Sentencia 1134-06 de febrero 28 de 2008 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

REGLAMENTACIÓN DE LA CARRERA JUDICIAL

Anulada una causal de exclusión del registro nacional de elegibles.

EXTRACTOS: «Se decide la nulidad del numeral 8º, inciso 3º del artículo 2º del Acuerdo 1549 del 17 de septiembre de 2002 expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, mediante el cual se convocó al XII concurso de méritos para la provisión de cargos de carrera en la rama judicial, que dice:

“... 8. Opción de sedes.

(...).

Quien no acepte el nombramiento en una sede para la cual haya manifestado su interés, será excluido del registro nacional de elegibles correspondiente, salvo que demuestre la existencia de una causa que, a juicio de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, constituya fuerza mayor...” (texto demandado, señalado en negrillas).

Fundamenta la solicitud de nulidad en que dicha previsión excede la facultad reglamentaria, ya que establece una nueva causal de exclusión del registro nacional de elegibles no contemplada en la ley estatutaria de administración de justicia, artículos 149, 165, 166, 167 y 173.

Como lo ha afirmado reiteradamente esta Sala el poder de reglamentación, tal como lo instituyó el constituyente de 1991, que en este campo difiere sustancialmente del contenido, en la Carta del 86, puede provenir de diferentes fuentes, a saber: el Presidente de la República, los entes que forman parte de la administración, o los organismos constitucionales autónomos.

De conformidad con el artículo 189, numeral 11 de la Constitución Política, el Presidente de la República tiene asignada, en forma genérica, la denominada potestad reglamentaria que, como su nombre lo indica, lo faculta para reglamentar las leyes. Cabe advertir que esta función no puede ser delegada ni transferida a ningún otro funcionario o entidad pública y mucho menos privada, pues ella es exclusiva del Presidente de la República y así debe ejercerla.

Sin embargo, existe en nuestra Carta un ámbito de regulación que el mismo constituyente determinó que debía ser desarrollado por vía reglamentaria, el cual fue atribuido a distintos entes constitucionales, entre los cuales se puede citar, a manera de ejemplo, el Consejo Nacional Electoral (C.P., art. 265, num. 9º) el Contralor General de la República (C.P., art. 268-1-12) el Contador General (art. 354, ibíd.) la Junta Directiva del Banco de la República (arts. 371 y 372, ibíd.), etc. Y así mismo, existe otro poder de reglamentación que es ejercido directamente por los órganos administrativos, el cual no es de reglamentación de la ley propiamente dicha, asignada al Presidente de la República, ni se confunde con la reglamentación que por mandato constitucional le corresponde ejercer a ciertos entes autónomos, como ya se expresó; se trata simplemente de una labor de regulación interna sujeta a la Constitución, las leyes, los decretos extraordinarios y los decretos reglamentarios.

Es el caso del Consejo Superior de la Judicatura, que la Constitución Política le señaló como funciones, las siguientes:

“ART. 256.—Corresponden al Consejo Superior de la Judicatura o a los consejos seccionales, según el caso y de acuerdo a la ley, las siguientes atribuciones:

1. Administrar la carrera judicial.

2. Elaborar las listas de candidatos para la designación de funcionarios judiciales y enviarlas a la entidad que deba hacerla. Se exceptúa la jurisdicción penal militar que se regirá por normas especiales. (...).

7. Las demás que le señale la ley”.

“ART. 257.—Con sujeción a la ley, el Consejo Superior de la Judicatura cumplirá las siguientes funciones: (...).

3. Dictar los reglamentos necesarios para el eficaz funcionamiento de la administración de justicia, los relacionados con la organización y funciones internas asignadas a los distintos cargos y la regulación de los trámites judiciales y administrativos que se adelanten en los despachos judiciales, en los aspectos no previstos por el legislador”. (...).

5. Las demás que señale la ley”.

A su turno, la Ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia, dispuso en los siguientes artículos, declarados exequibles por la Corte Constitucional, en la sentencia C-037 del 5 de febrero de 1996:

“ART. 85.—Corresponde a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura (...).

