Sentencia 11173 de diciembre 10 de 1998 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

TRABAJADOR A QUIEN EL EMPLEADOR LE IMPIDE LABORAR

TIENE DERECHO A SALARIOS CON EL CORRESPONDIENTE REAJUSTE ANUAL

Magistrado Ponente:

Dr. José Roberto Herrera Vergara

Ref.: Expediente 11173

Santafé de Bogotá, D.C., diez de diciembre de mil novecientos noventa y ocho.

Resuelve la Corte el recurso de casación interpuesto por el apoderado de la sociedad Industria Colombiana de Lápices S.A., contra la sentencia de fecha 22 de abril de 1998, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en el juicio seguido por Héctor Mario Aragón Bravo, contra la recurrente.

I. Antecedentes

Ante el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Cali, el señor Héctor Mario Aragón Bravo, demandó a la sociedad Industria Colombiana de Lápices S.A. para que previo los trámites del proceso ordinario laboral de mayor cuantía se declarara que la empresa demandada estaba obligada a aumentarle el sueldo mensual al demandante en la misma proporción en que se le incrementó a los demás empleados de la compañía durante los años de 1989 a 1994 inclusive, o en su defecto actualizarlo según el índice de precios al consumidor, a partir del mes de junio de 1989, año por año; que como consecuencia de la declaración anterior se le condene a pagar la diferencia de valor entre el sueldo que efectivamente le fue cancelado durante los últimos tres años contados hacia atrás desde el momento de la presentación de la demanda y el sueldo que debió habérsele pagado conforme a lo ya dicho; que se le condene a incrementar el valor de la cotización al Instituto de los Seguros Sociales, en el monto correspondiente a los incrementos de sus sueldos mensuales, año por año, desde junio de 1989 hasta la fecha de la sentencia o de la terminación del contrato de trabajo; que se declare que los incrementos de sueldo del demandante deben tenerse en cuenta para la liquidación y reliquidación de primas, vacaciones, auxilio de cesantía, intereses sobre la cesantía, indemnización por terminación del contrato de trabajo por justas causas imputables al patrono, y demás derechos laborales que le fueron pagados al demandante durante los tres años anteriores a la presentación de la demanda; y como consecuencia de lo anterior se le condene a pagar la diferencia de valor entre las primas de servicios, vacaciones, cesantía, intereses sobre la cesantía anuales, y demás derechos laborales que le fueron pagados durante los últimos tres años, y el valor de los mismos derechos y prestaciones en la cuantía en que debieron haberlas pagado si se le hubieren hecho los incrementos o actualizaciones salariales referenciados; que se le condene a pagar el valor de la indemnización moratoria por no haber depositado las sumas correspondientes a su auxilio de cesantía a partir de diciembre de 1991, al igual que la derivada de la mora en el pago de sus derechos laborales a la terminación del contrato de trabajo, el 20 de diciembre de 1994; al pago de la indemnización por terminación del contrato de trabajo por justas causas imputables al patrono, liquidada con el salario que debió haber tenido el demandante al momento de dicha terminación; al pago de todo lo que se le adeude por concepto de auxilio de cesantía, primas, vacaciones, intereses sobre la cesantía, y demás derechos que no le fueron pagados; todas las condenas sometidas a corrección monetaria o indexación; al igual que las costas y agencias en derecho.

Manifestó el demandante que prestó sus servicios a la empresa Industria Colombiana de Lápices S.A. de manera ininterrumpida desde el 13 de abril de 1964 hasta el 20 de diciembre de 1994; que su último cargo fue el de contralor, con un sueldo de $ 291.600 pesos mensuales; que el contrato de trabajo terminó por justas causas imputables al patrono, consistentes en que desde el 12 de febrero de 1989 la empresa le exoneró de la prestación del servicio, sin ninguna justificación, de manera indefinida y por más de 5 años; además de lo anterior, la demandada nunca volvió a incrementarle su salario mensual, colocándolo en una situación de desigualdad injusta e inmerecida frente a sus demás compañeros de trabajo, a quienes la empresa sí les aumentaba anualmente sus salarios; que con posterioridad a la expedición de la Ley 50 de 1990 le comunicó a la empresa su deseo de acogerse al nuevo sistema de cesantía, indicándole un fondo de cesantía, pero a pesar de sus requerimientos, nunca se consignaron dichos valores; que al no incrementarle anualmente su salario, no sólo se le congeló la base salarial para liquidarle prestaciones sociales, sino se atentó contra el valor de su eventual pensión de vejez en un futuro al mantener congeladas sus cotizaciones al ISS y al igual que cualquier eventual indemnización por terminación del contrato de trabajo; que por todo lo anterior se vio obligado a dar por terminado el contrato de trabajo por justas causas imputables al empleador, o despido indirecto; que como consecuencia de la acción de tutela, aunque fallida, la demandada le reinstaló en su cargo, pero las circunstancias principales de discriminación permanecieron iguales; que si prosperan sus peticiones, previamente se debe establecer cuál debe ser su sueldo en diciembre de 1994, con todos los reajustes anuales.

La demandada en su contestación a la demanda no aceptó como cierto ningún hecho y le negó el carácter de hecho a otros; se opuso a las peticiones de la demanda, solicitó la absolución de la empresa demandada y propuso las excepciones de prescripción, inexistencia de la obligación, carencia de acción o derecho para demandar y la genérica o innominada.

El juzgado del conocimiento, mediante sentencia del 31 de octubre de 1997 condenó a la demandada a pagar la suma de $ 22.967.196, por concepto de indemnización por despido indirecto, por indexación y por indemnización moratoria; la absolvió por los demás cargos; declaró parcialmente probadas las excepciones de inexistencia de la obligación y carencia de derecho para demandar, y no probada la de prescripción. Condenó en costas a la demandada.

