Sentencia 11400 de mayo 25 de 2002 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. Álvaro Orlando Pérez Pinzón

Aprobado Acta Nº 087

Santafé de Bogotá, D.C., veinticinco de mayo del año dos mil.

Vistos

La Corte se ocupa del fondo del recurso de casación interpuesto contra la sentencia del 19 de septiembre de 1995; mediante la cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto condenó al joven Albeiro Urbano Narváez como autor de los delitos de homicidio y porte ilegal de arma de fuego de defensa personal y le impuso prisión de 21 años y 8 meses, modificando parcialmente el fallo de primera instancia.

Hechos

Sucedieron en las horas de la tarde del 15 de febrero de 1995, en la finca del señor Felipe Pantoja, localizada en la vereda El Carmen, del municipio de Villagarzón (Putumayo): Wilson William Suárez Pantoja y Albeiro Urbano Narváez, con otras personas, trabajaban cosechando maíz. Se presentó una discusión entre ellos, Urbano se armó de una escopeta y tras corretear a Suárez le hizo un disparo que le produjo la muerte.

Actuación procesal

Con base en la denuncia formulada por la señora Amparo Rodríguez —esposa de Wilson William— y en el informe de la policía que adelantó las primeras pesquisas, la fiscalía 33 delegada ante los juzgados del circuito de Mocoa abrió la instrucción el 17 de febrero de 1995.

El 20 del mismo mes vinculó mediante indagatoria a Albeiro Urbano Narváez, quien solicitó le designaran un defensor de oficio, para lo cual propuso al ciudadano “Mario Harvey Meneces Silva”.

El 22 de febrero de 1995, la misma fiscalía le resolvió la situación jurídica. Lo afectó con detención preventiva como presunto responsable de homicidio y en la misma decisión le designó como nuevo defensor de oficio a un abogado titulado.

La investigación fue cerrada el 7 de abril de 1995 y calificada con acusación el 15 de mayo. Se imputó a Urbano la comisión de los delitos de homicidio y porte ilegal de armas, en concurrencia.

En la etapa del juicio, el procesado solicitó ser escuchado para efectos de sentencia anticipada. El 7 de julio, puesta de presente a Urbano la resolución acusatoria, aceptó los cargos.

El 18 de julio de 1995, el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Mocoa lo halló responsable de los delitos que había admitido y le impuso prisión de 17 años 4 meses, interdicción de funciones públicas durante 10 años y el pago de 1000 gramos oro a título de indemnización de perjuicios. Le otorgó descuento punitivo por la aceptación de los cargos y por la confesión “...desde el primer momento en que rinde versión...”.

El Ministerio Público apeló la sentencia aduciendo que el procesado no tenía derecho a la reducción de pena, primero porque fue sorprendido en flagrancia y segundo porque su confesión no fue simple sino cualificada.

El 19 de septiembre del mismo año, el Tribunal de Pasto reformó la decisión en el sentido de aumentarIe la pena, con base en que en estricto sentido no había confesado.

El señor Urbano Narváez interpuso casación, su defensor público presentó el escrito de sustentación correspondiente y la Corte lo declaró ajustado a los requisitos formales.

La demanda

El censor estimó que la sentencia era violatoria de la ley sustancial, en forma directa, por interpretación errónea y señaló como normas infringidas los artículos 8º del Código Penal y 299 del Código de Procedimiento Penal. En síntesis, se expresó así:

a) El artículo 299 del Código de. Procedimiento Penal en ninguna parte exige que la diminuente dependa de la confesión simple. Se refiere a la confesión, sin hacer distinciones entre la simple y la calificada.

b) “Al pretender darle contraria significación, de que pueda concederse la mencionada rebaja sólo en los eventos de confesión simple, se afecta también el artículo 8º del Código Penal, puesto que se está teniendo de base consideraciones que la norma no contiene (Expresa el art. 27 del Código Civil que cuando el contenido de la ley sea clara, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu)... con dicha interpretación restrictiva se está perjudicando notablemente la esencia de la norma y a quienes en procesos como éste deciden desde los primeros momentos confesarse ante las autoridades; que a su confesión aquéllos, en ocasiones, le agreguen una u otra circunstancia, real o no, que la convierta en la llamada por la doctrina confesión calificada, no le quita por ello su esencia de confesión“.

c) Para terminar, solicita a la Corte casar la sentencia y en el fallo de remplazo conceder a su representado la reducción de pena por confesión.

