Sentencia 11512 de febrero 13 de 1997 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

EMPLEADOS DE LIBRE REMOCIÓN RETIRADOS EN PLANES COLECTIVOS

CONSECUENCIAS DE LA INEXEQUIBILIDAD DEL DECRETO 1660/91

EXTRACTOS: «Mediante la Resolución 04986 de 28 de noviembre de 1991 (fl. 2) se aceptó a partir del 1º de diciembre de 1991 la solicitud de retiro voluntario del servicio presentada por los funcionarios que allí se reseñan, entre los que figura el actor, de la dirección general de apoyo fiscal regional Bogotá del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Tal resolución la expidió el Ministro del ramo con base en las facultades conferidas por los Decretos 1660, 2100 y 1679 de 1991 y de conformidad con la Resolución 04532 de 1991.

A folio 55 del expediente se incorporó el formato B1 de 13 de noviembre de 1991, por el cual el demandante manifestó al señor ministro su deseo de retirarse voluntariamente del servicio, acogiéndose al plan colectivo de retiro compensado consagrado en el Decreto 1660 de 1991 y establecido para la

dirección general de apoyo fiscal, mediante Resolución 04532 del 28 de octubre de 1991, e igualmente, estar dispuesto a recibir la bonificación señalada en la misma.

Mediante oficio de 29 de noviembre de 1991 se le comunica al actor la aceptación del retiro voluntario del servicio (c. 2). Es de relevar que en estas documentales el demandante no hizo ninguna manifestación en el sentido de que la determinación allí plasmada no la estuviera tomando en forma libre y espontánea, es decir, sin presiones de ninguna naturaleza que afectaran su consentimiento.

El Decreto 1660 de 1991 estableció sistemas especiales de retiro del servicio mediante compensación pecuniaria, y se dictaron otras disposiciones. En el artículo 2º aparecen nuevas causales de retiro del servicio: insubsistencia con indemnización y retiro voluntario mediante bonificación, las cuales implican la cesación definitiva en el ejercicio de funciones públicas, y se aplican a los empleados y funcionarios amparados por los derechos de carrera, inscritos o en período de prueba, y a los de libre nombramiento y remoción.

Empero, la Corte Constitucional en sentencia de 13 de agosto de 1992 declaró inexequible en todas su partes por ser contrario a la Constitución, el Decreto 1660 de 1991. En relación con la situación de los funcionarios de libre nombramiento y remoción como era el caso del demandante, dijo la Corte:

“Pero por otra parte, teniendo en cuenta que el Decreto 1660 no derogó expresamente, la normatividad que venía rigiendo, ni tampoco lo hizo tácitamente pues frente a ellos no se tiene una contradicción como la exigida por el artículo 21 y ninguna disposición del decreto previó que al entrar en marcha un plan colectivo quedara la administración despojada de sus atribuciones ordinarias, es claro que el trabajador de libre nombramiento y remoción permanece expuesto a la declaratoria de insubsistencia ordinaria (sin indemnización) lo cual representa de nuevo la ruptura del principio de igualdad ante la ley, pues de tal clase de empleados, unos (los que la administración escoja) tendrán derecho a que se les indemnice por la declaratoria de insubsistencia, al paso que los demás no contarán con esa posibilidad...”.

En lo que tiene que ver con el acto administrativo demandado, observa la Sala que efectivamente se dictó con base en la causal de retiro del servicio público denominada plan de retiro compensado, de naturaleza mixta, de que trata el artículo 7º del Decreto 1660 de 1991, norma vigente para la fecha de expedición del acto, pues como se dijo antes la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad el 13 de agosto de 1992, desapareciendo del ámbito jurídico.

Ahora bien, por no haber sido señalado en el texto del fallo de la Corte, el alcance temporal de la declaratoria de sus efectos de inexequibilidad, debe entenderse que estos se extienden en forma absoluta hacia el futuro. Igualmente, de conformidad con reiterada doctrina de esta corporación, deben reconocerse las situaciones jurídicas nacidas durante la vigencia de la norma en cuanto estén jurídicamente consolidadas.

En el caso sub examine, no obstante que el acto de aceptación de la solicitud de retiro voluntario del servicio demandado en este proceso, fue expedido antes de proferirse la sentencia de inexequibilidad, no se puede predicar que se trata de una situación jurídicamente consolidada, pues el accionante impugnó tal acto ante esta jurisdicción, encontrándose la decisión sobre su juridicidad sub judice al momento de proferirse la declaratoria de inexequibilidad.

En el presente caso, como ya se dijo, el retiro del servicio se hizo en plena vigencia del Decreto 1660, y su inexequibilidad se predicó en la medida en que transgredía las normas constitucionales de los funcionarios amparados por las prerrogativas de la carrera administrativa; entre tanto no se predicó la inexequibilidad de quienes sin pertenecer a la carrera prestaban sus servicios al Estado, y por tanto podían ser removidos libremente.

En este orden de ideas, no podía aceptarse ni siquiera la ilegalidad del acto con base en la inexequibilidad ya mencionada, toda vez que la Corte Constitucional lo declaró como contrario a la Constitución en razón al desconocimiento de los derechos de los funcionarios amparados por carrera administrativa, condición que el demandante no cumplía.

Si la administración quería retirar del servicio al señor Perdomo Andrade podía legalmente declararlo insubsistente en uso de la facultad discrecional de remoción sin necesidad de acudir al plan de retiro compensado y el pago de una bonificación, que entre otras cosas el actor aceptó sin reparo alguno, ya que no existe dentro del plenario ninguna prueba que lleve a la Sala el convencimiento de que fue presionado u obligado a acogerse al mismo. Por este aspecto, la demanda no alcanza prosperidad.

Por último, en relación con las normas constitucionales citadas como violadas, dirá la Sala que no aparece demostrado en el plenario su quebrantamiento.

Así las cosas, los cargos alegados por el demandante no prosperan.

En estas condiciones, el acto administrativo impugnado conserva la presunción de legalidad, razón por la cual las súplicas de la demanda no prosperan, debiéndose, por las razones aquí expuestas, confirmar la sentencia objeto de la alzada».

(Sentencia de febrero 13 de 1997. Expediente 11512. Consejero Ponente: Dr. Silvio Escudero Castro).

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