17. Administrar la carrera judicial de acuerdo con las normas constitucionales y la presente ley; (...).

22. Reglamentar la carrera judicial”;

“ART. 160.—Requisitos especiales para ocupar cargos en la carrera judicial. Para el ejercicio de cargos de carrera en la rama judicial se requiere, además de los requisitos exigidos en disposiciones generales, haber superado satisfactoriamente el proceso de selección y aprobado las evaluaciones previstas por la ley y realizadas de conformidad con los reglamentos que para tal efecto expida la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura...”.

“ART. 162.—Etapas del proceso de selección. El sistema de ingreso a los cargos de carrera judicial comprende las siguientes etapas:

Para funcionarios, concurso de méritos, conformación del registro nacional de elegibles, elaboración de listas de candidatos, nombramiento y confirmación.

Para empleados, concurso de méritos, conformación del registro seccional de elegibles, remisión de listas de elegibles y nombramiento.

PAR.—La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, conforme a lo dispuesto en la presente ley, reglamentará la forma, clase, contenido, alcances y los demás aspectos de cada una de las etapas. Los reglamentos respectivos deberán garantizar la publicidad y contradicción de las decisiones”.

“ART. 164.—Concurso de méritos. El concurso de méritos es el proceso mediante el cual, a través de la evaluación de conocimientos, destrezas, aptitud, experiencia, idoneidad moral y condiciones de personalidad de los aspirantes a ocupar cargos en la carrera judicial, se determina su inclusión en el registro de elegibles y se fija su ubicación en el mismo.

Los concursos de méritos en la carrera judicial se regirán por las siguientes normas básicas: (...).

PAR. 1º—La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura reglamentará de manera general el contenido y los procedimientos de cada una de las etapas, y señalará los puntajes correspondientes a las diferentes pruebas que conforman la primera...”.

“ART. 174.—La carrera judicial será administrada por las Salas administrativas de los consejos superior o seccionales de la judicatura, con la participación de las corporaciones judiciales y de los jueces de la República en los términos de la presente ley y los reglamentos.

La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura reglamentará y definirá, conforme a lo dispuesto en esta ley, los mecanismos conforme a los cuales habrá de llevarse a efecto la administración de la carrera y la participación de que trata el inciso anterior”.

Los preceptos constitucionales y legales transcritos, demarcan el ámbito del ejercicio de las funciones atribuidas constitucional y legalmente al Consejo Superior de la Judicatura en lo que concierne a la “administración” de la rama y de la carrera judicial, de manera que es indudable que ostenta facultades de reglamentación con las características y límites anotados, y en desarrollo de ellas, en los aspectos no previstos por el legislador, está autorizado para dictar los reglamentos necesarios para hacer eficaz el funcionamiento de la administración de justicia, la organización y funciones internas asignadas a los distintos cargos y la regulación de los trámites judiciales y administrativos que se surtan en los despachos judiciales.

Pero además, la Carta Política (256-7) determina que le competen las demás que le señale la ley, de las cuales una es la de reglamentar la carrera judicial (88-22 L. 270-96) dentro de cuyo ámbito se halla conforme a la ley el aspecto relativo al interés de los aspirantes por manifestar la sede territorial de su predilección cuando en el parágrafo del artículo 165 ibídem precisó que “en cualquier momento podrán manifestar las sedes territoriales de su interés”, opción territorial esta que también fue prevista en el artículo 2º, numeral 8º del Acuerdo 1549 de 2002, de la siguiente forma:

“8. Opción de sedes

El concursante que obtenga el mayor puntaje tendrá la primera opción para elegir entre las vacantes existentes o que se presenten, lo cual deberá informar a la unidad de administración de la carrera judicial, dentro de los tres días siguientes al recibo de la comunicación de la existencia de las mismas por parte de dicha unidad. Si no se produce la respuesta en el tiempo indicado se entenderá declinado el turno.

Comunicada la sede de interés o declinado el turno, se dará la oportunidad de escogencia al segundo de la lista y así sucesivamente.

Quien no acepte el nombramiento en una sede para la cual haya manifestado su interés, será excluido del registro nacional de elegibles correspondiente, salvo que demuestre la existencia de una causa que, a juicio de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, constituya fuerza mayor…”.

