Sentencia 11220 de mayo 8 de 1997 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

FALLA DEL SERVICIO MÉDICO

PRESUNCIÓN DE LA FALLA Y PRUEBAS PARA DESVIRTUARLA

EXTRACTOS: «La sala ha dicho que tratándose del servicio médico oficial, la responsabilidad patrimonial puede deducirse mediante la aplicación de la doctrina judicial de la falla presunta. Pero esta doctrina sólo tiene como finalidad práctica la de aliviarle a quien comparece al proceso, la carga de probar todos los supuestos que estructuran la responsabilidad estatal por falla del servicio. La doctrina cumple la función de prestarle razonabilidad y justicia a la sentencia favorable de un proceso en el que ni la víctima del daño está en condiciones de probar la falla, ni el responsable de la misma de demostrar diligencia y cuidado y por ende ausencia de falla.

Lo ideal sería que siempre, en estos casos, la responsabilidad se pudiera endilgar luego de tener bien probado la existencia de la falla del servicio, el daño y la relación causal entre esos extremos. Pero no siendo ello siempre posible, debido a la dificultad real y palpable para que la víctima de daños por acto médico demuestre la falla del servicio, la jurisprudencia ideó la doctrina de falla presunta del servicio de salud, logrando de ese modo que el sistema de garantías y protecciones asistenciales instituidos en la Carta tenga auténtico contenido y aplicación efectiva.

Pero esa doctrina, valga la reiteración, sólo permite trasladar la carga de probar la ausencia de falla hacia la entidad prestataria del servicio o responsable de médico (clínico o quirúrgico), la cual, demostrando la diligencia y el cuidado en el manejo del paciente, se exonerará de responsabilidad. Como la presunción de falla viene entonces a resultar un problema probatorio, el juez está en la obligación conferir valor razonable y razonado a las pruebas que se alleguen en el debate, optando si es del caso, por tomar iniciativa probatoria.

La sala reafirma la utilidad de la presunción de falla en los casos en que la víctima de daños por la acción u omisión del servicio de salud, no pueda probar la falla y la entidad demandada no pruebe la diligencia y el cuidado debidos al paciente. Destaca de esa doctrina estos rasgos sobresalientes para su correcta aplicación.

1. No se trata de una presunción de responsabilidad, como en el caso de la responsabilidad por actividades peligrosas, en los que la exoneración del deudor sólo se logra por causa extraña.

2. Se trata tanto de una regla de valoración y de razonamiento para juzgador ante la falta de prueba de la falla, aunque no de los otros extremos (el daño y la relación causal adecuada), como de una regla dirigida a regular la conducta procesal de las partes. Cada una probará lo que le toca: A la entidad prestataria del servicio de salud, ejecutora del procedimiento médico concreto, le tocará probar la diligencia y el cuidado ofrecidos al paciente. La demostración suficiente o plena de esta actitud la exonerará de responsabilidad, aunque el resultado final no haya sido satisfactorio. Con esto se reitera el criterio de la sala de que la actividad médico asistencial, salvo algunos casos, es una obligación de medio.

3. Como se trata de una regla de valoración y de razonamiento, el juzgador debe hacer una comprensión acertada del caso, evaluando y sopesando con sana crítica los medios probatorios allegados al proceso. De hecho, la sala estima sobre el punto, que como la presunción traslada a la entidad pública prestadora del servicio la carga de probar la diligencia y cuidado en el manejo del paciente, la prueba documental por ella presentada y las que pida tendientes a corroborar el correcto manejo clínico y quirúrgico del paciente deben, en principio, ser apreciadas ampliamente por el fallador; y sólo ante prueba que demuestre la falsedad o la alteración de la historia clínica, por ejemplo, ésta perdería toda fuerza demostrativa de los cuidados médicos recibidos por un enfermo. En todo caso, no basta con que la entidad responsable del acto adjunte simplemente la mera historia clínica, sin otras explicaciones convincentes sobre el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad.

4. La presunción de falla del servicio médico no se extiende ni a la relación causal ni al daño. Si del acervo se establece que éste pudo originarse por varias causas, no todas atribuibles a la acción u omisión del servicio de atención médico asistencial, sino a la evolución endógena de la enfermedad, o a riesgos propios del tratamiento aunque difíciles de prevenir, no se estructurará la responsabilidad patrimonial, por faltar ya no el primer elemento de la falla del servicio, sino el segundo, vale decir, la relación causal. El juzgador debe ponderar prudentemente todas las circunstancias del caso para determinar hasta qué punto la falla presunta, originó o contribuyó necesariamente a ocasionar el daño.

