•Sentencia 11349 de diciembre 11 de 1998

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SUSPENSIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN LABORAL

PARA MENORES QUE RECLAMAN POR EL TRABAJADOR FALLECIDO

EXTRACTOS: «La regulación del fenómeno de la suspensión de la prescripción corresponde a un tema de orden público y como el Tribunal tuvo por demostrado que en el proceso demandaron menores de edad, esa regulación debía ser aplicada aunque no hubiera sido alegada en las instancias.

Además, el cargo propone el tema de la suspensión de la prescripción desde un ángulo eminentemente jurídico, sin involucrar los hechos del juicio. Propone, en síntesis, que la suspensión de la prescripción implica, por mandato legal, que los términos extintivos no corren para los menores de edad que reclaman créditos laborales de trabajadores fallecidos. Alega también, que el Tribunal ignoró los preceptos reguladores de la suspensión de la prescripción, pero sin desconocer que se planteó la interrupción de la prescripción aunque ella efectivamente no ocurrió, de modo que encontró que se extinguió el derecho de los mayores de edad que demandan, pero no los de los menores de edad. Por lo mismo, el cargo está bien propuesto por la vía directa.

En relación con el tema de fondo que plantea el cargo, la Sala considera:

La suspensión y la interrupción de la prescripción son dos fenómenos jurídicos distintos, pero como la ley laboral no regula la figura de la suspensión, cabe aplicar, por remisión, las normas del Código Civil sobre el particular, como se indicó en sentencia del 6 de septiembre de 1996, expediente 7565, que se adoptó por mayoría.

La ley laboral establece una prescripción que frente a la prevista en otras legislaciones, puede considerarse de corto tiempo, que procura la reclamación rápida, consecuente con la necesidad de definir ágilmente las controversias surgidas de una relación de trabajo. Sin embargo, esta proyección cede en ciertas situaciones especiales en las que el Estado debe especial protección a determinadas personas, entre las cuales están los menores de edad, para quienes no corre el término extintivo de la prescripción, mientras estén en imposibilidad de actuar. Vale decir, que deja de operar en el momento en que alcanzan la mayoría de edad, o cuando su representante ejerce en su nombre el derecho de acción y en desarrollo del mismo presenta la demanda que corresponda.

En el derecho común, aplicable por remisión a los créditos laborales, el artículo 2541 del Código Civil contempla la suspensión de la prescripción extintiva de las obligaciones y remite al artículo 2530 ibídem para identificar las personas en cuyo favor opera tal figura, dentro de las cuales el artículo 68 del Decreto 2820 de 1974, que modificó parcialmente aquella disposición, incluye a “Los menores, los dementes, los sordomudos y quienes estén bajo patria potestad, tutela o curaduría”.

Si la norma transcrita extiende el beneficio de la suspensión de la prescripción a los menores, los dementes y los sordomudos, y expresamente se refiere a quienes cuentan con representación legal (patria potestad y guarda), es claro que la suspensión opera sin consideración a que exista o no tal representación, por lo que debe entenderse que el modificado artículo 2530 del Código Civil contiene un beneficio para determinadas personas a quienes la ley protege sin importar que el sujeto cuente o no con un representante legal eficiente o ineficiente, por lo que el error en que aquel incurra, no puede afectar la situación jurídica del representado.

Se tiene entonces, que en virtud del fenómeno de la suspensión, la prescripción no operó en contra de los derechos reclamados por los menores».

(Sentencia de casación, diciembre 11 de 1998. Radicación 11.349. Magistrado Ponente: Dr. Germán G. Valdés Sánchez).

ACLARACIÓN DE VOTO

EXTRACTOS: «I. Es conocido y aceptado que los preceptos rectores de la prescripción extintiva son de orden público, dado que ellos envuelven un mecanismo pacificador por el decurso del tiempo, de los conflictos jurídicos entre los particulares. De esta suerte el Estado a través de su autoridad legislativa, establece en atención a las propiedades de cada área del derecho, los plazos para el ejercicio de las acciones pertinentes ante la administración de justicia y las consecuencias de que éstas no se intenten en su oportunidad. Consiguientemente, la normatividad sobre la prescripción sólo admite un criterio hermenéutico restrictivo, particularmente en lo que hace a las excepciones relativas al cumplimiento de los plazos, como la interrupción y la suspensión, de manera que sólo deben admitirse las reconocidas expresamente por la ley o las que se imponen por razones superiores a ésta.

En materia laboral y en atención a su índole, existen normas que gobiernan completamente el tema de la prescripción y no prevén la suspensión, de ahí que no sea dable acudir a preceptos análogos para instituirla en forma general y por causas preestablecidas.

