Sentencia 115-01 de noviembre 9 de 2004 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

PATERNIDAD LEGÍTIMA

NO PUEDE SER CUESTIONADA POR UN TERCERO QUE PRETENDE SER EL VERDADERO PADRE

Magistrado Ponente:

Dr. Silvio Fernando Trejos Bueno

Ref.: Expediente 00115-01

Bogotá, D.C., nueve (9) de noviembre de dos mil cuatro (2004).

Se decide por la Corte el recurso de casación interpuesto por el demandante contra la sentencia de 27 de junio de 2003, proferida la Sala Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de ..., dentro del proceso ordinario promovido por Omar L... contra Luis R..., Ana T... y V..R.. T... (menor).

I. El litigio

1. Pretende el actor que mediante sentencia se declare que la menor V R... T... es su hija extramatrimonial, cuya madre es Ana T..., y no la hija legítima del matrimonio de esta con Luis R..., y, en consecuencia, que se ordene la correspondiente cancelación de la inscripción en el respectivo registro civil; de manera acumulada, solicita a su vez que se le declare padre extramatrimonial de la menor y que, en tal condición, se le otorgue la custodia y el cuidado personal de esta.

2. Los hechos en que se apoyan tales pretensiones admiten la siguiente síntesis:

a) Dentro del matrimonio civil de la pareja formada por Luis R... y Ana T..., celebrado el 18 de diciembre de 1989, nacieron Sofía y V R... T..., el 8 de marzo de 1996 y el 24 de abril de 2000, respectivamente.

b) En vigencia de la unión, la cónyuge Ana sostuvo relaciones extramatrimoniales en diversas épocas con Omar, las últimas de las cuales fueron “reiteradas, permanentes y estables entre agosto de 1997 y el 26 de enero 2000, fecha en la que aquella le comunicó que estaba embarazada de su esposo, habiendo nacido V, quien fue inscrita entonces como hija legítima de la mencionada pareja.

c) Enterado por amigos comunes de él y de los esposos de que V era su hija por tener sus mismos rasgos físicos, requirió a Ana para que se lo confirmara pero esta negó tal hecho y categóricamente expresó que el padre era su marido, aunque después, a instancias del hermano de Ana, Humberto T..., accedió a practicarse prueba de ADN, la que fue practicada el 27 de enero de 2001 en la clínica... a Ana, V y Omar arrojó como resultado compatibilidad genética de paternidad del último de 99.995%.

d) Ante el rechazo de la madre de aceptar los resultados de la prueba genética, acusándolos de falsos, a petición del demandante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, seccional de ..., celebró el 20 de febrero de esa anualidad una audiencia de conciliación a la que también compareció Luis R..., en la que este y aquella negaron la paternidad biológica “pretextando que los exámenes practicados, son apócrifos”.

3. Notificados los demandados, por intermedio del mismo abogado, se opusieron a la prosperidad de las pretensiones con el argumento de que nunca hubo relaciones sexuales entre Omar y Ana, por lo que formularon las excepciones de “inexistencia de la causal para la prosperidad de la acción” sustentada en que este se limitó a hacer una relación de hechos pero sin encuadrarlos en ninguna causal legal; “falta de legitimación en la causa” y “la innominada”.

4. En el trámite de la primera instancia se dictó sentencia en la que se declaró probada la excepción de “falta de legitimación en la causa”, y por consiguiente se negaron las pretensiones de la demanda; decisión desestimatoria que fue apelada por el demandante y confirmada íntegramente por el tribunal.

II. Fundamentos de la sentencia impugnada

Ellos admiten el siguiente resumen:

a) Luego de realizar un estudio del parentesco, la filiación, estado civil, la paternidad y las distintas presunciones establecidas en la ley para deducir la última, destaca que el artículo 213 del Código Civil consagra la presunción de ser legítimo el hijo concebido durante el matrimonio de sus padres, la cual admite prueba en contrario.

b) Según el artículo 216 ibídem, mientras viva el marido, nadie podrá reclamar contra la legitimidad del hijo concebido durante el matrimonio, sino el esposo mismo, lo que deberá hacerse dentro de los sesenta días contados desde que aquel tuvo conocimiento del parto. Igualmente, tiene acción de impugnación el hijo en los términos del artículo 3º, inciso 2º, ordinal 3º, de la Ley 75 de 1968.

