Sentencia 1344-98 de mayo 27 de 1999 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

DECISIÓN DE OPTAR POR EL ARBITRAMENTO

DERECHO DE LOS SINDICATOS MINORITARIOS

EXTRACTOS: «Mediante la acción de nulidad simple pretende la parte actora la declaratoria de nulidad del inciso 2º del artículo 1º del Decreto 801 de 1998, “por medio del cual se modifica el artículo 1º del Decreto 2519 de 1993”.

Sea lo primero entonces hacer un reconocimiento de la preceptiva concerniente al sub lite, frente a lo cual se tiene:

Por virtud del artículo 61 de la Ley 50 de 1990 se subrogó el artículo 444 del Código Sustantivo del Trabajo, particularmente en lo atinente a la eliminación de la figura de la “conciliación”, a la fijación de un término de 10 días para que los trabajadores se decidan por la huelga o por el tribunal de arbitramento, al carácter personal e indelegable del voto y, a los 5 días de antelación con que deben los trabajadores dar aviso a las autoridades del trabajo en cuanto a la asamblea o asambleas decisorias. Número de asambleas que en todo caso dependerá de la cantidad de municipios donde laboren los afiliados.

La nueva versión del artículo 444 del Código Sustantivo del Trabajo fue reglamentada por el artículo 1º del Decreto 2519 de 1993, determinando en lo relativo a la convocatoria a la asamblea:

“La asamblea para optar por huelga o tribunal de arbitramento de que trata el artículo 444 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 61 de la Ley 50 de 1990, será convocada por el sindicato o sindicatos que agrupen más de la mitad de los trabajadores de la empresa.

Cuando el sindicato o sindicatos no reúnan más de la mitad de los trabajadores de la empresa, éste o éstos convocarán a la totalidad de los trabajadores de la misma. Si en la empresa no existiere sindicato, la convocatoria podrá hacerse por los delegados de los trabajadores a que se refiere el artículo 432 del Código Sustantivo del Trabajo”.

Esta norma fue expedida al amparo de la nueva Carta Política que a términos de su artículo 55 garantiza el derecho de negociación colectiva, y que al decir de la Sala de Consulta y Servicio Civil: “... reformó el artículo 61 de la Ley 50 de 1990 en cuanto reconoce y garantiza el derecho de negociación colectiva para regular las relaciones laborales”(1).

(1) C. de E., Sala de Consulta y Servicio Civil, Rad. Nº 473 del 18 de noviembre de 1992.

El prenotado artículo 1º fue modificado por el artículo 1º del Decreto 801 de 1998, que en lo pertinente dispone en su inciso 2º:

“Cuando el sindicato o sindicatos no reúnan más de la mitad de los trabajadores de la empresa, la decisión de optar por el tribunal de arbitramento se tomará por la mayoría absoluta de los trabajadores de la empresa afiliados a éste o estos sindicatos”.

A instancias de esta última reglamentación se preservó tácitamente, de una parte, el voto mayoritario de la totalidad de los trabajadores de la empresa para optar por la huelga a términos del artículo 444 del Código Sustantivo del Trabajo, en los casos en que el sindicato o sindicatos no reúnan más de la mitad de los trabajadores de la empresa. Contemplando, de otro lado, el derecho que le asiste a los sindicatos minoritarios para optar por el tribunal de arbitramento.

Esta preceptiva se desdobla a su vez en dos vertientes, a saber: 1ª, si por el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los trabajadores de la empresa se acoge la huelga, automáticamente queda descartado el tribunal de arbitramento. Pues como bien se sabe, la huelga y el tribunal de arbitramento no pueden coexistir en un mismo diferendo laboral, esto es, se excluyen diametralmente; 2ª, si por el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los trabajadores de la empresa no se acoge la huelga, por la misma fuerza de la polarización alternativa (huelga-tribunal) tácitamente esa mayoría estaría dándole su consentimiento a la constitución del tribunal de arbitramento, a menos que se quisiese incurrir en una insoluble contradicción y en un evidente desconocimiento del mandato superior tendiente a la solución pacífica de los conflictos colectivos de trabajo (C.P., art. 55).