II. Sentencia del tribunal

Por apelación de los apoderados de las partes, conoció el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, que mediante sentencia de fecha 22 de abril de 1998, resolvió:

“1. Modificar el punto 1 de la sentencia en cuanto a los valores a que se condenó, que se fijan en los siguientes en lugar de ellos: Por indemnización por despido $ 37.819.884, por indexación $ 13.388.238 y por sanción moratoria $ 21.294.696.

2. Revocar el punto segundo en cuanto concierne a la pretensión para el reajuste de los salarios y prestaciones y en su lugar condenar a la demandada a pagar por reajuste de salarios la suma de $ 20.416.153 y por reajuste de prestaciones $ 23.050.045.

3. Confirmar en lo demás la sentencia.

4. Costas en esta instancia a cargo de la demandada por haber perdido el recurso”. (f. 17 c. del Tribunal).

Fundamentó su fallo el tribunal en el trato discriminatorio de que fue objeto el actor, al no incrementarle su salario, como sí ocurrió con los otros empleados que desempeñaban cargos similares al suyo. No compartió los planteamientos del a quo, en cuanto a que no existe término de comparación objetiva en cuanto a la calidad y cantidad de trabajo, que permita deducir el trato desigual y discriminatorio; como tampoco que el hecho de la no prestación del servicio justifique dicho trato.

Consideró, que hoy frente a la Constitución Política de 1991 que le da a Colombia el carácter de Estado social de derecho, el juez está obligado a buscar el fundamento de los derechos primero en las normas constitucionales y luego en las legales. Por ello, encontró el respaldo de las peticiones del actor, en el artículo 53 de la Constitución Política en especial en cuanto al principio de salario móvil que se aplica no sólo al salario mínimo, sino a todos los salarios, según interpretación jurisprudencial de la Corte Constitucional. Agregó que al no incrementarle el salario al actor, la demandada violó el derecho a la igualdad, pues el valor adquisitivo del salario pactado fue disminuyendo cada año, rompiendo así el carácter conmutativo del contrato de trabajo. Que el hecho de no haber prestado el servicio no justifica tal comportamiento de la empresa, pues esa circunstancia la originó exclusivamente el empleador haciendo uso del artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo. Además, los reajustes con miras a conservar el valor real de los ingresos, cobija también a los jubilados, quienes no están en servicio activo; y que las facultades que confiere al empleador este precepto deben efectuarse respetando la dignidad del trabajador y asistido de motivos válidos, lo cual no ocurrió en el presente caso.

Finalmente, señaló que no depositó la empresa anualmente los valores correspondientes al auxilio de cesantía, no obstante haberse acogido el trabajador al nuevo régimen de cesantía y haberle solicitado dos veces la consignación en el fondo escogido, peticiones desatendidas, por lo que se impuso la indemnización moratoria respectiva.

III. Recurso de casación

Inconforme la apoderada de la demandada interpuso el recurso de casación, el que concedido por el tribunal y admitido por esta Sala se procede a resolverlo. No hubo escrito de réplica.

Pretende el recurrente que la Corte case parcialmente la sentencia recurrida en cuanto modificó las condenas ordenadas por el a quo por concepto de indemnización por despido indirecto, indexación e indemnización moratoria y revocó las absoluciones del juzgado de primer grado y en su lugar condenó a la demandada a pagar reajustes de salario y de prestaciones sociales y a las costas de la segunda instancia. Una vez constituida la Corte en sede de instancia, revoque las condenas impuestas por el fallador de primer grado y en su lugar absuelva a la demandada de esas súplicas y finalmente confirme las decisiones absolutorias de ese fallo. En subsidio solicitó se confirme las condenas impuestas por el a quo al igual que las absoluciones ordenadas por el mismo.

Para ello presentó tres cargos así:

Primer cargo

“La sentencia acusada violó la ley sustancial por la vía directa en la modalidad de interpretación errónea de los artículos 1º, 2º, 13, 53, 230 y 334 de la Carta actual y artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo, en relación con los artículos 19, 127 (L. 50/90, art. 14), 143, 145, 146, 189 (D. 2351/65, art. 14) 253 (art. 17 D. 2351/65, y 306 del CST; art. 1º de la L. 52/75, arts. 1613, 1614, 1615, 1627 y 1649 del C.C.) dentro de la normatividad del artículo 51 del Decreto 2651 de 1991 (L. 446/98, art. 162)” (f. 12 c. de la Corte).

En la sustentación del cargo precisó que en él sólo se discuten las consideraciones jurídicas que llevaron al tribunal a tomar su decisión. Por lo tanto aceptó todos los elementos fácticos del juicio.

Agregó que el tribunal consideró equivocada la interpretación del a quo, en el sentido de no existir término de comparación en cuanto a la calidad y cantidad de trabajo, para determinar si existió o no violación al principio de igualdad en el salario.

No comparte el planteamiento del fallador de segunda instancia, en el sentido de que los jueces deben encontrar el fundamento de sus fallos en primer lugar en las normas constitucionales, y luego sí recurrir a las disposiciones legales.

No discute la tesis de que los principios del artículo 53 de la Carta Política deban aplicarse aun sin haberse expedido el estatuto del trabajo, pero no cree que la doctrina de la Corte Constitucional pueda servir de soporte jurídico para condenar a la demandada al pago de los incrementos del salario del demandante, durante todo el tiempo que dejó de prestar sus servicios personales por decisión del empleador.

Recordó que de conformidad con el artículo 230 de la Constitución Política los jueces en sus providencias sólo están sometidos al imperio de la ley, y la jurisprudencia sólo es un criterio auxiliar en sus decisiones, salvo que se le quiera dar un carácter general, impersonal y abstracto a las decisiones de la Corte Constitucional.

