Sentencia 11480 de febrero 13 de 2003 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

INSPECCIÓN EN MATERIA PENAL

EN LA ETAPA DE JUZGAMIENTO NO NECESITA TRASLADO POSTERIOR

EXTRACTOS: «Causal tercera -segundo cargo: Violación del debido proceso por omitir el traslado de la inspección judicial y de las fotografías y el plano topográfico levantado de la misma, que estima como pruebas periciales:

La Constitución Política garantiza como derecho fundamental el de un “(...) debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra (...)”, y en ninguna parte más evidente esa teleología que en la regla de la inspección judicial que el demandante afirma, equivocadamente, que fue vulnerada y que reclama como motivo de anulación, en cargo que ninguna vocación de prosperidad contiene, pues tiene una doble razón de desestimación, de una parte técnica y de otra sustancial.

Con desacierto técnico el defensor pretende la anulación del proceso por una irregularidad, que de haber ocurrido, tiene dicho la Corte, no tiene la virtud de generar semejante consecuencia, pues no se trata de un vicio de estructura, sino a lo sumo de garantía, caso en el cual la máxima consecuencia sería la de excluir la pieza probatoria recaudada en tal diligencia o la diligencia misma, de modo que el ataque debía hacerse por vía de infracción al principio de legalidad, en cuanto lo que pretende discutir, finalmente, es el procedimiento de aducción de la prueba.

En tal evento, el deber del censor no se agota allí, en el puro señalamiento, sino que su obligación incluye demostrar que la prueba así recaudada fue fundamento del fallo y que retirándola se desestructura éste, pero si no ocurre ni lo uno ni lo otro, el tema no pasa de ser una mera irregularidad, sin carácter sustancial y, por supuesto, sin ninguna incidencia en las presunciones de legalidad y acierto de la sentencia impugnada.

Pero, razones técnicas aparte, el cargo está sustentado sobre una lectura insular del segundo inciso del derogado artículo 260 del Código de Procedimiento Penal, que mantuvo su redacción en el mismo inciso del actual artículo 245, originándose un equivocado entendimiento por parte del censor. Señalaba la norma en mención:

“La inspección se decretará por medio de providencia que exprese con claridad los puntos materia de la diligencia, el lugar, la fecha y la hora. Cuando fuere necesario, el funcionario designará perito en la misma providencia, o en el momento de realizarla. Sin embargo el funcionario, de oficio o a petición de parte, podrá ampliar en el momento de la diligencia los puntos que han de ser objeto de la inspección.

La inspección que se practique en la investigación previa no requiere providencia que la ordene. En la instrucción se puede omitir ésta, pero practicada y asegurados los elementos probatorios, se pondrán a disposición de las partes por el término de tres días para que soliciten adición de la diligencia, si fuere del caso”.

Resulta claro que la necesidad de poner la inspección judicial “a disposición de las partes por el término de tres días para que solicite adición de la diligencia”, que contempla el inciso 2º está sujeta, en la etapa de instrucción, a la única hipótesis de que ésta haya sido practicada sin providencia previa que la ordene pues en tal evento lo sujetos procesales no participaron en su práctica, de modo que con tal traslado se cumple, a posteriori, con la publicidad que la Constitución y la ley garantizan, a priori, para esa diligencia.

Y se explica el mandato legal en la norma constitucional inicialmente transcrita, pues si la publicidad de la actuación es principio de tal categoría, que alcanza mayor intensidad en la fase del juicio, no tiene ningún sentido ocultarle a las partes la realización de la diligencia que por naturaleza le permite al juez el contacto directo con la prueba. Es por eso que ese inciso quedó constitucionalmente condicionado (1) a que esa actuación sólo puede considerarse ajustada a la Carta en situaciones puntuales y urgentes de aseguramiento de la prueba, en todos los demás casos es menester la providencia previa que la ordene en los términos del primer inciso de la norma legal transcrita, so pena de su exclusión como elemento de juicio del debate.

(1) Corte Constitucional, sentencia C-595, octubre 21 de 1998.

De modo que se equivocan tanto el defensor como el procurador delegado, aquel por reclamar la inaplicación de ese inciso como error de procedimiento y éste por señalar que se incurrió en esa omisión, pues resulta claro que no existió la irregularidad en tanto no era necesario ese trámite, pues la legalidad de la inspección judicial que se practicó en este caso en la etapa de juzgamiento, depende de su ordenación previa, no de su traslado posterior.

Consta en la actuación que el defensor del procesado —el mismo que actúa en sede de casación— solicitó la práctica de la inspección judicial (fl. 198) y que le fue resuelta adversamente por el juez de primera instancia (fl. 208), pero que impugnó tal decisión y la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín la ordenó (fl. 236), fijándose fecha y hora por parte del juzgado (fl. 243) y practicándose finalmente con participación del censor y de su defendido (fls. 257 a 262). Es evidente que la diligencia ocurrió en las circunstancias del inciso primero del artículo 260 del Código de Procedimiento Penal (245 actual) y que por tanto no había lugar a la aplicación del inciso 2º de la misma norma.

Finalmente, en este cargo, en cuanto hace al reclamo final del censor de no habérsele dado traslado de prueba pericial de las fotografías tomadas en la inspección y del plano topográfico levantado de la misma, también se equivoca, pues ni las unas ni el otro tienen tal característica: son documentos, gráficos los dos; el uno, mecánico y, el otro, manual (en este caso, pues también pueden ser digitales); uno registra una imagen que sucedió en un momento determinado; y, el otro, plasma, con precisión a escala, las dimensiones exactas del sitio con los cambios de nivel del terreno y la ubicación exacta de los objetos y personas que participaron en la diligencia.

De esa manera si el defensor tenía dudas, por ejemplo, sobre la fidelidad de las fotografías, porque pudiera comprobar que fueron manipuladas, digital o manualmente, o simplemente retocadas, ha debido proceder de conformidad a como debe hacerse cuando se duda de la veracidad de cualquier documento que pueda o sea tenido como prueba.

No prospera el cargo».

(Sentencia de casación, 13 de febrero de 2003. Radicación 11.480. Magistrado Ponente: Dr. Yesid Ramírez Bastidas).

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