Sentencia 11405 de septiembre 28 de 2000

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Rad.: 11405

Consejero Ponente:

Dr. Alier Eduardo Hernández Enríquez

Actor: Juan Bautista Guerrero Ramírez y otros.

Demandado: La Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional y Hospital Santo Domingo de Málaga.

Bogotá, D.C., veintiocho de septiembre de dos mil.

Resuelve la Sala el recurso de apelación interpuesto por el Hospital Santo Domingo de Málaga, en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, el 18 de septiembre de 1995, y revisa la misma sentencia, en grado de consulta, en cuanto condenó a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional. Mediante esta providencia se decidió lo siguiente:

“PRIMERO: DECLARAR no probadas las excepciones propuestas por el apoderado judicial de la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional.

SEGUNDO: DECLARASE administrativamente responsable a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional y al Hospital Santo Domingo de Málaga por la muerte de Óscar Guerrero Velazco ocurrida el día 18 de enero de 1992, en la ciudad de Málaga (S).

TERCERO: CONDENASE a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional y al Hospital Santo Domingo de Málaga a pagar por concepto de perjuicios morales, a Juan Bautista Guerrero Ramírez y María Rosa Tulia Velazco de Guerrero el equivalente a mil (1000) gramos oro para cada uno de ellos, y a Diego Alberto, Carlos Arnulfo y Omaira Guerrero Velazco, el equivalente a quinientos (500) gramos de oro para cada uno.

El reconocimiento de estos valores se efectuará con base en la certificación que expida el Banco de la República sobre el precio del oro a la fecha de ejecutoria de la sentencia.

La condena aquí impuesta se pagará por partes iguales con cargo a los respectivos presupuestos.

CUARTO: DENIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda” (fls. 306 A 324 C. ppal.).

1. Antecedentes.

1. Mediante escrito presentado el 11 de enero de 1994, los señores Juan Bautista Guerrero Ramírez y Maria Rosa Tulia Velazco de Guerrero, obrando en su propio nombre y en representación de sus hijos menores Diego Alberto, Carlos Arnulfo y Omaira Guerrero Velazco, actuando mediante apoderado y en ejercicio de la acción de reparación directa, formularon demanda contra la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional y el Hospital Santo Domingo de Málaga (S), con el propósito de que se declarara que son solidariamente responsables de los perjuicios sufridos por aquellos con la muerte de su hijo y hermano Óscar Guerrero Velazco, ocurrida en Málaga, Santander, el 18 de enero de 1992, “por la manifiesta desprotección y abandono a que lo sometieron las entidades demandadas” (folios 115 a 144 C. ppal.).

Como consecuencia de lo anterior, solicitaron que se les condenara a pagar a los padres del fallecido el valor de los perjuicios materiales, por concepto de daño emergente y lucro cesante, más los intereses compensatorios, en la cuantía que resultara probada en el proceso, y pidieron que se efectuara la actualización de la suma correspondiente, teniendo en cuenta el incremento del índice de precios al consumidor. Adicionalmente, solicitaron que se condenara a las demandadas a pagar los perjuicios morales sufridos por todos los demandantes, que tasaron en el valor de mil gramos de oro, para cada uno.

La parte demandante fundó sus pretensiones en los siguientes hechos:

1. El frente subversivo “Efraín Pabón” del autodenominado Ejército de Liberación Nacional acusó a los hermanos Óscar, Omar de Jesús y Nelson Guerrero Velazco, de la autoría de los asaltos a los buses de transporte intermunicipal que, en la época de los hechos, se venían presentando en la vía que comunica a Bucaramanga con la Provincia de García Rovira.

2. El día 16 de enero de 1992, siendo aproximadamente las 2:00 de la mañana, llegó a la vereda “El Saladito”, municipio de San Andrés, un grupo de guerrilleros, que sacó de su vivienda a los hermanos Guerrero Velazco, y los condujo al perímetro urbano de San Andrés (Barrio la Primavera), “pregonándolos” como atracadores de buses. Posteriormente, los llevaron al polideportivo municipal, en donde dieron muerte a Nelson Guerrero, hirieron a Óscar —quien fingió estar muerto y logró huir— y se llevaron a Omar de Jesús Guerrero Velazco.

3. El lesionado fue trasladado al Hospital San José de San Andrés (Santander), para su asistencia médica, donde se ordenó su remisión al Hospital Santo Domingo de Málaga (S), con el fin de practicarle una intervención quirúrgica de exploración vascular, dado que había recibido heridas con arma de fuego en el muslo derecho. Esta última institución prestó oportuna y eficiente atención médica al herido, y su condición física mejoró notablemente.

4. El 18 de enero del mismo año, a las cinco de la tarde, se presentaron dos hombres en el Hospital Santo Domingo de Málaga, y luego de intimidar al celador, uno de ellos se dirigió a la Sala quirúrgica de hombres, en donde se encontraba Óscar Guerrero Velazco y le disparó en dos oportunidades, causándole la muerte.

5. El citado hospital no brindó protección alguna a Óscar Guerrero Velazco y, adicionalmente, omitió dar aviso a alguna autoridad administrativa, policiva, militar o judicial “sobre las circunstancias anómalas y de riesgo” que lo rodeaban.

6. De los hechos ocurridos en San Andrés, el 16 de enero de 1992, tuvo conocimiento el comandante de la estación de policía de ese lugar, agente Mario Alonso Forero Toscano, quien informó de lo ocurrido al Mayor Luis Gustavo Barrios Bustos, comandante del Séptimo Distrito de Policía, con sede en Málaga, y este, a su vez, reportó el percance al Comandante del Departamento de Policía de Santander.

Sin embargo, estos funcionarios no realizaron acción alguna para investigar la autoría de los delitos, planear estrategias de restablecimiento del orden público y evitar que se violara el derecho a la vida de Oscar Guerrero Velazco.

7. Óscar Guerrero Velazco mantuvo siempre una estrecha relación afectiva con sus padres y hermanos, con quienes convivía.

8. Óscar Guerrero Velazco era agricultor y había colaborado, durante toda su vida, en la pequeña finca de sus padres, en San Andrés. Desde comienzos de 1991, alternó esta actividad con el comercio de productos agropecuarios, a órdenes del señor Alirio Bohórquez González.

2. Notificada la demanda, la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional le dio contestación, formulando las siguientes excepciones (folios 164 a 168 C. ppal.):

1. Falta de legitimación en la causa por activa. Expresó que los demandantes carecen de legitimación en la causa, dado que no fueron allegados al proceso los documentos que, de conformidad con la ley, demuestran la existencia de relaciones de parentesco entre ellos y la víctima. Manifestó, adicionalmente, que el estado civil de padres legítimos se demuestra por medio del registro civil de matrimonio de los padres, y no basta la partida eclesiástica correspondiente.

