Sentencia 11527 de junio 13 de 2002 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Sentencia 11527

Magistrado Ponente:

Nilson Pinilla Pinilla

Aprobado acta Nº 062

Bogotá, D.C., junio trece de dos mil dos.

Asunto

Se procede a resolver la casación interpuesta por el Procurador 148 Judicial Penal, destacado ante el Juzgado Penal del Circuito de Mocoa, contra la sentencia mediante la cual el Tribunal Superior de Pasto, Sala Penal, confirmó la proferida por dicho juzgado, absolviendo a Tomás Antonio Guevara Cuesta, por un delito de homicidio agravado.

Hechos

Hacia las siete de la noche del 4 de septiembre de 1994, en el kilómetro 19 de la carretera que de La Tagua conduce a Puerto Leguízamo, en la orilla de la vía, fue hallado Napoleón Molano Perilla, quien presentaba 42 heridas causadas por arma corto contundente, que horas más tarde le causarían la muerte por “paro cardiorespiratorio” y “shock hipovolémico”, en el centro hospitalario a donde fuera trasladado en procura de atención médica, imputándose el hecho inicialmente a Tomás Antonio Guevara Cuesta.

Actuación procesal

Abierta investigación y oído en indagatoria Tomás Antonio Guevara Cuesta, el 22 de septiembre de 1994 el Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Leguízamo le impuso detención preventiva (fls. 77 y ss. cdno. 1). Cerrada la instrucción, el 11 de enero de 1995 la Fiscalía 42 Seccional de Puerto Asís profirió resolución de acusación contra el procesado, por homicidio agravado por haberse cometido con sevicia, artículo 30-6 de la Ley 40 de 1993 enjuiciamiento no recurrido (fls. 137 y ss. ibíd.).

Correspondió al Juez Penal del Circuito de Mocoa, Putumayo, adelantar el juicio y, celebrada la audiencia pública, el 14 de agosto de 1995 absolvió al acusado del cargo endilgado (fls. 285 y ss. ibíd.), fallo apelado por el Procurador 148 Judicial Penal de Mocoa y confirmado el 12 de octubre siguiente por el Tribunal Superior de Pasto (fls. 338 y ss. ibíd.), pronunciamiento notificado personalmente al Procurador 142 Delegado ante esa corporación y recurrido en casación por el procurador que actuaba ante el juez de primera instancia (fl. 369 ibíd.).

La demanda

Al amparo de la causal primera de casación, cuerpo segundo, es formulado un único cargo al fallo impugnado, por violación indirecta de la ley sustancial, sin que se mencionaran los preceptos medios y los finalmente conculcados.

Argumenta el demandante que el tribunal incurrió en “graves errores por falso juicio de identidad acerca del crédito de los medios de prueba, y, pero, en la inferencia o conclusión a que arribó, las que al referirse a aspectos tan axiomáticos no podían desconocer la responsabilidad y la autoría misma del punible en persona distinta a Guevara Cuesta” (fl. 382, cdno. 1).

Manifiesta que las declaraciones de Jairo Campos Palomino, Jairo Ruiz Moreno, María Dolores Giraldo, Carlos Julio Martínez, María Cleofe Miraña, María Eugenia Murcia y Luz Marina Ayerbe afirmaron que Tomás Antonio Guevara Cuesta no ayudó a subir a la víctima al vehículo, atestaciones contrarias a lo explicado sobre el punto por el procesado. Por tanto, afirma que no podía el juzgador considerar tal aspecto como simplemente contingente.

Es del parecer que cuando “se violan las reglas de la lógica, la ciencia y la experiencia es susceptible de demanda por vía del error de hecho por falso juicio de identidad” (fls. 383 y 384 ibíd.).

Expone que las declaraciones señaladas también infirman al sindicado cuando dijo que él tomó el vehículo que lo transportaría hacia Puerto Leguízamo, frente a la casa de habitación de Miller Pinzón, donde vivía y trabajaba, cuando aquellos aseveraron que el inculpado llegó caminando al lugar donde se hallaba varado el automotor y cuando ya la víctima había sido transportada en una ambulancia que la llevó al hospital.