Concepto del Ministerio Público

El Procurador Segundo en lo Penal advierte la estructuración de un vicio in procedendo, desde el momento de la indagatoria, y por ello pide se declare oficiosamente la nulidad de lo actuado, por violación del derecho de defensa.

Señala que no obstante que la diligencia de indagatoria rendida por el procesado Albeiro Urbano Narváez tuvo lugar antes de la declaratoria de inexequibilidad del precepto que autorizaba, en ciertas ocasiones, la asistencia de persona honorable en la injurada, la ausencia de defensor técnico en tal diligencia.

• Afectó el derecho de defensa del procesado, y ello repercutió en sentido del beneficio de descuento punitivo a que en términos reales puede acceder el sentenciado si se hubiere presentado la oportunidad de confesar su culpabilidad en la comisión del hecho, ora por petición de sentencia anticipada”.

Considera que la Fiscalía no dio respuesta a la solicitud del procesado en el sentido que le nombrara un defensor de oficio para que lo asistiera en la diligencia de indagatoria, toda vez que en el formato “predeterminado” sólo se dejó constancia que se le nombraba al ciudadano “Mario Harvey Meneces Silva”. Agrega que

• no podía dicho despacho, a modo propio entender homologada la función de un ciudadano, iletrado en aspectos propios del resorte del derecho penal, cuando es evidente que la ley le prohíbe pasar de soslayo (CPP, art. 148) la designación de un abogado cuando está en una ciudad donde hay profesionales inscritos, aptos para el ejercicio de la asistencia en indagatoria de los sindicados”.

Indica que aunque no hay informes precisos en relación con la existencia de abogados inscritos en la ciudad de Mocoa, tal circunstancia sí es posible inferirla por ser ese municipio cabecera de Circuito Judicial donde funcionaban 17 despachos judiciales, y en razón del número de procesos penales que le correspondían a cada juez. Además, el hecho que los abogados que se designaran de oficio el 22 de febrero y el 29 de junio de 1995, dentro del mismo proceso, se localizaran y posesionaran con tanta facilidad y rapidez, corrobora el anterior aserto. Por ello, concluye, no había ninguna razón para que se limitara el derecho de asistencia profesional de Urbano Narváez.

Señala que resulta palmario que si se hubiese dado la oportunidad de asesorar jurídicamente en la indagatoria al procesado, su condena hubiere sido sustancialmente inferior, ya que ante el cúmulo de pruebas en su contra, al apoderado no le habría quedado otro camino que el de asesorarlo en relación con los beneficios que la confesión reporta, así como el de acogerse a una de las formas de terminación anticipada del proceso, para acceder a tales beneficios.

De otra parte, considera que debe desestimarse el cargo propuesto por el casacionista. Con fundamento en varias decisiones de la Corte referidas a la “utilidad cardinal de la confesión” y a la “confesión cualificada”, afirma que resulta evidente que quien concurre ante los jueces a plantear, como en este caso, una conducta excepcionalmente lícita por la existencia de una causal de justificación o de inculpabilidad, no acepta su responsabilidad en el desarrollo de los acontecimientos, lo que conduce a que, de ser ciertas las razones esgrimidas en la confesión, la sentencia necesariamente tendría que ser absolutoria.

Consideraciones de la Corte

Sobre la nulidad.

No prospera la pretensión del Ministerio Público, por los siguientes motivos:

a) La indagatoria del joven Urbano Narváez tuvo lugar el 20 de febrero de 1995. Por aquellos días, la designación de una persona sin título de abogado para que acompañara a un imputado en sus descargos se ajustaba en forma cabal a la normatividad que regía pues tenían plena vigencia el artículo 34 del Decreto 196 de 1971 y el inciso 1º del artículo 148 del Código de Procedimiento Penal, que permitían encomendar la defensa para la indagatoria a un ciudadano honorable que no fuera servidor público, cuando no hubiera profesional del derecho que asistiese al imputado.

