Sentencia 11322 de julio 27 de 2001 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

RÉGIMEN TRIBUTARIO DE LAS CESANTÍAS

ES EL VIGENTE EN EL PERÍODO POR EL CUAL SE ADQUIRIÓ EL DERECHO

EXTRACTOS: «El primer cargo del recurso ataca los actos oficiales, en cuanto gravaron con el impuesto sobre la renta las cesantías pagadas por los años 1970 a 1986, época para la cual se encontraba vigente el Decreto-Ley 2053 de 1974 cuyo artículo 72 consideraba el auxilio de cesantía como exento en su totalidad.

Al respecto advierte la Sala, que en el año de 1995 el contribuyente recibió como ingreso la totalidad de la liquidación laboral, efectuada en la Resolución 9435 de 27 de diciembre de 1994, que le reconoció por concepto de salarios, primas de navidad, de junio, de vacaciones, de semana santa, bonificación de alimentos, subsidio de transporte, compensación vacaciones, cesantía definitiva, la suma de $172’249.091 guarismo al que le efectuó los descuentos correspondientes al Instituto de Seguros Sociales y a la retención en la fuente.

Dicho ingreso de conformidad con el principio de realización del ingreso, que rige a los contribuyentes que no llevan contabilidad, como son los asalariados, y por ende no les es aplicable el principio de causación, debe declararse en el año o período gravable en que se reciba efectivamente en dinero.

Sin embargo, en tratándose de las cesantías, al existir normatividad especial, su régimen tributario corresponde al vigente a cada año al que corresponde el reconocimiento del derecho laboral, en virtud de lo dispuesto en el Decreto 400 de 1987, como se aprecia del siguiente recuento normativo, relativo a las disposiciones vigentes al lapso a que corresponden las cesantías que se ordenaron pagar.

Por tal razón, para efectos de establecer el monto exento de la cesantía, debe tenerse en cuenta los años por los cuales ésta fue reconocida como resultado del fallo de la Sección Segunda de esta corporación, que ordenó el reintegro del demandante y el pago de todo lo equivalente a sueldos, primas, bonificaciones, vacaciones, subsidios y demás complementos salariales dejados de devengar, toda vez que en el caso particular de las cesantías, éstas fueron causadas y pagadas por el lapso comprendido entre el 18 de agosto de 1970 y el 27 de agosto de 1994, período en el cual hubo varias normas que establecían un tratamiento distinto a las cesantías.

Así, para el período comprendido entre el 18 de agosto de 1970 y el 31 de diciembre de 1973, por disposición del Decreto Legislativo 2053 de 1974, la normatividad aplicable era la contenida en la Ley 81 de 1960, que regulaba lo relacionado con el impuesto sobre la renta, cuyo artículo 47 establecía que:

“ART. 47.—Son rentas exentas del impuesto las siguientes: (...).

13. Las prestaciones sociales bien sea que las reciban los trabajadores o sus sucesores”.

El 10 de septiembre de 1974, fue expedido el Decreto Legislativo 2053, el cual indicó en su artículo 142 que regía a partir de su expedición, salvo en los casos expresamente exceptuados y, que en relación con los artículos 50 a 81 del referido decreto, éste se aplicaría al año gravable de 1974 y posteriores, de suerte que la Ley 81 de 1960 en lo concerniente a la exención sobre auxilio de cesantía tuvo vigencia hasta el 31 de diciembre de 1973, por estar consagrada en el artículo 72.

El referido artículo 72, del Decreto 2053 de 1974, relativo a las rentas de los trabajadores efectuó la siguiente previsión:

“ART. 72.—Los contribuyentes que hayan percibido durante el año o período gravable ingresos originados en una relación laboral o legal y reglamentaria, pueden restar de su renta líquida el valor correspondiente a las siguientes prestaciones, las cuales se hallan exentas de gravamen: (...).

4. El auxilio de cesantía”.

Con la expedición de la Ley 75 de 1986, fue derogado expresamente el artículo 72 del Decreto 2053 de 1974 y consagrada la siguiente disposición:

“ART. 35.—Rentas de trabajo exentas. Están gravados con el impuesto sobre la renta y complementarios la totalidad de los pagos o abonos en cuenta provenientes de la relación laboral o legal y reglamentaria, con excepción de los siguientes: (...).

