Sentencia 11176 de septiembre 2 de 1998 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Aprobado Acta 131

Expediente: 11.176

Magistrado Ponente:

Dr. Carlos E. Mejía Escobar

Santafé de Bogotá, D.C., septiembre 2 de mil novecientos noventa y ocho.

(...).

Consideraciones de la Sala

El único cargo, mediante el cual se acusa el fallo de instancia, está amparado en la causal primera de casación, cuerpo segundo, por errónea apreciación de las pruebas, concretamente de la indagatoria del procesado Luis Carlos Barrera Méndez, del poder otorgado por éste al abogado Jaime Jalil Magaldi Vélez, del documento correctivo del poder y del interrogatorio de parte que su defendido absolvió en curso del proceso ejecutivo que se adelantó ante el Juzgado 28 Civil del Circuito de Bogotá. Según el libelista estos documentos y piezas procesales, reseñados a lo largo de la censura, y que fueron “preteridos” en su fallo por el ad quem, acreditan que la conducta desplegada por su defendido se limitó a otorgar poder para que ejecutivamente se cobraran los valores incorporados en los cheques.

Esta afirmación hecha por el libelista, no coincide con el reproche inicial de que los yerros atribuidos tuvieron como causa la tergiversación de la realidad de su versión y que luego complementa con el argumento de que el tribunal no vio “lo añadido en la indagatoria por Barrera Méndez”. De acuerdo con la técnica casacional, cuando se fracciona una prueba para analizarla, omitiendo parte de ella, no se incurre en “preterición” (falso, juicio de existencia) sino que se distorsiona su sentido material (falso juicio de identidad), toda vez que por esa circunstancia no es posible otorgarle el sentido que realmente tiene.

Sin embargo, como atinadamente lo advirtió la procuraduría, esta inconsistencia por sí sola no trae el fracaso de la censura, puesto que de los fundamentos consignados por el censor es posible establecer el sentido y alcance de la violación que atribuye a la sentencia.

Debe manifestarse inicialmente que la Sala discrepa del concepto del procurador delegado y por ende de lo puntualizado por el recurrente, pues no considera que el tribunal haya incurrido en el error de hecho que se pregona, en virtud de que en el análisis probatorio efectuado en el fallo incluyó todos los aspectos que se califican como fraccionados y omitidos en la demanda de casación.

Para verificar lo que se viene diciendo, es necesario entrar a analizar la forma como se encuentra estructurada la sentencia de segunda instancia. En ella se resalta inicialmente que para que se configure el punible de fraude procesal, la conducta imputable al sujeto agente debe consistir en el empleo de un medio fraudulento, entendiéndose como tal toda aquella actuación procesal que, con la intención de inducir en error al juez o funcionario, tenga la aptitud de determinarlo a una decisión ilegal o injusta. Y, el ingrediente subjetivo que contiene el tipo, es el propósito dirigido a ese fin, sin importar que se materialice o no.

Aplicado lo anterior al caso concreto, estimó el Tribunal que la dicha conducta del procesado Luis Carlos Barrera Méndez se llevó a cabo dentro del proceso ejecutivo singular que instauró a través de apoderado, contra la firma Industrial Supplies Ltda. y que se adelantó en el juzgado 28 civil del circuito.

El comportamiento constitutivo del delito de fraude procesal, consistió en la presentación de la demanda ejecutiva, pues con ella se pretendía obtener el pago de $ 7.000.000 de posos como capital adeudado, más los intereses moratorios a la más alta tasa legal, sobre el valor de cada uno de los cheques “desde que las obligaciones se hicieron exigibles, hasta cuando se verifique el pago”. Sin embargo, nada se dijo sobre el abono por la suma de $ 3.000.000 de pesos que la empresa ejecutada había cancelado con anterioridad. Fue entonces ese silencio, respecto al pago parcial de la acreencia, en relación con los intereses, la que se constituyó en el medio fraudulento eficaz para inducir en error al funcionario judicial, por que ello produjo que se profiriera mandamiento de pago por la totalidad de los intereses, desde cuando se hizo exigible el pago de la acreencia, hasta cuando este se efectuará.