Tal como emana del artículo 45 de la Ley 270 de 1996 (estatutaria de la administración de justicia), y según lo ha reiterarlo esta corporación, las sentencias de constitucionalidad rigen hacia el futuro, a menos que se diga lo contrario. Por eso, el fallo C-049 del 8 de febrero de 1996, producido por la Corte Constitucional (M.P. Fabio Morón Díaz), que declaró la inexequibilidad de los mencionados preceptos, produce efectos (sic) tiene sobre diligencias practicadas con anterioridad, con la observancia de las previsiones legales existentes en el momento de su realización.

b) Es cierto que Mocoa es cabecera de Circuito Judicial, y, por lo tanto, es posible que allí tuvieran asiento algunos letrados para la época en que se practicó la indagatoria que nos ocupa. Sin embargo, como se ha dicho, la expresión “... cuando no hubiere abogado inscrito que lo asista en ella...”, no se debía entender como que en la localidad no residieran profesionales en ciencias jurídicas, sino como la disponibilidad de estos en las circunstancias concretas dentro de las cuales debía adelantarse la diligencia (Cfr., por ejemplo, CSJ, S. Penal, feb. 2/2000, rad. 11.900, M.P. Nilson Pinilla Pinilla).

c) El señor Urbano Narváez fue puesto a disposición de la Fiscalía de 18 de febrero de 1995, a las 2:25 de la tarde. Estando cerca el vencimiento de los términos para oírlo, mal podría exigirse al instructor un detenido despliegue de actividades en procura de un defensor letrado, máxime si se tiene en cuenta que los días 18 y 19 de febrero de 1995 correspondían a sábado y domingo y que Urbano fue escuchado al lunes siguiente. El investigador, entonces, no hizo más que cumplir con el mandato del artículo 386 del Código de Procedimiento Penal, que le ordenaba recibir la indagatoria “... a la mayor brevedad posible a más tardar dentro de los tres días siguientes a aquél en que el capturado haya sido puesto a disposición del fiscal”.

d) Un detalle con trascendencia seguramente pudo influir en la fiscal: cuando el día sábado 18 de febrero de 1995 le notificó a Urbano Narváez lo relacionado con su derecho de defensa, éste le manifestó que sus seres queridos ya tenían conocimiento de su aprehensión y “que oportunamente hablaré con mi familia para que me consiga un abogado...”. Y el día de la indagatoria, el lunes siguiente, cuando lo interrogó sobre su apoderado, pidió que le fuera designado uno de oficio y solicitó la asistencia del ciudadano “Mario Harvey Meneces Silva”. Si el sábado dijo que conversaría con sus allegados para que le buscaran un abogado, en condiciones normales cualquiera entendería que habría de acompañarlo un letrado a la injurada. Esta circunstancia, además, inhibiría a un fiscal para que se dedicara a la búsqueda de un profesional del derecho que representara al sindicado.

e) Dos días después de la indagatoria, la fiscalía resolvió la situación jurídica y en la misma decisión, expresamente, en el punto tercero de la parte resolutiva, viendo que Urbano Narváez no había designado un profesional del derecho, le nombró uno como defensor de oficio. Esto muestra que la fiscalía sí estaba atenta a la protección del derecho de defensa. Y en adelante, durante todo el proceso, Urbano Narváez contó con personas versadas, en pro del resguardo de sus garantías.

f) No es cierto que el joven imputado hubiera estado abandonado o carente de guía para efectos de eventuales beneficios, debido a la inexistencia inicial de un defensor técnico. En el acta de indagatoria se lee cómo la fiscalía le dio a conocer las ventajas relacionadas con rebaja de pena y las vinculadas con los artículos 37 y 37A del Código de Procedimiento Penal.

Estas consideraciones son suficientes para reiterar lo dicho al inicio: el cargo no prospera.

Sobre la causal primera.

