Sentencia 11434 de febrero 15 de 2000 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

AUDIENCIA ESPECIAL

EL FISCAL NO ESTÁ OBLIGADO ACEPTAR LA SOLICITUD DE ESTE TRÁMITE

EXTRACTOS: «1. EI único cargo que el libelista formula contra la sentencia de segundo grado, al amparo de la causal tercera de casación, lo hace consistir en que en la etapa de instrucción no se dio trámite a la solicitud que, el 1º de septiembre de 1994, presentó el procesado, en el sentido de acogerse al procedimiento consagrado en el artículo 37A del Código de Procedimiento Penal, pedimento que permaneció vigente no obstante la declaratoria de nulidad de la audiencia especial por parte del Juzgado 11 Penal del Circuito de Ibagué.

Asevera que una vez declarada la nulidad y remitido el expediente a la fiscalía de origen, esta oficina judicial dispuso, al siguiente día, el cierre de la instrucción, sin que se hubiera resuelto la citada petición.

2. Por su parte, el procurador delegado considera que le asiste razón al impugnante y, en consecuencia, sugiere a la Corte casar la sentencia recurrida, a fin de que se subsane dicha sustancial irregularidad.

3. Ante todo, y para los efectos de la nulidad invocada, es necesario hacer algunas precisiones, así:

3.1. Como toda persona tiene derecho a un debido proceso “sin dilaciones injustificadas” y a las rebajas punitivas consagradas para quien se acoge a estos especiales trámites, que se pueden convertir en la mejor opción de defensa frente a la contundencia probatoria, cuando el interesado los solicita y el funcionario no accede, cumpliéndose los requisitos señalados en la ley, se genera una nulidad, pues no es el proceso ordinario el que en tal caso debe rituarse, sino uno especial, como lo ha sostenido la Sala:

“La sentencia anticipada y la audiencia especial son ritos alternativos especiales, que significan un abandono del procedimiento ordinario, en pro de loables fines de economía procesal, descongestión del aparato de la justicia y agilización del respectivo proceso. De modo que, como lo proclamó Carrara, sería un enorme engaño a la sociedad que el legislador se ocupara de regular todo un procedimiento especial, si, a la vez, no se prevé una consecuencia para su desconocimiento injustificado, pues, en tal caso, la eficacia del rito no depende del cumplimiento de esas imperativas reglas sino del gusto de los funcionarios judiciales. Así entonces, satisfechos por el peticionario los requisitos de admisibilidad y procedibilidad de la sentencia anticipada o de la audiencia especial, el debido proceso constitucionalmente prescrito ya no será el ordinario sino el que disponen los artículos 37 y 37A del Código de Procedimiento Penal, máxime que la regulación de la primera figura fue hallada conforme con dicha garantía fundamental por la Corte Constitucional, según se decidió en la sentencia de constitucionalidad C-425 del 12 de septiembre de 1996, cuya ponencia presentó el magistrado Carlos Gaviria Díaz:

De acuerdo con el artículo 29 de la Constitución Política, toda persona tiene derecho a un debido proceso público y “sin dilaciones injustificadas”, con más veras si el interesado lo propicia con su propia voluntad y actividad (sentencia anticipada), razón por la cual, aunque se adelante una actuación plena en etapas y formalidades, una vez cumplidos los presupuestos del rito especial, negarlo y continuar el procedimiento ordinario comporta una “dilación injustificada”. Se palpa en nuestro medio una especie de superstición judicial consistente en que a mayor dilación en el procedimiento mayor oportunidad de defensa, pero ocurre que el proceso de sentencia anticipada, si proviene de una voluntad clara del procesado (y ello hace parte del control de los funcionarios judiciales), es la mejor opción de defensa libremente escogida por él (no impuesta por el funcionario), máxime que tal actitud, si se concreta, le representa una significativa rebaja de pena.

Pretender que la mejor defensa es la que propugna a cualquier precio por la absolución, aun en contravía de la más comprometedora evidencia procesal, no es más que un mal hábito lamentablemente consolidado en el pensamiento de algunos abogados. La procuración sincera y sensata de aminorantes del juicio de reproche o de la pena, sobre todo cuando se hace oportunamente, puede dibujar mejores perfiles de defensa que un empecinamiento engañoso y con ínfulas de habilidad jurídica no procedente en el caso.

Lo que en frase tradicional se conoce como “pronta y cumplida justicia”, o proceso rápido, según la dogmática procesal, es un derecho fundamental que realizado protege no sólo a la sociedad sino también a la persona que está sub judice. Este valor de la celeridad, lo mismo que los de la participación democrática, defensa auténtica e igualdad de oportunidades, que hacen parte del debido proceso penal en línea constitucional, se ven afectados cuando se niega injustificadamente la opción de sentencia anticipada y, en consecuencia, la decisión que así lo haga estará afectada de nulidad (C.P. art. 29; L. 74/68, art. 14; y L. 16/72, art. 8º).(1)

(1) Ver casación Nº 10397, abril 16/98, M.P. Jorge Anibal Gómez Gallego y Carlos Eduardo Mejía Escobar.