c) En este proceso se acumuló a la de impugnación, la pretensión de declaración judicial de paternidad extramatrimonial, “lo que implica necesariamente y de contera, que ni más ni menos se estaba solicitando la declaración judicial de maternidad natural, lo que resulta a todas luces improcedente, al tenor de lo previsto en el inciso final del ordinal 3º del artículo 3º de la Ley 75 de 1968, salvo, que se den los tres precisos eventos que esa misma norma señala”.

d) El actor no es el titular de la acción para impugnar la paternidad legítima de la menor V, no solo porque esta fue concebida sino también porque nació dentro del matrimonio de sus padres Luis R... y Ana T.... Fuera de lo anterior, en ningún momento se alegó por Omar que el marido “no fuera el padre biológico de V, comoquiera que no expuso ni acreditó ningún hecho que estableciera que el mismo no hubiera podido tener acceso carnal a su cónyuge Ana, máxime que el mismo demandante afirmó durante todo el tiempo que supuestamente él sostuvo relaciones sexuales con la madre de la menor, ella convivía maritalmente con su cónyuge Luis”.

e) El promotor del proceso no puede acogerse a lo dispuesto en el artículo 248, ordinal 2º, del Código Civil porque este se refiere única y exclusivamente a la impugnación de la paternidad del hijo legitimado y del reconocimiento de la paternidad extramatrimonial, que es asunto bien diferente a la impugnación de la paternidad del hijo concebido durante el matrimonio que tiene una regulación legal propia.

f) No son aplicables tampoco los artículos 5º del Código del Menor y 14 de la Constitución Política porque no es V la que está ejerciendo la presente acción de impugnación de la paternidad legítima “sino un tercero que no tiene ni su representación, ni la titularidad para ejercer en su nombre la citada acción”; aunque sí le queda a ella, cuando así lo quiera, la facultad legal de impugnar la paternidad de su padre matrimonial.

g) En esos términos, visto que el apelante carece de legitimación en la causa por activa, no es necesario “elucubrar sobre si un resultado de ADN es suficiente o no para declarar una paternidad legítima”.

III. La demanda de casación

Cargo único

1. Por la vía indirecta, se acusa a la sentencia del tribunal de haber quebrantado el artículo 406 del Código Civil, por falta de aplicación, a causa de error manifiesto de hecho en la interpretación de la demanda.

En desarrollo de la acusación se aduce lo siguiente:

a) Los antecedentes del artículo 406 del Código Civil, reiterados por tratadistas nacionales, confirman que la citada norma consagra la acción del verdadero padre para investigar la paternidad, concretándose en dos acciones diferentes, así: “la del padre frente al hijo y la del hijo frente al padre que lo desconoce”.

b) El demandante, en este caso, no puede ejercer la acción del hijo contra el padre por carecer de legitimación por estarse demandando a sí mismo, razón por la cual esta debe ser desestimada. Pero, la otra acción, la del padre frente al hijo que lo desconoce, la que fue ejercida en este proceso, sí es viable y por ende cuando el sentenciador aseveró que la acción promovida por el actor era la de impugnación de la presunción de paternidad del marido, cometió grave yerro “porque vio, leyó, lo que no existe, lo que nunca se demandó”, yerro que se pone de manifiesto con la simple lectura de la sentencia.

c) Textualmente en el libelo introductor se pide que se declare que V R... T... “no es hija matrimonial de los cónyuges Luis R... y Ana T..., y subsecuentemente que “se declare que V R... T... es hija extramatrimonial de Omar L...”; lo que se precisó en el escrito de corrección del mismo indicando “que la acción impetrada con la demanda de la referencia es la consagrada en el artículo 406 del Código Civil, del señor Omar L..., que se presenta como padre biológico de la menor”.

d) No queda duda, por el empleo del término “primera pretensión acumulada”, que se están ejerciendo dos acciones o más y “no es, no, no puede ser una acción impugnatoria de la presunción de paternidad, acción eminentemente negativa: usted no es el padre. No, es una acción de investigación de su propia paternidad. La impugnación le corresponde al marido para afirmar: no soy el padre. La de investigación es la del verdadero padre, del padre biológico, del padre de sangre que dice: yo soy el padre. ¿De dónde sacó el tribunal que el demandado estaba impugnando? Imposible saberlo. Por eso el error es manifiesto, evidente, protuberante, que salta a la vista”.

