•Sentencia 11326 de marzo 12 de 1999

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

CONTROVERSIAS ENTRE BENEFICIARIOS DE PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES

A QUIÉNES DEBE DEMANDAR EL AFECTADO POR DECISIÓN DEL EMPLEADOR

EXTRACTOS: «Conforme al fallo recurrido, la demandante pretende la sustitución de la pensión de su compañero permanente con quien vivió muchos años y hacía vida en común en la fecha de su deceso, el 4 de abril de 1994. Pero, también hasta el último momento, el mismo señor estuvo casado con la señora María Luisa Sosa en cuya unión procrearon siete hijos y la convivencia con la accionante trajo como consecuencia la separación de hecho de su esposa por culpa del de cujus. El mismo fallo expresó:

“Como se encuentra demostrado en el proceso la existencia de uno de los eventos a los que hace alusión el artículo referido del Decreto 1160 de 1989 (art. 7º), esto es, la imposibilidad de la señora María Luisa de hacer vida marital con el causante durante los últimos años de su vida en razón de haber abandonado este su hogar sin causa o motivo alguno, para irse a vivir con la demandante, es por lo que esta Sala considera que quien debe sustituir a aquél en la pensión es su cónyuge”.

Dada la orientación del ataque por la vía directa, debe entenderse que el recurrente acepta las apreciaciones fácticas transcritas y encamina su reclamo a que conforme a los mandatos de la Ley 100 de 1993, es la demandante, y no la cónyuge sobreviviente, la llamada a beneficiarse con la sustitución pensional.

El sistema general de pensiones establecido por la Ley 100 de 1993, el cual rige a partir del 1º de abril de 1994, pocos días antes del fallecimiento del causante (art. 151), establece en su artículo 47:

Beneficiarios de la pensión de sobrevivientes. Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:

a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite.

En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante por lo menos desde que éste cumplió con los requisitos para tener derecho a una pensión de vejez o invalidez, y hasta su muerte, y haya convivido con el fallecido no menos de dos (2) años continuos con anterioridad a su muerte, salvo que haya procreado uno o más hijos con el pensionado fallecido”.

Esta norma permite resolver el conflicto que podría presentarse en este caso entre la cónyuge supérstite y la compañera permanente del causante ya que ambas convivieron con él por largo período y con él procrearon numerosos hijos. Pero en este proceso sólo compareció la señora Sánchez Calderón quien demostró que, en calidad de compañera permanente, acompañó al causante hasta el momento de su fallecimiento, y le prestó asistencia durante los 24 últimos años de su vida. Pero existe también la cónyuge supérstite quien en tal calidad ha venido beneficiándose de la sustitución pensional sin que se le hubiera llamado al presente juicio para darle la oportunidad, también a ella, de demostrar las circunstancias que, conforme a la ley, pudieran hacerle acreedora a tal derecho. Los falladores de instancia consideraron que esta última era la llamada legalmente a sustituir al causante, pero basaron su conclusión en jurisprudencia tanto de esta Sala de la Corte como del Consejo de Estado que decidió la sustitución de la pensión de fallecidos antes de la vigencia del sistema general de pensiones que consagra la Ley 100 de 1993, cuando la normatividad imperante disculpaba en ciertos eventos la convivencia entre los cónyuges al momento del deceso del causante.

Ante la circunstancia de haberse desconocido la normatividad aludida, esto es el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, hay lugar a la anulación de la sentencia impugnada que prefirió a la cónyuge supérstite descartando a la compañera permanente de la sustitución pensional.

Consideraciones de instancia

En sede de instancia no puede pasarse por alto que una vez fallecido el causante la entidad demandada recibió solicitud de sustitución de la pensión no sólo de la señora María Luisa Sosa de Borrero, en calidad de esposa legítima, sino también de la señora María Isabel Sánchez Calderón, en su condición de compañera permanente; y no obstante el conflicto entre las presuntas beneficiarias, la entidad procedió a resolverlo en favor exclusivamente de la primera de ellas a quien le viene pagando las mesadas pensionales desde hace ya varios años. No empece a lo cual, la señora Sánchez Calderón demandó solamente a la empleadora y acreditó en el presente proceso las razones por las cuales se considera con mejor derecho que la cónyuge para sustituir en la pensión al causante, de acuerdo al artículo 47 de la Ley 100 de 1993.

