Auto 11310 de noviembre 23 de 1995 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

CONTROVERSIAS DERIVADAS DE CONTRATOS ESTATALES

COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Consejero Ponente:

Dr. Daniel Suárez Hernández

Ref.: Exp. 11.310

Santafé de Bogotá, D.C., noviembre veintitrés de mil novecientos noventa y cinco.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra del auto de 3 de agosto de 1995, proferido por el Tribunal Administrativo del Cauca, mediante el cual se declaró la nulidad de todo lo actuado en el proceso a partir del auto admisorio de la demanda inclusive, por falta de jurisdicción.

Para fundamentar la decisión recurrida el tribunal explicó que el acto acusado hace relación a la escritura pública Nº 202 de 28 de diciembre de 1991, suscrita entre el alcalde del municipio demandado y el señor Oswaldo Tejada Pardo, para la venta de un lote de terreno de propiedad del municipio. Destacó que ese contrato no tenía el carácter de administrativo y que en él no se había pactado cláusula de caducidad, circunstancias que lo llevaron a concluir que el juzgamiento del asunto correspondía a la jurisdicción ordinaria, conforme a lo dispuesto en el artículo 17 del Decreto 222 de 1983, normatividad vigente en la época en la cual se celebró el contrato.

Inconforme la parte actora con esa decisión, apeló, para que la providencia apelada fuera revocada y en su lugar se ordene continuar con el trámite del proceso. Para fundamentar su inconformidad se dedicó a explicar, en primer lugar, los motivos de los cuales pretendía derivar la nulidad del contrato. Luego puso de presente que la acción contractual se regía por el Decreto 222 de 1983, vigente para la época del contrato, y que conforme a tal normatividad la competencia para conocer del proceso correspondía a la jurisdicción contencioso administrativa, habida cuenta de que en ese contrato de compraventa debía entenderse ínsita la cláusula de caducidad.

Consideraciones de la Sala

Para la Sala el auto apelado debe revocarse y en su lugar se ordenará continuar adelante el trámite del proceso, habida cuenta que conforme a lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley 80 de 1993, el cual entró en vigencia el primero de enero de 1994, es la jurisdicción contencioso administrativa la competente para conocer de las controversias derivadas de los contratos estatales.

Este proceso se inició a través de demanda que en acción contractual y por medio de apoderado judicial formuló el señor Luis Antonio Parra, el 11 de enero de 1994 (fl. 26 cdno. ppal.), allí se solicitó la nulidad de la escritura pública Nº 202 de 28 de diciembre de 1991, de la Notaría Única de Inzá, por medio de la cual el municipio de Páez, a través de su alcalde, vendió al señor Oswaldo Tejada Pardo, un inmueble ubicado en el perímetro urbano de la población.

Lo perseguido a través de este proceso, es la nulidad de un contrato de compraventa de un bien inmueble, celebrado por un municipio, es decir, se pretende la nulidad de un contrato estatal.

En relación con lo que son los contratos estatales, el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, señaló:

“Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen a continuación...”.

En la enunciación de las entidades a las cuales se les aplica el estatuto contractual, el ar-tículo 1º de la Ley 80 de 1993, entre otras, relaciona a los municipios.

La Ley 80 de 1993 empezó a regir en este aspecto, el 1º de enero de 1994, conforme lo señaló expresamente en su artículo 81; esta demanda, de acuerdo con la constancia secretarial visible a folio 26 del cuaderno principal, fue presentada el 11 de enero de 1994, es decir, cuando ya había empezado a regir la Ley 80 de 1993.

La norma relacionada con competencia, es una norma de aplicación inmediata a su entrada en vigencia, sin importar que se trate de aplicarla en relación con un contrato celebrado en vigencia del Decreto 222 de 1983. Esta conclusión se desprende de la aplicación del artículo 40 de la Ley 153 de 1887, que en materia de aplicación de la nueva ley, dispone:

“ART. 40.—Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. Pero los términos que hubieren empezado a correr, y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación”.

La competencia para conocer de las controversias derivadas de ese contrato, cuando ellas sean planteadas ante la jurisdicción después de haber entrado en vigencia el artículo 75 de la Ley 80 de 1993, corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa, sin importar la clasificación que se le dé al contrato.

La Ley 80 de 1993 unificó en una sola categoría que denominó “contrato estatal”, a todos los contratos celebrados por una entidad estatal. Eliminó todas las distinciones que le fueron propias al Decreto 222 de 1983, en el cual la competencia para dirimir los conflictos derivados de un contrato celebrado por una entidad de derecho público, estaba marcada por la naturaleza del contrato.

En ese estatuto se podían distinguir las siguientes categorías de contratos:

1. Si el contrato era de aquellos que taxativamente señalaba como administrativos ese estatuto (art. 16), entonces era la jurisdicción contencioso administrativa la competente para conocer del proceso.

2. Si el contrato no estaba consagrado en el listado del artículo 16, era considerado como de derecho privado de la administración, y la competencia para conocer los conflictos que de él se derivaran correspondía a la jurisdicción ordinaria.

3. Si el contrato era de aquellos considerados como de derecho privado e incluía la cláusula de caducidad, entonces se radicaba en cabeza de la jurisdicción contencioso administrativa la competencia para conocer de los conflictos que de él se derivaran.

4. Si en relación con el contrato de derecho privado de la administración en el cual no se había incluido la cláusula de caducidad, se profería un acto administrativo, la competencia para el juzgamiento de tal acto, correspondía a la jurisdicción contencioso administrativa.

Después de entrar en vigencia la Ley 80 de 1993, no hay lugar a discutir la naturaleza del contrato celebrado por una entidad estatal, con miras a determinar la jurisdicción a la cual compete el juzgamiento de las controversias que de él se deriven. Basta con que el contrato haya sido celebrado por una entidad estatal, como en el caso que nos ocupa, para que su juzgamiento corresponda a esta jurisdicción, como expresamente lo dispone el artículo 75, que en lo pertinente dice:

“ART. 75.—Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, el juez competente para conocer de las controversias derivadas de los contratos estatales y de los procesos de ejecución o cumplimiento será el de la jurisdicción contencioso administrativa”.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,

RESUELVE:

1. REVÓCASE el auto apelado, esto es, aquel proferido por el Tribunal Administrativo del Cauca el 3 de agosto de 1995.

2. En firme este auto, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen, para que se continúe con la tramitación del proceso.

Cópiese, notifíquese y devuélvase.

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de fecha veintitrés (23) de noviembre de mil novecientos noventa y cinco (1995).

Carlos Betancur Jaramillo, Presidente de la Sala—Daniel Suárez Hernández—Juan de Dios Montes Hernández—Jesús María Carrillo B.

Lola Elisa Benavides López, Secretaria.

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