Como puede observarse, una vez comunicada la sede de interés, el concursante deberá aceptar el nombramiento que se le haga para esa respectiva sede, pues de no ser así, esto es, de no aceptar el nombramiento que se le efectúe en la misma, se le excluirá del registro nacional de elegibles, salvo que demuestre la existencia de una causa que constituya fuerza mayor, disposición esta que, en sentir de la Sala, constituye una causal de exclusión que por no estar prevista en la ley, la excede.

En efecto, el artículo 28 del Decreto 52 de 1987, aplicable por remisión del artículo 204 de la Ley 270 de 1996, señaló:

“ART. 28.—Será causal de retiro de la lista el fraude comprobado en la realización del concurso o el error evidente en el proceso de selección”.

De acuerdo con la norma precedente, al no establecer la Ley 270 de 1996, ni en el Decreto 52 de 1987 como causal de exclusión del registro de manera automática, la no aceptación del nombramiento en un cargo para el cual se haya optado, resulta inadmisible que un acto jerárquicamente inferior se expida no para desarrollar, ejecutar o hacer aplicables los mandatos de la ley estatutaria, sino para regular materias sobre las cuales ella misma no se ha ocupado.

Así, la disposición acusada desborda los límites de competencia del Consejo Superior de la Judicatura, en cuanto reguló una situación especial como fue la relativa a la permanencia en la lista de elegibles, cuestión que es propia de la ley estatutaria y no del consejo, que aunque tiene facultades para “administrar la carrera judicial” y expedir actos reglamentarios en esa materia, sólo puede ejercer esas atribuciones de conformidad con la Constitución Política y la ley (C.P., art. 256; 157, 162 par., 164 Par. 1º, 165, 173 y 174 y demás normas concordantes de la L. 270/96).

No cabe duda además, que de la lectura del aparte acusado se desprende un contenido sancionatorio que lleva ínsito la decisión de exclusión del registro nacional de elegibles, asunto que desborda la competencia del Consejo Superior de la Judicatura, pues el régimen sancionatorio comprende una aplicación de interpretación de carácter eminentemente restrictivo, de acuerdo con lo que se disponga en la ley.

Por otra parte, en relación con las causales de exclusión, la Ley 270 de 1996 en su artículo 173 señala que “la exclusión de la carrera judicial de los funcionarios y empleados se produce por las causales genéricas del retiro del servicio y la evaluación de servicios no satisfactoria”, pero nada menciona sobre la exclusión de la lista del registro nacional de elegibles por no aceptar el cargo para el que se ha optado territorialmente.

Con todo, si bien de conformidad con el artículo 164 de la Ley 270 de 1996 la convocatoria es norma obligatoria que regula el proceso de selección mediante concurso de méritos, ello no faculta al Consejo Superior de la Judicatura para crear o incluir causales de exclusión no establecidas en la ley, pues la reglamentación del concurso debe ejercerse dentro del marco establecido por la Ley 270 de 1996 y en lo que sea pertinente en el Decreto 52 de 1987 y Decreto 1660 de 1978.

En este orden de ideas, y comoquiera que es evidente que con el inciso acusado el Consejo Superior de la Judicatura excedió su potestad reglamentaria al establecer una causal de exclusión del registro nacional de elegibles distinta a la prevista en la ley, se declarará la nulidad de la frase “Quien no acepte el nombramiento en una sede para la cual haya manifestado su interés, será excluido del registro nacional de elegibles correspondiente, salvo que demuestre la existencia de una causa que, a juicio de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, constituya fuerza mayor” contenida en el artículo segundo, numeral 8º, opción de sedes, del Acuerdo 1549 de septiembre 17 de 2002, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, por medio del cual se convocó al XII concurso de méritos para la provisión de cargos de carrera de la rama judicial.

En consecuencia, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

DECLÁRASE la nulidad de la frase “Quien no acepte el nombramiento en una sede para la cual haya manifestado su interés, será excluido del registro nacional de elegibles correspondiente, salvo que demuestre la existencia de una causa que, a juicio de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, constituya fuerza mayor”, contenida en el artículo segundo, numeral 8º, opción de sedes, del Acuerdo 1549 de septiembre 17 de 2002, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, por medio del cual se convocó al XII concurso de méritos para provisión de cargos de carrera de la rama judicial.

En firme esta sentencia, archívese el expediente.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(Sentencia de 28 de febrero de 2008. Expediente 1134-06. Consejero Ponente: Dr. Jaime Moreno García).

________________________________________