Conforme a lo resuelto por esta Sala de la Corte, en sentencia del 2 de noviembre de 1994(*), cuando fallecido un trabajador y quien o quienes se presentan a reclamar ante el empleador acreditan su calidad de beneficiarios total o parcialmente sin controversia entre ellos, debe procederse a las publicaciones de rigor y, cumplido el término previsto en las normas legales pertinentes, el empleador efectúa “el reparto y pago de los derechos y cumplirá así la obligación, a menos que se trate de una jubilación, pues en este caso sólo procederá, si es el caso, a distribuirla y a empezar su cancelación”. Si después de esto se presentan nuevos beneficiarios el empleador está por completo liberado; los obligados a satisfacer las cuotas que les correspondan a los beneficiarios sobrevivientes son aquellos que recibieron los beneficios. Si lo que se pretende es el derecho a pensión “la presencia de nuevos beneficiarios acreditados y no controvertidos autorizará a la empresa para efectuar hacia el futuro una nueva distribución del derecho, pero con referencia a las mesadas causadas y canceladas sólo podrán cobrarse las respectivas cuotas a quienes las percibieron”. En caso de controversia, el litigio debe adelantarse por los beneficiarios sobrevivientes contra los primeros. “Si se trata de una jubilación, ésta se deberá seguir cancelando al beneficiario inicialmente reconocido hasta que mediante decisión judicial u otro mecanismo válido de composición del litigio se decida otra cosa y desde luego el beneficiario inicial deberá responder exclusivamente en lo tocante a lo que haya percibido”.

(*) Véase J. y D. Nº 277, pág. 14 (N. del D.).

Pero si entre los presuntos beneficiarios que se presentan a reclamar surge controversia, “el patrono por supuesto carecerá de autoridad para dirimir el litigio...” (subrayas fuera del texto). Por lo tanto debe abstenerse de efectuar el pago hasta que la justicia decida “o hasta que los interesados la solucionen por virtud de transacción, conciliación u otro mecanismo extrajudicial válido”. Si recurren a la justicia, los que se dicen titulares del derecho “éstos pueden acudir a un proceso puramente declarativo en el que la justicia dirimirá su conflicto, pero sin producir decisiones condenatorias en tanto que todos los litigantes sólo pretenden ubicarse en calidad de acreedores”:

“Igualmente, en la situación que se analiza es viable que los presuntos derechohabientes decidan demandar al patrono, caso en el cual surgirá un proceso declarativo y de condena, cuya decisión dirimiría la controversia entre los reclamantes y ordenaría al empleador cancelar a quien corresponda. Si sólo demanda uno de los peticionarios, los demás podrán intervenir con posterioridad con base en lo que dispone el artículo 53 del Código de Procedimiento Civil, mas si no lo hacen así el asunto habrá de decidirse sólo con respecto a las partes que actuaron, caso en el cual el fallo no vincula a los ausentes ... al no darse cosa juzgada frente a ellos, hay lugar a que ejerciten sus propias acciones. Si ello ocurre, debe recordarse que los beneficiarios que hubieren recibido son los obligados para con los nuevos, respecto de los derechos que a éstos correspondan.

Para que se entienda que hay controversia no basta que se presenten varios beneficiarios sino que uno o varios de ellos discutan con apoyo en serios fundamentos la exclusividad en el derecho que el otro o los otros reclaman también para sí, siempre y cuando la situación no se halle solucionada claramente por las normas que regulan el reparto que debe hacer el empleador...”.

Estas las razones para que de manera reiterada esta Sala de la Corte hubiese insistido en que no es necesario el litis consorcio por activa; al respecto en la misma sentencia se dijo:

“... ante todo debe descartarse que ello se constituya en una exigencia expresa de la ley, pues ni el artículo 295 citado, ni otros preceptos lo prevén así. Antes por el contrario, este canon lo que indica es que los beneficiarios en conflicto deben ser contrapartes en un posible litigio pero en modo alguno litisconsortes obligados, figura que como se ha visto, supone defender idéntico interés en el juicio. Menos aún se impone la conformación litisconsorcial por la naturaleza del asunto. En efecto, el derecho de los beneficiarios del trabajador o jubilado, aunque puedan acudir a reclamar en conjunto, es un derecho individual emanado normalmente de su relación familiar o de dependencia frente al fallecido. En otros términos, los derechohabientes en general no se consideran como herederos, sucesores de la persona del causante en su relación de trabajo, cosa que por demás se excluye en razón del carácter intuito personae del operario en el nexo laboral, sino que cada cual tiene su propia relación jurídica con el patrono o entidad responsable de los derechos laborales del fallecido, tanto es así que entre ellos es dable que existan intereses encontrados y si acuden a la justicia en conjunto, el correspondiente fallo ha de puntualizar la situación de cada uno, de suerte que algunos pueden resultar triunfantes al paso que otros derrotados”.