e) La equivocación mencionada es, además, trascendente porque por su comisión no se hizo el estudio de la acción planteada por la parte actora y “la pérdida del pleito no tuvo, pues, causa distinta que el error en cuanto a la interpretación de la demanda, error que no se hubiese debido cometer si se hubiese leído con atención el memorial en que se corrigió la demanda”.

f) La consecuencia del referido yerro implicó que el tribunal dejara de aplicar el artículo 406 ibídem que consagra la acción del verdadero progenitor para hacer valer su demostrada calidad de padre biológico.

IV. Consideraciones de la Corte

1. El tribunal concluyó que como la acción ejercida era la de impugnación de la paternidad matrimonial de la menor V R... T..., hija de los esposos Luis R... y Ana T..., aquel no tenía legitimación en la causa para promoverla.

2. El recurrente concretamente lo acusa de haber entendido equivocadamente que carecía de legitimación en la causa para promover el pedimento encaminado a que se declarara, frente a la menor y a las dos personas que aparecen como padres en el registro civil de nacimiento que él es el padre biológico y verdadero de V R... T... y no Luis R..., esto es, la que llama “la acción de sangre” y que aparece, según él, inequívocamente establecida en el artículo 406 del Código Civil.

3. A fin de determinar con exactitud cuál fue la acción que promovió el demandante es preciso hacer ver que la demanda inicial señaló como pretensión principal la declaración consistente en que la menor tiene “derecho al establecimiento del real estado civil, cual es el de ser hija extramatrimonial y por ende no es hija legítima del señor Luis R...”, por haber sido concebida en las relaciones extramaritales de su madre biológica con el demandante; y como una de las pretensiones acumuladas la de que se declare que V es hija extramatrimonial de este.

Pero requerido el actor para que especificara en últimas cuál o cuáles acciones estaba promoviendo, las precisó, así:

“La acción impetrada con la demanda de la referencia, es la consagrada en el artículo 406 del Código Civil, del señor Omar L..., que se presenta como padre biológico de la menor V R... T..., presuntamente hija legítima del matrimonio conformado entre Luis R... con Ana T...

La acción formulada, no es otra, que la de establecimiento del verdadero estado civil de la menor, a la cual se acumula la acción de investigación de la paternidad extramatrimonial, la cual alega el actor detentar frente a la citada menor V”.

4. Ahora bien, el citado artículo 406 del Código Civil dispone que “ni prescripción ni fallo alguno, entre cualesquiera otras personas que se haya pronunciado, podrá oponerse a quien se presente como verdadero padre o madre, del que pasa por hijo de otros, o como verdadero hijo del padre o madre que le desconoce”.

Puestos los ojos en esa disposición, que se constituye en la base del presente litigio, se hace necesario distinguir entre las acciones de impugnación y las de reclamación de un estado civil. La principal diferencia que existe entre ellas es que la segunda, según lo reglado en preceptos como el de que se trata, es imprescriptible, lo que debe entenderse naturalmente consagrado a favor de las personas determinadas que por ley están habilitadas para promoverlas, pues la legitimación a ese respecto no se le concede a todo el mundo.

6. Sobre lo último, importa poner de relieve que históricamente el legislador ha regulado el tema del estado civil y de la familia con precisión y cuidado sumos a fin de proteger la propia intimidad que rodea su constitución y de atender a las realidades que en punto de los hijos genera su entorno y su propio desarrollo, tanto como para no haber permitido, a través de las épocas, que cualquier persona pueda acudir a los estrados judiciales para cuestionar una paternidad o maternidad propiciada en ese ámbito. Incluso ha establecido prohibiciones específicas para que, consumados ciertos hechos o vencidos determinados plazos, la situación jurídica se torne inexpugnable, y por consiguiente definitiva; rigor que en general antes que disminuir se ha reafirmado en los últimos tiempos, de lo cual es elocuente ejemplo, la sentencia del orden constitucional (C-310/2004) mediante la cual se declaró inexequible la expresión “trescientos días” que aparecía en el artículo 248, inciso 2º, numeral 2º, relativa al término de caducidad otorgado a personas distintas a los ascendientes para impugnar la legitimación de los hijos extramatrimoniales, el cual quedó reducido también a los sesenta días fijados para las otras personas autorizadas legalmente para hacerlo.