En otras palabras, que con la omisión se quiso hacer creer al juez que se adeudaba la totalidad de los cheques presentados como título de recaudo junto con los intereses, lo cual no era del todo cierto, pues aunque se había pactado que el capital quedaba irresoluto, con el abono quedaban cubiertos los intereses hasta el 12 de marzo de 1991; entonces, solo se adeudaban los causados desde el 14 de marzo de ese año, hasta cuando se efectuara la cancelación de la deuda.

Esa omisión produjo que se ordenara el pago de los intereses desde cuando la obligación se hizo exigible, decisión que conforme a lo que se viene diciendo, es contraria a la ley, pues de haberse enterado al juez de los sucesos acaecidos con anterioridad a la demanda, indudablemente se hubiera dispuesto el pago de los intereses desde la fecha que correspondía; inclusive se habría tenido en cuenta un saldo existente a favor de la demandada por la suma de $ 48.334 pesos.

Hechas las anteriores precisiones en cuanto a la materialidad del ilícito, la responsabilidad que le fue atribuida a Luis Carlos Barrera Méndez, a título de autoría mediata, por no haber sido él quien presentó la demanda, está respaldada en su mayoría por los indicios que con fundamento en hechos procesalmente establecidos, llevaron al fallador a concluir que el citado era responsable de la omisión a la que se ha hecho referencia.

Para el tribunal no fue creíble la afirmación hecha por el procesado en la audiencia de juzgamiento, consistente en que al otorgar poder para iniciar el cobro ejecutivo, enteró su apoderado de todos los antecedentes del caso, por las siguientes razones:

1. El hecho de que Barrera Méndez al momento de rendir indagatoria, nada dijera al respecto, condujo al juzgador a deducir que si eso hubiera sido cierto, así lo habría expresado, pues su condición de abogado le permitía concluir que ello de ser probado, lo relevaba de su responsabilidad de haberse omitido la información del abono en la demanda ejecutiva.

2. La circunstancia de que el apoderado del procesado fuera su colega y compañero de oficina, tal y como lo señaló en la misma diligencia de indagatoria, significó para el fallador que Barrera Méndez conocía y dominaba cada uno de los apartes de la demanda, antes de ser presentada y con la omisión en comento.

3. El hecho de que la demanda ejecutiva hubiese sido inadmitida por el juez civil, es significativo de que el procesado debió consultar el contenido del libelo para subsanar las falencias que dieron lugar a dicha devolución.

En efecto, el texto correctivo en referencia fue suscrito por Barrera Méndez y su apoderado doctor Jaime Magaldi Vélez, donde aquél precisó que el poder a éste otorgado, tenía como fin que a través del juicio ejecutivo “...obtenga el recaudo de los valores incorporados en los cheques detallados en este escrito y en la demanda original que presentó mi apoderado”. Ello, no dejó duda al fallador que Barrera sí conocía y comprendía el significado de una tal omisión en el texto de la demanda como presupuesto de la actividad defraudadora con la cual engañaría a la justicia.

4. La afirmación hecha en la audiencia de juzgamiento (haber enterado a su apoderado de todos los antecedentes del caso) implicó para el fallador un argumento de última hora traído a colación por el procesado, aprovechando que el doctor Jaime Jalil Magaldi Vélez no fue llamado a rendir testimonio y para hacer creer que éste era el responsable de tal omisión.

5. El hecho de que al momento de contestar el interrogatorio de parte que le fue formulado a Barrera Méndez dentro del proceso de ejecución, donde se le preguntó si había informado a su apoderado sobre el abono por la suma de tres millones de pesos, optará por remitirse al texto de las respuestas contenidas en el escrito de excepciones que había propuesto la parte demandada.

En la sentencia se plasmó que esa forma de responder era propia de quien elude hacer claridad sobre el tema base de lo que fue materia del interrogatorio, para evitar compromisos con la justicia. Así se expresó el procesado en esa oportunidad:

“En la respuesta al escrito de excepciones que aparece en los folios 38, 39, 40 y 41, están las manifestaciones e instrucciones que impartí en este caso, y por eso reitero hoy los intereses están pagos hasta el 13 de marzo del año en curso”.

