Sentencia 11346 de diciembre 2 de 1998 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

•SALA DE CASACIÓN PENAL

SECUESTRO EXTORSIVO

CONCURSO CON EL DELITO DE REBELIÓN

EXTRACTOS: «La tesis expuesta por los casacionistas en el sentido de que entre los delitos de rebelión y secuestro extorsivo de personas civiles ajenas al conflicto armado, existe una relación de extensión comprensión, en razón de que el primero recoge al segundo, debiéndose aplicar sólo la pena prevista para el delito político, es jurídicamente insostenible.

La eximente de pena consagrada en el artículo 127 del Código Penal, hoy excluido del ordenamiento jurídico por haber sido declarado contrario a la Constitución Nacional (sentencia Nº C-456/97), comprendía únicamente los hechos punibles (delitos y contravenciones) cometidos en combate, siempre que no constituyeran actos de ferocidad, barbarie o terrorismo.

Esto significa que los realizados fuera de combate, o los que, habiendo sido cometidos dentro de éste, entrañaren actos de crueldad, atrocidad, barbarie o terrorismo, no quedaban cobijados por las bondades de esta preceptiva, debiendo ser considerados, en consecuencia, tipicidades autónomas, sujetas a las reglas establecidas para el concurso de hechos punibles.

El secuestro de personas civiles ajenas al conflicto armado interno, está proscrito por el derecho internacional humanitario como medio o método de guerra, razón por la cual su ejercicio deviene ilegítimo. De allí que no pueda ser catalogado como actividad propia de la empresa subversiva, ni como acto de combate.

Además de esto, constituye un hecho atroz e inhumano, que enerva cualquier posibilidad de aplicación del citado artículo 127 del Código Penal, aún en el evento de llegarse a aceptar que esta ilícita y cruel actividad delictiva constituye un acto de guerra, propio de la contienda política.

El carácter atroz de esta conducta ilícita ha sido afirmado por la propia ley (L. 40/93, art. 14), y destacado por la Corte Constitucional en repetidos pronunciamientos de exequibilidad de normas relacionadas con ella, como puede ser apreciado en el siguiente aparte de la sentencia C-069/94:

“El delito de secuestro puede considerarse como uno de los más graves que lesionan la sociedad, así, en principio, sus víctimas sean uno o varios individuos en particular. El estado de indefensión en que se coloca a la víctima y el efecto de inestabilidad social que genera, sumados a la amplia gama de derechos fundamentales que se ven violados con la comisión de este delito, ameritan que se le califique, con razón, como un delito atroz y un crimen de lesa humanidad. En efecto, además de poner en peligro el más preciado de los derechos humanos, el derecho a la vida, y de atentar contra el derecho a la libertad (arts. 12, 13, 28) y a la dignidad del hombre, el secuestro vulnera otros muchos derechos fundamentales, como son el derecho a la seguridad (art. 21 ), el derecho a la familia (arts. 5º y 42), el derecho a la intimidad (arts. 15 y 42), el derecho al libre desarrollo de la personalidad (art. 16), el derecho a la libre circulación (art. 24), el derecho al trabajo (art. 25), el derecho a la participación (art. 40) y toda una gama de derechos conexos con los anteriores. Siendo pues un delito atroz nada justifica que se lo pueda considerar como delito político, ni que sea excusado por motivación alguna, pues contra el hombre como sujeto de derecho universal no puede haber actos legitimizados.

El medio empleado en el delito de secuestro siempre será desproporcionado, así se alegue como pretexto para cometerlo un fin honesto, y ello porque la acción directa afecta el bien más esencial del hombre, junto con la vida, que es su libertad. Además, torna en condicional el derecho a la vida, y todos sus derivados jurídicos. Es, en definitiva, cosificar a la persona humana, lo que, a todas luces, constituye un atentado contra su dignidad y el orden jurídico total. Si se relativiza la dignidad humana, fin esencial del Estado social de derecho (C.P., arts. 1º y 2º) todo el derecho pierde consistencia y se torna en contingente, variable con las disposiciones de turno, con lo cual la objetividad necesaria del ordenamiento jurídico desaparecería”.

Estas consideraciones y las expuestas por el procurador delegado en su concepto, que la Sala comparte, resultan suficientes para concluir que los juzgadores de instancia no cometieron error alguno al condenar a los procesados José Darío Avellaneda Tovar y Carlos Alberto Salgado Marín por un concurso de hechos punibles, absteniéndose de dar aplicación a lo establecido en el artículo 127 del Código Penal.

No puede la Corte dejar de precisar que en la actualidad, ante la declaratoria de inexequibilidad de la referida disposición penal, y el contenido de la decisión del órgano de control constitucional, los comportamientos delictivos que no sean elemento o circunstancia integrante de la configuración típica del delito de rabelión, deben, sin excepción, recibir tratamiento de hechos punibles concursales».

(...)

DELITO DE SECUESTRO

COAUTORÍA

EXTRACTOS: «Cierto es que los procesados no participaron en el acto de aprehensión de la víctima del secuestro, ni tuvieron conocimiento previo de su realización, pero esto no significa que no sean autores de este delito, como lo sostienen los demandantes en sus escritos.

El delito de secuestro no sólo lo cometen quienes apresan o arrebatan a la víctima; también lo realizan quienes la mantienen privada de libertad, así no hayan participado en el acto de aprehendimiento, ni hayan tenido conocimiento del mismo, pues el secuestro es un tipo penal de conducta alternativa, siendo la retención una de ellas.

En los secuestros realizados por los grupos subversivos, o la delincuencia común organizada, es normal que el acto de aprehensión de la víctima sea ejecutado por personas distintas de las que intervienen en la retención, o que en esta segunda fase del decurso criminal se presenten relevos de personal por seguridad o conveniencia, sin que ello quiera decir que solamente los primeros ejecutaron la conducta típica.

En el presente caso, se tiene que Avellaneda Tovar y Salgado Marín no sólo desarrollaban actividades de asistencia y manutención de la víctima, como pretenden hacerlo ver los recurrentes en el propósito de defender la tesis de la complicidad, sino que ejecutaban autónomamente actos de retención, en cuanto eran los encargados de su vigilancia y custodia, comportamiento que los ubica como coautores indiscutibles del hecho delictivo».

(Sentencia de casación, diciembre 2 de 1998. Radicación 11.346, Magistrado Ponente: Dr. Fernando E. Arboleda Ripoll).

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