Sentencia 11464 de octubre 22 de 1997 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

FALLA DEL SERVICIO NOTARIAL

RESPONSABILIDAD DE LOS NOTARIOS Y NO DE LA SUPERINTENDENCIA

EXTRACTOS: «Los aquí demandantes adquirieron el inmueble de persona que no tenía facultad para transmitir su propiedad, por falsificación que esta hiciera de la firma de su verdadero titular en la escritura pública de la cual pretendía derivar su derecho.

Con apoyo en la anterior secuencia del negocio jurídico, los demandantes pretenden la declaratoria de la responsabilidad del Ministerio de Justicia y de la Superintendencia de Notariado y Registro, por falla en el servicio que estima se presentó en los siguientes frentes:

1. Por la negligencia y falla del servicio de vigilancia que deben asumir tales entidades sobre la actividad notarial y que llevó al notario dieciocho de la ciudad de Bogotá a autorizar una escritura pública permitiendo que uno de los otorgantes fuera suplantado.

2. Por la falla del servicio de la citada superintendencia al proceder a efectuar la cancelación de un registro basado en el oficio 1416 remitido por la unidad quinta de investigación previa y permanente.

(...).

La sala comparte los planteamientos que hace el tribunal con apoyo en los cuales denegó las súplicas de la demanda por las siguientes razones:

1. Se encuentra bien acreditada la excepción por falta de legitimidad pasiva por parte de la Nación-Ministerio de Justicia, teniendo en cuenta que la Superintendencia de Registro y Notariado es una unidad administrativa especial con personería y patrimonio autónomo, adscrita al Ministerio de Justicia, razón por la cual se encuentra legitimada como parte pasiva dentro del proceso (D. 1659/78 y D. 2158/92).

El simple control de tutela que ejerce el mencionado ministerio originado en su adscripción al mismo, no obliga, a demandar a dicho ministerio antes que a la mencionada superintendencia, la cual como ya se dijo, es un organismo autónomo con capacidad para comparecer al proceso y nombrar su respectivo apoderado, como en efecto lo hizo, y como figura a folios 69 y siguientes del cuaderno 1.

2. Comparte también la negativa a declarar la responsabilidad de la entidad demandada, teniendo en cuenta que si bien es cierto el servicio de notariado, es un servicio público prestado por particulares que consiste fundamentalmente en dar fe pública sobre actos y hechos conforme a las competencias establecidas en el Decreto 960 de 1970, también es claro que en virtud de lo dispuesto en el artículo 8º de la misma norma: “Los notarios son autónomos en el ejercicio de sus funciones y responsables conforme a la ley”.

En el artículo 195, el citado decreto, dispone:

“Los notarios son responsables civilmente de los daños y perjuicios que causen a los usuarios del servicio por culpa o dolo en la prestación del servicio”.

Pero en todo caso, el notariado es un servicio público nacional, dispensado a cargo de la Nación por medio de funcionario o de particulares que de acuerdo con el artículo 90 de la Constitución Política son autoridades, agentes por tanto del Estado y en esa condición cuando sus actos gravemente dolosos o culposos causen daño antijurídico generan responsabilidad patrimonial de la administración.

En el caso concreto, los demandantes adquirieron el inmueble de una persona que no tenía facultad para transmitir propiedad, por falsificación que esta hiciera de la firma de su verdadero titular en la escritura pública de la cual pretendía derivar su derecho y en ningún momento se observa la falla o deficiencia del ente registrador que pueda servir de título de imputación jurídica de responsabilidad en su contra.

En el evento de falla o deficiencia del servicio ésta sería imputable al notario y no a la Superintendencia de Notariado, teniendo en cuenta que en principio, la función de vigilancia de ésta no tiene injerencia en la prestación del servicio notarial directo al usuario.

3. Con relación a la actuación de la Superintendencia de Notariado y Registro frente al acto de inscripción del negocio jurídico, se tiene que mediante el oficio 1416 del día 4 de febrero de 1993 el fiscal 63 de la unidad de investigaciones le solicitó a la oficina de instrumentos públicos y privados cancelar las siguientes inscripciones.

“... La 5228 del 22 de octubre de 1990 de la notaría 18 de Santafé de Bogotá venta de José Ignacio Peña Cañón a Eduardo González Rubio y la 8425 del 14 de diciembre de 1990 de la notaría novena de Santafé de Bogotá, venta de Eduardo González Rubio a Florentino Amado Chacón y Nory Medina Medina, las que se encuentran registradas en esa oficina en el folio de matrícula inmobiliaria 050-0216869” (fl. 136, Cdno. 1).

