Sentencia 11243 de octubre 28 de 1999 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

TERRITORIALIDAD DE LA LEY LABORAL COLOMBIANA

SERVICIOS PRESTADOS EN EL EXTERIOR

EXTRACTOS. «En el sub examine, la tesis jurídica del Tribunal en cuanto a la aplicabilidad de la legislación laboral colombiana se funda en hechos y circunstancias muy particulares que le llevaron al convencimiento de que se encontraba ante una excepción al principio de la territorialidad de la ley laboral. El recurrente dice que no discute esas individualidades porque lo único que interesa es que mientras el actor prestaba servicio en el exterior “dejó de ser habitante de Colombia y pasó a habitar en el Japón, hecho escueto, fundamental y determinante que el tribunal no niega” y que es suficiente para que se configure con toda claridad la violación del artículo 2º del Código Sustantivo del Trabajo por desacato a la territorialidad de la ley colombiana allí consagrada.

La norma antes citada establece efectivamente que el Código Sustantivo del Trabajo “rige en todo el territorio de la República para todos sus habitantes, sin consideración a su nacionalidad”. Es dable entender, entonces, en sana lógica, que el indicado precepto regula las relaciones dadas entre trabajadores y empleadores cumplidas en territorio colombiano. A contrario sensu, excluye de su ordenamiento los nexos de trabajo dados en el exterior.

Pero, también ha dicho esta Sala de la Corte que respecto a la “lex loci solutionis” —principio consagrado en el transcrito artículo, que se traduce en que los efectos del contrato de trabajo deben regirse por la ley del lugar donde la labor se haya cumplido—, su exégesis no puede llevar al extremo de que algunas relaciones de trabajo, originadas en Colombia entre colombianos, íntimamente vinculadas a la normatividad de este país, que bajo especialísimas condiciones se cumplen en el exterior, queden por fuera del ordenamiento laboral colombiano.

De ahí que esta Sala de la Corte ha aceptado que son las circunstancias particulares las que en cada caso determinan si se dan los supuestos legales para la aplicación del estatuto laboral colombiano o si, por el contrario, se encuentra excluido del mismo.

En el sub examine, admitiendo los supuestos fácticos que sirven de sustento a la decisión atacada, los cuales no se discuten dada la vía por la que se orienta el cargo, es indudable que rige la legislación laboral colombiana; tuvo en cuenta el sentenciador que existió entre las partes un solo contrato de trabajo iniciado el 28 de febrero de 1972, cumplido por completo en Colombia hasta el 12 de agosto de 1977 y a partir de entonces en el Japón (por disposición de la entidad empleadora, pero controlado desde Colombia y sujeto en todo a las normas de este país), hasta el año de 1987 cuando el trabajador se vio obligado a renunciar con base en la normativa de Colombia, debido a la orden perentoria por parte de la Federación de trasladarse de nuevo a prestar servicio en Bogotá bajo condiciones que le desfavorecían desde todo punto de vista. Y no es aceptable que la Federación habiendo sido la que impuso todas las condiciones en el traslado del actor para Tokio, entre ellas el derecho aplicable, trate ahora de sustraerse a éste valiéndose de la misma ley y la jurisprudencia de este país; ello no se compadece con la autonomía de los contratantes ni con la buena fe que debe regir los contratos de trabajo según el artículo 55 del Código Laboral y que consagra el artículo 83 de la Carta Política como postulado al que deben ceñirse todas las actuaciones tanto de los particulares como de las autoridades.

(...).

Es más, ya en nuestro ordenamiento jurídico se encuentra prevista la posibilidad de que existan “personas colombianas con residencia en el exterior, vinculadas mediante contrato de trabajo que se rija por las normas colombianas”, para quienes el artículo 9º del Decreto Reglamentario 692 del 29 de marzo de 1994 establece la afiliación al sistema general de pensiones que consagra la Ley 100 de 1993».

(Sentencia de casación, octubre 28 de 1999. Radicación 11.243. Magistrado Ponente: Dr. Luis Gonzalo Toro Correa).

SALVAMENTO DE VOTO

EXTRACTOS: «Me permito salvar el voto toda vez que no comparto la decisión de la mayoría que considera aplicable al caso la ley colombiana, puesto que mi criterio es el que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2º del C.P. del T., las relaciones desarrolladas fuera del territorio nacional no se rigen por la legislación nacional y por tanto no resulta válida una estipulación de las partes para someterse a su imperio.

