Sentencia 1135-02 de junio 30 de 2005 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

ACTIVIDADES QUE DEBEN CUMPLIRSE MEDIANTE EMPRESA ESTATAL

No se deben desnaturalizar a través de dependencias administrativas.

EXTRACTOS: «Es evidente para la Sala que tanto el departamento demandante, como la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia (sent. feb. 10/77, fls. 40-45), la Sección Tercera del Consejo de Estado (sent. abr. 6/2000, fls. 46-54) y el Ministerio Público (conc. fls. 442-451), concluyeron que los servidores de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquía son empleados públicos, como consecuencia de no laborar para una empresa industrial y comercial del orden departamental, ni una sociedad de economía mixta ibídem, ni dedicarse a la construcción y sostenimiento de las obras públicas, en tanto que dicha fábrica, por virtud de los decretos arriba mencionados es solo una dependencia administrativadel departamento, concretamente de la secretaría de hacienda.

En cambio, con un análisis elemental, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a través de la resolución acusada, tomó ladefinición que de la palabra “Fábrica” trae el Diccionario de la Real Academia Española, para concluir “que en una fábrica laboran obreros u operadores, empleados de oficina y algunos de ellos son de manejo y confianza”, por lo que “se presume que en la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia es algo muy similar, porque es una empresadonde se fabrican licores y alcoholes, a no ser que sea la excepción”; y ahí concluyó que, como en el caso de una sentencia que profirió el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el caso de una empresa industrial y comercial del Estado sobre la Caja Nacional de Previsión, en el presente los servidores de la referida fábrica eran trabajadores oficiales.

La Sala entiende que no es a voluntad de la administración que esta pueda desnaturalizar las actividades industriales o comerciales, que según la Constitución Política deben adelantarse a través de empresas industriales y comerciales de los órdenes nacional, departamental o municipal, para que puedan serlo mediante dependencias administrativas, pues como lo hizo durante muchos años el departamento de Antioquia, mediante los decretos arriba relacionados, ello configura un claro fraude a los mandatos constitucionales (art. 300,7), según los cuales aquellas actividades industriales o comerciales, deben ser cumplidas mediante una empresa industrial y comercial; lo contrario, sería desnaturalizar el régimen jurídico a que debería estar sometida la respectiva empresa, incluido el que corresponde a sus servidores, que por mandato de la ley (D.L. 1222/86, arts. 233 y 304) deben ser traba j adores oficiales.

Por ello la Sala inaplica, por inconstitucionales, los decretos de la gobernación de Antioquia 625 de 1968, 449 de 1973, 2865 y 4698 de 1996 y 1394 de 2000, en cuanto organizaron la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia como una dependencia de la secretaría de hacienda de ese departamento y, por consiguiente, dadas sus actividades de producción de licores, alcoholes y sus derivados y venta de los mismos (fls. 105-106), la tiene como una empresa industrial y comercial del departamento y por ende a sus servidores como trabajadores oficiales (D.L. 1222/86, arts. 233 y 304).

La anterior conclusión, independientemente de la forma de vinculación que tengan tales servidores con la fábrica, pues bien averiguado se tiene que la condición jurídica de un servidor del Estado no depende de esa forma sino de las pautas establecidas en la ley, que determinan para el caso de las empresas industriales y comerciales del orden departamental que sus servidores sean trabajadores oficiales, con excepción de los que desempeñen labores de dirección o confianza que serán empleados públicos (D.L. 1222/86, arts. 233 y 304).

Por consiguiente, no es posible que la resolución acusada que concluyó que los servidores de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia eran trabajadores oficiales y esta tuviera que tramitar el pliego de peticiones que presentó el sindicato de trabajadores Sintrabecólicas, hubiera infringido las normas constitucionales, legales y departamentales atrás indicadas».

(Sentencia de 30 de junio de 2005. Expediente 1135-02. Consejera Ponente: Dra. Ana Margarita Olaya Forero).

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