Auto 11200 de diciembre 14 de 1995 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

FUERO DE ATRACCIÓN

EN LAS ACCIONES DE REPARACIÓN DIRECTA

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Betancur Jaramillo

Ref.: Exp. 11.200

Apelación auto. Actor: Joaquín Plata Díaz y otra. Demandada: Municipio de Barrancabermeja y Electrificadora de Santander.

Santafé de Bogotá, D.C., diciembre catorce de mil novecientos noventa y cinco.

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra el auto de 11 de julio de 1995, mediante el cual el Tribunal Administrativo de Santander anuló todo lo actuado por falta de jurisdicción.

En el libelo de 24 de agosto de 1992 que dió origen al proceso, la actora, prevalida del fuero de atracción, demandó al municipio de Barrancabermeja y a la Electrificadora de Santander para que se le pagaran los perjuicios causados el 7 de noviembre de 1990, como consecuencia de haber hecho contacto con unas líneas de conducción eléctricas pertenecientes a la última.

El a quo luego de tramitar prácticamente toda la primera instancia, anuló todo lo actuado por falta de jurisdicción, por cuanto no se dio en el sub judice el fuero de atracción.

Inconforme la parte actora apeló y sustentó su recurso en el escrito que obra a folios 419 y ss.

Para resolver, SE CONSIDERA:

La providencia deberá confirmarse porque se ajusta no sólo a la realidad que muestran los autos, sino a la jurisprudencia de esta corporación elaborada en torno al fuero de atracción, ya que no se dieron los supuestos para su ope-rancia.

El aludido fuero procede cuando siendo varios los sujetos demandados, no todos pueden ser justiciables ante la misma jurisdicción. En los casos de reparación directa es frecuente esta situación, en especial cuando el hecho dañoso ha sido cometido por dos o más personas o lo que es más técnico aún, les es imputable tal hecho. Evento éste que configura una responsabilidad solidaria. Aquí, si es una persona natural, un tercero, el que concurre con la administración en la producción del hecho dañoso y se demanda solidariamente a los dos ante la jurisdicción administrativa, opera el fuero de atracción, y el particular, quien en principio no podrá demandarse sino ante el juez ordinario, podrá ser juzgado por la jurisdicción atrayente, la adecuada para juzgar a la administración, por ser prevalente en razón de la calidad de la parte.

Igual fenómeno sucede cuando la cuestión litigiosa haya de resolverse de manera uniforme para todos los litisconsortes (casos de litis-consorcio necesario) y alguno o algunos deban justificiarse ante otra jurisdicción. Aquí también operará el aludido fuero en razón de la calidad de las partes.

Pero tanto en la hipótesis de la solidaridad como en la del litisconsorcio necesario, la concurrencia de los sujetos procesales bien por activa o pasiva, justificante del mencionado fuero, debe obedecer a circunstancias reales previstas en la ley y no en simples lucubraciones teóricas de iure condendo (lo que debiera ser).

Pese a los inteligentes esfuerzos hechos por el señor apoderado de los actores, no se ve en qué forma el municipio de Barrancabermeja fue concausa del hecho dañoso. Y no es aceptable la razón dada por el señor apoderado en el sentido de que esas redes, en definitiva, eran para el beneficio del municipio, porque con ese enfoque también habría podido demandarse a los usuarios del servicio de energía y aun a la misma registraduría. No puede olvidarse que la extensión misma de la redes y su sostenimiento competen a la electrificadora y no al municipio (ver certificado a folio 94).

En otras palabras, el fuero de atracción se da por razones de ley y como privilegio, en el caso concreto, de la persona que tiene un juez propio y especial y no por capricho o conveniencia de los demandantes. Pero si esta persona no tiene por qué ser vinculada al proceso, en virtud de su concurrencia en la producción del daño o por no darse un evento de litisconsorcio necesario, no podrá operar el fuero y el juez competente para dirimir el litigio será el ordinario, ya que ante éste serán justiciables las sociedades de economía mixta (la Electrificadora de Santander lo es, con carácter de sociedad descentralizada indirecta del orden nacional) por los perjuicios que causen con sus hechos u omisiones.