Considera la sala que lo dicho respecto de la responsabilidad de los notarios frente a sus actos en ejercicio de sus funciones, se predica igualmente de los actos del registrador, en el sentido que si por medio de los dichos actos se producen daños a los usuarios del servicio, estos no guardan, en principio, conexidad alguna con la función de vigilancia y control de la Superintendencia de Notariado y Registro, cuya responsabilidad únicamente podría ser cuestionada por las eventuales fallas del servicio derivadas de conductas dolosas o culposas emanadas de los funcionarios vinculados a dicha superintendencia.

Además, la sala comparte lo dicho por el tribunal cuando destaca que la acción idónea para deducir responsabilidad por la inscripción del mencionado acto en el registro inmobiliario era la acción de nulidad y restablecimiento consagrada en el artículo 85 del CCA y no la acción de reparación directa aquí interpuesta.

En efecto, el acto de inscripción de un título en la oficina de registro de instrumentos públicos es un acto administrativo mediante el cual ésta entidad luego de verificar los actos ordena su inscripción o la rechaza. Este acto contiene una manifestación de voluntad del Estado que crea o modifica situación jurídica del administrado. En consecuencia la vía idónea para obtener los perjuicios que se pudieran causar con la expedición de los mismos, es la de nulidad y restablecimiento del derecho.

Por lo dicho la sala mantiene la decisión del a quo, cuando declara probada la excepción de acción indebida, propuesta por el centro de imputación jurídica demandado. Aunque el apelante señala que en la demanda no se está pidiendo la nulidad de la inscripción, sino, la reparación directa por falla en la prestación del servicio público notarial, y el no haber rechazado la oficina de registro de instrumentos públicos y privados, la comunicación de la fiscalía, constituye una omisión de las contempladas en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, la sala recuerda que esta actividad se recogió en el acto administrativo de inscripción en el registro y que dicho acto en su carácter de tal, lleva ínsita la presunción de legalidad del mismo, que el impugnante debió desvirtuar a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho».

(Sentencia de octubre 22 de 1997. Expediente 11.464. Consejero Ponente: Dr. Jesús María Carrillo Ballesteros).

SALVAMENTO DE VOTO

EXTRACTOS: «1. El notariado es un servicio público a cargo del Estado quien lo delega para su prestación en los notarios quienes manteniendo el status de particulares están encargados de dar fe pública por delegación de aquél. Quiere ello decir que a pesar de no ostentar el carácter de servidor público en el estricto sentido de la palabra sí ejercen funciones públicas. De tal suerte que los notarios con sus actuaciones u omisiones bien pueden comprometer patrimonialmente al Estado para el resarcimiento de los daños antijurídicos que les sean imputables, padecidos bien por quien demanda su servicio o participación en el tráfico negocial, como también frente a terceros quienes sin haber participado en los actos notariales resulten afectados en sus derechos. De igual manera si el notario hubiere obrado o dejado de hacer lo que le corresponde legalmente, con dolo o culpa grave, el Estado deberá repetir las sumas de dinero a que hubiere sido condenado en favor del damnificado. Todo esto con fundamento en el artículo 90 de la Carta Política que ha estatuido la responsabilidad patrimonial institucional del Estado frente a la víctima o damnificado, a la vez que impone el deber de repetir contra el agente estatal, si en su comportamiento hubiere estado presente dolo o culpa grave.

2. Al usuario de los servicios notariales y a los terceros que hubieren resultado perjudicados por la acción u omisión del personal que integra una notaría, les asiste el derecho fundamental de acceder a la justicia, en ejercicio de la acción de reparación directa prevista en el artículo 86 del CCA, para que el Estado Colombiano (Nación-Superintendencia de Notariado y Registro) resulte condenado a resarcirles todos los perjuicios derivados del daño que no estaban obligados a soportar.

(...).

En conclusión:

La Nación colombiana responde institucionalmente por los daños antijurídicos que le sean imputables por la acción u omisión indebidas de los encargados de la prestación del servicio público notarial, pues estos son agentes suyos que la comprometen patrimonialmente; el damnificado con los daños originados en la actividad notarial no tiene acción directa o personal contra el notario, sino contra el Estado colombiano; lo que el Estado resultare obligado a pagar, por el dolo o culpa grave de los servidores de notariado, y solamente cuando esté presente el dolo o culpa grave, deberá intentar repetirlo; y, la vía procesal mediante la cual la víctima o damnificado puede hacer valer sus derechos es la prevista por los artículos 86 y 207 y siguientes del CCA, vale decir, mendiante el ejercicio de la acción de reparación directa a través del procedimiento ordinario».

Daniel Suárez Hernández.

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