encuentra que la falta de pago por parte de la entidad del uso, goce y disfrute de los inmuebles representó para la administración un incremento patrimonial que no lo hubiese obtenido en el evento de haber cumplido con las obligaciones que emanaron de tal relación jurídica.

Con relación al segundo elemento, se advierte que correlativamente al enriquecimiento patrimonial de la entidad demandada, la demandante vio menoscabado su patrimonio al no percibir las sumas de dinero a que tenía derecho por la ocupación de los locales por parte del ente estatal.

En cuanto tiene que ver con el tercer elemento —relación de causalidad—, ésta se presentó en la medida en que el nexo causal aparece directamente relacionado en el sentido de que la actividad de la administración que le produjo un aumento patrimonial correlativamente ocasionó una reducción económica a la actora quien se vío privada de recibir las prestaciones derivadas de la ocupación de los locales por parte de la entidad.

En lo atinente al cuarto elemento —ausencia de causa jurídica— tal requisito se encuentra bien probado pues la administración jamás negó que no hubiese ocupado los locales de propiedad de la demandante. Traduciéndose tal conducta en la práctica en una situación constitutiva en una vía de hecho.

Respecto al último elemento —subsidiaridad de la acción— no se advierte que la presente controversia se hubiese originado en el incumplimiento de la relación negocial, (contrato de arrendamiento) sino en el hecho que la administración continuó ocupando injustamente los locales sin pagar las contraprestaciones a que estaba obligada, produciéndose con ello una relación de hecho mas que una jurídica o de derecho, siendo lo propio intentar cualquier indemnización de los perjuicios mediante el ejercicio de la reparación directa.

En tales condiciones pedirle al demandante, como lo hizo el a quo, que debió ejercitar de la acción contractual para perseguir la indemnización de los perjuicios ocasionados por la actividad de la administración, cuando los hechos y las pruebas muestran hasta la saciedad que la entidad obró de mala fe y sin ningún título jurídico que respaldara su comportamiento. No sólo constituye un desconocimiento del principio según el cual todo ciudadano tiene derecho a acceder a la justicia sino que también se inobserva de paso la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal. No sobra reiterar que en casos como éste la justicia debe primar sobre las formalidades»

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