Sentencia 11406 de julio 15 de 1998 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Exp.: 11406

Magistrado Ponente:

Dr. Édgar Lombana Trujillo

Aprobado por Acta 104

Santafé de Bogotá, D.C., quince de julio de mil novecientos noventa y ocho.

(...).

Consideraciones de la Corte

1. El cargo único de la demanda acusa el fallo de segundo grado por violación del artículo 31 constitucional, en cuanto en su parte pertinente consagra el principio de la no reformatio in peius en los siguientes términos:

“...El superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único”.

2. Cotejando los términos de la sentencia del juzgado con la del Tribunal, y tras reconocer conforme queda dicho que efectivamente los únicos recurrentes de aquella providencia fueron los procesados y sus defensores, no resulta difícil advertir que el ad-quem agravó la situación de los acusados, pues en el caso de Parra Mejía revocó la absolución que se le había otorgado por el delito de hurto, y a éste como al co-acusado Leopoldo Mejía les incrementó la pena a 25 años de prisión, luego de considerar ilegal la rebaja que hiciera el juzgado reconociendo una confesión inexistente.

3. La Corte, sin desconocer, como en detalle lo pone de presente el Ministerio Público, la improcedencia de la rebaja concedida por el juzgado con fundamento en una confesión que verdaderamente no se había presentado, admitirá a cambio que la razón está del lado del casacionista, por cuanto el tribunal no estaba facultado para modificar peyorativamente la situación de los procesados apelantes, así en otros aspectos su determinación les favoreciera, como ocurrió en el caso de la revocación de la condena por hurto respecto de Parra Mejía.

Sobre el particular conviene recordar que mientras la confesión constituye una aceptación de cargos que a la vez redunda en el soporte de una decisión adversa a quien la rinde, como facilita el perfeccionamiento de la instrucción, reduciendo los esfuerzos del Estado para la demostración de la responsabilidad del acusado, la versión rendida por los implicados no podía considerarse como tal. Así:

“En la indagatoria de Oscar Leopoldo Mejía (dice certeramente el delegado) no se observa, en efecto, una autoincriminación en el resultado muerte sobre el occiso Samir Jaramillo, ni siquiera a título de participación. Su versión se limita a narrar los hechos en que se enfrentaron los protagonistas, advirtiendo que cuando se vio atacado por Samir Jaramillo, quien portaba una piedra y lo tenía tendido en el suelo, invocó la ayuda de su primo Jhon Jairo Parra Mejía, y segundos después escuchó una detonación proveniente del arma que portaba su auxiliador, planteando de esta manera una circunstancia de antijuridicidad...”

Y no era otra la postura asumida por Parra Mejía cuando en su intervención procesal (folio 180 y siguientes) pese admitir que era el autor del disparo, entró a añadir que la detonación fue accidental y motivada por la agresión de la que era víctima su primo Leopoldo.

Pero además, y oponiéndose al reconocimiento de la confesión como diminuente, certeramente precisa el Procurador que aquí se trató de un “...delito flagrante, en tanto que fue observado por diversas personas en el acto mismo de su ejecución, y a quienes prima facie, resultaba constitutivo de un delito, con plena identificación de su autor”.

Pese a ello, el juzgado reconoció en las versiones dadas por los co-procesados Mejía Buriticá y Parra Mejía una admisión de cargos constitutiva de colaboración eficaz, y como consecuencia redujo la sanción a cada uno de los implicados para dejarla en 16 años y 8 meses (la de Parra quedó un poco superior —17 años y 4 meses en razón del hurto, luego excluido en segunda instancia—).

Luego, cuando el Tribunal o por modificar esta determinación e incrementar la pena por el delito de homicidio a 25 años, lejos de limitarse a actualizar el principio de legalidad del delito y de la pena, lo que en realidad verificó fue una retasación de la sanción, no autorizada, en la medida en que con ella desconocía el principio constitucional impuesto en el artículo 31 superior, y desarrollado por el artículo 217 del Código de Procedimiento Penal.

