Sentencia 11412 de febrero 13 de 2003 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESADO

HACE RELACIÓN A SU INDIVIDUALIZACIÓN COMO PERSONA

EXTRACTOS: «En el marco de la causal tercera de casación, pretende el defensor que se declare sin validez lo actuado a partir del emplazamiento del implicado Fabio Elías Higuita o Fabio Elías Higuita Durango, quien se vinculó al proceso y fue condenado, a pesar de que el autor material de la conducta punible no fue debidamente identificado.

2. Si bien la causal tercera de casación, vale decir cuando la sentencia se haya dictado en un juicio viciado de nulidad, aparentemente no exige en su redacción formas específicas en cuanto su proposición y desarrollo, la demanda no es un escrito de libre confección, pues, igual que en las otras causales, debe ajustarse a ciertos parámetros lógicos de modo que se comprendan con claridad y precisión los motivos de la nulidad, las irregularidades sustanciales alegadas y la manera como se quebranta la estructura del proceso o se afectan las garantías de los sujetos procesales.

En particular, cuando se alega el quebrantamiento del debido proceso, como en el presente caso, es preciso que el demandante demuestre la presencia de defectos sustanciales que conspiren contra la estructura del sistema procesal en uno de sus eslabones concatenados, por ejemplo, no abrir investigación, no vincular al procesado, no definir la situación jurídica cuando ello sea necesario, no clausurar la investigación, no convocar a audiencia preparatoria, y, en fin desconocer las etapas de investigación y juzgamiento.

En punto de esta causal corresponde, también al recurrente demostrar que la irregularidad, cometida durante el desarrollo del proceso e inadvertida en el fallo, es francamente trascendental e incide de tal manera, que para remediarla no queda ninguna alternativa distinta a invalidar las diligencias, ya que no se trata de discutir la ocurrencia de cualquier defecto insustancial; y por ello, quien así alega debe indicar razonadamente y con precisión el momento procesal al que han de retrotraerse las actuaciones, una vez excluidas las alcanzadas por lo vicios.

3. Aunque el cargo menciona la existencia del supuesto problema, consistente en la inadecuada identificación del emplazado, el desarrollo se redujo a la exposición del pensamiento particular del libelista acerca de los requisitos que él entiende deben concurrir para poder emplazar a una persona antes de vincularla en ausencia; de donde concluye que si no se cuenta con los nombres y apellidos completos del sindicado, o con la identificación documental oficial, el emplazamiento deviene ilegal.

No obstante, salvo la justificación en el sentido que pretendía precaver que la sentencia recaiga sobre un homónimo, no explicó, como era menester, cuáles eran los motivos que lo movían a colegir que todas las características personalísimas, socio culturales y físicas, que configuran la individualidad del procesado, no eran suficientes para determinar que la sentencia recaía exclusivamente sobre el autor material del homicidio, señor Fabio Elías Higuita o Fabio Elías Higuita Durango, y no sobre una persona distinta.

4. En concreto, el casacionista afirma que no se logró dilucidar con exactitud cuáles son los apellidos de Fabio Elías, el sentenciado; y por ello denuncia el quebrantamiento del debido proceso, y la concurrencia de la causal de nulidad contenida en el numeral 2º del artículo 304 del Código de Procedimiento Penal (D. 2700/91), porque, supuestamente, no se dio estricto cumplimiento a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 356 ibídem, que establecía que: “En ningún caso podrá emplazarse a persona que no esté plenamente identificada”.

Es evidente que el reproche está cimentado sobre el contenido que el demandante atribuye a la expresión normativa “plenamente identificada”, cuyo alcance ha sido objeto de análisis por la Sala de Casación Penal en diversos pronunciamientos, muchos de ellos anteriores al fallo materia del recurso, pero cuya hermenéutica dice relación con las exigencias de individualización o identificación del sujeto activo del delito, estipuladas en el Código de Procedimiento Penal, Decreto 2700 de 1991, vigente cuando se produjo el emplazamiento en el presente asunto.

