Sentencia 11235 de noviembre 18 de 1998 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

COEXISTENCIA DE DOS PENSIONES DE INVALIDEZ

MUERTE DEL BENEFICIARIO Y POSIBILIDAD DE SUSTITUCIÓN

EXTRACTOS: «En el caso bajo examen no existe controversia alguna en torno a los siguientes aspectos relevantes de la contención: que mediante resoluciones 8514 de 1976 y 0932 de 1980 el ISS concedió al señor Laurencio Cubillos sendas pensiones, la primera por incapacidad permanente total por enfermedad profesional y la posterior por invalidez permanente total de origen no profesional, las cuales fueron disfrutadas simultáneamente por el pensionado hasta su fallecimiento, el 24 de junio de 1988; que mediante Resolución 010036 del 24 de noviembre de 1989 la entidad sustituyó esta última pensión a las demandantes, sin pronunciarse respecto de la primera y que posteriormente, por Resolución 1795 del 8 de junio de 1992, confirmó su determinación.

Para revocar la decisión del a quo que condenó al ISS al reconocimiento y pago de la sustitución de la pensión originada en la enfermedad profesional, el tribunal se apoyó fundamentalmente en el citado artículo 49 del Acuerdo 49 de 1990 en cuanto determina que “las pensiones e indemnizaciones sustitutivas que cubre el ISS son incompatibles: a) entre sí ...”.

Sin embargo, salta a la vista la aplicación indebida cometida por el tribunal, ya que el referido artículo 49 no es aplicable al caso litigado, por cuanto para la fecha en que falleció el pensionado Cubillos —24 de junio de 1988— no había entrado a regir. De modo que resulta protuberante y garrafal el error en que incurrió el tribunal al fundamentar su decisión de negar la pensión solicitada en dicha disposición, máxime cuando, como con acierto destaca la censura, esta norma fue anulada en sus literales a y b por el Consejo de Estado en sentencia del 3 de abril de 1995.

Esta Sala ya ha expresado en innumerables oportunidades que las leyes laborales, según claros principios contenidos en los artículos 58 de nuestra Carta Fundamental y 16 del Código Sustantivo del Trabajo, solamente se aplican a situaciones futuras o en curso, por lo que no pueden tener efecto retroactivo con el que se pretenda soslayar o modificar situaciones consumadas, generadoras de derechos adquiridos.

Por otra parte, ya en lo que tiene que ver con las pensiones de invalidez que disfrutó en vida el señor Laurencio Cubillos, considera la Sala oportuno aclarar aquí, con el fin de zanjar cualquier posible discusión en torno a la validez de tal percepción simultánea de las mismas, que su compatibilidad nació precisamente del hecho de que cada una cubre un riesgo distinto y de que cada una de ellas parte de presupuestos reglamentarios diferentes.

Conviene recordar que desde la instauración del régimen de la seguridad social en Colombia mediante la Ley 90 de 1946, no es posible confundir los efectos jurídicos provenientes de los diferentes riesgos que ampara el seguro, entre ellos, accidentes de trabajo o enfermedades profesionales con los derivados de enfermedades de origen no profesional, los cuales fueron delimitados separadamente en cuanto a sus consecuencias.

Consta en el informativo que el señor Laurencio Cubillos cotizó para el instituto demandado durante mas de 12 años para el seguro de invalidez, vejez y muerte, así como para accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, bajo la afiliación Nº 02003300648 y que en tal virtud disfrutó, hasta su fallecimiento, de sendas pensiones de invalidez que en su oportunidad le concediera y pagara el Instituto de Seguros Sociales, de acuerdo con las disposiciones reguladoras de las contingencias correspondientes: la primera, por incapacidad permanente total originada en la enfermedad profesional debidamente diagnosticada en su momento, y la segunda por invalidez permanente total derivada de una enfermedad no profesional e igualmente determinada conforme a los procedimientos pertinentes, tal como se desprende de los informes correspondientes (fls. 57 y 75).

Si bien la Corte ha señalado en reiterada jurisprudencia que en principio no es posible disfrutar simultáneamente dos pensiones por un mismo beneficiario, ello ha sido exclusivamente en aquellos casos en que así lo disponen expresamente las normas aplicables o éstas cubren un mismo riesgo o atienden al mismo seguro, como el de invalidez de origen común —que en determinadas circunstancias deviene en pensión de vejez— y la pensión de jubilación, o la plena de jubilación patronal y la de vejez que reconoce el ISS. Nótese que estas pensiones tienen la misma naturaleza y amparan, se repite, el mismo riesgo, a diferencia de aquellas que ahora ocupan la atención de la Sala y cuya coexistencia no está prohibida.

Y esa clara diferencia en cuanto a su origen —una proviene de un infortunio laboral del asegurado a causa de su actividad profesional, en tanto la otra se deriva de un riesgo común, que no es consecuencia obligada de la clase de trabajo o del medio en que labora el trabajador— conduce inequívocamente al tratamiento de “contingencias” distintas, al menos por la época de los hechos.