Sobre este particular y para diferenciar el aún oficioso legítimo, constitucional y necesario ajuste de la sentencia al principio de legalidad, forzado por la ocurrencia de un error judicial, de la re-tasación indebida de la pena con la cual se derivaría a un incremento gravoso y constitucionalmente intolerable, en decisión reciente la Sala precisó, reiterando su indeclinable criterio unánime, que no todos los eventos de reforma en la pena:

“...reconduzcan o puedan reconducir a un problema de legalidad de la sentencia y que por esa vía, entonces, se pudiese llegar al desconocimiento de la reforma en peor. La Corte ha precisado suficientemente cuál es el contorno dentro del cual el juez puede llevar a cabo sus juicios de valor y aplicar el derecho penal. Así como los derechos fundamentales tienen un núcleo esencial intocable y una órbita de regulabilidad que depende de las decisiones políticas del legislador, también las normas de derecho punitivo tienen un marco básico dentro del cual se llevan a cabo los juicios de valoración y apreciación por parte de los jueces, y unas fronteras más allá de las cuales la judicatura no puede transitar. En materia de penas los límites máximo y mínimo, su clase, su previsión previa, su naturaleza principal o accesoria, son impermeables aun frente a la pretendida autonomía del juez o a disposiciones como la proscripción de la reforma en peor. No es pues un concepto de “legalidad” entendido como sinónimo de “ley sustancial”, sino a la luz de un significado más hondo en tanto concibe la “legalidad” como principio, es decir, en su función límite e impenetrable para el aplicador de la ley”. (Sent. oct. 28 1997. Rad. 9791).

Para el caso presente, es evidente que la intervención del Tribunal no ocurrió para hacer valer los límites objetivos legales de la pena desbordados por el juzgador, tampoco para aplicar una pena principal o accesoria gratuita o arbitrariamente omitida, sino para revalorar las pruebas con miras a excluir una diminuente.

Al proceder de tal manera, no limitó el ajuste a una confrontación meramente legal entre la pena aplicable y la ajustada, sino que ingresó a un replanteamiento en el análisis de los medios probatorios y los criterios sobre su alcance en el caso concreto de la realidad abrigada dentro del expediente, que para el fin de incrementar la pena, o lo que es lo mismo, de excluir una diminuente, solo podía alcanzar mediando la impugnación de otro sujeto procesal, con interés para interponer en tal sentido el recurso de instancia.

No sucediendo ello así, es innegable el exceso en la intervención del juzgador ad quem, en contravía del precepto 31 constitucional, lo que al constituir aquella violación directa invocada por el casacionista, redundará en la casación del fallo recurrido, tanto en el caso del recurrente extraordinario, como de quien no hizo uso de esa impugnación, pues por virtud del artículo 243 del Código de Procedimiento Penal “la decisión del recurso de casación... se extenderá a los no recurrentes... según el caso”, lo que conducirá de regreso a la sanción impuesta en la primera instancia, en lo que no debió modificarse.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Penal, de acuerdo con el Ministerio Público, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Casar parcialmente la sentencia recurrida, en cuanto agrava la pena principal impuesta a los procesados por el delito de homicidio. En consecuencia se impone como definitiva a cada uno de los acusados Oscar Leopoldo Mejía Buriticá y Jhon Jairo Parra Mejía la pena principal de 16 años y 8 meses de prisión como responsables del delito de homicidio por el cual fueran juzgados dentro del presente asunto.

Queda en lo demás inmodificada la sentencia recurrida.

Cópiese, notifíquese, devuélvase y cúmplase.

Jorge Córdoba Poveda—Fernando Arboleda Ripoll—Ricardo Calvete Rangel—Jorge Aníbal Gómez Gallego—Carlos A. Galvez Argote—Carlos E. Mejía Escobar—Édgar Lombana Trujillo—Dídimo Páez Velandia—Nilson Pinilla Pinilla.

Patricia Salazar Cuéllar, secretaria.

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