Se equivocó —según su opinión— el Tribunal al interpretar el artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo, y deducir de dicha norma la obligación para la empresa de reajustar automáticamente el salario del actor, a pesar de no haber laborado durante dicho tiempo, como sí lo hicieron los demás trabajadores, a quienes, lógica y justamente sí se les reajustó sus salarios.

Manifestó, que aun aceptando la aplicación del artículo 143 del Código Sustantivo del Trabajo al caso presente, ello no sería posible pues no están presentes los elementos o fundamentos necesarios para que se configure la igualdad salarial, es decir: cargo, jornada y eficiencia en el trabajo; pues sólo se tiene el primero y se impone lo dicho por la Corte Constitucional en su sentencia T-079 del 28 de febrero de 1995.

Concluyó pidiendo la prosperidad del cargo, y la absolución de la demandada en cuanto a los incrementos salariales y prestacionales.

Segundo cargo

“Se acusa a la sentencia recurrida por la vía directa en el concepto de interpretación errónea del artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo, en relación con el artículo 6º de la Ley 50 de 1990 (CST, art. 64), artículos 19, 55, 57 y 59 del Código Sustantivo del Trabajo y artículo 7º del Decreto 2351 de 1965, artículos 1613, 1614, 1615, 1627 y 1641 del Código Civil dentro de la preceptiva del artículo 51 del Decreto 2651 de 1991” (fl. 14 c. de la Corte).

En el desarrollo del cargo, resaltó su conformidad con el aspecto fáctico que originó la condena por indemnización por despido indirecto.

Señaló, que según opinión del tribunal, la facultad que el artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo le confiere al empleador no es absoluta, y por lo tanto, debe ejecutarse respetando la dignidad del trabajador y con base en motivos válidos, lo cual no se cumplió en el presente caso, sino por el contrario la demandada lo utilizó para presionar al trabajador con miras a que renunciara y así evitarse el pago de la indemnización respectiva.

Por lo anterior, consideró, que el ad quem incurrió en error jurídico al interpretar en forma equivocada el contenido y finalidad del artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo. De dicha norma no se colige la obligación para el empleador de incrementar el salario del trabajador que ha sido colocado en la situación de no prestar sus servicios personales por disposición o culpa del empleador.

Reiteró, que la aplicación del artículo 143 del Código Sustantivo del Trabajo, exige la presencia de tres elementos o requisitos, los cuales no se dan en este caso.

Sostuvo, que el uso de una facultad legal en ningún caso constituye un abuso del derecho o una violación flagrante de sus obligaciones contractuales.

Finalmente, le pide a la corporación dilucidar si el simple transcurso del tiempo deja sin vigencia un texto legal o se vuelve inaplicable al quebrantar normas de superior jerarquía; o si las disposiciones de la Constitución Política no requieren ser desarrolladas por una normatividad legal.

Por todo lo anterior, solicitó se declare la prosperidad del cargo, y como consecuencia de ello se revoque la condena por indemnización por despido indirecto, con su respectiva indexación y se absuelva a la demandada de dichas peticiones.

IV. Consideraciones de la Corte

Por venir propuestos los dos primeros cargos por la vía directa y por dirigirse hacia el mismo objetivo, procede su examen de manera conjunta.

Corresponde dilucidar a la Corte si un trabajador a quien por disposición o culpa del empleador se le ordena que no preste sus servicios, puede mantener durante cinco años (como lo dedujo el tribunal y no se discute en los cargos), su salario congelado, sin aumento alguno.

Tiene razón el recurrente en cuanto el tribunal aplicó a los salarios una indexación con base en el costo de vida no prohijada por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, ya que ese no es el cabal desarrollo normativo, obviamente dentro del alcance hermenéutico que el mismo contiene atendiendo el derrotero de justicia, equidad, coordinación económica y equilibrio social plasmados tanto en la Constitución Política como en el estatuto del trabajo.

Pero esa razón que sería suficiente para anular esa específica condena en la forma dispuesta por el tribunal, no significa en manera alguna en un evento como el presente de “trato discriminatorio de que fue objeto el reclamante” —aspecto que el tribunal dio por probado—, pueda mantenerse a un trabajador durante varios años sin aumento de salario alguno so pretexto de que ello obedeció a la no prestación del servicio por disposición o culpa de su empleador.

El artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo, es del siguiente tenor:

“Durante la vigencia del contrato el trabajador tiene derecho a percibir el salario aun cuando no haya prestación del servicio por disposición o culpa del patrono”.

La facultad del empleador de impedir la prestación del servicio convenida con el trabajador no es omnímoda, absoluta, ni arbitraria. Debe cumplir su finalidad social y encauzarse dentro del imprescindible principio rector de hermenéutica laboral de buscar la coordinación económica y el equilibrio social (CST, art. 1º). Sería aberrante permitir en un Estado social de derecho, como el que pregona ser el colombiano (C.P., art. 1º), que procura asegurar a sus habitantes la convivencia, el trabajo, la justicia y la igualdad, según el propio preámbulo de la Constitución Política, que una persona a quien su empresario le discrimina y margina del servicio contratado pueda estar indefinidamente con el mismo salario, cuando a los empleados del mismo nivel sí se les aumenta.

La Constitución y la ley promueven un orden social justo en que la dignidad humana es su desideratum y el derecho al trabajo una eficaz herramienta para conseguirla.

La protección especial de que goza el trabajo humano ciertamente no puede quedar en el plano de una mera entelequia sino traducirse en manifestaciones concretas, ante situaciones injustas y de manifiesta inequidad, como la del caso bajo examen en el que tratándose de un trabajador con más de treinta (30) años de servicios la empresa unilateralmente le privó del trabajo y le mantuvo congelado el salario por varios años pese a sus insistentes reclamos, remuneración que en 1989 equivalía a 11 salarios mínimos y a consecuencia de la congelación quedó reducida en la práctica en 1994 a casi dos salarios mínimos.