Es así, puesto que el claro mandato del mencionado artículo 2º conlleva a la inaplicación de la ley colombiana cuando, como en este caso, la empresa o establecimiento funciona en el exterior y allí se ejecuta la labor por parte del trabajador. En consecuencia la voluntad de los contratantes no puede contrariar esa disposición legal que tiene el carácter de obligatoria por ser de orden público y de ahí que resulte claro el límite que en tal sentido se impone a la autonomía de las partes.

(...).

En consecuencia, el recurso propuesto por la parte accionada debió prosperar en tanto sostuvo la inaplicabilidad de la ley colombiana para relaciones desarrolladas con el carácter de permanentes en el exterior; como así no lo concluyó la mayoría de la Sala, dejo salvado el voto».

Francisco Escobar Henríquez 

SALVAMENTO DE VOTO

EXTRACTOS: «La territorialidad de la ley establecida explícitamente en el artículo 2º del Código Sustantivo del Trabajo tiene como consecuencia que el contrato se rija por la ley del lugar de su cumplimiento, fórmula adoptada por el legislador colombiano que se condensa en la expresión latina: “lex loci solutionis”.

No desconozco que hay doctrinantes que critican la fórmula, y que aun en el seno de la misma Corte algunos magistrados han hecho reparos respecto de la solución legislativa al arduo conflicto de la aplicación de las leyes en el espacio. También acepto que podría haberse optado por acoger el principio diferente que se enuncia con el aforismo “lex loci contractus”; sin embargo, es lo cierto que el texto legal existe, y ello es suficiente para que los jueces lo acaten y sometiéndose a la ley lo hagan cumplir, y de manera especial la Corte Suprema de Justicia, cuya función constitucional es mantener el “imperio de la ley”.

Aun cuando obviamente entiendo que los criterios jurisprudenciales varían según la integración de los organismos encargados de fijarlos y que la aplicación de las leyes está sujeta a vaivenes que resultan de su interpretación, considero que no es impertinente recordar que, salvo ahora y algunas decisiones de la extinguida sección primera, la jurisprudencia nacional siempre mantuvo la aplicación territorial de la ley laboral colombiana.

(...).

No obstante ser tan recientes los unánimes pronunciamientos reconociendo la aplicación de la territorialidad de la ley colombiana, en este asunto, con argumentos que no comparto y que francamente considero resultan contradictorios, se desconoce el claro mandato del artículo 2º del Código Sustantivo del Trabajo, al decirse que esta Sala “ha aceptado que son las circunstancias particulares las que en cada caso determinan si se dan los supuestos legales para la aplicación del estatuto laboral colombiano o si, por el contrario se encuentra excluido del mismo” (pág. 12), porque “su exégesis no puede llevar al extremo que algunas relaciones de trabajo, originadas en Colombia entre colombianos, íntimamente vinculadas a la normatividad de este país, que bajo especialísimas condiciones se cumplen en el exterior queden por fuera del ordenamiento laboral colombiano” (ibídem), pues “no es aceptable que la Federación habiendo sido la que impuso todas las condiciones en el traslado del actor para Tokio, entre ellas el derecho aplicable, trate ahora de sustraerse a éste valiéndose de la misma ley y la jurisprudencia de este país, ello no se compadece con la autonomía de los contratantes ni con la buena fe que debe regir los contratos de trabajo según el artículo 55 del Código Laboral y que consagra el artículo 83 de la Carta Política como postulado al que deben ceñirse de todas las actuaciones tanto de los particulares como de las autoridades” (pág. 13).

Para mí, además de equivocado es confuso el planteamiento; pero estimo que el único sentido del argumento plasmado en los fragmentos de la sentencia que transcribo es el de que la autonomía de la voluntad prevalece sobre normas de orden público, con lo que no sólo se aparta la mayoría de lo dispuesto en el artículo 2º del Código Sustantivo del Trabajo, sino que igualmente pasa por alto el artículo 14 del mismo código y lo dispuesto desde hace más de un siglo en el artículo 16 del Código Civil. Ello porque el precepto que dispone la aplicación territorial de la ley es una de esas normas cuyo carácter de orden público no puede discutirse con un fundamento serio, por ser inseparable del aspecto de la soberanía y, como es sabido, no puede derogarse por un convenio particular una ley “en cuya observancia están interesados el orden y las buenas costumbres”, siendo por esto irrenunciables “los derechos y prerrogativas” que dicha disposición reguladora del trabajo humano concede.