Pone de presente que el tribunal desconoció el relato de Luz Marina Ayerbe, cuando sostuvo que Guevara Cuesta tenía la “camisa chispiada de sangre” y el patrullero de la Policía Nacional Gabriel Rincón Suárez que en el momento de la retención le observó en la camisa “pequeñas manchas de sangre”, huellas que nunca tuvieron origen en la manipulación de la víctima, puesto que él no la ayudó a subir al vehículo.

Manifiesta que, contrario a las deducciones plasmadas en la sentencia, en su opinión, las referidas “chispiaduras de sangre” tenían como origen inobjetable el instante en que Guevara Cuesta agredió en forma violenta a la víctima.

En relación a otro indicio “huellas materiales del delito se tiene el arma empleada, vale decir, el machete”, afirma que la declarante María Dolores Giraldo dijo que el procesado llevaba “el machete en la mano derecha flectada hacia atrás y como tratando de ocultar el machete en el gruesor del brazo”. Por su parte, María Cleofe Miraña dijo que la persona que se acercó al vehículo “escondía algo atrás no se sabía si era un palo o una peinilla” (fl. 389, ibíd.), aspectos que no podían desconocerse, así otras personas que declararon no vieran el arma. Además, en el estadero “El Bufeo”, Sandra Patricia Núñez aseveró que vio a un joven con un machete en la mano y al día siguiente al colaborar en la inspección judicial al cadáver, confirmó con el padre de la víctima, que se trataba de la misma persona que la noche anterior había observado en el estadero en mención.

Comenta que el hecho investigado tuvo probabilidad de ocurrir entre 7 y 8 de la noche del 4 de septiembre de 1994, en el kilómetro 19, adelante de la finca de Miller Pinzón, coincidencialmente de donde el procesado salió aquella noche con dirección hacia Puerto Leguízamo, descartándose la afirmación que Guevara Cuesta hizo en el sentido que había tomado el vehículo frente a la vivienda.

Seguidamente refiere que de quienes se ocuparon sobre lo que supuestamente dijo la víctima en relación con su agresor, unos aseveraron que era “el de azul”.

Frente a este aspecto, luego de algunas citas manifiesta que “no es acertado el argumento del sentenciador de instancia cuando en lo que respecta a este aspecto indiciario aduce carencia de la debida univocidad así como firmeza en la apreciación probatoria en relación con la vestimenta que usaba Guevara Cuesta en la noche de los sangrientos hechos. Por lo tanto, no alcanzo a vislumbrar dubitación alguna que permita poner en tela de juicio las expresiones que en la agonía pronunciaba el infortunado Napoleón Molano Perilla, máxime cuando el propio Guevara Cuesta acepta que ese día portaba un pantalón de similar color al que se refería el moribundo, vale decir, negro” (fl. 396, ibíd.)

Luego se ocupó de la supuesta intranquilidad que ofrecía el inculpado antes y después de los hechos. Por lo anterior, pide que se case el fallo recurrido en el sentido de condenar a Tomás Antonio Guevara Cuesta como responsable de homicidio agravado, “por inferirlo así los hechos indiciarios”.

Alegación de no recurrente

El defensor de oficio de Tomás Antonio Guevara Cuesta, presentó memorial, oponiéndose a la demanda, primero porque el procurador judicial que interpuso la casación carece de legitimidad para recurrir, en la medida que ejerció sus funciones ante el juez penal del circuito en primera instancia, luego no podía desplazar al procurador 142 judicial penal, que realizaba sus funciones ante el Tribunal Superior de Pasto, fue notificado de la sentencia absolutoria y en esa fecha ni con posterioridad interpuso recurso, siendo él quien estaba legitimado para hacerlo.

En segundo lugar, porque el libelo ofrece ostensibles fallas de técnica, como que no especifica la norma o normas que considera violadas, imposibilitándole a la Corte hacer cualquier pronunciamiento al respecto. Afirmó que se trata de un “abigarrado e informe alegato que no amerita las condiciones de claridad y precisión que reclama el artículo 225 del Código de Procedimiento Penal, en el numeral 3º”, entonces vigente.

Concepto del Ministerio Público

El procurador segundo delegado en lo penal advierte, en primer lugar, frente al único cargo que sustenta el reparo, falencias insalvables de técnica, que llaman a la no prosperidad del mismo, pues si bien acertó al enunciar el error de hecho por falso juicio de identidad sobre valoraciones indiciarias, “también lo es, que omitió singularizar, el sentido último de violación de la ley sustancial, en punto de ora falta de aplicación, ora de indebida aplicación, con la debida formulación de la proposición jurídica completa”.