Desde luego, habrá casos en los que al empresario le asistan razones válidas que lo enfrenten a situaciones de esta naturaleza, como las crisis económicas graves que amenacen la supervivencia de la unidad de explotación económica, en los que la jurisprudencia tendrá que consultar esas especiales circunstancias, que no militan en el asunto concreto bajo examen porque no fueron aducidas ni demostradas en juicio.

Los referidos valores y principios constitucionales y legales son el verdadero norte del artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo, que tiene como fundamento el indiscutible derecho de los trabajadores —en ese específico y exclusivo evento de no prestación del servicio por disposición patronal sin razones valederas o por su culpa— de conservar un salario al menos semejante a los de los demás empleados de su categoría o nivel directivo, para la cabal eficacia del mencionado derecho.

Nótese que en el presente caso el tribunal estimó que la congelación de la remuneración durante varios años del trabajador impedido de prestar el servicio, era justa causa para que éste terminara el vínculo por esa razón. Tal condena quedó incólume en casación. Luego sería contradictorio asentar que el trabajador no tiene derecho a ningún aumento de salario durante dicho lapso.

Aceptar que una empresa esté facultada para impedir unilateralmente el trabajo a un empleado y mantenerle sine die el mismo salario, sería crear un mecanismo en el cual le resulta más fácil al empresario ese procedimiento de marras, que la misma terminación injustificada del contrato, pues en esta última hipótesis, si el trabajador tiene el reintegro legal, le asiste el derecho a los aumentos de salario, conforme al entendimiento constante de la jurisprudencia.

De tal manera que si bien por conveniencia u oportunidad los empresarios pueden derivar ventajas de la abstención del servicio, no les es dable afectar tales derechos del trabajador, ni irrogarle dicha clase de perjuicios, máxime cuando éste no fue el culpable ni quien propició esa situación de inequidad. Ello comporta al menos el derecho a percibir un aumento porcentual promedio en las condiciones de disponibilidad de la empresa frente a los demás trabajadores de su mismo nivel, como se dispondrá previa la infirmación del fallo acusado en cuanto ordenó el aumento salarial con base en el incremento del costo de vida.

En suma, el artículo 13 constitucional, en armonía con el 140 del Código Sustantivo del Trabajo, no deja sin consecuencias la discriminación que efectúe un empresario en un trabajador, privándole de su labor de manera unilateral o por culpa de aquél, y manteniéndole indefinidamente el mismo salario, mientras que a los demás de su rango profesional o nivel directivo sí se les incrementa. Estas situaciones imponen, en estos específicos casos, el tratamiento igualitario descrito, con base en los referidos preceptos, en concordancia con los principios del ordenamiento constitucional atrás mencionados.

La anulación parcial de la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en cuanto al revocar la sentencia de primer grado condenó a la demandada a pagar reajustes de salarios y prestaciones, impone señalar, en instancia, los guarismos de las condenas según lo probado en el proceso, en relación con el salario de los demás directivos a quienes sí se les aumentó la remuneración.

Como elementos de juicio existen múltiples documentales fraccionadas por espacios cortos de tiempo, pero la Sala opta por la convicción que arroja el documento del folio 299, porque le permite sobre realidades numéricas establecer el aumento porcentual del personal de su mismo nivel susceptible de cotejo, vale decir excluyendo a dos personas con situaciones especiales, arrojando el siguiente resultado:

1990: Total 272.28%, promedio 38.89%

1991: Total 161.51%, promedio 23.07%

1992: Total 253.53%, promedio 36.21%

1993: Total 149.8%, promedio 21.4%

1994: Total 191.5%, promedio 27.35%

Antes de entrar al tema concreto de los reajustes salariales con las bases que anteceden, es oportuno anotar que al haberse propuesto en la contestación de la demanda la excepción de prescripción, se impone hacer la revisión de este fenómeno jurídico en el sub judice. No existe duda que a las partes las unió un vínculo laboral del 13 de abril de 1964 al 20 de diciembre de 1994, por espacio de 11.084 días. Existen registros históricos en marzo 11 de 1992 (fl. 56 c. p.) y febrero 12 del mismo año (fl. 57), en los cuales el actor citó e hizo comparecer a la demandada a la dirección regional del trabajo, para reclamar el salario y los reajustes de prestaciones, actuaciones que interrumpieron la prescripción extrajudicialmente. Así mismo, al haberse presentado la demanda el 1º de febrero de 1995, proferido el auto admisorio de la misma el 16 del mismo mes, la notificación el 7 de junio de 1995 (fl. 97) y aun tomando en cuenta las gestiones de emplazamiento (fls. 91 a 94), se tiene que la notificación se produjo dentro de los 120 días de que habla el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil para interrumpir la prescripción judicialmente con la presentación de la demanda.

Hechas las anteriores precisiones se procede a efectuar los reajustes de rigor:

Salarios: el folio 299 registra que el actor en los años 1989 y 1990 permaneció con salario igual, pero en 1991 se le incrementó, razón por la cual en este examen de instancia concluye la Sala que la ausencia de equidad se marcó desde 1992, anualidad desde la cual se aplicará el reajuste condenatorio.

1992: salario reconocido $291.600 por el promedio de incremento 36.21% = $ 397.188,36, por 12 meses da $ 4.766.260,30, menos lo pagado ($ 3.499.200), da una diferencia a favor del actor de $ 1.267.060,30.

1993: salario del año anterior $ 397.188,36, por el promedio de incremento 21.4% = $ 482.186,66, por 12 meses da $ 5.786.239,90, menos lo pagado ($ 3.499.200), da una diferencia a favor del actor de $ 2.287.039,90.

