Sentencia 11247 de abril 23 de 1998 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Ref.: Exp. 11.247

Indemnizatorio

Consejero Ponente:

Germán Rodríguez Villamizar

Santafé de Bogotá, D.C., abril veintitrés de mil novecientos noventa y ocho.

Expediente: 11.247

EXTRACTOS: «De lo anterior se evidencia que, en el presente caso, el servicio fue prestado por la administración y se prestó oportunamente, más no puede decirse que por ello el servicio fue eficiente, dado que son conceptos diferentes que erradamente el a quo equiparó. El tribunal afirma que el DAS actuó con prontitud, al perseguir de inmediato al grupo de plagiarios que había retenido al joven Miller Jesús Soto Solano. Y eso es cierto, pero la reacción rápida de las autoridades ante la comisión de un delito, no necesariamente resulta eficiente, si el operativo se practica con precipitud, imprudentemente, sin profesionalismo o sin táctica preconcebida alguna, hasta el punto de que, como en el sub judice, ponga en peligro la vida de inocentes, o de lugar a su deceso.

En el caso examinado, se hace patente lo anterior, porque el rehén o secuestrado fue herido de gravedad en el instante en que se pretendía su rescate a sangre y fuego por los cuerpos de seguridad, en una actuación en la cual la seguridad e integridad del secuestrado no se tomó en consideración, entre otras razones, porque se trató más de una actuación armada instintiva, que del desarrollo de un plan preconcebido donde la seguridad del plagiado debe tener la máxima preferencia, sin desconocer, desde luego, algunas eventualidades inherentes a esta clase de operativos.

Del examen de las pruebas ya reseñadas y de las anteriores observaciones, la Sala encuentra que en el sub judice el daño antijurídico resulta imputable a la administración a través de la falla probada del servicio. Esta consistió en, justamente, la prestación anormal o deficiente del servicio de seguridad que reclamaba la víctima del secuestro. Pretendiendo proteger la libertad e integridad del menor, la administración desplegó su fuerza sin ninguna estrategia, sin planeación alguna, hasta el punto de lesionar gravemente al secuestrado que quería proteger. La situación revela errores protuberantes en un operativo que en realidad no lo fue tal, sino que constituyó una rápida y violenta cacería, para configurar así una falla del servicio de seguridad. Los otros dos elementos configurativos de la responsabilidad también se deducen fácilmente del acervo probatorio.

Ahora bien, si el sistema de la falla del servicio probada no fuera suficiente para fundamentar el triunfo de las pretensiones, igualmente están presentes en el sub lite los elementos necesarios para presumir la responsabilidad por la utilización de armas de fuego, como pasa a demostrarse en seguida.

La actividad desplegada por los agentes oficiales de perseguir y capturar secuestradores agresivos y liberar al rehén mediante el uso de armas de fuego es una actividad peligrosa que por su propia naturaleza permite presumir que existe responsabilidad del encargado de esa actividad, cuando de su ejercicio resultan daños. Aquí no opera la neutralización de la presunción por la mutua intervención de actividades peligrosas a cargo de ambas partes, por cuanto quien formula la demanda es el rehén y su familia, grupo que obviamente no desplegaba ninguna actividad de ese tipo el día del insuceso. Las acciones peligrosas se ejecutaban por parte del DAS y de la delincuencia, y de ahí resultó con graves heridas de bala el secuestrado, situación que, como se anotó, da lugar a la presunción de responsabilidad que en todo caso, la parte demandada no destruyó, es decir, no probó que una causa extraña hubiera sido la responsable de esos daños. La excusa del cambio de la camisa del lesionado por la de uno de sus secuestradores no es de recibo, por cuanto para que pudiera darse la ruptura del nexo causal por esa razón, era indispensable que ese hecho de tercero fuese exclusivo y determinante, condiciones ausentes en el caso bajo estudio. La circunstancia comentada podría eventualmente explicar el error cometido, pero de ninguna manera ni lo podrá justificarlo, menos aún, exonerar de responsabilidad a la administración.

En conclusión, la responsabilidad del daño sufrido por la parte actora le es imputable a la demandada con apoyo en dos criterios: primero, por falla del servicio, y segundo, por responsabilidad presunta derivada de la utilización de las armas de fuego. Con ambas o con una sola de tales causales de imputación, conforme al artículo 90 de la Carta hay lugar al resarcimiento del daño antijurídico que da cuenta el proceso».

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