2. Inexistencia del centro de imputación jurídica frente a la Nación Ministerio de Defensa - Policía Nacional. Indicó que las autoridades de Policía de Málaga, lugar donde fue muerto Óscar Guerrero Velazco, desconocían la presencia de este último en la ciudad, así como las causas de sus lesiones y todas las demás circunstancias que les hubieran permitido inferir que corría grave peligro y que, por lo tanto, requería de protección especial. Ninguna persona denunció el hecho ante las autoridades encargadas de protegerlo. Por esta razón, no es posible declarar la responsabilidad administrativa de la Nación - Ministerio de Defensa, ya que no existió acción u omisión reprochable por parte de la entidad demandada; en efecto, si bien sobrevinieron circunstancias extraordinarias que hacían necesaria la presencia especial de la autoridad policial tendiente a salvaguardar la vida del ciudadano agredido por la subversión, las autoridades no las conocieron, ya que solo recibieron un reporte en el que se hacía referencia al hecho criminal atribuido a la guerrilla, en el que murió Néstor Guerrero Velasco y fue secuestrado Omar Guerrero Velasco, ambos hermanos de la víctima. Y aunque “fue herido en los mismos hechos Óscar Guerrero Velasco, nadie informó a las autoridades el destino que este tomó, ni se solicitó la seguridad y protección requeridas”.

3. El a quo decretó pruebas mediante auto del 31 de mayo de 1994 (folios 173, 174 C. ppal.). Vencido el período probatorio, se citó a audiencia de conciliación, en la cual las partes no lograron llegar a un acuerdo (folios 279 a 281 C. ppal.)

4. Dentro del término de traslado respectivo, la parte demandante y el Hospital Santo Domingo de Málaga presentaron alegatos de conclusión, en la siguiente forma:

La parte actora se refirió a los hechos de la demanda y a las pruebas que permiten demostrarlos. En relación con la responsabilidad de la Nación, indicó que está probado que la Policía Nacional tuvo conocimiento de las circunstancias en que fue herido Óscar Guerrero Velazco y, no obstante, no le prestó ninguna protección, lo que permitió la acción de los guerrilleros. Adicionalmente, manifestó que el director del Hospital Santo Domingo de Málaga reconoció que no requirió a las autoridades, como era su obligación, en procura de protección para el citado paciente; ni siquiera les suministró información alguna (folios 287 a 290 C. ppal.).

El apoderado del hospital, por su parte, manifestó que las directivas de esa institución desconocían las circunstancias en que se produjeron las heridas de Óscar Guerrero. Para ellas, “el ingreso de Óscar Guerrero Velasco fue el de un paciente común, sin ninguna notoriedad, tal vez un campesino herido en reyerta doméstica dominguera, al calor de los aguardientes, un suceso de los que a diario ocurre en nuestra provincia santandereana”. Como era su deber, le brindó la atención médica debida, y hasta allí llegaba su obligación, ya que la protección es función de “otros entes gubernamentales”. Finalmente, se pregunta por qué si los familiares y el mismo paciente sabían que su vida corría peligro, no informaron de ello a las directivas del hospital y a la Policía, ni les pidieron protección (folios 291 a 294 C. ppal.).

2. Sentencia de primera instancia.

Mediante sentencia del 18 de septiembre de 1995, el Tribunal Administrativo de Santander resolvió acceder a algunas de las pretensiones de la demanda y negar otras, en la forma indicada en la parte inicial de esta providencia (folios 306 a 324 C. ppal.).

Se refirió a los testimonios rendidos dentro del proceso penal adelantado por el Juzgado 8º de Instrucción Criminal de Málaga y la Fiscalía Regional de Cúcuta, por los mismos hechos, los que valoró como indicios, teniendo en cuenta que no fueron ratificados en el proceso administrativo y que “concuerdan con la prueba documental”.

Manifestó que, sin lugar a dudas, el informe rendido por el Comandante de la Estación de Policía al Comandante del Distrito de Málaga no podía “quedarse en una simple comunicación”, ya que el objetivo de los reportes es permitir la adopción de las medidas necesarias para prevenir la acción de la delincuencia. De manera que, “... conociendo la policía de los hechos y motivos por los cuales fue herido Óscar Guerrero, estaba obligada a prestarle vigilancia y protección, habida cuenta que el artículo 123 de la Carta Política ordena a las autoridades ejercer sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento...”. Y agregó:

“Así pues, resulta inaudito e inconcebible que una persona perseguida y lesionada sea abandonada a su suerte para que un grupo de insurgentes dispusiera de su vida (...), ya que el atentado a la vida de Óscar Guerrero Velazco, el día 16 de enero de 1992, fue mirado inadvertidamente por las autoridades, cuando el sentido común indicaba que una vez localizado sería víctima nuevamente de sus agresores, quienes seguramente intentarían concluir la acción delictiva.

En síntesis, la conducta en extremo negligente e imprevisiva del Comandante del Distrito de Policía de Málaga al no interesarse por establecer las condiciones de seguridad de Óscar Guerrero después de acaecido el ataque contra su vida, permitió o por lo menos facilitó el reprochable asesinato que originó los perjuicios aquí impetrados...”.

En relación con la responsabilidad del Hospital Santo Domingo de Málaga y teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 336 del Código de Procedimiento Penal, expresó:

“...no se requiere en verdad un exhaustivo análisis para arribar pronto a la conclusión de que incurrió en responsabilidad al no actuar en forma eficaz para salvaguardiar (sic) la vida de Óscar Guerrero Velazco, quien había llegado a ese centro asistencial gravemente lesionado con arma de fuego, por lo que su obligación, según mandato legal, era informar a las autoridades correspondientes para que le hubiesen brindado protección y seguridad...”.

Finalmente, consideró procedente la condena por perjuicios morales, siguiendo los criterios de esta Sala, en relación con su cuantía, y respecto de los materiales, concluyó que no están probados, por lo cual negó la pretensión correspondiente.

III. Recurso de apelación

Tanto la Nación como el Hospital Santo Domingo de Málaga apelaron la sentencia de primera instancia; sin embargo, solo esta última entidad presentó la sustentación correspondiente, por lo cual se declaró desierto el recurso formulado por la primera.

El apoderado del Hospital sustentó su impugnación insistiendo en los argumentos planteados al alegar de conclusión, en el curso de la primera instancia, y agregó (folios 326, 327 C. ppal.):

“...4. El Hospital Santo Domingo como institución de salud, no puede convertirse en cuartel del ejército o policía para que pueda endilgársele responsabilidad por hechos de orden público. No es su competencia.

5. El manual de funciones y requisitos de los distintos cargos del hospital Santo Domingo conforme se allegó al proceso, en ningún momento establece la obligatoriedad para que el hospital deba informar a las autoridades sobre el ingreso de pacientes con heridas de fuego o similares. Si no existe obligación legal en el reglamento por qué se le debe condenar por esta omisión?

6. Es preciso señalar a los honorables magistrados las condiciones peculiares de la zona donde ocurrieron los hechos. La Provincia de García Rovira en Santander, es de mayoría campesina con arraigadas costumbres de violencia. Ordinariamente ingresan (sic) al hospital una gran cantidad de heridos, y nadie puede prever que un paciente vaya a ser ultimado en sus instalaciones. El hospital mantiene un personal de celadores adecuado para el cuidado de la institución. Lo que nadie podía prever tampoco fue el asalto y sometimiento del personal de celadores por un grupo guerrillero, de ordinario mejor armado, preparado y entrenado para las delictuosas acciones, frente a indefensos celadores con armas desuetas y sorprendidos ante el mal llamado profesionalismo guerrillero.

Al hospital le corresponde suministrar la salud a los ciudadanos, a las fuerzas de policía y ejército le corresponde brindar la seguridad.

7. La Policía de Málaga conforme a las pruebas, sí estaba informada de los hechos y al parecer no tomó las medidas de seguridad previsibles en esos casos...”.