1994: salario del año anterior $ 482.186,66, por el promedio de incremento 27.35% = $ 614.064,71, por los 11 meses y 20 días laborados ese año $ 7.164.088,20, menos lo pagado ($ 3.402.000), da una diferencia a favor del actor de $ 3.762.088,20.

El gran total de este reajuste queda en $ 7.316.188,40.

Prestaciones y otros conceptos: se verifican los tópicos decididos por el ad quem:

Cesantías: por los 11.048 días con el último salario $ 614.064,71 = $ 18.844.963. Menos lo pagado $ 8.948.880, da una condena por $ 9.896.083.

Intereses sobre cesantías: por el año de 1994, 11 meses y 20 días laborados da $ 2.198.579. Menos lo pagado $ 780.623, da condena por $ 1.417.956.

Vacaciones: si bien es cierto, las vacaciones prescriben en cuatro años, en el sub judice la demandada renunció a los efectos de dicho fenómeno jurídico, por cuanto en la liquidación final hizo reconocimientos de este concepto por 4 años, 8 meses y 6 días (C.C., art. 2514), con la última asignación mensual arroja un valor de $ 1.437.934,80 menos lo pagado por la demandada $ 868.320, da una diferencia en favor del trabajador de $ 569.614,80.

Condena total por estos dos conceptos: $ 11.883.653,80.

Tercer cargo

“La sentencia acusada violó la ley sustancial por la vía directa en la modalidad de interpretación errónea del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 en relación con los artículos 98 de la misma ley, 249 y 253 (D. 2351/65, art. 17) del Código Sustantivo del Trabajo y 51 del Decreto 2651 de 1991” (fl. 16 c. Corte).

En el desarrollo del cargo afirmó que al tribunal le bastó el hecho de no haber atendido la empresa la solicitud del actor de acogerse al nuevo régimen de cesantía, para imponerle la sanción establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

Agregó, que la sanción del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, no puede imponerse de manera inexorable y en forma automática, sino que se debe atender a la buena fe patronal para exonerarlo de dicha sanción. Como así no lo hizo el tribunal, incurrió en flagrante violación de la norma citada y se impone la casación del fallo recurrido.

V. Consideraciones de la Corte

Las normas citadas en la acusación son del siguiente tenor en sus apartes pertinentes:

Ley 50 de 1990 artículo 98:

“PAR. Los trabajadores vinculados mediante contrato de trabajo celebrados con anterioridad a la vigencia de esta ley, podrán acogerse al régimen especial en el numeral 2º del presente artículo, para lo cual es suficiente la comunicación escrita, en la cual señale la fecha a partir de la cual se acoge”.

Ley 50 de 1990, artículo 99 ordinal 3º:

“El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantía que él mismo elija. El empleador que incumpla el plazo señalado deberá pagar un día de salario por cada de retardo”.

Para deducir la mala fe de la demandada y condenarla a la indemnización moratoria, no procedió el tribunal en forma automática, sino basado en las pruebas del proceso, tanto así que encontró —y evidentemente así está acreditado en autos— que el demandante solicitó en dos oportunidades a la demandada poner a disposición del fondo de cesantías por él elegido los saldos anuales de cesantía y sin embargo, desatendió la empresa esa voluntad del trabajador y ni siquiera le dio una explicación válida.

Pero además de la referida valoración probatoria del tribunal, también obra en el expediente la reclamación que le hiciera el demandante a la empresa por el mismo concepto ante el Ministerio de Trabajo, donde tampoco explicó ésta el incumplimiento de su inequívoca obligación legal, razón adicional para que el cargo no prospere.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley CASA PARCIALMENTE la sentencia proferida el 22 de abril de 1998 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en el juicio seguido por el señor Héctor Mario Aragón Bravo contra la sociedad Industria Colombiana de Lápices S.A., en cuanto al revocar la sentencia de primer grado condenó a la demandada a pagar por reajuste de salarios la suma de $ 20.416.153 y por reajuste de prestaciones $23.050.045. No la casa en lo demás. En sede de instancia, revoca el fallo del a quo en cuanto absolvió de dichos conceptos, y en su lugar, condena a la demandada a pagar al demandante la suma de $ 7.316.188,40 por concepto de reajuste de salarios, y de $ 11.883.653,80 por reajuste de prestaciones sociales y vacaciones, conforme a la parte motiva.

Sin costas en el recurso de casación y las de segunda instancia a cargo de la demandada.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al tribunal.

José Roberto Herrera Vergara—Francisco Escobar Henríquez—Rafael Méndez Arango, salvo el voto—Jorge Iván Palacio Palacio—Germán G. Valdés Sánchez, salvo el voto—Fernando Vásquez Botero, salvo el voto—Ramón Zúñiga Valverde.

Laura Margarita Manotas González, Secretaria.

SALVAMENTO DE VOTO

Son tantos los aspectos y razones que me llevan a discrepar, siempre con el mayor respeto, de la decisión mayoritaria, que resulta imposible desarrollarlos en toda su extensión dentro de la conocida limitación de los términos judiciales. Por ello, procurando no afectar la claridad ni la obligación de razonar mi discrepancia, paso a hacer el enunciado correspondiente de los motivos que la estructuran, con la inclusión de una síntesis de los fundamentos de cada uno de ellos.

Debo aclarar inicialmente que mi salvamento no significa respaldo a la decisión del tribunal, de la cual me aparto diametralmente. Lo que sucede es que en la forma como queda la decisión de esta Sala, no coincido con ninguno de los elementos que la llevan a casar parcialmente el fallo del ad quem, aunque a la postre mi posición también conducía a un quebrantamiento de aquél, pero por otras razones y con otros resultados más amplios.