Dedujo el fallador que esa evasiva en responder a tan clara pregunta, era indicativa del interés por parte del procesado de que el abono no apareciera en el texto de la demanda. Al respecto resaltó, que el abono en cuestión sólo fue aceptado luego de haberse emitido la decisión que a consecuencia del engaño, produjo el juez civil al admitir la demanda y ordenar las medidas precautelares, cuando se respondió a la demanda ejecutiva y la propuesta de excepciones, pues ya era consciente de lo inocultable e innegable del abono, porque la empresa demandada tenía en su poder prueba documental que daba fe de su efectiva realización.

Frente a la realidad procesal acabada de referir, resulta claro para la Sala que los elementos de juicio mencionados por el casacionista, esto es, la indagatoria, el poder otorgado al Dr. Magaldi Vélez y su aclaración dentro del proceso ejecutivo, así como el interrogatorio de parte rendido por el procesado dentro de dicha actuación ante en Juzgado 28 Civil del Circuito, fueron debidamente apreciados por el fallador. Más bien lo que se deduce del contenido del recurso de casación y del concepto del Ministerio Público, es una discrepancia en cuanto a la forma como se analizó el conjunto probatorio obrante en las diligencias y cuyas apreciaciones hechas en cada uno de tales escritos, distorsionan la forma como fue estructurada la sentencia.

Opina el señor procurador que si el silencio guardado en la indagatoria por él procesado sobre los datos que reveló a su apoderado es “manifestación de que ocultó datos determinantes de la decisión”, el silencio respecto de los intereses en el escrito dirigido al juez civil “es así mismo muestra de que no perseguía el cobro de los intereses”.

Contrario a ese criterio, la Sala estima que la postura adoptada por Luis Carlos Barrera Méndez demuestra más bien su propósito de evadir sus responsabilidad, a toda costa, porque de otra manera no se habría remitido al escrito de excepciones para responder si había enterado o no a su apoderado de la existencia del abono, con la excusa que en él se encontraban las manifestaciones e instrucciones que había impartido.

De las misma manera reacciona cuando en la diligencia de indagatoria manifiesta que el proceso civil lo adelantó por conducto de su compañero de oficina Dr. Magaldi Vélez y que por tanto no atendía el curso procesal del mismo. Dicha explicación puede resultar valedera, si no hubiera sido por la falta de claridad y precisión en informar a los distintos funcionarios judiciales acerca de una cuestión tan sencilla, pero a la vez tan definitiva para los resultados de las actuaciones judiciales que se involucran en este asunto, si era verdad, como siempre pretendió demostrarlo, que su actuar no estaba comprometido con la omisión que se le ha atribuido. Ciertamente, como lo dijo el tribunal, no hay razón diferente a la de su pretensión de defraudar a la justicia.

Es que la circunstancia de que Barrera Méndez hubiese manifestado que actuó como un poderdante común y corriente no le suprime el carácter delictivo al comportamiento que se le reprocha, porque téngase en cuenta que fue con posterioridad al proferimiento de la orden de pago que el juez civil del circuito tuvo conocimiento del abono, debido a que una de las excepciones propuestas por el apoderado de la empresa demandada fue la de pago parcial de la obligación, en atención al abono de los tres millones de pesos. De allí que se llamará a responder en interrogatorio de parte al procesado, donde reconoció la existencia del abono y que por lo tanto los intereses de la obligación quedaban solucionados hasta el 13 de marzo de 1991.

De otra parte, el hecho de que Barrera Méndez hubiese tenido que suscribir la corrección de la demanda para dar cumplimiento a una orden del juez del circuito que adelantaba la ejecución, y que en él no se hubiese hecho mención a los intereses, no resulta indicativo, frente a las circunstancias que se han mencionado, de que no perseguía el cobro de los mismos. Allí reiteró que el poder otorgado a su abogado estaba dirigido al “recaudo de los valores incorporados a los cheques D-1898618 y D-1917122 girados por la expresada sociedad A.M. Industrial Supplies Ltda todo conforme a los hechos y el derecho que mi apoderado podrá relatar como ahora también lo ratifico” (fls. 3 y 7 cdno. ejecutivo). Y con ello dejó de precisar el abono y de excluir el cobro de los tres millones de pesos que pretendió desde el libelo ejecutivo.

Además, observa la Sala el equivocado entendimiento que tanto el libelista como el Ministerio Público tienen acerca del trámite del proceso ejecutivo. Al funcionario judicial que corresponde adelantar este tipo de actuaciones, debe enterársele de todos los datos inherentes al cobro de la suma que se persigue, de todos los acontecimientos ocurridos con anterioridad al inicio de la acción ejecutiva, para que con base en ellos, el funcionario resuelva lo atinente a las medidas precautelares y emita el correspondiente mandamiento ejecutivo.