Como quedó anotado, la sentencia en alusión explicó que, cuando entre los presuntos beneficiarios se presenta controversia, el empleador debe abstenerse de resolver. No se dijo en aquel entonces qué pasa si el empleador se atribuye la facultad de decisión, otorgando el derecho a alguno o algunos de los reclamantes y denegándolo a otro u otros que se dicen titulares del mismo. Bajo tal hipótesis, la solución dada por el empleador puede ser la correcta de acuerdo con la ley; pero también puede no serlo, como en el sub examine, pues el empleador denegó derecho a quien en principio lo tiene conforme a la ley. En este último evento se presenta una de dos situaciones: 1. Que al beneficiario excluido por el empleador le asista igual derecho que a aquél a quien se hizo el reconocimiento; y 2. Que su derecho descarte el de este último.

Para definir lo anterior es necesario que la demanda se dirija contra el empleador puesto que éste no se ha liberado de la obligación; y también contra el beneficiario reconocido por el empleador; de lo contrario no estará completa la legitimación en la causa por pasiva; porque no sería razonable que, quien fue satisfecho en su pretensión, aunque resuelta sin autoridad para ello, inusitadamente se vea privado del derecho reconocido, sin que se le haya dado la oportunidad de discutir judicialmente su prerrogativa.

Era necesario, entonces, que a este proceso hubiera comparecido la cónyuge del finado, a quien la empresa le había reconocido el derecho, su intervención no era secundaria sino principal. Sin integrar por completo el contradictorio no es posible la decisión de mérito que defina, con base en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, frente a la compañera permanente, cuál es la situación de aquélla, cuáles las obligaciones que incumben a la demandada y qué pasa con las mesadas pensionales ya causadas.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia impugnada, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta el 30 de abril de 1998, en el juicio ordinario de María Isabel Sánchez Calderón contra Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. En sede de instancia y por las razones indicadas en la parte motiva, se declara inhibida para emitir pronunciamiento de fondo».

(Sentencia de casación, marzo 12 de 1999. Radicación 11.326. Magistrado Ponente: Dr. Jorge Iván Palacio Palacio).

SALVAMENTO DE VOTO

EXTRACTOS: «Como estoy enteramente de acuerdo con la decisión que se tomó en instancia, el salvamento de voto se orienta a dar mis razones para no compartir los planteamientos expresados en lo que propiamente constituyen las consideraciones en que se funda la mayoría para casar la sentencia del Tribunal en cuanto, como allí está dicho, “prefirió a la cónyuge supérstite descartando a la compañera permanente de la sustitución pensional” (pág. 9). Aun cuando mi discrepancia se relaciona específicamente con el argumento jurídico que allí se esboza —que para mí es obvia consecuencia de lo resuelto recientemente en la sentencia de 2 del mes en curso (rad. 11245)—, y según el cual en los casos en que el pensionado fallecido estuvo casado pero irregularmente también convivió maritalmente con otra mujer, es a la compañera permanente y no a la cónyuge que lo sobrevive a quien corresponde el derecho aun cuando la separación se haya producido por culpa del esposo.

Al igual que ocurrió en el proceso que se inició por demanda de Elvia Nubia Jiménez, quien adujo ser la compañera de Carlos Barberi Zamorano, en el que se resolvió negar la sustitución de la pensión a Argelia Perdomo de Barberi, viuda del pensionado (aunque ella formalmente no fue demandada), y en el cual el día 2 de este mes se profirió la sentencia antes mencionada, considero que, en principio, el derecho le corresponde a la cónyuge, salvo que la falta de convivencia de los esposos se deba a culpa de ella.

En mi criterio y como lo expliqué en esa ocasión en el salvamento de voto, inclusive cuando el pensionado fallece en vigencia de la Ley 100 de 1993, si la pensión la venía pagando directamente el patrono, deben entenderse subsistentes las leyes 12 de 1975, 113 de 1985 y 71 de 1988, al igual que el Decreto 1160 de 1989, que reglamenta la última de dichas leyes».