También debo precisar que no comparto ninguna de las dos vías adoptadas para concluir el derecho al reajuste de los salarios del actor durante el tiempo en que no prestó sus servicios a pesar de tener su condición de trabajador. Una de esas vías, la adoptada por el Tribunal y que tuvo apoyo dentro de las discusiones que sobre el tema desarrolló la Sala, corresponde ni más ni menos a la indexación de los salarios, que no sólo rompe con la naturaleza contractual de la relación laboral, sino que carece de norma que la contemple y conduce, dentro de una espiral inflacionaria incontenible, al constante deterioro de la capacidad adquisitiva de los salarios, aunque ellos numéricamente, no económicamente, se aumenten.

Frente a la otra vía, que es la que propone la sentencia con base en el último proyecto que a la postre obtuvo la mayoría requerida y que parecería construida en torno del contenido del artículo 143 del Código Sustantivo del Trabajo, también me separo por las razones que sintéticamente puntualizo a continuación:

1. El fallo destaca que lo que se resuelve es aplicable “en ese específico y exclusivo evento de no prestación del servicio por disposición o culpa del empleador”. Si la frase se refiere al caso concreto que se resuelve, en el que la no prestación del servicio por disposición del empleador se extendió por cinco años, creo que el pronunciamiento está refiriéndose muy particularmente a esa específica situación fáctica y por tanto no cabía al resolver un cargo que por estar orientado por la vía directa, involucra una expresión abstracta. Pero si se refiere a todos los eventos en que no se presta el servicio por el trabajador por disposición del empleador, con prescindencia de la duración de esa situación particular, basta mirar el artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo para concluir que allí no se contempla el ajuste automático de esos salarios.

Pero además, si el pronunciamiento es abstracto, se insiste, aplicable a todos aquellos casos en los que el empleador debe pagar salarios con base en el artículo 140 mencionado, la consecuencia es que esos reajustes operan independientemente del tiempo durante el cual no se preste el servicio, lo que significa que corren desde el primer día y aunque sólo duren ese día.

No se desconoce que en el fallo se procura evitar que ese ajuste salarial aparezca como automático, lo cual en última conllevaría la indexación del salario, y para ello se le supedita a que sea “un salario al menos semejante al de los demás empleados de su categoría o nivel directivo”, lo cual supone la utilización de un parangón y ello sólo existe en los eventos previstos en el artículo 143 Código Sustantivo del Trabajo. Pero esa expresión también resulta ambigua y da lugar a tres posibilidades, por lo menos: la del ajuste automático siempre que a cualquiera de los empleados de la categoría se le haga un aumento; la de la posibilidad de mejorarlo por encima de los demás de su categoría, pues de lo contrario no se entiende que se diga “al menos”; y la de utilizar lo receptuado en el artículo 143 del Código Sustantivo del Trabajo.

2. La relación laboral, de la cual el salario es uno de sus elementos fundamentales, es de naturaleza contractual como quiera que surge de un acuerdo de voluntades. Por lo mismo, particularmente tratándose de un elemento tan importante como es la retribución del servicio, cualquier modificación que se produzca en la misma, que conlleva un cambio en el acuerdo vigente, sólo puede darse por la misma vía contractual.

Inclusive hay que destacar, pese a lo muy conocido del principio, que corresponde regular a las partes todo aquello perteneciente a su relación contractual, que no esté señalado expresamente por la ley dentro de las limitaciones que conlleva la particular esencia tuitiva del derecho laboral. Si el legislador sólo se ha ocupado del salario mínimo y de sus ajustes, como también de los que surjan de la igualdad salarial para la igualdad total en el desempeño de funciones, es precisamente porque las demás situaciones vinculadas con este elemento de la relación laboral, quedan bajo la regulación que le impongan directamente las partes por medio de los acuerdos que se celebren sobre el particular.

3. Lo anterior lleva a destacar que en el fallo se presenta una situación de creación de un derecho que no cuenta con respaldo normativo alguno, que ni siquiera puede ser el artículo 53 de la Constitución Política, pues éste fue adoptado por el tribunal como su apoyo en la decisión que precisamente se está casando, dentro del contexto de la opinión de la mayoría. No pueden invocarse tampoco en respaldo de la misma y por la misma razón, las normas que han sido utilizadas como fundamento de la indexación en los eventos en que se ha considerado que procede y menos aún podría acudirse, congruentemente, al artículo 143 del Código Sustantivo del Trabajo porque no puede pregonarse una igualdad absoluta en situaciones disímiles, por lo que mal puede igualarse el salario de una persona que no está prestando sus servicios, por culpa o disposición del empleador, con otra que sí lo haciendo.

4. Pero viene otra inquietud y es, ¿por qué procede ajustarle los salarios, por la vía y por la norma a las que finalmente se acuda, a quienes no están prestando sus servicios en aplicación del artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo y no procede hacerlo con quienes sí los están prestando? Y otra pregunta es si los ajustes de salarios proceden ahora por categorías o niveles directivos, prescindiendo de la rigurosa igualdad a la que hace referencia el varias veces citado artículo 143 del Código Sustantivo del Trabajo.

También genera duda, dado que se habla de “el derecho a percibir un aumento porcentual promedio en las condiciones de disponibilidad de la empresa frente a los demás trabajadores de su mismo nivel”, si ello representa que los trabajadores en las condiciones del artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo se les va a aumentar su salario incluso por encima de lo que se les incremente a algunos de los que están prestando normalmente sus servicios, pues de otra forma no se entiende que pueda proceder un promedio.