IV. Consideraciones de la Sala

1. Valor de la prueba trasladada:

Teniendo en cuenta que la providencia de primera instancia valoró algunas de las pruebas practicadas dentro del proceso penal adelantado con ocasión de los hechos que dieron lugar al presente proceso, cuyas copias auténticas fueron allegadas en cumplimiento del auto del 31 de mayo de 1994, la Sala considera necesario reiterar lo expresado en anterior oportunidad, respecto del traslado de pruebas. En sentencia del 13 de abril de 2000, proferida dentro del proceso radicado con el Nº 11.898 (actor: José Francisco Montero Ballén), se expuso lo siguiente:

“El artículo 168 del Código Contencioso Administrativo dispone que “En los procesos ante la jurisdicción en lo contencioso administrativo, se aplicarán, en cuanto resulten compatibles con las normas de este código, las del Procedimiento Civil en lo relacionado con la admisibilidad de los medios de prueba, forma de practicarlas y criterios de valoración”.

En relación con el traslado de pruebas, debe aplicarse, entonces, el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, según el cual:

“Las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro en copia auténtica y serán apreciables sin más formalidades, siempre que en el proceso primitivo se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella” (Se subraya).

De otra parte, el artículo 229 del mismo código dispone:

Solo podrán ratificarse en un proceso las declaraciones de testigos:

1. Cuando se hayan rendido en otro, sin citación o intervención de la persona contra quien se aduzcan en el posterior.

2. Cuando se hayan recibido fuera del proceso en los casos y con los requisitos previstos en los artículos 298 y 299.

Se prescindirá de la ratificación cuando las partes lo soliciten de común acuerdo, mediante escrito autenticado como se dispone para la demanda o verbalmente en audiencia, y el juez no la considera necesaria.

Para la ratificación se repetirá el interrogatorio en la forma establecida para la recepción del testimonio en el mismo proceso, sin permitir que el testigo lea su declaración anterior” (Se subraya).

Conforme a lo anterior, se tiene que los testimonios practicados en un proceso diferente de aquel en el que se pretende su valoración solo pueden ser tenidos en cuenta por el juzgador cuando son trasladados, en copia auténtica, y siempre que hayan sido practicados con audiencia de la parte contra la cual se aducen, o cuando, sin cumplir este último requisito, son ratificados en el nuevo proceso, siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 229 del C. de P. C. Si no se dan estas condiciones, las pruebas aludidas no podrán apreciarse válidamente.

En relación con la indagatoria de un agente estatal, practicada dentro de un proceso penal, debe tenerse en cuenta, adicionalmente, que no puede ser trasladada a un proceso administrativo, ya que no puede valorarse, en ningún caso, como prueba testimonial ni someterse a ratificación. En efecto, si bien se trata de una declaración rendida por un tercero, que no se identifica con la entidad estatal que tiene la calidad de parte dentro del proceso administrativo, no cumple los requisitos del testimonio, porque no se rinde bajo juramento. Así las cosas, siempre que se quiera hacer valer la declaración del respectivo agente estatal, dentro de este tipo de procesos, debe ordenarse la práctica de su testimonio.

En cuanto a los documentos, públicos o privados autenticados, podrán ser valorados en el proceso contencioso administrativo al cual son trasladados, siempre que se haya cumplido el trámite previsto en el artículo 289 del Código de Procedimiento Civil. En efecto, una vez allegado el documento, deberá expedirse un auto que ordene tenerlo como prueba; la parte contra la cual se aduce podrá tacharlo de falso dentro de los cinco días siguientes a su notificación. Debe tenerse en cuenta que, según lo dispuesto en la misma norma, no se admitirá la tacha de falsedad cuando el documento impugnado carezca de influencia en la decisión, o se trate de un documento privado no firmado ni manuscrito por la parte a quien perjudica.

Sobre los informes técnicos y peritaciones de entidades y dependencias oficiales, el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil establece que deberán ponerse en conocimiento de las partes por el término de tres días, para que puedan pedir su complementación o aclaración, de manera que, una vez trasladados a un proceso administrativo, deberá surtirse este trámite para garantizar el derecho de contradicción de la parte contra la que se pretenden hacer valer.

Finalmente, las inspecciones judiciales y los dictámenes periciales no pueden trasladarse a procesos distintos de aquellos en los que fueron practicados, cuando ello no se hizo a petición o con audiencia de la parte contra la cual se aducen. En efecto, para garantizar el derecho de contradicción, estas pruebas deben practicarse, en todo caso, dando oportunidad a las partes de estar presentes, según se desprende de lo dispuesto en los artículos 237 y 246 del Código de Procedimiento Civil, lo que, obviamente, no podrá lograrse con el simple traslado posterior del acta o del informe respectivos. Por lo anterior, la inspección o el peritazgo deberán practicarse nuevamente en el nuevo proceso...”.

De acuerdo con lo anterior, es claro que las pruebas practicadas en un proceso distinto al contencioso administrativo no pueden ser valoradas para adoptar la decisión que corresponda dentro del mismo, salvo que, siendo procedente su traslado, este se efectúe dando cumplimiento a los requisitos antes referidos. Si estos no se cumplen, no podrán ser tenidas en cuenta por el juzgador; tampoco podrá dárseles el valor de indicios, como equivocadamente lo afirmó el a quo.

En el presente caso, resulta claro que ninguna de las pruebas practicadas dentro del proceso penal adelantado por el homicidio de Óscar Guerrero Velazco, hecho que, a su vez, dio origen a este proceso contencioso administrativo, puede ser valorada en este último, dado que tales pruebas no fueron trasladadas de acuerdo con lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil.

Ahora bien, respecto del valor de la sentencia penal condenatoria, se expresó en el fallo antes citado, lo siguiente:

“De otra parte, es necesario aclarar que no ocurre lo mismo con la sentencia proferida en el citado proceso penal (...) En efecto, la sentencia penal condenatoria tiene valor de cosa juzgada, en el proceso administrativo, en relación con la responsabilidad del agente estatal. Así las cosas, si tal responsabilidad ha sido declarada en un proceso penal, mediante providencia debidamente ejecutoriada, ella no puede ponerse en duda...

Debe precisarse, sin embargo, que la responsabilidad penal del agente estatal no implica, necesariamente, la declaración de la responsabilidad patrimonial de la administración, ya que debe demostrarse que aquel actuó en desarrollo de un acto propio de sus funciones o que su actuación estuvo en nexo con el servicio público...”.

En el caso que ocupa a la Sala, sin embargo, no hay constancia de que se hubiera proferido fallo definitivo dentro del proceso penal adelantado por el homicidio de Óscar Guerrero Velazco. Obra, en el cuaderno Nº 2, copia auténtica de la providencia del 6 de abril de 1992, por la cual el Juzgado Octavo de Instrucción Criminal de Málaga suspendió la investigación, dado que habían transcurrido más de 60 días desde su iniciación, sin que se hubiera logrado identificar o individualizar a los posibles autores del delito (folio 105). Remitidas las diligencias a la Fiscalía Regional de Cúcuta, esta ordenó, mediante auto del 10 de octubre de 1994, practicar algunas diligencias adicionales (folios 119, 120), y no obra en el proceso contencioso administrativo copia de la actuación posterior.