3.2. Sin embargo, entre las dos instituciones hay diferencias que inciden frente a la eventual nulidad que puede acarrear su no práctica.

En efecto, a la sentencia condenatoria, previa audiencia especial, se llega en virtud de un acuerdo, de una transacción, cuando hay duda probatoria sobre la existencia de alguno o algunos de los aspectos a que se refiere el artículo 37A: adecuación típica, grado de participación, forma de culpabilidad, circunstancias del delito, condena de ejecución condicional y preclusión por otros comportamientos sancionados con pena menor. En cambio, a la sentencia anticipada se arriba no en virtud de un consenso, “sino porque el procesado, motu proprio, resuelve admitir los cargos, sin condiciones ni controversia”, como lo ha sostenido la Sala(2).

(2) Ver casación marzo 4 de 1996, M.P. Fernando Arboleda Ripoll.

Por eso, en el trámite de sentencia anticipada, previsto en el artículo 37 del Código de Procedimiento Penal se cita para una audiencia de formulación y aceptación de cargos, en tanto que en el de audiencia especial se convoca a debatir los puntos que propongan el procesado (o su defensor), o el fiscal (cuando de él parte la iniciativa), y con relación a los cuales se considere que existe duda probatoria, por lo cual, una vez presentados los cargos por el fiscal, se entrará a debatir tales aspectos, de manera que si se llega a un acuerdo, que constará en el acta respectiva, el proceso se remitirá al juez del conocimiento, quien deberá dictar sentencia conforme a lo acordado “si encuentra el acuerdo ajustado a la ley y no se han violado los derechos fundamentales del procesado”. Contrario sensu si no hay duda, o no se puede llegar a un acuerdo en la audiencia con relación a la advertida, el proceso continuará su trámite normal.

3.3. Como a la sentencia condenatoria, previa audiencia especial, se llega en virtud de un acuerdo que permitió superar la duda probatoria existente, la ley faculta al fiscal para negarse a citar la diligencia cuando considere que no hay duda, y, por lo tanto, que no hay nada que debatir, como se desprende de lo estatuido en el primer inciso de la norma en comento y en su parágrafo 2º, al tenor de los cuales el citado funcionario judicial no estará obligado a citar a la audiencia “cuando advierta que existe prueba suficiente en relación con los aspectos sobre los cuales puede versar el acuerdo”.

Lo anterior marca una fundamental diferencia entre estas dos formas de terminación anticipada del proceso, en cuanto a las consecuencias de su no celebración: si no se cumple el trámite de la sentencia anticipada, legalmente solicitado por el procesado, habrá nulidad por quebrantamiento de la garantía del debido proceso. En cambio, si no se sigue el trámite de la audiencia especial porque el fiscal considera que no hay duda probatoria y, en consecuencia, que no se requiere ninguna audiencia para polemizarla y procurar un acuerdo, no habrá nulidad.

4. En el caso que ocupa la atención de la Sala, el casacionista reprocha haberse pretermitido el especial rito previsto en el artículo 37A, citado, pues si bien es cierto se declaró por el juez del conocimiento la invalidez de la diligencia de audiencia especial, esa nulidad no comprendió el resto de lo actuado, incluida la solicitud que presentó su defendido, con su coadyuvancia, de acogerse a esta forma de terminación anticipada, con lo que se quebrantó la garantía del debido proceso.

Al respecto la Sala expresa que es cierto que ese acto de postulación no fue anulado y que habría podido ser respondido expresamente por el fiscal, más sin embargo, esa eventual informalidad ninguna consecuencia tendría para la validez del proceso, pues se trataría de una omisión suplida por el fiscal al clausurar la investigación, toda vez que con esta resolución claramente dio a entender que para él nada había que discutir, pues no existía duda probatoria que justificara la nueva citación a audiencia y que, por lo tanto, el proceso debía continuar su curso normal.

Por otra parte, el casacionista no demostró, ni aparece, la trascendencia de la omisión, esto es, cómo varió la estructura del proceso, en forma tal que si el fiscal hubiera respondido expresamente la solicitud, se hubiera seguido el rito alternativo abreviado. Por el contrario, con el cierre de investigación evidenció su voluntad de no acogerlo, al tenor de la facultad conferida por el inciso 1º y el parágrafo 2º del artículo 37 A comentado.

Por consiguiente, el cargo no prospera».

(Sentencia de casación, febrero 15 de 2000. Radicación 11.434. Magistrado Ponente: Dr. Jorge E. Córdoba Poveda).

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