5. Aunque relacionado con un aspecto diferente, pero no totalmente ajeno a esta temática, debo señalar que discrepo en forma absoluta de la alusión comparativa que se hace respecto de los casos en que la ley contempla la figura del reintegro, pues no en todos ellos la situación tiene un tratamiento igual. Es cierto que en algunas de las situaciones que dan lugar a esta figura, el reintegro conlleva el pago de salarios reajustados durante el tiempo que transcurra hasta que opere físicamente aquél, pero ello no es lo que, en mi criterio expresado reiteradamente, opera cuando la reinstalación corresponde a la normativa del numeral 5º del artículo 8º del Decreto 2351 de 1965, en el que esos “salarios” en el sentir del suscrito, corresponden más exactamente a una indemnización y como tales no conllevan los reajustes señalados por la mayoría de la Sala.

Como lo anoté al principio, no es posible expresar en toda su extensión ni con todas sus implicaciones, las razones que me llevan a apartarme de la opinión mayoritaria, pero con lo anterior cumplo con el deber de explicar los motivos de mi disentimiento.

Germán G. Valdés Sánchez. 

SALVAMENTO DE VOTO

Tal como tuvimos oportunidad de expresarlo durante la interesante discusión de este asunto, consideramos que no existe ningún fundamento legal o de doctrina que justifique la solución que en este caso la mayoría dio al conflicto en el sentido de reajustar el salario convenido por las partes, con la consecuencial incidencia que esta modificación de la remuneración tiene sobre las prestaciones sociales que toman el salario como base para su liquidación.

Nos parece pertinente recordar que en la ponencia inicial se criticaba al Tribunal de Cali la equivocada argumentación por la cual se apoyó en la Constitución Política para desatender la obligación que tienen los jueces de someterse al imperio de la ley, con flagrante desconocimiento del artículo 230 de la misma.

El razonamiento del tribunal censurado en la ponencia inicial fue el siguiente:

“Tampoco es suficiente para absolver de la pretensión a la demandada el hecho de no haber violado ninguna disposición legal, pues en virtud del carácter de Estado social de derecho que el artículo 1º de la Constitución Nacional le otorga a nuestro Estado, la normatividad constitucional dejó de ser un mero enunciado programático para adquirir una calidad normativa y poder regulador de las conductas, de tal forma que si antes de su vigencia el juez para declarar su derecho debía encontrar su fundamento en la ley, ahora bajo el imperio de la actual Constitución, debe olvidar esa óptica porque en primer lugar es necesario buscar ese fundamento de las normas constitucionales y sólo en el caso de no encontrarlo debe recurrir a la ley” (fl. 14, c. del Tribunal).

Dándole razón a la recurrente, en la ponencia primeramente presentada se calificaba de errónea la interpretación que hizo el tribunal de las normas incluidas en la proposición jurídica, llamado de atención que se hacía mediante los párrafos que, por su elocuencia, queremos aquí reproducir en este salvamento de voto, puesto que estuvimos plenamente de acuerdo en que se fijara dicho criterio como jurisprudencia.

Así decía la ponencia:

“...En efecto, so pretexto del Estado social de derecho, como indudablemente es el colombiano según la Constitución Política, el juez que la jurisdicción ordinaria no puede apartarse del estricto cumplimiento del orden legal que inexcusablemente debe aplicar. Cuando hay una norma que gobierna una hipótesis determinada, es ésta, y no su personal criterio de hermenéutica constitucional, la que está obligado a aplicar sin esguinces, sin entronizar o crear un antagonismo inexistente entre la Constitución y la ley y sin apartarse del contenido, finalidad y alcance social de ésta. De suerte que si un caso está regulado clara y específicamente por un precepto legal —salvo manifiesta inconstitucionalidad— le está vedado al juzgador “olvidar esa óptica” —para emplear las propias voces del fallo— porque es su obligación aplicarlo al evento debatido (...)”.

Y más adelante, redondeando el argumento, con gran propiedad expresaba esto otro:

“...Si bien es cierto que la Constitución es ley de leyes, y por tanto, de mayor jerarquía que la ley, lo que no puede ‘olvidar’ el juez es que la ley tiene su razón de existir, cumple un trascendental papel en el universo jurídico que es un todo armónico inescindible, ella no es simplemente una ínsula, ya que el cabal desarrollo de la voluntad constitucional es el plasmado en el ordenamiento legal (expedido por el Congreso, órgano constitucionalmente autorizado), que no puede desconocerse frente a textos claros que regulen completamente la materia controvertida, y mucho menos sin expresarse las razones de su presunta insurgencia con la Constitución. Y tan inexorable mandato para el juzgador no emerge únicamente del artículo 27 del Código Civil: “cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu”, sino de modo esencial, de la propia Carta Fundamental de 1991 que en manera alguna impuso un determinado método hermenéutico y prescribe sin ambigüedad que los “jueces en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley”, pues la jurisprudencia y la doctrina, independientemente de la autoridad que le imparta, sólo son, conforme al mismo precepto superior, “criterios auxiliares de la actividad judicial”.

Entonces, aun cuando la igualdad general de las personas ante la ley está consagrada en el artículo 13 de la Constitución Política, tal postulado encuentra cabal desarrollo específicamente para fines laborales, y más concretamente en lo atinente a la igualdad salarial derivada de un trabajo igual, en el artículo 143 del Código Sustantivo del Trabajo que exige claramente para la cabal aplicación del principio, no sólo que se trate del mismo cargo, sino que los trabajos materia de parangón sean desempeñados “en jornada y condiciones de eficiencia también iguales”, sin que para la pretendida igualdad salarial derivada de la actividad de dos trabajadores, ofrezca duda a la exigencia de estos requisitos” (subrayamos para destacar y colocamos en diferente letra lo que en la ponencia se subrayaba).

