Sentencia 11513 de febrero 13 de 1997 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

EMPLEADOS DE CARRERA RETIRADOS EN PLANES COLECTIVOS

REINTEGRO COMO CONSECUENCIA DE LA INEXEQUIBILIDAD DEL DECRETO 1660/91

EXTRACTOS: «Mediante la Resolución 04987 de 28 de noviembre de 1991 (fl 6) se aceptó a partir del 1º de diciembre de 1991 la solicitud de retiro voluntario del servicio presentada por los funcionarios amparados por derechos de carrera administrativa que allí se reseñan, entre los que figura el actor, de la dirección general de apoyo fiscal regional Bogotá del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Tal resolución la expidió el ministro del ramo con base en las facultades conferidas por los Decretos 1660, 2100 y 1679 de 1991 y de conformidad con la Resolución 004532 de 1991.

A folio 13 del expediente se incorporó el formato B1 de 19 de noviembre de 1991, por el cual el demandante manifestó al señor ministro su deseo de retirarse voluntariamente del servicio, acogiéndose al plan colectivo de retiro compensado consagrado en el Decreto 1660 de 1991 y establecido para la dirección general de apoyo fiscal, mediante Resolución 04532 del 28 de octubre de 1991, e igualmente, estar dispuesto a recibir la bonificación señalada en la misma.

Mediante oficio de 29 de noviembre de 1991 se le comunica al actor la aceptación del retiro voluntario del servicio (c 2).

El Decreto 1660 de 1991, como quedó visto, sirvió de fundamento para la expedición del acto impugnado y para que el actor, funcionario amparado por los derechos de carrera administrativa, tal como lo consigna la administración —Ministerio de Hacienda y Crédito Público— en el numeral 3º de los considerandos del acto acusado (fl 6), solicitara su retiro “voluntario”.

Empero, la Corte Constitucional en Sentencia de 13 de agosto de 1992 declaró inexequible en todas su partes por ser contrario a la Constitución, el Decreto 1660 de 1991.

Respecto al plan de retiro voluntario o mixto, la citada sentencia dijo:

“...Ahora bien, la norma acusada establece una clasificación del plan y señala que puede ser voluntario o mixto, fijando como criterio de distinción entre uno y otro, la facultad existente en el segundo en cabeza del nominador, para optar por declarar la insubsistencia o abstenerse de hacerlo. El concepto mismo de retiro voluntario mediante bonificación, establecido por la primera forma del plan, presenta una antinomia por cuanto el libre albedrío del servidor público para manifestar si quiere o no retirarse se ve afectado por la llamada “bonificación” unida a la expectativa de que, en todo caso, el nominador cuenta con los mecanismos ordinarios para prescindir de sus servicios (declaratoria de insubsistencia o suspensión del cargo, entre otros) lo cual implica una pérdida total de autonomía y espontaneidad al decidir, máxime cuando se señalan plazos perentorios para hacerlo. Todo ello hace apenas nominal el carácter “voluntario” del retiro, pues mal puede pensarse que lo sea un acto con efectos jurídicos al que se llega con base en la doble presión del estímulo y la velada amenaza, como acontece a partir de las normas subjudice. Ello, desde luego, quebranta la libertad del individuo en cuanto se le imprime que obre según su elección consciente y deliberada, lesiona la dignidad de la persona en cuanto induce su comportamiento sin esperar a la natural expresión de su voluntad y limita en grado sumo el libre desarrollo de la personalidad, ya que el sujeto, particularmente quien había trazado sus propios planes fundado en los derechos de carrera ya adquiridos, los ve forzosamente modificados no por su propia decisión sino por el ánimo de la administración al incluirla en el respectivo plan colectivo de retiro compensado”.

En lo que tiene que ver con el acto administrativo demandado, observa la sala que efectivamente se dictó con base en la causal de retiro del servicio público denominada plan de retiro compensando, de que trata el artículo 7º del Decreto 1660 de 1991, norma vigente para la fecha de expedición del acto, pues, como antes se anotó, la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad el 13 de agosto de 1992, desapareciendo del ámbito jurídico. Empero, su inexequibilidad se predicó en la medida que transgredía las normas constitucionales de los funcionarios amparados por las prerrogativas de la carrera administrativa, circunstancia en la que el demandante se encontraba, como atrás quedó advertido.