Rafael Méndez Arango.

SALVAMENTO DE VOTO

EXTRACTOS: «Como el argumento en que se funda la decisión de casar el fallo proferido por el tribunal en el proceso promovido por María Isabel Sánchez Calderón contra la Central Eléctrica del Norte de Santander S.A., está basado en que con anterioridad a la Ley 100 de 1993 “la normatividad imperante cuando disculpaba en ciertos eventos la convivencia de los cónyuges al momento del deceso del causante” y que el tribunal desconoció el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 porque “prefirió a la cónyuge supérstite descartando a la compañera permanente de la sustitución pensional”, me permito explicar el salvamento de voto al no compartir lo anterior ya que considero que la aludida normatividad anterior a la Ley 100 está vigente.

Es por esto que estimo pertinente traer a colación lo que expuse en salvamento de voto del 4 de marzo del año en curso respecto al alcance del artículo 47 de la Ley 100 de 1993.

(...).

Como, en mi sentir, no hay obstáculo constitucional ni legal para que al literal a del artículo 47 de la Ley 100 de 1993 se le dé un alcance diferente al que se desprende de su textualidad, es por lo que estimo que los artículos 1º, 2º- b , 11, 134-5 y 289 de la misma Ley 100, y los artículos 42, 48, 53 y 58 de la Constitución Política, posibilitaban e imponían llegar a la conclusión, aplicable para este asunto, que se encuentran vigentes las normas legales anteriores a la ley que creó “el sistema de seguridad social integral” y que regulan, para efectos de la sustitución pensional, la situación del cónyuge supérstite que no haga vida común con el causante al momento de su muerte por “hallarse en imposibilidad de hacerlo por haber abandonado éste el hogar sin justa causa o haberle impedido su acercamiento o compañía”, tal como lo prevé el Decreto 1160 de 1989, reglamentario de la Ley 71 de 1988, para no citar sino el último estatuto que se refiere a este tema.

Y están vigentes porque no pueden considerarse como derogadas por la Ley 100 de 1993, artículo 289, al no ser contraria a los principios elementales de la seguridad social, ni a la lógica y a la equidad; aunque, también hay que decirlo, al artículo 7º del mencionado Decreto 1160 de 1989 hay que armonizarlo con el texto del literal a del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, para así encontrar una solución que consulte la razón de ser de ambas disposiciones.

Creo que si bien es cierto que la Constitución Política de 1991 dio, como lo dice la sentencia de la que discrepo, un “giro” en el concepto de “familia”, también lo es que ello no puede llevarse hasta el extremo de entender que cuando se constituye un “nuevo núcleo familiar”, “por la voluntad responsable de conformarla” cesan todas las responsabilidades y obligaciones con la persona con quien se había integrado uno anterior en razón de matrimonio, y que por ende, el cónyuge abandonado, siendo inocente de la no convivencia, que es una de las obligaciones que aquél le imponía, pierda o se le extingan los derechos que tal condición le confiere. Y no es así porque, igualmente, ellos están protegidos por el artículo 42 de la Carta cuando dice: “las formas de matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los derechos y deberes de los cónyuges, su separación y la disolución del vínculo, se rigen por la ley civil”.

Es por lo anterior que, aceptando, en gracia de discusión, el criterio de la mayoría, o sea, que lo único que confiere el derecho a la pensión de sobrevivientes es “la vida marital” con el pensionado, en los momentos y durante el lapso que fija el artículo 47, y consecuencialmente el 74, de la Ley 100 de 1993, no entiendo por qué para “la compañera o compañero permanente supérstite”, como lo dice la sentencia, pueden presentarse circunstancias materiales que justifiquen esa no convivencia, y en cambio, respecto al cónyuge, carezca de tal connotación la conducta del pensionado que la imposibilitó por haber abandonado el hogar sin justa causa o impedido su acercamiento o compañía, que son los casos que prevé el artículo 7º del Decreto 1160 de 1989 para que el cónyuge sobreviviente, a pesar de no hacer “vida común” (hoy “vida marital”), no pierda el derecho a la sustitución pensional.

(...).

No sobra agregar que comparto la decisión de instancia.

Fernando Vásquez Botero. 

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