Este hermético criterio era explicable por la ausencia de mecanismos probatorios confiables y veraces que sirvieran para establecer un determinado estado civil generado en las relaciones sexuales entre un hombre y una mujer. Dadas las circunstancias de intimidad, clandestinidad, ocultamiento, reserva o, simplemente, recato en que las mismas tienen ocurrencia, no es sólito que personas diferentes a la pareja que las ejecuta o realiza se den cuenta de ellas. Para acreditarlas el legislador ideó varias presunciones dirigidas a deducirlas, las que, conocida la falibilidad del ser humano, no producen la certeza absoluta e irrebatible de su existencia real.

Empero, siempre ha preferido el legislador aceptar los hechos por los cuales se producen situaciones jurídicas que surgen de la vivencia de las relaciones intrafamiliares, en lugar de dejar un determinado estado civil en entredicho o sujeto a una incertidumbre permanente, motivo por el cual ha impedido, en línea de principio, que cualquier persona llegue a cuestionar un estado civil que viene consolidado de atrás, ni que pueda intentarlo cuando se le ocurra y en todo tiempo, por muy altruista que parezca o pueda ser el motivo aducido para desvirtuar una situación familiar en cuya construcción afectivamente se han afirmado lazos sólidos y definitivos.

La Corte Suprema de Justicia ha conservado con ahínco la tesis de la permanencia de estos criterios restrictivos señalados por el legislador, y en lo que respecta con la familia legítima, ha señalado justamente que es necesario “proteger la intimidad y el sosiego de los hogares formados bajo la tutela del matrimonio, previniéndolo contra los ataques malintencionados y alejándola de todo escándalo”, sentencia de casación de 2 de octubre de 1975.

En Colombia, ante los avances científicos que fijan con certeza probable la filiación padre e hijo a través de la prueba genética como la de ADN, también el legislador, acogiendo la jurisprudencia de esta corporación, anticipándose a su promulgación, expidió la Ley 721 de 2001, por medio de la cual se modificó el procedimiento establecido en la Ley 75 de 1968 para el proceso de filiación, cambiándolo por uno especial que centra toda su efectividad en la citada prueba, hasta el punto de que se decreta y se dispone su práctica desde el auto admisorio de la demanda, en principio no se ordenan otras pruebas y, en firme el resultado de aquella que equivalga al 99.9% de compatibilidad, ordena sin más trámite dictar la sentencia de paternidad deprecada.

7. Igualmente importa recordar que la Corte Constitucional en la sentencia C-109 de 1995, luego de reiterar el derecho a la filiación frente a la protección de otros valores como el de la familia y el respeto a la reserva, concluyó que era necesario equiparar las causales de impugnación de la paternidad que se le conceden al padre con las del hijo mismo. Al respecto precisó:

“De un lado, la sentencia conferirá primacía al artículo 406 del Código Civil que regula la reclamación de estado civil sobre las acciones de impugnación de la paternidad. Esto significa que cuando una persona acumula la impugnación de la presunción de paternidad con una acción de reclamación de la paternidad, entonces el proceso se regirá, de ahora en adelante, por el amplio artículo 406 del Código Civil, y no por las normas restrictivas que regulan la impugnación.

Ahora bien, la Corte precisa que esta prevalencia que la sentencia confiere al artículo 406 del Código Civil no tiene como base una discusión legal —que no compete a esta Corte adelantar— sino que deriva de valores constitucionales, y es por ello que la Corte puede establecerla con particular fuerza normativa, pues tiene efectos erga omnes. En efecto, el artículo 406, según la doctrina más autorizada en la materia, establece el derecho de las personas a reclamar su filiación verdadera, por lo cual, la entrada en vigor de la Constitución de 1991 ha conferido a este artículo una nueva dimensión y jerarquía normativa, pues ese derecho ha sido constitucionalizado. Esto explica entonces la prevalencia que la Constitución confiere a las acciones de reclamación de paternidad (C.C., art. 406) sobre las restricciones legales que existen en materia de impugnación.