2. Hechos probados y responsabilidad de las entidades demandadas:

Con fundamento en las pruebas practicadas válidamente dentro de este proceso, se encuentran demostrados los siguientes hechos:

a) Mediante oficio 014 del 16 de enero de 1992, el comandante encargado de la estación de San Andrés (Santander) informó al mayor Comandante del Séptimo Distrito de la Policía de Málaga, lo siguiente:

“Siendo aproximadamente a las 3:00 horas del día de hoy y según manifestó el personal que se encontraba efectuando primer turno de seguridad, se escucharon varios disparos de arma de fuego de diferentes calibres; de inmediato, se efectuó el plan de defensa a las instalaciones, ya que se pensaba en primer lugar que se trataba de una incursión guerrillera, luego a eso de las 6:30 horas, según manifestó un ciudadano, que la subversión había llegado (sic) a la vereda El Saladito, aproximadamente a las 2:00 horas, un grupo de 13 hombres y varias mujeres, los cuales vestían uniformes de Policía y Ejército y portaban diferentes clases de armamento y sacaron de su residencia a los hermanos Guerrero Velazco (Ómar, Óscar y Nelson), de los cuales se dicen (sic) que son atracadores de buses, a quienes condujeron hacia el perímetro urbano (Barrio la Primavera) de esta localidad, haciéndolos pregonar en voz alta por las calles de ese barrio lo siguiente: “aquí van los atracadores de buses”; luego fueron conducidos hacia el frente del polideportivo municipal, donde ajusticiaron a Nelson; igualmente hirieron a Óscar, el cual trató de huir y se hizo el muerto; de Ómar, según informaciones se lo llevaron. Aproximadamente a las 7:00 horas, se practicó levantamiento del cadáver en asocio de Inspolicía; asimismo, se hicieron las diferentes averiguaciones sobre el caso” (fl. 16, cdno. ppal.).

b) Ese mismo día, Óscar Guerrero Velazco fue remitido por el Servicio de Salud de Santander al Hospital Santo Domingo de Málaga, para que le fuera practicada una exploración quirúrgica con urgencia, dado que presentaba heridas de bala en el muslo derecho (fl. 27, cdno. ppal.).

c) Conforme a la hoja de salida de este hospital, el 18 de enero de 1992, se produjo el homicidio del citado paciente, en las instalaciones de dicha institución (fl. 28, cdno. ppal.). Obra también en el expediente el certificado del registro civil de defunción, donde consta que la muerte de Óscar Guerrero Velazco se produjo en la fecha antes indicada, a las 5:30 p.m. (fl. 35, cdno. ppal.).

El levantamiento del cadáver fue realizado por el inspector de policía departamental, a las 5:50 p.m. del mismo día, en las instalaciones del hospital. Efectuado el reconocimiento correspondiente, se encontraron varias heridas causadas con arma de fuego: una en la cara lateral derecha de la nariz, con orificio de salida en la región occipital izquierda, con exposición de masa encefálica, otra en la parte baja del pómulo derecho, y otra a la altura del cuello. Además, el cadáver presentaba trece heridas ocasionadas con arma de fuego, en diferentes partes de las piernas, por causa de las cuales había ingresado al hospital. Lo anterior consta en el acta de levantamiento de cadáver, que obra a folios 31 y 32 del cuaderno principal.

En el acta de necropsia se dejó constancia, igualmente, de la existencia de las heridas antes mencionadas. Se indicó que las heridas del muslo derecho fueron sufridas tres días antes de la muerte, y que esta se produjo por “shock neurogénico (lesiones de masa encefálica)” (fls. 33, 34, cdno. ppal.).

d) Obra también en el proceso el oficio 026, del 21 de enero de 1992, por el cual el comandante de la estación de San Andrés informa al alcalde de dicho municipio que, aproximadamente a las 11:00 a.m. del día anterior, tuvo conocimiento de que en la vereda El Saladito fue muerto Ómar Guerrero Velazco, al parecer por miembros de la guerrilla, que lo dejaron “tirado en medio de la vía”. Dado que no se encontraban en el lugar los funcionarios encargados de practicar el levantamiento del cadáver, éste fue recogido por los familiares y dejado en el anfiteatro (fl. 19, cdno. ppal.).

De acuerdo con lo anterior, se concluye que Óscar Guerrero Velazco ingresó al Hospital Santo Domingo de Málaga, el 16 de enero de 1992, debido a que presentaba varias heridas en su muslo derecho, causadas ese mismo día, con arma de fuego, al parecer por miembros de un grupo guerrillero, que lo acusaba, junto con sus hermanos, de asaltar buses. El 18 de enero siguiente, aproximadamente a las 5:00 p.m., fue asesinado dentro del mismo hospital. Su muerte se produjo como consecuencia de los disparos recibidos en la cabeza, que le causaron un shock neurogénico.

Está demostrado, además, que el comandante de la estación de San Andrés remitió un informe, el 16 de enero de 1992, al comandante del 7º Distrito de la Policía de Málaga sobre lo ocurrido ese mismo día en aquel lugar. Se advierte que la información sobre la forma en que sucedieron los hechos fue obtenida por la Policía del testimonio de un ciudadano, como consta en el reporte citado. Parece claro que, cuando la Policía llegó, encontró el cadáver de Nelson Guerrero Velazco, cuyo levantamiento se efectuó por el inspector de policía, y fue informada por el citado ciudadano de que los homicidas se habían llevado a Ómar Guerrero Velazco y habían herido a su hermano Óscar, pero no hay claridad sobre si conoció o no el destino de este último y, concretamente, si supo que lo hubieran llevado a algún centro asistencial y había sido atendido en San Andrés o en otro lugar.

De otra parte, no está demostrado que, con posterioridad a lo sucedido el 16 de enero de 1992, Óscar Guerrero Velazco o algún miembro de su familia hubiera solicitado la protección de la Policía Nacional. Tampoco se hace referencia a ello en la demanda, donde simplemente se alude al conocimiento que tuvo la Policía de los hechos en que aquél resultó herido, para concluir que, no obstante, dicha institución no realizó acción alguna para evitar que se violara su derecho a la vida.

Hay constancia, además, de que la Policía tuvo conocimiento, posteriormente, de la muerte de Ómar Guerrero Velazco, y no obra en el proceso, en cambio, reporte alguno sobre el fallecimiento de su hermano Óscar (fls. 25 y 26, cdno. ppal.).

Así las cosas, si bien es claro que, luego de ser internado en el Hospital Santo Domingo de Málaga, Óscar Guerrero no contó con protección especial por parte de la Policía Nacional, considera la Sala que este hecho no resulta suficiente para concluir que su muerte es imputable a esta institución. En efecto, no está probado que el comandante de la estación de San Andrés o el comandante del Séptimo Distrito de Policía de Málaga hubieran tenido conocimiento de que el herido había sido remitido al Hospital Santo Domingo de esa ciudad; no hay constancia de que así lo hubiera informado el ciudadano que sirvió de testigo y mucho menos los familiares de la víctima. Ni siquiera existe claridad sobre la fecha en que fue recibido en Málaga el informe interno de la Policía que, en relación con lo ocurrido el 16 de enero de 1992, se envió desde San Andrés, en el que, en todo caso, no se incluye información alguna sobre el paradero de Óscar Guerrero.