Y a su turno ello apareja el que la reglamentación pertinente gobernara dos “seguros” independientes y autónomos: el de enfermedad general y maternidad (EG y M), de una parte, y accidentes de trabajo y enfermedad profesional, ATEP, de la otra. Siendo diferentes, entre otros aspectos, su financiación, su administración, el sujeto obligado a las cotizaciones, el monto de las mismas, los requisitos de las prestaciones otorgadas y el monto de ellas en uno y otro seguro.

Así, desde la Ley 90 de 1946, por la cual se estableció el seguro social obligatorio y se creó el Instituto Colombiano de Seguros Sociales, y hasta el Acuerdo 049 de 1990, se trataron estos seguros en secciones distintas y cada uno ha venido siendo reglamentado en forma separada por diferentes decretos y acuerdos, así: a) ATEP: decretos 3169 de 1964, 3170 de 1964, 3224 de 1981, 2496 de 1982; y acuerdos 258 de 1967, 539 de 1974 y 027 de 1982; y b) EG y M: decretos 770 de 1975, 462 de 1983, 2053 de 1988, 1172 de 1989, 1664 de 1984, y acuerdos 575 de 1975 y 158 de 1980. De manera que con algunas excepciones en que se ha producido una reglamentación conjunta, siempre se han distinguidos esos dos seguros aún por las normas orgánicas de los seguros sociales contenidas en la Ley 90 de 1946 y en los decretos extraordinarios 433 de 1971 y 1650 de 1977.

Y en el caso específico, la consideración de no ser excluyentes las dos pensiones que disfrutó en vida el pensionado hasta su deceso, obedeció fundamentalmente a que la primera de origen profesional se concedió por “incapacidad permanente total”, concepto que en los términos del precepto entonces aplicable (Ac. 155/63, art. 16, aprobado por D. 3170/64), implica que el asegurado padece de una serie de alteraciones orgánicas o funcionales incurables o de duración no previsible que le impiden desempeñar su trabajo habitual u otro similar compatible con sus aptitudes y formación profesional, pero no lo inhabilita para desempeñar “toda clase de trabajo remunerado”, como sí ocurriría si se estuviera en presencia de la “incapacidad absoluta” regulada por el inciso segundo ibídem. Esta es la razón esencial para que el instituto conocedor de que previamente se había otorgado una pensión de origen profesional, no viera óbice alguno para que el trabajador laborara en un oficio diferente al primigenio y para que no pusiera reparo a la otra pensión de origen no profesional basada en una enfermedad distinta y consintiera expresamente la compatibilidad entre ambas hasta el fallecimiento de su beneficiario.

Así las cosas, habida consideración de la aplicación indebida por parte del tribunal de una disposición que no había empezado su vigencia por la época de los hechos, y con mayor razón, ilegal a juicio del Consejo de Estado que la anuló, parecería en principio fundado el cargo, lo que conduciría a afirmar que esa compatibilidad pensional, que contó con la aquiescencia del ISS, pudiera extenderse después de la muerte en favor de sus derecho-habientes. Pero jurídicamente no es ello así, aunque por motivos distintos a los aducidos por el juzgador de segundo grado.

En efecto, las diversas previsiones contenidas en los reglamentos que regulan las correspondientes prestaciones en caso de muerte del asegurado, atan la respectiva pensión de sobrevivientes, entre otros presupuestos, a la causa de su deceso.

En este sentido, tratándose de riesgos profesionales se observa que si bien las normas admiten que la viuda e hijos inválidos de un pensionado por incapacidad permanente total de origen profesional puedan tener derecho a una pensión de sobrevivientes, la norma aplicable al caso debatido restringe tal posibilidad a que la muerte del asegurado sobrevenga a causa del accidente de trabajo o la enfermedad profesional que generó la pensión respectiva.

Ello es lo que surge del artículo 27 del citado Acuerdo 155 de 1963, aprobado por el Decreto 3170 de 1964, consagratorio de esta clase de pensión de sobrevivientes, al preceptuar que habrá lugar a ella “cuando el accidente de trabajo o la enfermedad profesional produzca la muerte del asegurado...”.

Por tanto, como en el presente caso no está demostrado que el pensionado haya fallecido por una enfermedad profesional, ya que murió por causa de una patología no profesional, no es la pensión correspondiente a aquel riesgo a la que tienen derecho las demandantes, sino a éste último, por lo que la actuación del instituto demandado se encuentra perfectamente ajustada a derecho, en el sentido de que reconoció la única pensión que conforme a los reglamentos podían devengar las actoras.

En consecuencia, el cargo no prospera».

(Sentencia de casación, noviembre 18 de 1998. Expediente 11.235. Magistrado Ponente: Dr. José Roberto Herrera Vergara).

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