II. En este orden de ideas, las normas aludidas del Código Civil son aplicables exclusivamente a derechos de naturaleza diversa de los laborales, tanto así que para derechos verdaderamente análogos a éstos, el estatuto civil contempla las prescripciones de corto tiempo que “...corren contra toda clase de personas y no admiten suspensión alguna...” (C.C. arts. 2542 a 2545).

Tanto estas prescripciones breves como las laborales no sólo castigan la negligencia del acreedor, sino que fundamentalmente reconocen que las respectivas obligaciones deben cumplirse prontamente, pues por ejemplo frente a los trabajadores lo normal es que por ellas se persiga la satisfacción de necesidades inmediatas.

III. La cuestionada aplicación analógica de los artículos 2530 y 2541 del Código Civil en materia laboral, repugna tanto a este estatuto cuanto al del trabajo, pues ya se observó que aquél consagra un régimen especial de prescripciones cortas, destinado a temas afines con el laboral (incluso lo comprendió antes de la expedición de las leyes sociales) que repudia dichos cánones en forma explícita y que éste contempla una prescripción de tres años sin posibilidad de suspensión.

Además, los tan aludidos artículos del Código Civil fijan un plazo máximo absoluto de treinta años, pasado el cual no valen suspensiones, y es ostensible que su aplicación en laboral resultaría curiosamente exorbitante, pues podría entonces darse que un derecho laboral que se concibe para suplir carencias inaplazables, pueda cobrarse antes de cumplirse los treinta años posteriores a su exigibilidad.

IV. La protección laboral de los menores y demás incapaces no se logra con permitirles reclamar ante la justicia, cuando lleguen a la mayoría de edad o recobren la capacidad, derechos que debieron percibir años atrás para cubrir sus requerimientos vitales inminentes, sino a través de un eficaz régimen de patria potestad y guardas, de forma que padres, tutores o curadores y el mismo Estado, cumplan cabalmente con sus obligaciones y si es el caso comprometan su responsabilidad patrimonial ante los protegidos».

Francisco Escobar Henríquez. 

ACLARACIÓN DE VOTO

EXTRACTOS: «No comparto la consideración que aparece en el fallo de serle aplicable a las prescripciones laborales la figura de la suspensión prevista en el artículo 2541 del Código Civil.

(...).

La razón primordial, y por su contundencia podría resultar la única que merecería ser expresada, deriva precisamente del artículo 19 del Código Sustantivo del Trabajo, por cuanto este precepto, que regula la aplicación de normas supletorias, condiciona la aplicación de leyes que no sean de naturaleza laboral a la circunstancia de que no exista norma exactamente aplicable al caso controvertido, hipótesis en la que sí es dable acudir a la analogía primero que todo, y después, pero siguiendo el orden que señala la disposición, a los principios derivados del mismo código, la jurisprudencia, la costumbre o el uso, la doctrina, los convenios y recomendaciones adoptados por la Organización Internacional del Trabajo que no se opongan a las leyes sociales del país y los principios de derecho que no sean contrarios a los del derecho del trabajo.

Aun cuando este precepto se invoca con gran frecuencia cada vez que se quiere acudir a normas que no son de índole laboral, es lo cierto que, en mi personal criterio, su aplicación se ha efectuado en la mayoría de las veces sin el debido discernimiento de su genuino sentido, porque no se ha advertido que allí se establece por el legislador una jerarquía en las normas de aplicación supletoria, de manera tal que quien no encuentra norma exactamente aplicable al caso debe seguir obligatoriamente el orden de prevalencia que la propia ley le establece a las otras fuentes normativas, y lo que es más importante para el efecto que aquí interesa: primero que todo debe determinarse por quien pretende aplicar la norma supletoria que en efecto no existe una exactamente aplicable al caso.

Nuevamente la mayoría repite la tesis según la cual hay un vacío legislativo en lo concerniente a la prescripción de las acciones correspondientes a los derechos regulados en el Código Sustantivo del Trabajo, aserto que es infundado, en mi opinión, pues sus artículos 488 y 489, en armonía con el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo, regulan con autonomía y exclusividad todo lo relacionado con la regla general de prescripción de los derechos laborales, dejando a salvo la primera de dichas disposiciones “los casos de prescripciones especiales establecidas en el Código Procesal del Trabajo”, o en aquel código, y, como es apenas elemental entenderlo, aquellos otros que con posterioridad haya podido expresamente consagrar el legislador.

Pero salvo los casos especiales de prescripción consagrados por la ley, lo concerniente a este modo de extinguir las obligaciones surgidas de las relaciones de trabajo está exhaustivamente regulado por los artículos 488 y 489 ya citados. Esto significa que por existir norma exactamente aplicable al caso está legalmente prohibido resolver el asunto por fuera de la voluntad expresa del legislador en la específica materia del derecho del trabajo, para acudir a una norma propia del derecho civil».

Rafael Méndez Arango. 

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