Aplicando lo expuesto al sub judice, la sala, en primer término, halla que la falla del servicio que el a quo dio por probada, no lo está realmente. Mejor aún, no existió. Recuérdese que el a quo atribuyó al retardo en la valoración quirúrgica de la paciente el hecho constitutivo de la falta o falla del servicio. Ese retardo es aparente. Nótese cómo la paciente a las 4 de la mañana del 10 de enero, en su calidad de afiliada a la Caja Nacional de Previsión, fue atendida por el hospital “Evaristo García”; valorada por un médico de turno quien, ante el cuadro (dolor abdominal de causa desconocida), ordenó observar el desarrollo de la sintomatología y tomar examen de sangre y orina para descartar apendicitis, o enfermedad pélvica inflamatoria. Ordenó también, como era lo aconsejable, la valoración por el cirujano. La paciente suspendió la etapa de observación clínica y abandonó el hospital a las 9 de la mañana, molesta de esperar la valoración del cirujano; y en calidad de afiliada a la Caja Nacional de Previsión concurrió finalmente a la clínica El Centenario. A las 11 de la mañana de ese mismo día ya había sido examinada por el cirujano e intervenida inmediatamente por el Dr. José Bernardo Rojas, quien le practicó una laparatomía exploratoria, (fl. 78, 80, etc. cdno. 3).

La Caja Nacional de Previsión, responsable de la atención médico asistencial de la señora María del Socorro Osorio Zapata, le dio a ésta, dentro de sus posibilidades, la atención oportuna que el caso ameritaba. Es factible que el hospital no fuera lo suficientemente rápido en valorar quirúrgicamente a la usuaria, pero su sintomatología no reveló en ese momento tal gravedad que la presencia del cirujano hubiera sido de vida o muerte. Es más, el examen de sangre tomado en ese centro no evidenció patología de mal pronóstico, ni nada parecido (fl. 43, cdno. 3, F.— Testigo: José Bernardo Rojas). A las 11 de la mañana la clínica Centenario, por cuenta de la Caja, asumía la prestación del servicio. Tan cierto es que no existía certeza en esta clínica sobre el mal que aquejaba a la usuaria que le fue practicada una cirugía exploratoria para asegurar el diagnóstico.

Pero el a quo no sólo dio por probada la falla, sino que además presumió la existencia de relación causal entre esa falla y el daño. Y aquí está el punto en el que esta sala no está de acuerdo con el fallador de instancia. Aun aceptando que la atención en las 10 primeras horas de esta paciente no fue rápida, diligente y cuidadosa, ¿podría concluirse que esa dilación fue determinante en el resultado fatal, sucedido casi un mes después de tratamiento continuo y a pesar de algunos períodos de mejoría? Para la sala la respuesta es negativa. Obsérvese que el a quo de manera dubitativa y por lo mismo sin convicción anotó:

“Y la relación de causalidad para la sala se encuentra acreditada, desde el momento en que la falta de atención inmediata privó a la paciente doctora María del Socorro Osorio Zapata de una cierta posibilidad de curación a que tenía derecho”.

Todos los pacientes ingresan al servicio de atención de salud con alguna o muchas posibilidades de curación. Pero, no lograr o no obtener éxito, a pesar del tratamiento médico, no implica daño alguno que deba repararse, siempre, salvo casos en que la obligación médica sea, por excepción, de resultado: cirugías con fines estéticos, etc.; o los casos en que la falta oportuna de atención médica o la atención errada realmente se considere causante de ese daño.

La apreciación del a quo no tiene respaldo probatorio adecuado. Ya se transcribieron extensamente las pruebas de oficio que desvirtúan sus conclusiones. Pero valga reiterar que no está demostrado que la falta de valoración quirúrgica en las primeras horas de evolución de la enfermedad de la doctora Osorio Zapata, haya contribuido al fatal resultado, presentado un mes después de un tratamiento exhaustivo y cuidadoso, como el que revela la historia clínica y las demás pruebas. Según éstas, la trombosis venosa mesentérica, atribuible al consumo prolongado de anticonceptivos orales, finalmente fue la causa de la muerte de la usuaria, a pesar del cuidado y la diligencia que la institución asistencial le brindó, como era su deber. La práctica de la medicina en éste como en muchos otros casos, no derrotó a la enfermedad y eso no constituye falla en el servicio médico oficial».

(Sentencia de mayo 8 de 1997. Expediente 11.220. Consejero Ponente: Dr. Carlos Betancur Jaramillo).

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