Sentencia 11184 de septiembre 30 de 1999 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

RESOLUCIÓN DE ACUSACIÓN

NO SE ALTERA PORQUE EL FISCAL EN EL JUICIO CAMBIE DE POSICIÓN

EXTRACTOS: «Correlación entre acusación y sentencia. Sobre la identidad del sistema procesal penal colombiano, de singular tendencia acusatoria, la Corte ha señalado cómo en atención a los principios procesales de la separación funcional entre fiscal acusador y juez de conocimiento y el carácter preclusivo de la calificación, ésta no puede desconocerse o variarse circunstancialmente por ninguno de los directores eventuales del proceso, por lo menos antes de la sentencia, además porque dicha división de roles trata de preservar la imparcialidad del juzgador.

Pues bien, es importante entender la letra y el espíritu del artículo 250 de la Constitución Política, en relación con los poderes de la fiscalía y los jueces en Colombia, antes de ensayar cualquier encuadramiento tipológico del procedimiento en los sistemas procesales universalmente reconocidos.

Así, la citada norma constitucional, que tutela el ejercicio de las funciones procesales, dice que “corresponde a la Fiscalía General de la Nación, de oficio o mediante denuncia o querella, investigar los delitos y acusar a los presuntos infractores antes los juzgados y tribunales competentes...”. Sin embargo, la investigación y la acusación a cargo de la fiscalía, no son actos procesales indefinidos ni enteramente libres, porque el mismo precepto fundamental se encarga de matizar su alcance, en el sentido de que “para tal efecto la Fiscalía General de la Nación deberá: ... 2. Calificar y declarar precluidas las investigaciones realizadas”.

Es decir, antes de acusar, la fiscalía debe “calificar y declarar precluidas las investigaciones”, sencillamente porque ese acto de calificación formal, si tiene sentido acusatorio, será el límite y la medida de la discusión en la fase subsiguiente del juzgamiento.

Ahora bien, como mediante dicho acto formal de calificación, la fiscalía declara precluidas las investigaciones, significa que la resolución de acusación, una vez ejecutoriada, supone el cierre de una etapa procesal y a la vez la firmeza de la decisión correspondiente (principio de preclusión), razón por la cual no podrá volverse sobre ellas para modificarlas o so pretexto de mejorarlas, todo en perjuicio de la garantía de conocimiento pleno y anticipado de los sujetos procesales para la discusión posterior en el juicio, salvo el caso de nulidad por error sustancial en la denominación jurídica de la infracción, pues en esa segunda fase procesal sólo es admisible el debate probatorio y la controversia en derecho para confirmar, degradar o desvirtuar la acusación, jamás para incrementarla (sentencias de casación agosto 2 de 1995, M.P. Ricardo Calvete Rangel y febrero 4 de 1999. M.P. Jorge Aníbal Gómez Gallego).

De modo que, desde el definido punto de vista constitucional, el acto formal de resolución acusatoria es no sólo la pieza toral de introducción al juicio, sino también el eje de los debates, motivo por el cual, con el fin de cumplir acendradamente la delimitación del objeto de la relación jurídico-procesal, se hace necesario la lectura inicial y prevalente de esa providencia de acusación en la audiencia pública (CPP, art. 449).

Y para una indicación más precisa sobre la individualización de la estructura procesal, el legislador exige una congruencia del fallo “con los cargos formulados en la resolución de acusación” (CPP, art. 220-2), pues en manera alguna supedita tal correlación a eventuales y posteriores actitudes acusadoras o exculpatorias de la fiscalía como sujeto procesal en el juicio, simplemente porque ésta, en virtud de su esencia constitucional de autoridad objetiva, bien puede sostener la acusación para sentencia de condena o pedir la absolución (art. 129, ídem).

En la resolución acusatoria correspondiente al proceso examinado, como acto formal de manifestación oficial de cargos, la fiscalía, en su condición de rectora de la acción penal, los definió por el delito de acceso carnal violento (C.P., art. 298) y, no obstante que ya en calidad de sujeto procesal propuso la degradación del reproche al hecho punible de acceso carnal abusivo con menor de 14 años (art. 303, ídem), el juez de conocimiento no encontró probatoria ni jurídicamente admisible esta última postura, razón por la cual dictó el fallo en concordancia con el cargo promovido en la decisión formal de acusación.

La libertad del fiscal para apreciar racionalmente los cargos de la resolución acusatoria, ya en calidad de sujeto procesal dentro juicio, no significa volver sobre dicho acto formal para variarlo, sino simplemente la facultad de hacer una propuesto al juez como la puede formular cualquiera otra parte dentro del proceso penal (sin retrocederlo injustificadamente), sólo que desde allí todo queda librado a la decisión racional del juzgador, quien en todo caso, como tampoco puede suplantar la función calificatoria exclusiva de la fiscalía dentro de la oportunidad preclusiva indicada, deberá respetar la correlación con dicha acusación expresa, la cual puede traducirse en la aceptación de la misma para condenar, o en la exclusión de ella para absolver, o en la admisión de un cargo equiparable o degradado dentro de los límites del título y capítulo respectivo, según previsión del artículo 442-3 del Código de Procedimiento Penal».

• (...)

CONDENA DE EJECUCIÓN CONDICIONAL

NO SON DETERMINANTES LAS DECISIONES PREVIAS DE EXCARCELACIÓN

EXTRACTOS: «Una cosa es la consideración del subrogado de la condena de ejecución condicional, como objeto de valoración anticipada para otorgar la excarcelación provisional en el curso del proceso, caso en el cual, salvo lo dispuesto en el artículo 417 del Código de Procedimiento Penal, sólo es posible auscultar el aspecto objetivo de la institución (cantidad y calidad de pena privativa de la libertad), por mandato del numeral 1º del artículo 415 del mismo ordenamiento; mientras que si se produce una sentencia condenatoria, por ser ésta el espacio por antonomasia para decidir definitivamente en relación con el sustituto, será imperativo analizar en integridad los requisitos del artículo 68 del Código Penal, entre los que cuenta, además del ya mencionado factor patético de la sanción, esa ponderación subjetiva basada en la personalidad, naturaleza y modalidades del hecho punible que reflejará la necesidad o inutilidad del tratamiento penitenciario.

Precisamente, por cuanto la definición del subrogado de la condena de ejecución condicional compete al juez en la sentencia, las precedentes determinaciones de excarcelación, aunque fundamentadas en un requisito propio del instituto, siempre tendrán el carácter de provisionales y esencialmente removibles».

(Sentencia de casación, septiembre 30 de 1999. Radicación 11.184. Magistrado Ponente: Dr. Jorge Aníbal Gómez Gallego).

________________________________________