En relación con la sustentación del cargo planteado, sostiene el delegado que “bien puede afirmarse, que se trata de un extenso alegato al estilo de memorial de instancia, escrito en el que el censor, al paso que se queda en meros enunciados, se limita a anteponer libremente y con desconocimiento de los rigores de técnica, sus particularísimos criterios de valoración indiciaria, frente a las valoraciones del tribunal, sin llegar ni en mínimos a desvirtuar la doble presunción de acierto y legalidad, como le era imperioso”.

Si de indicios o de inferencias lógicas se trataba, le correspondía al demandante identificar puntualmente lo deducido, y pasar luego, a la acusación concreta, demostrando el desconocimiento de alguna de las leyes de la ciencia, la lógica o las reglas de la experiencia, y en confrontación dialéctica acreditar, cuál era la inferencia acertada. Al respecto el casacionista no hizo lo propio, luego la censura, no debe prosperar.

Se ocupó el concepto de abordar los planteamientos que el demandante expuso sobre la prueba indiciaria que se debió atender, para de allí inferir que se trata de meros enunciados de inconformidad, los que lejos están de constituir verdaderas confrontaciones técnicas y objetivas, como son las que en rigor deben efectuarse en sede extraordinaria de casación.

El procurador segundo delegado en lo penal pide así no casar el fallo, y en consecuencia, desestimar el cargo de la demanda.

Consideraciones de la Corte

Le asiste razón al defensor de Tomás Antonio Guevara Cuesta, en cuanto el procurador judicial que actúa ante el Juez Penal del Circuito de Mocoa, carece de legitimidad para interponer el recurso de casación, frente a sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior de Pasto, Sala Penal.

1. Constituye presupuesto del derecho a la impugnación la legitimatio ad processum, entendida como la capacidad jurídica que la ley otorga para realizar un acto procesal; así, la normatividad confiere la titularidad del recurso de casación a los sujetos procesales.

Para impugnar en casación, al Ministerio Público lo representa, normalmente, el procurador destacado ante el tribunal superior que hubiere dictado la sentencia de segunda instancia. Esta representación, excluyente, lo habilita para interponer el recurso ante el respectivo tribunal y para presentar la demanda. No puede entonces un procurador judicial ante los jueces del circuito asumir como impugnante en casación, porque la ley no lo permite y de aceptarse tal intervención duplicaría al procurador del tribunal y podría colocar al ministerio público en privilegios que la normatividad no establece.

Sobre este punto la Corte ya se ha pronunciado, como puede observarse en el auto de fecha 25 de agosto de 1998, radicación 14.540, magistrado ponente Carlos Augusto Gálvez Argote:

“... Por eso, la intervención del Ministerio Público ante los juzgados penales y promiscuo del circuito, bien se ejerza por procuradores judiciales I, que debería ser lo regular, o por procuradores judiciales II, como medida temporal, debe necesariamente circunscribirse al ejercicio de sus funciones dentro de los límites que le son dados por la competencia atribuida a los jueces ante quienes se actúa, incluyéndose como extremo de dichas facultades la posibilidad de recurrir por vía de apelación la sentencia e inclusive de sustentar oralmente este recurso ante el ad quem, ya que las determinaciones adoptadas por esas colegiaturas en segunda instancia, previo el reparto, forzosamente deben notificarse a los procuradores judiciales II que en cada caso fungen ante los tribunales superiores de distrito, toda vez que son éstos los únicos habilitados por el literal b) del artículo 91 de la Ley 201 de 1995 para “intervenir en los procesos de que conoce en primera y segunda instancia la Sala Penal del respectivo Tribunal Superior de Distrito Judicial”, y por ende, quienes en representación del Ministerio Público podrían recurrir extraordinariamente las sentencias.

... De este modo se mantiene incólume la representación del Ministerio Público dentro de los procesos penales, cuya presencia resulta constitucionalmente imperativa en la protección de las garantías fundamentales y el orden jurídico, debiéndose tener en cuenta que por la naturaleza que le es propia a la procuraduría como órgano de control, esta intervención es escalonada, como que no comparta una directa sujeción a un proceso en particular y mucho menos una responsabilidad hasta su culminación, en la medida en que ella depende de la autoridad y momento en que se produce su intervención procesal, sin que desde luego pueda confundirse la parte como sujeto procesal que es representada, con el individuo que en cada caso desempeña este rol, es decir, que la representación está antes y por encima de la persona que encarna su ejercicio”.