Sin embargo, la prevalencia del artículo 406 del estatuto civil no soluciona todo los problemas, puesto que en determinados casos puede suceder que el hijo de mujer casada únicamente impugne la presunción de paternidad, sin acumular tal acción a una reclamación de paternidad de un tercero. Por ello, esta sentencia extiende al hijo de mujer casada las causales con que cuenta hoy el marido para impugnar la presunción de paternidad, esto es, las previstas en los artículos 214 y 215 del Código Civil y en el artículo 5º de la Ley 95 de 1890. Esto significa que el hijo también podrá impugnar la presunción de paternidad si demuestra que durante los diez meses anteriores al parto, el marido no hizo vida conyugal con su mujer (L. 95/890, art. 5º) o estuvo en imposibilidad física de acceder a ella (C.C., art. 214). Igualmente, en caso de demostrarse el adulterio de la mujer durante la época en que se presume ocurrida la concepción, el hijo podrá ejercer la acción de impugnación y se le admitirá la prueba de cualesquiera otros hechos conducentes a justificar que el marido no es el padre (C.C., art. 215)”.

8. Se nota en el alcance que corresponde darle al artículo 406 del Código Civil que bien puede darse en un caso dado una confrontación entre la acción de reclamación de un verdadero estado civil y la de impugnación del que apenas resulta aparente o falso, mas no es ajena aquella a esta de ninguna manera, por lo que emerge entonces como posible una demanda en la que se solicite el establecimiento de la verdadera filiación paterna o materna, bajo la égida del citado precepto que consagra una acción propia a favor de quien se presenta como padre real del que pasa por hijo de otros, que fue lo planteado en últimas en el escrito con que se aclaró la pretensión invocada por el demandante.

En ese sentido, pronto se detecta el yerro interpretativo de la demanda de cuya ocurrencia se acusa al tribunal, pues habiendo señalado el actor que su pretensión se finca en la hipótesis prevista en el artículo 406 del Código Civil, sin embargo la examinó desde la perspectiva de estar dirigida a impugnar el carácter de hija legítima de V, respecto del matrimonio R...-T..., escenario dentro del cual halló que Omar carecía de legitimación en la causa en tanto que esta la reserva la ley para el marido mientras viva, como es el caso, y para la mencionada hija, a raíz de lo cual no le dio respuesta a la exacta pretensión de la demanda formulada por quien simplemente se presenta como verdadero padre de quien pasa por hijo de otros. Empero, el descubrimiento palmario del error que se menciona, no da pie para casar el fallo impugnado, por cuanto, según se expondrá enseguida, resulta intrascendente, pues dicha acción fue propuesta sin consideración a la preexistencia de la paternidad legítima, o sea a la legitimidad de V, o sea sin haber existido acción que la destruya.

9. En este caso, el actor respecto de su específica pretensión de que sea reconocido como verdadero padre del hijo concebido y nacido en el matrimonio de otros, en este proceso de la menor V, tampoco tiene legitimación para formular tal acción de reclamación de estado civil, puesto que la ley no se la otorga autónomamente. Ciertamente que no hay ninguna norma que le permita al demandante, como tercero, incoar dicha acción frente a una persona que por haber sido concebida dentro del matrimonio de sus padres goza de la presunción de legitimidad, ni menos cuando su padre legítimo —el marido de Ana T...—, no ha instaurado ninguna acción tendiente a impugnar la paternidad, y, por el contrario, se ha opuesto enfáticamente a la demanda que dio origen a este proceso.

Debe recordarse que por expreso y categórico mandato del artículo 216 del Código Civil, como lo rememoró el tribunal, que “mientras viva el marido, nadie podrá reclamar contra la legitimidad del hijo concebido durante el matrimonio, sino el marido mismo”, con la excepción que se le confirió al propio hijo para hacerlo, según lo dispuesto en la Ley 75 de 1968 y la ampliación indefinida del plazo en la citada sentencia C-109 de 1995.