En este orden de ideas y habida consideración de que por ser contrario a los postulados constitucionales contenidos en el artículo 125 de la Carta Política, el Decreto 1660 de 1991 fue declarado inexequible por la Corte Constitucional y que este decreto fue el sustento jurídico del acto acusado, no puede menos que concluirse que la resolución demandada infringió normas superiores de derecho que amparaban su estabilidad, porque, se repite, como se probó en el proceso, el actor se hallaba escalafonado en la carrera administrativa.

Los empleados públicos de carrera administrativa, dijo la Corte Constitucional, son titulares de unos derechos subjetivos adquiridos que gozan de protección constitucional, de manera que no es difícil inferir la abierta infracción por parte del Decreto 1660 de 1991, entre otros, del artículo 125 de la Carta, citado en la demanda como infringido, ya que tales derechos fueron desconocidos por las normas del decreto, por cuanto por ellas se dio al nominador la posibilidad de sugerir el retiro “voluntario” dentro del mencionado plan, para aceptarlo luego, en apariencia por aplicación de nuevas causales legales, pero realmente sin que tal voluntad fuera libre y espontánea, en flagrante contradicción con la estabilidad y la incidencia de los méritos en su permanencia en el empleo que son características fundamentales de toda carrera.

Ahora bien, por no haber sido señalado en el texto del fallo de la corte el alcance temporal de la declaratoria de sus efectos de inexequibilidad, debe entenderse que éstos se extienden en forma absoluta hacía el futuro, igualmente, de conformidad con reiterada doctrina de esta corporación, deben reconocerse las situaciones jurídicas nacidas durante la vigencia de la norma en cuanto estén jurídicamente consolidadas.

En el caso sub examine, no obstante que el acto de aceptación de la solicitud de retiro voluntario del servicio demandado en este proceso, fue expedido antes de proferirse la sentencia de inexequibilidad, no se puede predicar que se trata de una situación jurídicamente consolidada, pues el accionante impugnó tal acto ante esta jurisdicción, encontrándose la decisión sobre su juridicidad sub judice al momento de proferirse la declaratoria de inexequibilidad.

Por lo anterior, procede revocar la decisión denegatoria del tribunal y en su lugar acceder a las pretensiones de la demanda, decretando la nulidad del acto acusado y ordenando el restablecimiento del derecho en los términos que se precisarán en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓCASE la sentencia proferirá por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el veintiuno (21) de octubre de mil novecientos noventa y cuatro (1994), mediante la cual denegó las pretensiones de la demanda. En su lugar se dispone:

DECRÉTASE la nulidad del artículo 1º, numeral 76, de la Resolución 04987 de 28 de noviembre de 1991, expedida por el señor Ministro de Hacienda y Crédito Público, por el cual se aceptó a partir del 1º de diciembre de 1991, la solicitud de retiro voluntario del servicio, presentada por el entonces funcionario Luis Fernando Cruz Sabogal, de la dirección general de apoyo fiscal regional Bogotá de ese ministerio.

2. Como consecuencia de la declaración anterior, la Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público, deberá reintegrar al señor Luis Fernando Cruz Sabogal al mismo cargo que desempeñaba o a otro de igual o superior categoría.

3. La Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público pagará al señor Luis Fernando Cruz Sabogal, todos los salarios, prestaciones sociales y demás beneficios económicos de carácter laboral dejados de percibir desde la fecha de su desvinculación hasta la fecha en que sea reintegrado, teniendo en cuenta para todos los efectos legales que no ha existió solución de continuidad en la prestación del servicio, y advirtiendo que no hay lugar a descontar de lo adeudado los valores que pudiere haber percibido de cualquier entidad oficial durante el tiempo de su desvinculación, pero si de lo recibido a título de bonificación.

4. Las condenas económicas serán ajustadas en los términos del artículo 178 del CCA, hasta la fecha de ejecutoria de la presente providencia, dando aplicación a la siguiente fórmula:

 

En donde el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh), que es lo dejado de percibir por el actor desde la fecha en que fue desvinculado del servicio en virtud del acto acusado, por el guarismo que resulta de dividir el índice final de precios al consumidor, certificado por el DANE vigente a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, por el índice inicial, vigente para la fecha en que debió hacerse el pago.

Es claro que por tratarse de pagos de tracto sucesivo, la fórmula se aplicará separadamente mes por mes, para cada mesada salarial y para los demás emolumentos teniendo en cuenta que el índice inicial es el vigente al momento de la causación de cada uno de ellos.

5. Se dará cumplimiento a los artículos 176 y 177 del CCA.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».

(Sentencia de febrero 13 de 1997. Expediente 11513. Consejero Ponente: Dr. Silvio Escudero Castro).

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