Y en relación con la situación de riesgo en que pudiera encontrarse Óscar Guerrero, considera la Sala que la Policía no contaba con elementos suficientes para evaluarla, dada la forma en que fue enterada de lo ocurrido y teniendo en cuenta, sobre todo, la ausencia de información adicional o de alguna solicitud especial por parte del herido o de su familia.

No desconoce la Sala que la Policía Nacional debe obrar espontáneamente, en muchas ocasiones, suministrando a los ciudadanos en peligro la protección necesaria para cuidar de su vida o de sus bienes, conforme a lo dispuesto en el artículo 32 del Código Nacional de Policía, citado por la parte actora en la demanda; sin embargo, el alcance de esta obligación debe ser evaluado en cada caso concreto, teniendo en cuenta las circunstancias que rodean la situación. Y no hay en el presente, elementos suficientes para concluir que el comando de Policía de San Andrés o el de Málaga debían efectuar el seguimiento del caso, averiguando sobre el paradero del herido, a fin de brindarle protección especial.

Conforme a lo anterior, se tiene que la muerte de Óscar Guerrero Velazco fue causada por un tercero, extraño a la institución demandada, y si bien, a pesar de esta circunstancia, este hecho podría resultar imputable a la Nación, si se encontrara que la actuación de ese tercero fue facilitada por una acción u omisión de esta última, caso en el cual aquélla no tendría el carácter de causa extraña respecto de la conducta estatal y, por lo tanto, no tendría virtud para exonerarla de responsabilidad, considera la Sala que tal situación no se presenta en este caso. 

Es importante aclarar, finalmente, que la norma contenida en el artículo 26 del reglamento de vigilancia urbana y rural para la Policía, relativa a la obligación que tiene todo agente de observar cuidadosamente a los heridos o accidentados que sean conducidos a los hospitales o clínicas y establecer las causas de los hechos acontecidos, dado que las víctimas pueden haber sido objeto de algún crimen o delito, hace referencia a la obligación que tiene la Policía Nacional de realizar las diligencias necesarias para colaborar con las autoridades judiciales en la investigación de los hechos punibles. No establece esta disposición una obligación general y permanente a cargo de la citada institución, de brindar protección especial a todas las personas que resulten heridas o accidentadas.

Se revocará, entonces, la sentencia de primera instancia, en cuanto declaró responsable a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, de la muerte de Óscar Guerrero Velazco y la condenó a pagar a los demandantes los perjuicios sufridos.

Ahora bien, en relación con la responsabilidad del Hospital Santo Domingo de Málaga, la Sala considera necesario hacer algunas precisiones respecto de la naturaleza y el alcance de las obligaciones asumidas por los hospitales, clínicas y demás establecimientos prestadores del servicio de salud.

El tema ha sido abordado por la jurisprudencia y la doctrina desde diferentes ángulos. En el campo civil y dado que allí se considera superada la discusión acerca del carácter contractual de la responsabilidad de los médicos y las clínicas, la discusión se ha desarrollado en el ámbito del alcance de las obligaciones que asumen estas últimas en virtud de los contratos respectivos.

En sentencia del 12 de septiembre de 1985, manifestó la Corte Suprema de Justicia:

“2. Si, en orden a determinar el contenido de las obligaciones originadas en los contratos de hospitalización, se examina esta clase de acuerdos a la luz de las previsiones del artículo 1501 del Código Civil, resulta necesario admitir que de él, al igual que en los demás contratos, surgen para la entidad asistencial obligaciones que pertenecen a la naturaleza misma del acuerdo, que hacen parte suya en condiciones normales de contratación, tales como las de suministrar habitación y alimentos al enfermo, lo mismo que las drogas que le prescriban los facultativos, la de un debido control y la atención por parte de los médicos residentes y enfermeras del establecimiento, que para excluirlas válidamente se debería pactar en contrario con tal que no se desnaturalice el contrato. Dentro de este mismo género de obligaciones es indispensable también incluir la llamada por la doctrina obligación de seguridad, en este caso de seguridad personal del enfermo, que impone al centro asistencial la de tomar las medidas necesarias para que el paciente no sufra algún accidente en el curso o con ocasión del cumplimiento del contrato.

Además de esas obligaciones, pueden distinguirse en el contrato de hospitalización otras que no son de la esencia ni le pertenecen por su naturaleza, sino que requieren de estipulaciones especiales, como los servicios de laboratorio, rayos X, enfermera permanente, custodia y vigilancia especial, acompañante, etc. Se trataría en este caso de estipulaciones que, al decir de la doctrina de los autores, imprimen a los efectos jurídicos propios del contrato una dirección diferente a la establecida por las normas subsidiarias del derecho, por ejemplo agravando o atenuando la responsabilidad del deudor, señalando plazos o condiciones, etc.

3. En armonía con lo dicho se tiene que, en virtud del contrato de hospitalización, el establecimiento asume frente al enfermo una obligación de seguridad que le impone la de evitar que le ocurran accidentes con motivo o con ocasión del cumplimiento del contrato, obligación que comprende también la de “custodia y vigilancia” si se trata de establecimientos para enfermos con afecciones mentales, pues en tal caso además del tratamiento se busca la propia seguridad personal. De tal suerte que si se trata de hospitales o clínicas que prestan servicios generales, distintos de los psiquiátricos, y por causa de la clase de padecimientos que presenta el enfermo, éste requiere de una enfermera permanente o de una “custodia y vigilancia” especial, el contrato de hospitalización requerirá de una estipulación expresa respecto de la prestación de ese servicio, por cuanto en tal caso no sería de su naturaleza.

Naturalmente, en la práctica pueden presentarse situaciones que no correspondan exactamente a las planteadas, verbigracia que a un alienado, dada la urgencia del caso, se le tenga que hospitalizar en un establecimiento de servicios generales o que habiendo ingresado a él una persona para recibir los servicios que ordinariamente ofrece, durante el tratamiento presente síntomas o anomalías o perturbaciones mentales que requerirían, entonces, de cuidados especiales. En tales eventos, la solución exigirá de considerandos también particulares de acuerdo con todas las circunstancias del caso...”(1) (Se subraya).

Estos planteamientos fueron duramente criticados por el profesor Jorge Santos Ballesteros, en los siguientes términos:

“Es ciertamente incomprensible la doctrina sentada por la Corte colombiana (...) No se observa razón jurídica alguna para establecer una diferencia sustancial entre la obligación de seguridad y la obligación de cuidado y vigilancia. El paciente y sus familiares se confían plenamente a la competencia y profesionalismo de los establecimientos clínicos cuando celebran el contrato de hospitalización... Si el paciente sometido a una intervención quirúrgica pierde su lucidez y se causa una herida o, como en el asunto debatido, huye del sanatorio, es evidente la falta de cuidado, y de competencia en el cumplimiento de la obligación asumida, aún más agravado si el establecimiento conocía de las intenciones de la paciente. En estos supuestos, sólo podría predicarse la irresponsabilidad del sanatorio si la pérdida de lucidez del paciente constituye en sí mismo un riesgo imprevisto. Pero de ninguna manera puede absolverse al establecimiento clínico afirmando que dicha obligación de cuidado debe estipularse cuando no se trata de un enfermo mental (...) En juego están intereses vitales, la salud, la vida, la seguridad personal, que deben ser tenidos en cuenta para imponer a los establecimientos clínicos deberes rigurosos ...