2. En el asunto tratado, el procurador 148 judicial penal impugnó corno representante del Ministerio Público ante el Juzgado Penal del Circuito de Mocoa, la sentencia proferida el 14 de agosto de 1995 por ese despacho judicial, sustentando por escrito la apelación.

Con fecha 12 de octubre siguiente, el Tribunal Superior de Pasto, Sala Penal, en segunda instancia, confirmó la providencia recurrida, determinación que al día siguiente le fue notificada personalmente al procurador 142 judicial penal ante tal corporación y a los demás sujetos procesales por edicto fijado el 19 de octubre del mismo año.

No obstante haberse notificado personalmente la sentencia de segundo grado a quien representaba al Ministerio Público ante el tribunal, quien guardó silencio, el Procurador 148 Judicial ante el Juzgado Penal del Circuito de Mocoa fue quien interpuso y presentó la demanda de casación, cuando como se ha expuesto, en el presente caso quien estaba habilitado para instaurar tal recurso era el procurador judicial ante la segunda instancia.

La legitimidad para recurrir se determina frente a todos los sujetos procesales, sin privilegio distinto del que pueda surgir normativamente, por fines de justicia. El interés general que representa el Ministerio Público o su reconocida condición de imparcialidad, no trastocan la calidad de sujeto procesal, que debe actuar en igualdad de condiciones respecto de los demás.

3. En relación con las consecuencias jurídicas de la ausencia de legitimidad o interés, si aparecen desde cuando se interpone el recurso, éste no debe concederse y si equivocadamente se procede, deberá decretarse la nulidad del trámite adelantado sin fundamento. En otras ocasiones, tales presupuestos procesales sólo vienen a dilucidarse al conocerse las pretensiones de la demanda de casación, caso en el cual deberá inadmitirse y declararse desierta la impugnación. Pero si inadvertidamente se admite el libelo, o la carencia de interés o falta de legitimidad sólo se hace ostensible al decidirse la impugnación extraordinaria, se desestimará la demanda.

En casación de fecha 20 de abril de 1999 (rad. 10.391, M.P. Carlos Augusto Gálvez Argote), la Sala precisó:

“... pues siendo que la decisión que correspondería es la del fallo para decidir sobre las pretensiones del casacionista y para ello tiene que haberse cumplido las exigencias sustantivas y procesales previstas por la ley como supuestos, la subsistencia del hecho generador del vicio lo impide, ya que como sucede en casos como el presente, la falta de interés para recurrir por parte del demandante para formular un ataque como el que ha presentado, continúa produciendo, material y jurídicamente, los mismos efectos negativos atribuibles desde el momento en que se recurrió el fallo del tribunal, no quedándole otra alternativa a la Corte que la de desestimar oficiosamente la demanda, pues la simple inadvertencia de la causa a la hora de concederse el recurso o de inadmitirse se la demanda no hace que el vicio pierda eficacia, sino que lo que era causa de rechazo o inadmisión se convierta en causa de desestimación, ya que todo depende de la fase procesal en que se tome la decisión, pues el auto de admisión erróneamente proferido, no obliga a tomar decisión alguna de fondo al estudiar los reparos hechos a la sentencia del tribunal y determinar el vicio o la índole de la pretensión, dado que carece de fuerza vinculante no porque se estime ilegal, sino porque carece de efecto, y pensar en atribuirle capacidad saneadora al auto de admisibilidad equivaldría, como se ha dicho, a comprometer a la Corte en el nuevo error de asumir una competencia de que carece, la cual queda limitada exclusivamente a tomar esta decisión, dado que el objeto del fallo, como es la demanda, no puede proferirse ante su ineptitud”.

En consecuencia, se desestimará la demanda presentada por el Procurador 148 Judicial Penal de Mocoa, que igualmente ofrece los reparos a que alude el Ministerio Público en esta sede. Este pronunciamiento no admite recurso alguno.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

DESESTIMAR la demanda de casación.

Contra esta providencia no procede recurso alguno.

Cópiese, comuníquese y devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

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