No hay razón valedera para omitir ningún dato conocido por la parte actora, ni se puede pensar que porque exista la posibilidad de oponerse a las pretensiones contenidas en el libelo, mediante el trámite del incidente de excepciones, se puedan reservar hechos, para ser puestos en conocimiento en el momento que resulte más conveniente a los sujetos procesales, o esperar a que sean descubiertos o comprobados por el funcionario judicial, y que ello legitime la conducta. Si el proceso ejecutivo contiene mecanismos para ser utilizados por las partes, como excepcionar, aportar pruebas y solicitarlas, objetar la liquidación del crédito y, en fin, hacer uso de los recursos ordinarios, estos existen en aras de garantizar el debido proceso y dentro de él, obviamente para que se ejerza el derecho a la defensa, garantías estas que como bien se sabe, deben estar presentes en todo tipo de actuación judicial y administrativa.

Debe recordarse una vez más que para el perfeccionamiento el delito de fraude procesal, no es necesaria la efectiva producción de un resultado. Por tanto, no resulta de recibo que se diga en el concepto de la Procuraduría, que no se configuró dicho comportamiento ilícito porque al momento de dictarse la sentencia definitiva se tuvo en cuenta el abono de los tres millones de pesos, y que no se obtuvo una suma mayor a la adeudada. EI legislador busca mediante este ilícito sancionar el engaño aI poner en conocimiento del juez hechos que no corresponden a la realidad u ocultar los que revelan la veracidad de lo acontecido y pretender obligaciones que de antemano se conoce que no existen.

No es entonces que el tribunal haya tomado fraccionada la indagatoria rendida por el procesado o no hubiese analizado el interrogatorio de parte; todo lo contrario, fue el contenido de tales elementos de juicio lo que llevó al fallador a deducir la responsabilidad del encartado, precisamente por la manera evasiva que en cada una de las diligencias respondió respecto de la información otorgada a su apoderado en el trámite ante la jurisdicción civil, sobre la realización del abono que se había realizado extraprocesalmente por parte de la empresa ejecutada.

Esa conclusión encuentra respaldo en el hecho de que cuando Barrera Méndez se presentó a rendir el interrogatorio de parte ordenado en el Juzgado Civil (10 de octubre de 1991) ya se había ordenado la apertura de investigación penal en su contra (5 de junio de 1991). Súmese a ello que por virtud de la prueba documental aportada por el apoderado judicial de la empresa demandada, en el trámite de excepciones, tales circunstancias le impedían obviamente seguir callando lo del abono. No obstante cualquiera hubiera sido el motivo por el cual se pudo conocer la existencia del mismo, es sin lugar a dudas el comportamiento antecedente lo que se le reprocha como delictivo: presentar, por medio de apoderado, la demanda ejecutiva en la que se omitió dar a conocer al funcionario judicial parte de la verdad de lo acontecido con precedencia a su presentación, y se pretendió un pago que no correspondía completamente a la realidad.

No es entonces, como lo sostiene el libelista, que para deducir la responsabilidad de su defendido, el fallador se haya apoyado en la circunstancia de haber sido compañero de oficina del Dr. Magaldi Vélez; además de éste, como se vio, fueron varios los hechos indicadores los que le sirvieron de fundamento para considerarlo responsable.

Finalmente, no hay duda que por la forma como fueron analizados los hechos y circunstancias que rodearon la actuación del procesado Barrera Méndez, el nexo causal entre su comportamiento y la existencia de la omisión en la demanda ejecutiva, se encuentra debidamente establecido. En virtud de lo anterior se configuró para el fallador el grado de certeza que exige el artículo 247 del Código de Procedimiento Penal para dictar sentencia condenatoria y por ende, así procedió, tanto respecto de fraude procesal como de la tentativa de estafa.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, la Sala no accederá a la solicitud de casar la sentencia recurrida, tal y como lo solicitan el procurador delegado y el defensor del procesado Luis Carlos Barrera Méndez.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

NO CASAR la sentencia impugnada.

Cúmplase y devuélvase al tribunal de origen.

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