Los deberes jurídicos puestos de presente, el de seguridad, el de cuidado personal, integran así el contenido de la prestación contractual de hospitalización, cuyo incumplimiento genera la obligación indemnizatoria correspondiente... Sin duc0l0mb1da alguna, si en estos supuestos el daño ocasionado fuere consecuencia de la fuerza mayor o caso fortuito, culpa exclusiva de la víctima o hecho del tercero, no se darían los supuestos de la responsabilidad civil ...”(2) (Se subraya).

En sentencia del 1º de febrero de 1993, la Corte reiteró su doctrina anterior, al precisar lo siguiente, sobre el contenido de la llamada “obligación de seguridad” asumida por las clínicas:

“1. Siguiendo de cerca la jurisprudencia sentada por los tribunales franceses desde los primeros años del presente siglo..., hoy en día se tiene por admitido en nuestro medio que en un buen número de contratos... ha de entenderse incluida la llamada “obligación de seguridad” para preservar a las personas interesadas o a sus pertenencias de los daños que la misma ejecución del contrato celebrado pueda ocasionarles, obligación que en pocas palabras cabe definírsela diciendo que es aquella en virtud de la cual una de las partes... se compromete a devolver sanos y salvos —ya sea a la persona del otro contratante o sus bienes— al concluir el cometido..., pudiendo tal obligación ser asumida en forma expresa, venir impuesta por la ley en circunstancias especiales o, en fin, surgir virtualmente del contenido propio del pacto a través de su entendimiento integral... Y uno de los eventos en que hay lugar a reconocerle vigencia a este crédito a la seguridad de las personas, como algo que le atañe al vínculo “...en condiciones normales de contratación...”, es precisamente el de la prestación de servicios asistenciales por entes hospitalarios de cualquier clase...

2. En el mismo orden de ideas y tratándose de enfermos mentales internados en casas de salud, asilos de residencias de reposo y demás organismos asistenciales especializados en suministrar los cuidados adecuados para esta clase de padecimientos, ninguna duda queda de que estas entidades, a la par de las obligaciones atinentes a las prestaciones médicas propiamente dichas, contraen así mismo una obligación sobreentendida de seguridad junto con el deber de custodia que a ella le es consustancial, obligación que naturalmente no requiere de estipulación expresa, tampoco de advertencias explícitas de los interesados acerca de la necesidad de cumplirla a cabalidad, y cuyo objeto no es otro que el de vigilar al paciente con el grado de diligencia que demanden las circunstancias, determinadas ellas en principio por la clase de enfermedad que sufre y las manifestaciones que ofrece, y así poder evitar que experimente daño alguno mientras permanezca en las instalaciones del establecimiento...”(3) (Se subraya).

Refiriéndose a la misma obligación, aunque de manera mucho más general, manifestó la Corte, en sentencia del 8 de septiembre de 1998:

“...Como es suficientemente conocido, las clínicas y hospitales también pueden incurrir en responsabilidad contractual por culpa para con los usuarios de las mismas, entre otras, cuando por negligencia de aquéllas en la asepsia del instrumental quirúrgico transmiten enfermedades al paciente, o cuando éstas son adquiridas por contagio causado por sus dependientes, o cuando el paciente las adquiere a través del medio ambiente del establecimiento respectivo, así como cuando por imprudencia o impericia, o falta de cuidado y atención no se suministran los medicamentos formulados a los pacientes, o se cumple con esta actividad de manera inoportuna, o se le aplican por equivocación otros distintos con consecuencias negativas para la salud del enfermo...”(4).

Refiriéndose a la obligación de seguridad en cuanto a la persona, que surge del contrato de hospitalización, han expresado los Hermanos Mazeaud y Tunc:

“...a la obligación de los cuidados se agrega a veces una obligación de seguridad, consistente en la obligación de evitar que le ocurran accidentes al enfermo; y ... esa obligación es normalmente una obligación “determinada”. Pasa así cuando el contrato médico va acompañado de un contrato de hospitalización.

... La situación es aquí diferente de la del cliente de un hotel. Por el hecho de su estado, el enfermo no tiene la misma libertad, y no quiere tenerla: le entrega enteramente a la clínica el cuidado de garantizar su seguridad; se confía a ella; exige que no se produzca ningún accidente. Tan solo, en caso de accidente, la prueba de la causa ajena liberaría, pues, al que haya hospitalizado a un enfermo.

La solución es indiscutible cuando se trata de un alienado o de un nervioso agudo, por consistir la finalidad esencial en garantizar, contra el propio enfermo, la seguridad de él”(5).

Muy interesante resulta el planteamiento del profesor argentino Alberto Bueres, quien, al referirse al deber jurídico de las clínicas de preservar la integridad física de los enfermos, distingue entre los establecimientos sanitarios corrientes, esto es, los que asisten a pacientes por motivos ajenos a las patologías psiquiátricas, y las clínicas psiquiátricas, y afirma que mientras las primeras asumen un deber de resultado, consistente en el mantenimiento de la integridad física de los pacientes, las segundas asumen un deber de medios.

Llega, pues, Bueres, a la siguiente conclusión, abordando el tema desde otro punto de vista, relativo no ya a la existencia o inexistencia de la obligación, según las características del establecimiento y del padecimiento sufrido por el enfermo, sino a la naturaleza de aquélla, teniendo en cuenta los mismos aspectos:

“Ciertamente, si un enfermo se encuentra normalmente lúcido, sin problemas de orden mental (circunstancias que suponen que la internación se llevó a cabo para asistirlo por una patología ajena al campo siquiátrico), la clínica podrá aducir como límite de responsabilidad un casus, siempre y cuando la perturbación mental que lleva al individuo a autolesionarse o al suicidio constituya un hecho imprevisible. Es indudable que si el acontecimiento fuera previsible no existiría entonces un caso fortuito y, en supuesto semejante —y más allá de la culpa que pudieran cometer los médicos o auxiliares—, la entidad asistencial ha de responder de manera objetiva si se demuestra simplemente la frustración del resultado. No obstante, es preciso aclarar que si el enfermo es internado en una clínica común y corriente o por razones de urgencia, y está afectado por un mal psiquiátrico, dicha entidad, hasta tanto pueda derivar al paciente a un establecimiento especializado, asumirá una obligación de medios, pues si las clínicas de salud mental contraen deberes de esta última especie — como veremos enseguida— a fortiori ha de aplicarse idéntica solución a las clínicas comunes o corrientes que deben afrontar una emergencia de la señalada naturaleza (...).

Un sector de la opinión entiende que la vigilancia del enfermo que padece una afección psiquiátrica constituye una obligación de resultado.

Otros autores consideran que dicha prestación es objeto de un deber de medios, argumentando que las autoridades de un establecimiento de la especialidad tienen serias dificultades para garantizar un resultado, frente a la inestabilidad psicológica de los pacientes.

Asimismo, los partidarios de la precedente tesis resaltan, para nosotros con acierto, que las clínicas modernas de salud mental emplean tratamientos progresivos compuestos de fases sucesivas, hasta obtener la rehabilitación del enfermo.

De esta manera, van acrecentando su libertad a fin de permitirle paulatinamente su adaptación al medio social... Es por ello que imponer a estos entes una obligación determinada sería poco valioso, pues de tal manera se los induciría a prescindir de la utilización de los mencionados tratamientos en detrimento de la salud del paciente”(6).