Tampoco prospera, por esto:

a) En la versión libre que rindió ante la Sijin, Urbano Narváez esbozó legítima defensa (fl. 14), razón del homicidio que repitió en la indagatoria (fl. 28). Más adelante, cuando se opuso al trámite de sentencia anticipada, expresamente manifestó lo siguiente en escrito dirigido al Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Mocoa:

“...yo sí le manifesté a mi apoderado de oficio, mi decisión irrevocable de someterme a ese evento procesal; pero no para expresar ciegamente los cargos, sin la opción de alegar a mi favor la comisión del delito pero en legítima defensa, como lo manifesté desde la génesis de la investigación cuando confesé la autoría” (fl. 98).

No hay duda, así, sobre la confesión calificada hecha por Urbano Narváez.

b) Si bien en la sentencia de 1ª instancia fue reducida la pena por confesión, no cabe duda que en el cuerpo de la misma se observa la base de la condena, constituida por numerosa prueba testimonial. Si ello fue así, aquélla no se erigió en cimiento sustancial de la misma.

c) El artículo 299 del Código de Procedimiento Penal establece la reducción de pena para cuando el imputado “...confesare el hecho...”. En derecho penal, la palabra hecho tiene una connotación muy precisa, pues significa “hecho punible” y hecho punible es comportamiento típico, antijurídico y culpable, con independencia de la escuela, tesis o teoría que se quiera adoptar, toda vez que en todas ellas las categorías o elementos mencionados conforman la estructura dogmática del delito, aun cuando no todas coinciden en el contenido de cada uno de tales aspectos. Así el asunto, la confesión implica que la persona admita que ha realizarlo la conducta definida en la ley como delictiva, que ha causado daño y que lo ha hecho con dolo, culpa o preterintención. En sentido contrario, por razones apenas lógicas, si una persona imputada formula en su favor el aspecto negativo de las características del hecho punible, es decir, aduce en su favor atipicidad, concurrencia de justificantes o de exculpantes, sencillamente no confiesa el hecho porque en las tres hipótesis acabadas de relacionar, el hecho punible no existe.

d) La confesión, como otros mecanismos procesales ideados por la “justicia consensuada”, forma parte del generalmente denominado “derecho penal premial” o de los “arrepentidos”, institución que, pragmáticamente hablando, encuentra como sustento la agilidad que se quiere imprimir a la administración de justicia, con el fin de evitar y de disminuir su congestión. Si una persona, entonces, confiesa sólo una parte del hecho punible, por ejemplo la mera realización física del mismo, y condiciona su responsabilidad a la demostración de circunstancias impedientes de la antijuridicidad o disolventes de la culpabilidad, no tiene derecho al reconocimiento o estímulo con ello en vez de colaborar en la búsqueda de pronta justicia, hace que el proceso se tramite en condiciones normales e, inclusive que, en veces, se trastorne más su desarrollo.

e) Como consecuencia de lo anterior, nace otra exigencia: que la confesión sea el soporte de la sentencia. Si no es así, la supuesta aceptación o narración del “hecho” resulta írrita exigua, es decir, sin valor atendible para la construcción probatoria del fallo. Y algo que no incide en la declaración de responsabilidad no merece las preferencias o prebendas que prevé el ordenamiento jurídico.

f) En líneas generales, los puntos anteriores sintetizan el criterio reiterado de la Sala, como se lee, v. gr., en decisiones del 28 de junio de 1995, M.P. Édgar Saavedra Rojas; 11 de marzo de 1997, M.P. Dídimo Páez Velandia; 28 de enero de 1999, M.P. Fernando Arboleda Ripoll; 11 de noviembre de 1999, M.P. Jorge Aníbal Gómez Gallego, etc.

En resumen, la confesión calificada por circunstancias que excluyen la responsabilidad no permite la disminución de pena a que se refiere el artículo 299 del Código de Procedimiento Penal. Esta norma apunta, en forma exclusiva, a la confesión simple y, eventualmente, a la calificada por razones diversas de las anteriores.

Los literales anteriores son suficientes para rechazar el cargo.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

No casar la sentencia impugnada.

Cópiese, cúmplase y devuélvase al tribunal de origen.

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