Ahora bien, como el derecho estipulado a favor de los sindicatos minoritarios reclama efectividad, debe reconocerse entonces que si bien el carácter alternativo y excluyente de la huelga y el tribunal de arbitramento pone en escena el principio constitucional de la prevalencia del interés general sobre el particular, al igual que la libertad para ejercer el derecho de asociación en uno u otro sentido sindical, es igualmente evidente que a instancias de tales cánones no pueden desdibujarse válidamente los derechos de las minorías, siendo al punto interesante recordar las palabras de Gilles Deleuze al decir que “únicamente el devenir minoritario es universal”.

Consecuencialmente se impone salvaguardar la existencia y poder decisorio de aquellos sindicatos donde el número de afiliados no exceda de la tercera parte del total de trabajadores de la empresa, de suerte que por la mayoría absoluta de sus integrantes puedan tales sindicatos optar por el tribunal de arbitramento, con el subsiguiente provecho de las reivindicaciones laborales en favor de los empleados sindicalizados y de los que posteriormente adhieren al laudo o ingresen al sindicato.

Así pues, no queda duda alguna sobre la validez de la norma acusada en torno a los sindicatos cuyo número de afiliados no supere la tercera parte del total de trabajadores de la empresa.

Consecuentemente la Sala considera que las pretensiones de la demanda no están llamadas a prosperar.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

Deniéganse las pretensiones de la demanda instaurada contra el inciso 2º del artículo 1º del Decreto 801 de 1998.

Notifíquese y cúmplase. Publíquese en los Anales del Consejo de Estado».

(Sentencia de mayo 27 de 1998. Expediente 1344-98 Consejero Ponente: Dr. Carlos Arturo Orjuela Góngora).

SALVEDAD DE VOTO

Las razones por las cuales me separé de la decisión mayoritaria, son las siguientes:

Se acusa el inciso 2º del artículo 1º del Decreto 801 de 30 de abril de 1998, que dispone:

“Cuando el sindicato o sindicatos no reúnan más de la mitad de los trabajadores de la empresa, la decisión de optar por el tribunal de arbitramento se tomará por la mayoría absoluta de los trabajadores de la empresa afiliados a este o estos sindicatos”.

Esta disposición modificó el artículo 1º del Decreto 2519 de 1993, reglamentario del artículo 444 del Código Sustantivo del Trabajo.

Permite al sindicato o sindicatos que no reúnan más de la mitad de los trabajadores de la empresa, optar por el Tribunal de Arbitramento con la voluntad de la mayoría absoluta de los trabajadores de la empresa afiliados a este o estos sindicatos.

Sin dificultad se aprecia que el Gobierno Nacional en el acto acusado, desbordó la potestad reglamentaria, pues consagró una hipótesis no prevista en la norma que dice reglamentar.

En efecto el artículo 444 del Código Sustantivo del Trabajo, dispone que la huelga o la solicitud de arbitramento, será decidida mediante votación secreta, personal e indelegable por la mayoría absoluta de los trabajadores de la empresa, o de la asamblea general de los afiliados al sindicato o sindicatos que agrupen más de la mitad de aquellos trabajadores.

Este quórum fue modificado o mejor derogado por la disposición acusada al permitir a la mayoría absoluta de los sindicatos que no reúnan más de la mitad de los trabajadores de la empresa optar por el tribunal de arbitramento.

Respetuosamente, considero que debió anularse la disposición demandada, pues el Ejecutivo Nacional, so pretexto de reglamentar la ley (CST, art. 444), más bien la derogó, y en mi sentir en la sentencia argumentando salvaguardar los derechos de las minorías, no se examinó dicho aspecto.

Resulta insólito que las minorías se arroguen la voluntad de la mayoría absoluta de los trabajadores de la empresa, o de la asamblea general de los afiliados al sindicato o sindicatos que agrupen más de la mitad de aquellos trabajadores con el fin de optar por el tribunal de arbitramento, instrumento regulador de las relaciones laborales de una empresa, que por este camino se convierte en institución absurdamente impuesta por las minorías.

Javier Díaz Bueno.

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