4. El auxilio de cesantía y los intereses sobre cesantías, siempre y cuando sean recibidas por trabajadores cuyo ingreso mensual–promedio en los seis (6) últimos meses de vinculación laboral no exceda de $ 300.000. Cuando el salario mensual promedio a que se refiere este numeral exceda de $ 300.000, la parte no gravada se determinará así:

($ 2’200.000 para año gravable 1995)
Salario mensual promedioParte no gravada
Entre $ 300.000 y $ 350.00090%
Entre $ 350.001 y $ 400.00080%
Entre $ 400.001 y $ 450.00060%
Entre $ 450.001 y $ 500.00040%
Entre $ 500.001 y $ 550.00020%
De $ 550.000 en adelante0%

(Valores año base 1986)”.

Cabe precisar que la cesantía es una prestación social de carácter especial, regulada en el título VIII, capítulo VII del Código Laboral, que constituye un ahorro forzoso de los trabajadores para auxiliarlos en el caso de quedar cesantes, la cual deberá pagarse por regla general, al terminar el contrato de trabajo y de manera excepcional como simple anticipo, para adquirir, construir, mejorar o liberar bienes raíces destinados a vivienda del trabajador o para financiar los pagos por concepto de matrículas del trabajador, su cónyuge, compañero permanente e hijos.

El referido beneficio corresponde a un mes de salario por cada año de servicios y proporcionalmente por fracciones de año, dinero que en la actualidad debe consignar el empleador antes del 15 de febrero del año siguiente, en la respectiva sociedad administradora del fondo de cesantías.

Atendiendo la naturaleza especial de este derecho, que como se desprende de lo expuesto se adquiere y consolida por cada año trabajado o por fracción de año, advierte la Sala que la normatividad aplicable en materia sustancial es la vigente al período por el cual se adquirió el referido derecho, independientemente de que su reconocimiento y aun su pago efectivo, incurran con posterioridad, como ocurre en el sub lite, como quiera que la nueva ley carecía de la virtualidad de afectar el derecho conferido por la ley anterior, al accionante y que desgravaba en su totalidad el citado auxilio de cesantía.

Retomando la normatividad en materia de análisis se observa que la citada Ley 75 de 1986 fue reglamentada por el Decreto 400 de 1987, que estableció que para efectos de determinar la base gravable en el caso del auxilio de cesantía, “no se tomará en cuenta el monto acumulado de las cesantías causadas a 31 de diciembre de 1985” a favor del trabajador, norma que interpreta cabalmente el sentido que se acaba de expresar.

Conforme a lo anterior, es claro que la modificación que introdujo la Ley 75 de 1986 en cuanto al tratamiento del auxilio de cesantía, no es aplicable de ninguna manera a las cesantías correspondientes a los períodos gravables anteriores al 31 de diciembre de 1985, razón por la cual en este aspecto, la citada Ley 75 sólo es aplicable a los años gravables posteriores a 1985, esto es, a partir del año gravable de 1986.

De acuerdo con el precedente marco normativo, tenemos que el auxilio de cesantía en los términos de la Ley 81 de 1960 y del Decreto Legislativo 2053 de 1974, se encontraba totalmente exento, pues fue con la Ley 75 de 1986 que se tomó como parámetro el ingreso mensual promedio del trabajador, para establecer la parte exenta del impuesto sobre la renta, de suerte que prospera parcialmente el cargo del recurso que solicita que se tenga como totalmente exento, el auxilio de cesantía correspondiente al período en el cual se encontraba vigente la citada exención, como quiera que el contribuyente estima que la exención estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 1986, pero el decreto reglamentario estableció su vigencia hasta el 31 de diciembre de 1985.

En consecuencia, se colige que la exención total del impuesto sobre la renta, en el caso del actor, tuvo operancia en las cesantías correspondientes al período comprendido entre el 18 de agosto de 1970 y el 31 de diciembre de 1985; y la exención parcial operó a partir del 1º de enero de 1986 al 24 de agosto de 1994».

(Sentencia de julio 27 de 2001. Expediente 11.322. Consejero Ponente: Dr. Germán Ayala Mantilla).

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