Sentencia 11499 de noviembre 11 de 1999 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

RESPONSABILIDAD ESTATAL

SOLIDARIDAD ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS

EXTRACTOS: «Prescribe el artículo 2344 del Código Civil:

“Si un delito o culpa ha sido cometido por dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable de todo perjuicio procedente del mismo delito o culpa, salvas las excepciones de los artículos 2350 y 2355.

Todo fraude o dolo cometido por dos o más personas produce la acción solidaria del precedente inciso”.

De este precepto se deduce que, cuando intervienen varias personas en la ocurrencia del hecho dañino, la ley las obliga solidariamente a indemnizar a la víctima, lo que significa que la indemnización se puede reclamar de todas ellas o de una, al arbitrio de la víctima, sin que resulte oponible el beneficio de la división (art. 1571); sin embargo, el que realiza el pago se subroga en la acción contra el otro u otros responsables (art. 1579 y ss.).

En consecuencia, la institución de la solidaridad constituye una garantía para el damnificado en orden a lograr una íntegra y efectiva reparación del daño causado, lo que implica que está relevado de probar el grado de participación de cada uno de los agentes del daño en su producción.

Nada se opone a la aplicación de este precepto que, en principio, rige para el derecho privado, en la esfera de la responsabilidad patrimonial del Estado, más aún si, como se ha visto, el propósito del artículo 90 de la Carta Política fue consagrar un sistema de responsabilidad estatal que parte del principio de la reparación del daño antijurídico a la víctima, antes que de la sanción al infractor de una obligación.

Lo dicho significa significa —para este caso— que se debe modificar el fallo recurrido en cuanto dedujo que el municipio de Popayán respondería por el 70% del daño y la Policía Nacional por el 30% y, en cambio, se dispondrá que la responsabilidad es solidaria; en consecuencia, los damnificados pueden exigir el pago total de la indemnización a cualquiera de las entidades públicas condenadas.

Sin embargo, la Sala está de acuerdo con el a quo al estimar que, de conformidad con lo probado, la persona pública que tuvo un mayor grado de participación en la producción del daño antijurídico fue el municipio de Popayán, pues, con innegable negligencia omitió el cumplimiento de su deber legal, toda vez que de conformidad con el artículo 315-2 superior, el alcalde es la primera autoridad de policía del municipio y por este carácter, tiene competencia para impartir a la Policía Nacional las órdenes legales pertinentes, las cuales deben ser cumplidas con prontitud y diligencia.

En consecuencia, es justo y equitativo que entre las entidades condenadas, se defina como tasación del monto indemnizatorio la siguiente proporción: 70% de la condena a cargo del municipio de Popayán y 30% de la misma a cargo de la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional.

De tal manera, que si cualquiera de las dos entidades paga la totalidad de la indemnización, puede posteriormente repetir en contra de la otra entidad en el monto a su cargo que ha sido tasado anteriormente, en aplicación del artículo 1579 del Código Civil».

(Sentencia de noviembre 11 de 1999. Expediente 11.499. Consejero Ponente: Dr. Alier Eduardo Hernández Enríquez).

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