Como antes lo dijimos, estos argumentos que se suprimieron en la sentencia los compartimos en su integridad, pues nuestra discrepancia radicaba en que luego de censurarle al tribunal el apartarse de lo que expresamente dispone el artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo, al regular la hipótesis en que se debe pagar el salario al trabajador aunque no preste el servicio “por disposición o culpa del patrono”, en la ponencia se proponía revaluar el salario convenido por las partes (que siempre fue superior al mínimo legal), tomando en consideración el incremento del índice de precios al consumidor desde 1989 hasta cuando terminó el contrato de trabajo.

Sostuvimos durante la discusión del proyecto que por virtud de lo dispuesto en el artículo 132 del Código Sustantivo del Trabajo es al patrono y al trabajador a quienes corresponde convenir libremente el salario, y que tal pacto debe ser respetado por los jueces, salvo que desconozca el salario mínimo legal o en el supuesto de hecho previsto en el artículo 143 de dicho código.

En los casos en que se estipula un salario por debajo del mínimo legal, por virtud de lo dispuesto de manera general en los artículos 13 y 14 del Código Sustantivo del Trabajo en relación con el mínimo de derechos y garantías consagrados en favor de los trabajadores y la irrenunciabilidad de los derechos y prerrogativas que conceden las disposiciones legales que regulan el trabajo humano, y de manera específica por el artículo 148 ibídem respecto del efecto jurídico que tiene la fijación del salario mínimo, debe el juez inexorablemente considerar ineficaz el pacto sobre salario, y para suplir la cláusula ineficaz debe tomar como remuneración el salario mínimo legal (pero sin olvidar que también en convenciones o en pactos colectivos de trabajo puede fijarse un salario mínimo para la empresa), con todas las consecuencias y efectos que de allí se derivan.

Igualmente está facultado el juez para desconocer el salario que hayan podido convenir las partes cuando el pacto viola el mandato del artículo 143 del Código Sustantivo del Trabajo; y por ello, una vez que compruebe el trabajador discriminado que se ha establecido una diferencia que lo perjudica comparado con otro trabajador que desempeña un puesto igual, en una jornada y condiciones de eficiencia también iguales, deberá disponer que se pague esa mayor remuneración.

Pero como en este caso a Héctor Mario Aragón Bravo nunca se le pagó por la Industria Colombiana de Lápices un salario diferente al que convinieron años atrás antes de que el patrono dispusiera pagárselo sin exigirle que prestara el servicio, remuneración que nunca fue inferior al mínimo legal, debió desestimarse su pretensión de que se le incrementara el salario, sometiéndose así la Corte, como juez que es, al imperio de la ley, la que rigurosamente debió aplicar.

No entendemos cómo pueda calificarse de equivocado el juicio del tribunal por haberse apartado de la ley para buscar la solución del caso en su personal interpretación de la Constitución Política, y, en cambio, se resuelva el asunto reajustando el salario de Aragón Bravo de acuerdo con el “aumento porcentual de su mismo nivel susceptible de cotejo” (fl. 41), conforme está expresamente dicho en la sentencia de la cual nos apartamos.

En este asunto, una vez se descartó por equivocada la hermenéutica que el Tribunal de Cali hizo de las normas que aplicó, la única conclusión a la que racionalmente cabía llegar con sujeción a la ley era la de desestimar por infundada la pretensión de que se reajustara el salario que recibió durante el tiempo que lo devengó sin haber prestado el servicio como contraprestación, puesto que insistimos en este punto, en ningún momento dicha remuneración fue inferior al salario mínimo legal; y por cuanto no era dable acudir a la norma que imperativamente dispone que a igual trabajo debe corresponder igual salario, para así evitar que se establezcan diferencias en el salario por razones de edad, sexo, nacionalidad, raza, religión, opinión política, o actividades sindicales.

La mayoría solucionó el caso acudiendo a una regla que no está expresamente consagrada en nuestro ordenamiento jurídico y que tampoco es dable derivar de los preceptos legales actualmente en vigor, norma imaginada que permitió concluir que aun cuando es lícito que un patrono disponga que el trabajador no preste el servicio, pues para ello lo autoriza el artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo, pero imponiéndole la obligación de pagar el salario —que entendemos nosotros no puede ser distinto al estipulado de manera individual o colectiva—, de esta conducta lícita resulta para el trabajador “el derecho a percibir un aumento porcentual promedio en las condiciones de disponibilidad de la empresa frente a los demás trabajadores de su mismo nivel” (fl. 40), para decirlo con las textuales palabras de la sentencia y no alterar el pensamiento de la mayoría de magistrados, que aun cuando nosotros respetamos, no entendemos cuál pueda ser su fundamento legal o doctrinario.

Es cierto que en la sentencia se alude a una “situación de inequidad”, expresión que nos obliga a entender que se quiso fundamentar la decisión en la “equidad”; mas como la Constitución Política es clara al establecer que la equidad es un criterio simplemente auxiliar de la actividad judicial, resultaba obligatorio someterse a la solución expresa que da la ley, conforme lo dispone igualmente el artículo 19 del Código Sustantivo de Trabajo, que únicamente autoriza la solución de los conflictos “dentro de un espíritu de equidad” cuando no haya norma exactamente aplicable al caso controvertido.

Con el novedoso criterio de la mayoría de la Sala, ocurrirá entonces que, a fortiori, los jueces deberán variar el salario también en aquellos casos en los cuales aun cuando haya prestación del servicio, el patrono no conviene en incrementarle a un trabajador el salario en una cantidad equivalente al “aumento porcentual promedio en las condiciones de disponibilidad de la empresa frente a los demás trabajadores de su mismo nivel”.

Son las anteriores razones las que primordialmente nos llevan a salvar el voto, pues ningún fundamento legal o de doctrina le hallamos a la argumentación en la cual se funda la decisión mayoritariamente adoptada.

Rafael Méndez Arango—Fernando Vásquez Botero. 

Diciembre 16 de 1998.

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