Se destaca la sentencia del 5 de octubre de 1994, (M.P. Juan Manuel Torres Fresneda), oportunidad donde la Corte expresó:

“Nada interesa que el sujeto pasivo de la acción penal se presente con una pluralidad de nombres o de documentos de identidad, lugares o fechas de nacimiento, mecanismos fraudulentos que ninguna duda alcanzan a generar cuando se tiene la certeza respecto del individuo único y concreto sobre el cual recae la acción punitiva del Estado. Ya en su momento el artículo 127 del Decreto 50 de 1987 establecía que la necesidad de determinar la identidad del procesado imponía al instructor la obligación de practicar con preferencia las pruebas orientadas a obtenerla, siempre y cuando “surgieren dudas” sobre ella, y dentro del mismo sentido el artículo 128 clarificaba que “La imposibilidad de identificar al procesado con su verdadero nombre y apellido o con sus otras generalidades, no retardará ni suspenderá la instrucción, el juicio ni la ejecución de la sentencia, cuando no exista duda sobre su individualización física”, condiciones que hoy subsisten aplicadas a los diferentes estadios procesales como sucede para comenzar cuando el 319 del Código de Procedimiento Penal (D. 2700/91), impone como objeto de la averiguación preliminar la determinación de la “identidad o individualización de los autores o partícipes de la infracción, el artículo 352 sólo autoriza oir en indagatoria a quien sorprendido en flagrancia o señalado por los antecedentes o circunstancias contenidos dentro del proceso se pueda tener como autor o partícipe del hecho, y concordantemente el artículo 356 advierte que no podrá emplazarse “a persona que no esté plenamente identificada”, en una clara prohibición a la vinculación de personas indefinidas, de una pluralidad de homónimos o de sujetos simplemente señalados como N.N., hasta culminar en la exigencia de que la redacción de la sentencia contenga los datos de la “identidad o individualización del procesado” (art. 180 ibídem)”.

5. La posibilidad de vincular a una persona sindicada que esté adecuadamente individualizada o identificada no sufrió alteración alguna en el “nuevo” Código de Procedimiento Penal, Ley 600 de 2000, pues la investigación previa tiene entres sus finalidades la de recaudar pruebas indispensables para lograr la individualización o identificación de los autores o partícipes de la conducta punible (art. 322); la apertura de instrucción también tiende a determinar quién o quiénes son los autores o partícipes de la conducta punible (art. 331); la indagatoria igualmente es un medio para establecer la identidad o la individualidad del sindicado, pues además de sus nombres, apellidos y documentos de identificación, debe ser interrogado por apodos si los tuviere, nombres de los padres, edad, lugar de nacimiento, estado civil, nombre del cónyuge o compañero permanente y de los hijos, domicilio, residencia, lugares de trabajo, estudios adelantados, bienes que posea y antecedentes, y en este acto se debe dejar constancia de las características morfológicas del sindicado (art. 338); la orden de captura deberá contener los datos necesarios para la identificación o individualización del imputado (art. 350); y, finalmente, entre sus requisitos formales, la sentencia deberá contener la identidad o individualización del procesado (art. 170).

Todo ello conduce a inferir de modo racional que, igual que en el régimen derogado, cuando el artículo 344 (declaratoria de persona ausente) del Código de Procedimiento Penal, Ley 600 de 2000, establece que “en ningún caso se vinculará persona que no esté plenamente identificada”, la expresión plenamente identificada no se refiere de manera exclusiva y excluyente a que se cuente con los nombres, apellidos y los documentos de identificación del sindicado, pues una exigencia de tal naturaleza sería fuente de impunidad en los eventos donde no fuere posible recaudar dicha información.

Entonces, en el anterior régimen como en el vigente, la prohibición de vincular a una persona que no esté plenamente identificada, ha de entenderse referida a la suficiente identificación o individualización del procesado, para evitar el procesamiento de personas indefinidas y precaver las dificultades que generaría la homonimia, como lo ha reiterado la jurisprudencia.

6. Luego, en materia penal, es errada la idea que suele tenerse según la cual identificación puede extraerse necesaria o exclusivamente de documentos oficiales que contengan los nombres, apellidos, lugar y fecha de nacimiento, etc., de una persona, puesto que la prueba documental no es el único medio, sino que existe libertad probatoria para reconocer si una persona es la misma que se supone o se busca.

7. Así las cosas, no es correcto interpretar los preceptos comentados, artículo 356 (emplazamiento para indagatoria) del Código de Procedimiento Penal, Decreto 2700 de 1991, y artículo 344 (declaratoria de persona ausente) del Código de Procedimiento Penal, Ley 600 de 2000, para crear un paralelismo o un antagonismo entre lo que se entiende por identificación de un ciudadano, y lo que se entiende por identidad física o individualización.