Advierte la Sala, con fundamento en el estudio de la doctrina y la jurisprudencia citadas, que el contenido de la obligación de seguridad y aun del deber de cuidado y vigilancia, que puede formar parte de aquélla, asumidos por las clínicas y hospitales en relación con los pacientes —al margen de su existencia o inexistencia en determinado tipo de contratos y de la naturaleza que puedan tener—, resulta siempre referido al deber que tienen tales establecimientos de evitar que los pacientes sufran algún daño, durante el tiempo que permanezcan internados, en el desarrollo de actividades que, si bien son distintas y están separadas del servicio médico propiamente dicho, son necesarias para permitir su prestación.

Así, la responsabilidad derivada de la prestación del servicio de salud puede tener por causa actos de diferente naturaleza. Al respecto, cita Bueres la clasificación propuesta por José Manuel Fernández Hierro, en su obra “Responsabilidad civil médica sanitaria” (Edit. Aranzadi, Pamplona, 1984), que distingue tres supuestos:

“1. Actos puramente médicos: que son los de profesión realizados por el facultativo;

2. Actos paramédicos: que vienen a ser las acciones preparatorias del acto médico y las posteriores a éste; por lo común, son llevadas a cabo por personal auxiliar para ejecutar órdenes del propio médico y para controlar al paciente (por ejemplo suministrar suero, inyectar calmantes o antibióticos —o proporcionarlos por vía oral—, controlar la tensión arterial, etcétera). También en esta categoría queda emplazada la obligación de seguridad que va referida al suministro de medicamentos en óptimas condiciones y al buen estado en que deben encontrarse los instrumentos y aparatos médicos;

3. Actos extramédicos: están constituidos por los servicios de hostelería (alojamiento, manutención, etcétera), y por los que obedecen al cumplimiento del deber de seguridad de preservar la integridad física de los pacientes”(7) (se subraya).

El caso que ocupa a la Sala plantea, entonces, una situación diferente, en la medida en que discurre sobre la existencia de la obligación de prestar a los enfermos un servicio de seguridad especial, que garantice la preservación de su integridad física, no frente a los denominados actos extramédicos, conforme a la propuesta de Fernández Hierro, que estarán siempre relacionados, directa o indirectamente, con la realización de actividades necesarias para el cumplimiento de la obligación médica propiamente dicha, sino frente a los actos de personas ajenas a la institución. Se plantea, entonces, si además de las obligaciones que surgen de la prestación del servicio de salud, las clínicas y hospitales deben asumir una obligación adicional, relativa al deber de protección de los pacientes frente a actos de terceros, o si ésta corresponde a la Policía Nacional o a otros organismos del Estado, especializados en la prestación del servicio de seguridad.

En un proceso similar, en el que se demandó a la Nación —Ministerio de Salud y al departamento de Sucre— Hospital Regional de Sincelejo, para que se los declarara responsables de la muerte violenta de un paciente que se encontraba internado en el citado hospital, accedió la Sala a las pretensiones de la demanda, y respecto de la obligación de los establecimientos de salud, expresó:

“No comparte la Sala los razonamientos del tribunal al reducir el planteamiento de la controversia a una falla en la prestación del servicio de vigilancia por parte de la Policía Nacional. La solución en este caso no puede ser tan simplista, ni limitada, por cuanto desde el momento mismo del ingreso del paciente al hospital, este centro adquiere diversos compromisos y obligaciones frente al usuario. Deberá además de realizar las diligencias y procedimientos inherentes a la recuperación del enfermo, suministrarle techo y alojamiento, auxilios médico-quirúrgicos, tranquilidad, condiciones ambientales adecuadas y en casos especiales para poder cumplir sus obligaciones hacia el paciente o pariente, deberá tomar también algunas medidas especiales, por ejemplo: en la atención y custodia de un menor; en los tratamientos de personas mentalmente afectadas; en aquellos casos en los que por su propia naturaleza implican un riesgo personal del paciente, etc., situaciones en las que la administración del establecimiento hospitalario deberá extremar las medidas de control, protección, atención y vigilancia de estos pacientes, sin que ello implique la necesidad de integrar un cuerpo armado para la custodia de cada centro hospitalario oficial(8) (Se subraya).

Reconoció la Sala, entonces, en esa oportunidad, la existencia de factores de riesgo para los pacientes —diferentes de los generados por la misma institución prestadora del servicio de salud— respecto de los cuales estas últimas debían asumir deberes especiales.

Se trata, sin duda, de un planteamiento fundado en la necesidad de encontrar respuestas para la solución de situaciones que, lejos de ser insólitas o excepcionales en nuestro país, se presentan con alguna frecuencia y exigen, por lo tanto, la adopción de medidas concretas, a fin de garantizar debidamente los derechos de los ciudadanos que se encuentran en situaciones especiales de riesgo.

Atendiendo consideraciones similares y con fundamento en las facultades conferidas por la Ley 100 de 1993, el Ministerio de Salud expidió la Resolución 741 del 14 de marzo de 1997, por la cual estableció procedimientos e impartió instrucciones encaminadas “a garantizar la seguridad, vigilancia, custodia, protección y cuidado de los usuarios del servicio de salud, por la ocurrencia de hechos ajenos o diferentes a las condiciones iniciales de la enfermedad diagnosticada o al motivo de consulta y que atente (sic) contra la integridad personal y la libertad del individuo”. Así, entre otras disposiciones, se incluyeron en la citada resolución las siguientes:

“ART. 2º—Obligaciones de las instituciones (...).

PAR. 3º—Las instituciones y demás prestadores de servicios de salud establecerán las medidas de seguridad y protección necesarias en la infraestructura, especialmente en lo que se refiere a iluminación, señalización y accesos como puertas, ventanas, techos, paredes, muros, zonas verdes e instalaciones deportivas, de tal forma que contribuyan a la seguridad personal.

PAR. 4º—En los diseños de instituciones prestadoras del servicio de salud, se incorporarán elementos que minimicen los riesgos de robo de menores o de agresiones por parte de terceros hacia los usuarios (...).

PAR. 6º—Las instituciones prestadoras de servicios de salud implementarán mecanismos de comunicación interna entre los diferentes servicios externos, especialmente con las autoridades de policía con el fin de disponer de un apoyo oportuno en los casos que se requiera (...).

“ART. 6º—Las instituciones y demás prestadores de servicios de salud deberán establecer las normas que restrinjan el ingreso de armas o cualquier otro elemento que se considere peligroso para la seguridad de los trabajadores y usuarios que se encuentren en el interior de la institución o prestador del servicio. Esta norma no será restrictiva para el personal de seguridad del Estado previamente identificado. (...).

“ART. 9º—Las instituciones dedicadas a la atención de pacientes psiquiátricos y las que con ocasión de la prestación del servicio de urgencias reciban este tipo de pacientes, establecerán medidas de seguridad que conlleven a minimizar los riesgos para que el usuario no cause daño a sí mismo o se lo cause a terceros”.

Se observa que regula esta resolución aspectos relacionados con la seguridad de los pacientes, en los casos en que ella puede ponerse en peligro por la realización de actividades relacionadas con la prestación del servicio de salud (art. 2º, par. 3º; art. 9º), y también en aquellos en que el peligro proviene del hecho de terceras personas, ajenas a la institución (art. 2º, par. 4º y 6º; art. 6º).