Cuando se establece en el artículo 406 del Código Civil que “ni prescripción ni fallo alguno...” puede oponerse a quien se presenta como verdadero padre, se está haciendo alusión a la posibilidad de buscar la declaración de paternidad o maternidad aun después de emitida una sentencia y en cualquier tiempo, pero ello no significa que el estado civil que se encuentra constituido previa y legítimamente no deba estar ya removido o no deba removerse, porque de otra manera se llegaría al absurdo de que manteniéndose el anterior —y la ley indica cómo, por quiénes y en qué tiempo puede removerse— es dable al propio tiempo establecer otro, siendo que el estado civil único e indivisible (D. 1260/70, art. 1º). Ni por asomo se verifica, pues, que el artículo 406 citado consagre una excepción a lo dispuesto en materia de paternidad legítima, ni que deja sin efecto el artículo 216, ni que sea preferente a este ni siquiera a la luz de la tesis constitucional citada atrás, la cual, como se vio, de algún modo deja a salvo que la confrontación de los dos preceptos se verifique atendidas las circunstancias que cada caso ofrece.

10. En ese sentido, no le asiste razón al censor cuando, en pos de sostener que está legitimado el demandante, aduce que este solo reclama que la verdadera es la filiación extra matrimonial paterna suya, mas dejando de lado y sin que se haya impugnado de modo idóneo la paternidad legítima, no menos valedera para la ley, y es que respecto de la legitimidad misma del hijo concebido y nacido dentro del matrimonio no media ningún fallo, por lo que no se ve que sea propiamente esa la hipótesis —la legitimidad del hijo— a la que se pueda oponer directamente la acción prevista en el artículo 406 por quien se dice el verdadero padre.

O en otras palabras, no se ve viable, como se deduce de lo solicitado por el casacionista, que se declare que el demandante no tiene legitimación para impugnar la legitimidad de V, pero sí para reclamar en su favor la paternidad extramatrimonial de la misma, lo cual envuelve un contrasentido, pues no puede establecerse un estado civil sin romper el que existe.

11. En cambio, en el caso de la paternidad legítima, es permisible reconocer legitimación en la causa para el padre biológico que demande la paternidad suya como verdadera, siempre que se haya impugnado, por quien puede hacerlo y en tiempo la paternidad legítima constituida a partir de la concepción y nacimiento del hijo dentro del matrimonio, y si esa pretensión ha salido triunfante; pero no lo es cuando todavía permanece enhiesta la legítima, cuyo reconocimiento no exige de ningún fallo judicial, porque en ese caso se podría dar la presencia de un doble estado civil: el de hijo legítimo con respecto al marido de la madre, cuanto que no se ha quebrado como corresponde la presunción de legitimidad, y el de hijo extramatrimonial en relación con quien reclama la calidad de padre biológico.

En ese sentido, la disección que quiere hacer el casacionista para separar las dos acciones es artificiosa e imposible de aceptar. Todos sus argumentos son válidos para el caso de que ya se hubiera impugnado la paternidad legítima, o para el momento en que el padre o el hijo, e incluso los terceros a quienes la ley reconoce esa facultad lo hagan, pero no mientras se mantenga ese estado civil; por lo demás, no es extraño que así sea, pues el Código Civil contiene más de una norma en la que establece la mera voluntad como fuente de paternidad, colocándola aun por encima de los hechos biológicos.

12. El estado civil de la menor demandada en este proceso está consolidado, es definitivo y no puede ser cuestionado por terceras personas, ni bajo el argumento de que lo que se pretende es el establecimiento o la declaración de su verdadero vínculo o parentesco de sangre. En este caso, el legislador protege la familia, su construcción y la privacidad que debe reinar en el campo de la filiación.

La imprescriptibilidad a la que se refiere el artículo 406 del Código Civil debe entenderse en su verdadero contexto, esto es, en relación con las personas que tienen interés para promover fijación de determinado estado civil y no para aquellas a las que el legislador no ha extendido dicha prerrogativa, como sucede, se repite, con un tercero frente a la calidad de hijo concebido en el matrimonio de sus padres.

13. En consecuencia, el cargo no prospera.

V. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 27 de junio de 2003, proferida la Sala Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial..., dentro del proceso ordinario promovido por Omar L... contra Luis R..., Ana T... y V R... T... (menor).

Cóndenase en costas del recurso de casación a la parte recurrente, las cuales serán tasadas en su oportunidad.

Notifíquese y devuélvase.

Pedro Octavio Munar Cadena—Jaime Alberto Arrubla Paucar—Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo—Silvio Fernando Trejos Bueno—César Julio Valencia Copete—Egardo Villamil Portilla. 

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