7.1. La identificación de alguna manera está asociada a la idea de documentos oficiales, pero trasciende a otros aspectos. Se enmarca en el campo de la antropología cultural y en la vida de relación. Alude a todos los datos que han sido asignados a una persona para su realización dentro de la sociedad, por razón de su origen, sea por el lugar de nacimiento o los que nacen en el núcleo familiar, como los que se refieren a sus nombres y apellidos, a sus vínculos de consanguinidad o afinidad; luego, a los documentos que lo identifican en los actos de su vida pública y privada y en los registros oficiales como son la cédula de ciudadanía, la Iibreta militar, un carné de vinculación al servicio público, los certificados sobre antecedentes penales, policivos, disciplinarios, etc. Es decir, la identificación comprende todos aquellos datos que otorgan a una persona un sitio jurídico dentro de la organización social.

7.2. En el marco de la normatividad procesal penal, la palabra individualización corresponde a la operación a través de la cual se especifica o determina a una persona, por sus rasgos particulares que permiten distinguirla de todas las demás. Alude a las personas como fenómeno natural, a las características personalísimas de un ser humano, que lo hacen único e inconfundible frente a todos los demás pertenecientes a su misma especie. En este sentido, la individualización es un concepto interesante a la antropología física, a la morfología.

Entonces, puede colegirse que la expresión “plenamente identificada” en la prohibición que el legislador estableció en las citadas normas, apunta a la persona integralmente considerada, como fenómeno natural, individual, inconfundible con otra, única en su especie, y también en lo atinente a su entorno sociocultural, en el sentido de que no es permitido emplazar ni vincular a alguien indeterminado, con el propósito de que no resulte como sujeto pasivo de la acción penal una persona distinta a la que desplegó la conducta punible, o se dificulte o impida la ejecución de la sentencia.

8. Lo anterior significa que sería ideal, pero no indispensable, conocer todos los datos que brinden tanto la identificación como la individualización de la persona que es sometida a la acción punitiva del Estado. De lo contrario, se llegaría al absurdo, de que los delincuentes respecto de quienes se desconoce su filiación, o las personas indocumentadas, o conocidas sólo por su remoquete, o las que han abandonado o cambiado el lugar de residencia, pese a su inconfundible señalamiento, no podrían ser sujetos pasivos de la acción penal.

En esas condiciones, no haber establecido con certeza los apellidos del autor de un delito, no vicia la actuación, porque lo que interesa es comprobar que se trata de quien ejecutó la acción delictiva y no de otra persona.

9. Es cierto que en el presente asunto no se tiene certeza sobre los apellidos que corresponden al procesado, o si su filiación fue o no reconocida por su padre biológico, pero no existe ninguna duda sobre su individualidad, porque se sabe a ciencia cierta que su progenitor era Reinaldo Higuita, que el nombre de su madre es Sofía; que Blanca Luz Durango Flórez es su prima; que Santiago Giraldo Durango también es su primo; que vivió en la casa de los dos últimos; y que es la persona que en presencia de Santiago Giraldo y Donaldo Guzmán Cossio disparó su arma de fuego sobre Nelson Roberto Vásquez Quiceno, causándole la muerte. Por tanto, la identidad cultural y la individualidad física del agente homicida es indiscutible. Y por si ello no resultara suficiente, las autoridades de policía cuentan con una fotografía de Fabio Elías que no permitirá equivocaciones sobre su individualización.

Ocurre que, ante la imprecisión en los apellidos del imputado, su emplazamiento se realizó con otros datos que de él se conocían, pero suficientes para individualizarlo, de modo que, ni se desquició el principio del debido proceso, ni se incumplió el mandato del artículo 356 del Código de Procedimiento Penal.

Es más, esa individualización del responsable del hecho punible a quien afecta este proceso, en nada se modifica por el hecho de desconocer su lugar de nacimiento o la parroquia en que fuera bautizado, porque también es posible que no lo hubiere sido. Así mismo, es muy probable que tampoco haya obtenido la cédula de ciudadanía; sin embargo, el autor del homicidio sigue siendo Fabio Elías, el hijo de Reinaldo Higuita y Sofía, primo de Blanca y de Santiago, a quien éste y Donaldo Guzmán vieron disparar contra Nelson Roberto Vásquez Quiceno.

En tales condiciones, el cargo no prospera».

(Sentencia de casación, 13 de febrero de 2003. Radicación 11.412. Magistrado Ponente: Dr. Édgar Lombana Trujillo).

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