Es claro que estas normas no son aplicables al presente caso, dado que no se encontraban vigentes cuando ocurrieron los hechos; sin embargo, como ha quedado explicado, ya la jurisprudencia había hecho alusión, en el año 1993, a la existencia de situaciones especiales en las que los administradores de los hospitales deben extremar las medidas de control y vigilancia de los pacientes, dadas las condiciones de riesgo en que estos pueden encontrarse.

Es necesario, de cualquier modo, estudiar siempre el caso concreto, a fin de establecer si el hospital ha incurrido en la violación de estos deberes especiales y si a su incumplimiento puede imputarse el daño sufrido por el paciente. En efecto, considera la Sala que tales deberes de seguridad, en cuanto se refieren al control y vigilancia necesarios para evitar la acción de terceros, no pueden dar lugar al surgimiento de obligaciones de resultado.

En el proceso que ocupa a la Sala, no obran testimonios u otras pruebas que permitan obtener conclusiones sobre la forma en que ocurrieron los hechos; no se sabe cómo se produjo el ingreso del homicida al hospital, si venía acompañado de otras personas, si el personal de la institución trató de evitar la entrada, si ésta contaba con medidas de vigilancia adecuadas para impedir el ingreso de personas armadas, etc.

Al respecto, se afirma en la demanda que el 18 de enero de 1992, a las 5:00 p.m., se presentaron dos hombres en el hospital e intimidaron al celador, luego de lo cual uno de ellos se dirigió a la Sala quirúrgica de hombres y le disparó a Óscar Guerrero. A este hecho hace referencia también la parte demandada, cuando expresa, al sustentar la apelación, que “nadie podía prever (...) el asalto y sometimiento del personal de celadores por un grupo guerrillero, de ordinario mejor armado, preparado y entrenado para las delictuosas acciones...”.

Así, aunque no se practicaron pruebas para corroborar estas afirmaciones, de ellas podría inferirse que existían en la institución algunas medidas de seguridad para evitar la entrada de armas, al punto que los delincuentes sólo pudieron ingresar sometiendo al celador de turno.

De otra parte, si bien conforme al oficio que obra a folio 48 del cuaderno principal, suscrito por el Director del Hospital Santo Domingo, se concluye que no existen registros en esta institución de que se hubiera informado a las autoridades sobre el ingreso del herido Óscar Guerrero Velasco, el 16 de enero de 1992, ni de que se hubiera tomado alguna medida de seguridad especial, con el fin de proteger al citado paciente entre esa fecha y el día 18 siguiente, considera la Sala que estas circunstancias no resultan suficientes para establecer la responsabilidad de dicha institución. 

Debe advertirse que del incumplimiento de la obligación contenida en el artículo 336 del Código de Procedimiento Penal no puede derivarse la imputabilidad del daño al hospital demandado. Dispone la norma citada lo siguiente:

“Quien en hospital, puesto de salud, clínica u otro establecimiento similar, público o particular, reciba o dé entrada a persona a la cual se le hubiere ocasionado daño en el cuerpo o la salud, dará aviso inmediatamente a la autoridad respectiva.

El incumplimiento de lo previsto en este artículo acarreará multa de diez a cien salarios legales mínimos mensuales, decisión contra la cual procede el recurso de reposición”.

Para la Sala resulta evidente que el objeto de la disposición transcrita es facilitar la iniciación de las investigaciones penales respectivas, por los delitos cometidos contra las personas que ingresan al establecimiento de salud. Así, la autoridad destinataria del aviso es, sin duda, la autoridad judicial encargada de adelantar el proceso correspondiente. Sería absurdo pensar que la norma obliga a estos establecimientos a solicitar protección especial de la Policía para todas las personas que ingresan, por habérseles ocasionado daño en el cuerpo o la salud. No hay razón para considerar que, en todos los casos, las personas que han sido lesionadas por otros corren el riesgo de ser atacadas mientras permanecen en la institución de salud. Por esta razón, no comparte esta Sala los argumentos expuestos por el tribunal para sustentar la condena impuesta al hospital demandado. 

Adicionalmente, observa la Sala que no existe constancia en el proceso de que los funcionarios del hospital hubieran sido informados sobre las circunstancias en que el paciente resultó lesionado el 16 de enero de 1992, y mucho menos de que la propia víctima o sus familiares los hubieran advertido sobre el hecho de que aquél corría el riesgo de ser atacado dentro de las instalaciones de la institución. No está demostrado, entonces, que las directivas del hospital tuvieran conocimiento de que el paciente se encontrara en una situación excepcional de peligro, de modo que pudiera pensarse en que, eventualmente, resultaran obligadas a reforzar sus mecanismos de seguridad o a solicitar la protección especial de la Policía Nacional. 

Se advierte, entonces, que existen importantes diferencias entre la situación que se presentó en el caso fallado por esta Sala el 21 de enero de 1993 y la que aquí se debate. En efecto, en el caso citado, encontró demostrado el Consejo de Estado que el atentado cometido contra el paciente, en las instalaciones del hospital, ocurrió en circunstancias muy particulares, que le permitieron establecer la existencia de una falla en el servicio. En efecto, se evidenció la falta total de control y atención por parte del personal del hospital, respecto de los visitantes, lo que permitió a sus atacantes ingresar armados a la institución, en horas distintas a las de visita, además de atar y encerrar a la acompañante de la víctima, sin que nadie se diera cuenta de lo sucedido.

En el presente caso, en cambio, como se observó anteriormente, no obra en el proceso prueba alguna que permita establecer cómo sucedieron los hechos. Y si bien se pueden hacer inferencias al respecto con base en las afirmaciones de las partes, éstas no cuentan con respaldo probatorio en el proceso y, en todo caso, no permitirían concluir que la muerte de Óscar Guerrero Velazco es imputable al Hospital Santo Domingo de Málaga. Así las cosas, también se revocará el fallo apelado, en cuanto declaró la responsabilidad de dicha institución y la condenó a pagar los perjuicios sufridos por los demandantes.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, el 18 de septiembre de 1995, dentro del presente proceso, y en su lugar, deniéganse las pretensiones de la demanda.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: María Elena Giraldo Gómez, Presidenta de la Sala—Alier E. Hernández Enríquez—Ricardo Hoyos Duque—Germán Rodríguez Villamizar—Jesús María Carrillo Ballesteros.

(1) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 12 de septiembre de 1985, M.P. doctor Horacio Montoya Gil.

(2) Santos Ballesteros, Jorge. La responsabilidad civil de los médicos y de los establecimientos clínicos. Revista Universitas, Nº 70, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, mayo de 1986.

(3) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 1º de febrero de 1993, M.P. Carlos Esteban Jaramillo Schloss.

(4) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 8 de septiembre de 1998, M.P. Pedro Lafont Pianetta.

(5) Tratado teórico y práctico de la responsabilidad civil delictual y contractual, tomo primero, vol. I, Ediciones jurídicas Europa-América, Buenos Aires, 1961, pág. 236.

(6) Bueres, Alberto. La responsabilidad civil de los médicos, Edit. Hammurabi, 1ª reimpresión de la 2ª edición, Buenos Aires, 1994, págs. 441 a 443.

(7) Ibídem, página 424, 425.

(8) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 21 de enero de 1993, expediente 7435.