La Sala comparte y prohíja la argumentación del a quo, y se siente así relevada de otras lucu-braciones. En dicho auto se lee:

“Si bien es cierto, que el Decreto 3130 de 1968 en su art. 31 así como la jurisprudencia del Consejo de Estado en su Sección Tercera, han determinado que las acciones de responsabilidad contra las entidades descentralizadas serán conocidas por la justicia ordinaria, no lo es menos que cuando se vinculan al proceso en litisconsorcio con una persona de derecho público a la que se le pretende derivar solidaridad, el juez competente será el contencioso administrativo, en virtud del explicado fuero de atracción.

Desde luego que tal solidaridad, debe hundir sus raíces en una realidad fáctica incontrovertible, de lo contrario como lo afirmara el Consejo de Estado:

“La filosofía que informa el fuero de atracción no se puede manejar con ligereza conceptual ni con valoración descuidada de la realidad, pues se corre el riesgo de desnaturalizar la jurisdicción, ya que bastaría buscar un centro de imputación jurídica, de cuyos hechos, actos y omisiones conozca la jurisdicción de lo contencioso administrativo, para que la justicia ordinaria sea relevada, sin causa, motivo o razón del conocimiento de los asuntos que le están asignados” (expediente 10.007, octubre 27 de 1994, Consejero Ponente: Julio César Uribe, Sección Tercera).

Vistas así las cosas, si la Empresa Electrificadora de Santander es una sociedad de economía mixta de carácter indirecto y del orden nacional, vinculada al Ministerio de Minas y Energía, tal como consta en prueba documental obrante a folio 93, las acciones de responsabilidad que contra ella se entablen, deberán ser de conocimiento de la jurisdicción ordinaria. El pretendido factor de conexidad con el municipio de Barrancabermeja no encuentran el menor fundamento en los hechos acaecidos el 7 de noviembre de 1990 en los que resultó lesionado el señor Joaquín Plata Díaz.

De acuerdo con la demanda instaurada, el actor en la fecha mencionada se encontraba junto con otros funcionarios de la Registraduría de Barrancabermeja, efectuando labores de ordenamiento y adecuación donde funcionaba dicha entidad, en desarrollo de tales actividades, éste desplazó un tubo el cual hizo contacto con el cableado de alta tensión que pasaba junto a la edificación, causándole la corriente eléctrica serias lesiones personales.

¿Qué relación tiene la entidad jurídica denominada municipio de Barrancabermeja en la prestación de tal servicio, acaso éste es el dueño de las redes?; o como bien lo afirma la entidad demanda, ella ni genera, ni conduce, ni distribuye la energía, y si así lo fuera no obra prueba alguna en tal sentido; se podría pensar que de acuerdo con las normas de urbanismo es a la entidad territorial por intermedio de las oficinas de planeación y con fundamento en el Código de Urbanismo a quien le compete realizar la inspección y vigilancia respecto a la distancia que debe guardar el cableado de alta tensión con los inmuebles urbanos, pero de tal elemento probatorio carece igualmente el proceso.

Si existe un riesgo en la conducción de la energía del cual se benefician todos los barramejos, éste ha sido creado por una sociedad de economía mixta a la que se le podría imputar la responsabilidad extracontractual pertinente, pero ante la jurisdicción instituida para ello, en la creación de tal riesgo no participó ni próxima ni remotamente el municipio de Barrancabermeja, entidad a la cual se le pretende vincular procesalmente con el propósito de soslayar el conocimiento que de los hechos debe tener la jurisdicción ordinaria” (fls. 408 a 411).

Finalmente, no entra la Sala a cuestionar las razones expuestas por el señor apoderado de los actores en el sentido de que la electrificadora es parte del Estado y que el Estado se enjuicia ante la jurisdicción admnistrativa, porque el debate así planteado se sale de la realidad jurídica (lo que es por ley) para adentrarse en lo que debería ser.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,

RESUELVE:

Confírmase el auto de 11 de julio de 1995, por medio del cual el Tribunal Administrativo de Santander anuló todo lo actuado por falta de jurisdicción.

Cópiese, notifíquese y devúelvase.

Este proveído fue estudiado y aprobado por la sala en su sesión de fecha diciembre catorce (14) de mil novecientos noventa y cinco (1995).

Carlos Betancur Jaramillo, Presidente Sala—Jesús María Carrillo Ballesteros—Juan de Dios Montes Hernández—Daniel Suárez Hernández.

Lola Elisa Benavides López, Secretaria.

______________________________________