Sentencia 11196 de marzo 16 de 1998 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Ref.: Exp. 11.196

Consejero Ponente:

Dr. Daniel Suárez Hernández

Actor: Sociedad Construcciones Domus Ltda.

Demandado: Instituto de Seguros Sociales

Santafé de Bogotá, D.C., marzo dieciséis de mil novecientos noventa y ocho.

EXTRACTOS: «Recuérdese pues, que el ejercicio de la autonomía privada implica para las partes del negocio la observancia de la carga de claridad y precisión, que en materia contractual administrativa, adquiere particular relevancia, por la consideración que los actos y negocios jurídicos que celebren las entidades públicas, están sujetos de ordinario al cumplimiento de precisos requisitos de naturaleza legal, establecidos como una necesaria garantía de la claridad y transparencia que debe mediar en todo el proceso de contratación y sin los cuales, no pueden aspirar las partes a derivar efectos vinculantes del negocio celebrado, más allá del acto de disposición de intereses objeto de regulación.

No resulta admisible entonces, que luego de suscrito un contrato en el que clara e inequívocamente se manifiesta su valor, que por lo demás fue el que presidió la etapa de selección del contratista, se pueda, sin más, durante la ejecución del mismo, aumentar su valor, en tamañas proporciones, pues por ese camino, resultaría fácil eludir las claras disposiciones que tenden una total transparencia en la ejecución de los contratos.

Aceptar que el instituto demandado se encontraba “obligado” a apropiar la totalidad de los recursos necesarios para la obra proyectada, más allá del valor pactado en el contrato, y con el solo propósito de prolongar la relación negocial con la sociedad demandante, sería tanto como permitir, que el principio de igualdad de los demás concursantes resultara absolutamente vulnerado, pues que todos partieron en el momento de la selección del valor por el cual se habría de contratar, procedimiento no permitido por las normas que disciplinan la conclusión de los procedimientos de contratación, toda vez que de esa manera se eludirían además, las disposiciones que atendiendo precisamente a la cuantía, exigían como condición para el perfeccionamiento de los contratos la revisión del Consejo de Estado o el eventual concepto del Consejo de Ministros, requisitos establecidos en los artículos 49 y 50 del Decreto 222 de 1983, norma aplicable al contrato que ha originado el presente proceso.

Por lo demás, vistas e interpretadas adecuadamente las estipulaciones contractuales, en momento alguno la entidad demandada se obligó a prorrogar indefinidamente mediante el instrumento de los contratos adicionales, la relación negocial, toda vez que a la luz de la cláusula primera, quien se obligó a ejecutar todas las obras para la construcción del CAB, lo fue precisamente el hoy demandante, compromiso que adquirió en el perentorio término de seis meses, lo cual es muy diferente a pretender encontrar por la vía de la interpretación, la existencia de una obligación indefinida a cargo del ente demandado, de continuar con la ejecución del contrato más allá del término previsto. Aunque lo hubiese pactado, tal estipulación devendría completamente ineficaz pues con arreglo al artículo 58 del Decreto 222 de 1983 las prórrogas automáticas se encontraban expresamente prohibidas».

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