•Sentencia 11532 de abril 8 de 1999

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

TRABAJADORES OFICIALES

NO PUEDEN ADOPTAR EL RÉGIMEN DE LOS TRABAJADORES PARTICULARES

EXTRACTOS: «En el presente caso no se discute la naturaleza jurídica de la entidad demandada (sociedad de economía mixta, sometida al régimen de empresa industrial y comercial del Estado), como tampoco la calidad de trabajador oficial del demandante. La controversia gira de manera fundamental en torno a la terminación del vínculo laboral que unió a las partes, pues mientras el actor sostiene que fue despedido sin justa causa y de manera ilegal, la empresa argumenta que dio por terminado el contrato de trabajo haciendo uso de la facultad legal que le confiere el plazo presuntivo, aplicable a este tipo de servidores públicos.

Si bien es cierto que en el expediente consta un contrato individual de trabajo a término indefinido, suscrito entre la Electrificadora del Magdalena S.A. y el señor Efraín Johnson Guerrero, en cuya cláusula sexta se dijo que “Son justas causas para poner término a este contrato, unilateralmente, las enumeradas en el artículo 7º del Decreto 2351 de 1965, y ...”, no es menos cierto que del texto de la sentencia recurrida se desprende que el tribunal sí tuvo en cuenta esa prueba, al afirmar que “Por consiguiente, no puede pretenderse la aplicación del Decreto 2351 de 1965, por cuanto las relaciones individuales de los trabajadores oficiales no se rigen por el Código Sustantivo del Trabajo...”, aserción que en tratándose del empleado oficial demandante carecería en absoluto de sentido si no se le entendiera referida a la cláusula sexta del contrato de trabajo en donde se pactó ese régimen, pues por sabido se tiene que legalmente no es aplicable a trabajadores que ostenten el status jurídico del actor.

Y desde luego, saber si en un contrato individual de un trabajador oficial es dable pactar o no el sometimiento al régimen del Decreto 2351 de 1965, en vez del prescrito en el Decreto 2127 de 1945, no es asunto que pueda dilucidarse en un cargo por la vía indirecta, pues dada su estirpe jurídica, solamente es ventilable por la vía directa.

Pero haciendo abstracción de lo anterior, si se estimase que en verdad el tribunal no apreció el susodicho contrato, como lo pregona el impugnante, y se entrase en el fondo del asunto partiendo de tal presupuesto fáctico, sería menester examinar de manera integral y no fraccionada el contrato, estudio que, aún coincidiendo con el alcance que le otorga la censura a su contenido, de todos modos desembocaría en un juicio de puro derecho.

En efecto, en el contrato de trabajo, además de la estipulación sexta, atrás reproducida, se convino en la cláusula cuarta la aplicación de las normas de los artículos 164 y 167 del Código Sustantivo del Trabajo sobre jornada laboral; y se consignó en la cláusula séptima: “En caso de terminación unilateral del contrato sin justa causa, se dará cumplimiento a lo previsto en el artículo 8º del Decreto 2351 de 1965”, norma que había subrogado al artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, y que para la época de la terminación del contrato de trabajo, a su vez había sido subrogada por el artículo 6º de la Ley 50 de 1990; en la cláusula octava se remitió a la indemnización moratoria prevista en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo. Este breve recuento del tenor del acuerdo laboral, lleva a la conclusión de que ciertamente, al menos a la iniciación del avenimiento, la voluntad de los contratantes fue la de someterse a un régimen jurídico impropio para un trabajador oficial: el del Código Sustantivo del Trabajo, cuando lo correcto en principio es aplicar las normas de orden público que lo someten a un estatuto especial en materia de derecho individual porque así lo mandan perentoriamente los artículos 3º, 4º y 492 del propio código de la especialidad.

Aun cuando es cierto que los trabajadores oficiales pueden en determinados aspectos específicos gobernarse por disposiciones estatuidas para los particulares, no pueden por convenio con sus empleadores adoptar íntegramente —como razonablemente puede entenderse se pretendió en el contrato bajo examen— el régimen de éstos pues ello equivaldría a desconocer la naturaleza jurídica que imperiosamente les otorga la ley, o si se quiere sería tanto como asignar patente de corso para que a través de la contratación individual se alterase el régimen jurídico impuesto por normas de obligatorio acatamiento, dejando a la sola voluntad de las partes el escogimiento de la legislación aplicable.

De suerte que cuando el tribunal asentó: “Por consiguiente, no puede pretenderse la aplicación del Decreto 2351 de 1965, por cuanto las relaciones individuales de los trabajadores oficiales no se rigen por el Código Sustantivo del Trabajo, por lo tanto la posibilidad que tienen estos trabajadores de tener acceso al reintegro sólo puede darse por estipulación convencional” (fl. 26 cuaderno del tribunal), no incurrió en yerro alguno».

(Sentencia de casación, abril 8 de 1999. Radicación 11.532. Magistrado Ponente: Dr. José Roberto Herrera Vergara).

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