Creo que no puede aducirse la buena fe como argumento suficiente para desconocer una norma de orden público que tan perentoriamente consagra la regla de aplicación territorial de la ley, sin ninguna excepción; muchísimo menos invocar la autonomía de la voluntad.

De mantenerse esta novedosa tesis, según la cual en desarrollo de la autonomía de la voluntad y por respeto a la buena fe con la que deben ejecutarse los contratos, es legalmente posible mediante un convenio particular derogar una ley en la que están interesadas “el orden y las buenas costumbres”, habría que aceptar que así como es legitimo y conforme a derecho extender la ley colombiana para que se aplique por fuera del territorio, también forzosamente vendría a serlo convenir la aplicación de leyes extranjeras en el país.

Debo reconocer que, sin que yo hubiese hecho reserva sobre el punto, en la sentencia de 28 de mayo de 1998, quedó dicho que “es admisible” que “se incluyan pactos derivados de legislaciones foráneas que no vulneren los principios propios de la nuestra”; mas yo entendí —y creo que esa es la orientación doctrinaria del fallo— que lo admitido era la posibilidad de celebrar pactos que reconocieran derechos derivados de legislaciones extranjeras en la medida en que no contrariaran la ley colombiana, esto es, que se podía mejorar el mínimo de derechos y garantías consagrados en la ley nacional. Jamás creí que se quisiera autorizar la posibilidad de desconocer mediante convenios particulares normas de orden público, como lo es el artículo 2º en cuanto dispone la aplicación territorial para quienes habitan en la República de Colombia, “sin consideración a su nacionalidad”.

(...).

Para refutar la argumentación que creyó encontrar la mayoría en el artículo 9º del Decreto Reglamentario 692 de 1994, en cuanto se refiere a la afiliación en forma obligatoria de “todas aquellas personas colombianas con residencia en el exterior, vinculadas mediante contrato de trabajo que se rija por normas colombianas”, debo decir que la Ley 100 de 1993 establece en su artículo 11 que el Sistema General de Pensiones “se aplicará a todos los habitantes del territorio nacional”, con lo que consagra igualmente el carácter territorial de las normas sobre seguridad social, lo que reitera en su artículo 15 al disponer que pueden ser afiliados en forma voluntaria “los extranjeros que en virtud de un contrato de trabajo permanezcan en el país y no estén cubiertos por ningún régimen de su país de origen o por cualquier otro”.

Si la ley sobre seguridad social tiene aplicación territorial, al igual que el Código Sustantivo del Trabajo y las leyes laborales en general, hay que entender que el decreto reglamentario se refiere necesariamente a aquellos excepcionales casos en que por virtud de tratados públicos es aceptado como norma el principio “lex loci contractus”, o a la situación especial de personas que aun cuando estén en el exterior trabajan en circunstancias en las que por disposición expresa del legislador es posible que su contrato de trabajo se rija por la ley laboral colombiana; pero que se prevea esta hipótesis en una norma reglamentaria, no significa que se conceda una autorización para que mediante convenios particulares se deroguen disposiciones como el artículo 2º del Código Sustantivo del Trabajo.

No está demás anotar que ni siquiera remitiéndose a las normas del Código Civil —remisión que tampoco resultaría legal por existir norma exactamente aplicable al caso— se encontraría fundamento plausible a lo decidido por la mayoría, puesto que de lo establecido en los artículos 18, 19, 20 y 21 de dicho código resulta también claro que allí se consagra la aplicación territorial de la ley, haciéndose excepción únicamente en relación con el estado civil de las personas y su capacidad “para efectuar ciertos actos que hayan de tener efecto en alguno de los territorios administrados por el gobierno general, o en asuntos de la competencia de la Unión”, al igual que en lo atinente a “las obligaciones y derechos que nacen de las obligaciones de familia; pero sólo respecto de sus cónyuges y parientes en los casos indicados en el inciso anterior”.

Un fallo como éste del cual me aparto, desconoce el explícito mandato del artículo 2º del Código Sustantivo del Trabajo y permite la aplicación extraterritorial de las leyes laborales colombianas para que rijan contratos de trabajo ejecutados en su integridad en le extranjero».

Rafael Méndez Arango 

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