Sentencia de homologación 11458 de septiembre 24 de 1998 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

ESCALAFÓN DOCENTE EN UNIVERSIDADES

NO SE ESTABLECE A PARTIR DE COMITÉS CREADOS POR LAUDO

EXTRACTOS: «Al tenor del escrito de homologación, visible entre folios 124 y 127 del cuaderno principal, la Fundación Universidad Incca de Colombia no está de acuerdo con la decisión del tribunal de arbitramento consignada en los artículos 4º y 5º del laudo, referente el primero a la conformación de una comisión para el escalafón docente y administrativo de la universidad.

(...).

En cuanto al primer tópico de la impugnación, estima la Corte que el tribunal de arbitramento, efectivamente, se extralimitó en el ejercicio de su competencia, pues desconoció la autonomía universitaria que como derecho garante otorgan a las instituciones de educación superior, como la empleadora, el artículo 69 de la Constitución Nacional, y los artículos 28, 29 y 123 de la Ley 30 de 1992, que le permiten, entre otras cosas, regirse por sus propios estatutos; designar sus autoridades académicas y administrativas; crear, organizar y desarrollar sus programas académicos; definir y organizar su labores docentes; seleccionar y vincular a sus profesores, y adoptar el régimen de sus alumnos o docentes.

Esa la conclusión de la Sala, porque examinado el laudo en su parte considerativa (fl. 113 c. ppal.) y en su resolutiva (fl. 111 ib.), indefectiblemente se deduce que en él se le impone a la universidad una limitación al fuero que constitucional y legalmente le asiste, y que se concreta en aspectos como los anteriormente enumerados, pues a la postre se le ordena congestionar con la organización sindical en puntos tales como la “vinculación, inclusión, exclusión, rotaciones en el cargo”, “asignación de funciones”, de su personal docente y administrativo, lo cual además implica restricción a sus derechos como sujeto del contrato de trabajo en cuanto representa una limitación a la potestad subordinante que le asiste como empleador, y que prevé el artículo 23 del CST, subrogado por el artículo 1º de la Ley 50 de 1990.

Así se decide porque si bien es cierto que el inciso segundo del artículo 68 superior prevé la participación de la comunidad universitaria en la dirección de las instituciones de educación, no lo es menos que un mecanismo como el comité de escalafón, implementado, según el artículo 4º en examen, para establecer el escalafón docente y administrativo en la universidad, debe ser consecuencia de un consenso entre la empleadora recurrente, que es una persona jurídica de derecho privado, y la comunidad educativa constituida en torno a ella, entre la cual indiscutiblemente están sus trabajadores administrativos y docentes, pero no resultado de una imposición arbitral que además desconozca, como en este caso acontece, que, de todas maneras, el ente universitario, como empleador que es, en el marco de la legislación laboral colombiana, tiene derecho frente a sus trabajadores, sin excepción, a ejercer su potestad de dirección de las actividades que constituyen su objeto social y a reclamar y ejercer su poder subordinante sobre los mismos, lo cual en el marco de la autonomía universitaria, prevista en los artículos 69 constitucional y 28, 29 y 123 de la Ley 30 de 1992, representa, por ejemplo, poder seleccionar, vincular y promover con independencia su personal administrativo y docente, e indicarle sus funciones.

No desconoce la Corte la posibilidad de que, eventualmente, instituciones universitarias y miembros de la comunidad educativa, entre los cuales pueden estar las organizaciones sindicales de sus trabajadores, en el marco del artículo 68 constitucional, puedan, a través de los instrumentos legales de la autocomposición, estructurar acuerdos en materias tales como el de la selección, vinculación y promoción de personal docente y administrativo, pero insiste en que no es posible que los árbitros impongan a los entes de educación superior un mandato semejante, en desmedro de derechos legales sobre los cuales, en el marco de la autonomía de la voluntad, sólo pueden disponer.

Lo anterior quiere decir, entonces, que las normas reguladoras de la autonomía universitaria priman sobre el artículo 106 del Código Sustantivo del Trabajo, precepto que invoca el mandatario judicial del sindicato para sostener que a través de decisión arbitral es posible imponerle a la empleadora reglamento sobre escalafón docente, asimilando este a reglamento interno de trabajo(*)».

(*) Véase también la sentencia publicada en J. y D., Nº 217, pág. 15 (N. del D.).

(Sentencia de homologación, septiembre 24 de 1998. Radicación 11.458. Magistrado Ponente: Dr. Fernando Vásquez Botero).

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