Sentencia 11541 de junio 12 de 2000 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

PECULADO CULPOSO

RESPONSABILIDAD EN LA CUSTODIA DE TÍTULOS DE DEPÓSITO JUDICIAL

EXTRACTOS: «2. La descripción típica del delito de peculado culposo, imputado a la doctora Martha C. Petro, en el artículo 137 del Decreto 100 de 1980, era del siguiente tenor:

“El empleado oficial que respecto a bienes del Estado o de empresas o instituciones en que éste tenga parte, o bienes de particulares cuya administración o custodia se le haya confiado por razón de sus funciones, por culpa dé lugar a que se extravíen, pierdan o dañen, incurrirá en arresto de seis (6) a dos (2) años, en multa de un mil veinte pesos e interdicción de derechos y funciones públicas de seis (6) meses a dos (2) años” (1) .

(1) El artículo 18 de la Ley 190 de 1995, cambió la expresión “empleado oficial” por “servidor público” y el artículo 32 ibídem, aumentó la cuantía de la multa entre diez (10) y cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales.

Con relación a la juez acusada no se discute su calidad de servidora pública ni la pérdida de los valores representados en los títulos de depósito judicial entregados a la custodia del Estado, sino si su conducta fue o no descuidada y, si lo fue, la relación de causalidad o determinación entre ella y esa pérdida que ocurrió por indebida apropiación de los valores representados en esos documentos, con la participación de la secretaria y el escribiente del despacho, aspectos en que se basan los impugnantes para impetrar la revocatoria de la sentencia absolutoria y, por ende, la condena.

3. En el proceso está acreditado que la doctora Petro entregó el manejo material de los títulos de depósito judicial, indebidamente cobrados, a la secretaria Noris Puche de Pastrana, en razón a que el escritorio de aquella era viejo y no tenía ninguna seguridad.

Igualmente que el libro de títulos y demás que se llevaban en el despacho los manejaba el escribiente Nemesio Villadiego, en razón a que según la juez, tenía buena letra y estética para ese efecto.

También se estableció que la doctora Petro no ejerció ninguna forma de control ni vigilancia sobre los citados comprobantes de depósito.

4. La Sala no comparte el criterio del tribunal, acogido por la defensa, sobre la no responsabilidad de la doctora Petro, basado en que su actuar no fue descuidado, en que podía confiar la custodia material de los títulos a la secretaria y en que esa circunstancia la eximía de responsabilidad y en que, de todas maneras, “no media el nexo causal entre culpa y resultado”, por las siguientes razones:

4.1. Para la Sala es claro que la acusada violó el deber especial de cuidado que específicamente le imponía la propia ley, al haber entregado a la secretaria el manejo físico de los citados títulos y al no haber ejercido sobre los mismos el debido control y vigilancia, esto es, al haber abandonado la custodia material a que legalmente estaba obligada.

4.1.1. En efecto, el Decreto 1798 del 14 de agosto de 1963, por medio del cual se reglamentó el artículo 4º de la Ley 2ª de 1963, en su artículo 4º establece:

“Los funcionarios de la Rama Jurisdiccional o de Policía mantendrán en custodia y bajo su responsabilidad, los títulos o comprobantes de depósito, dejando constancia en el expediente respectivo, del número del título o comprobante, de su fecha y de los nombres de la entidad depositaria y del depositante. Cuando el depósito se haga en una entidad bancaria, el título será devuelto al depositario, junto con la nota donde se transcriba la providencia que ordena el pago, dejando en el expediente la constancia de su devolución, firmada por quien lo reciba”.

A su vez, el literal “I” del artículo 55 del mentado Decreto 52 de 1987 establece como deber de los funcionarios y empleados “responder por la conservación de los elementos, útiles, materiales, equipos, muebles y demás bienes confiados a su guarda o administración y rendir cuentas de su utilización”.

El entendimiento de tales disposiciones es el de que la función de custodia material de los títulos de depósito judicial le corresponde específicamente al juez, sin que ello implique que el secretario y demás empleados judiciales queden excluidos del deber general de responder por los muebles y demás elementos del despacho, entre ellos los títulos.

En consecuencia, si la custodia física de los mentados documentos es función específicamente señalada por la ley al juez, no puede confiarla al secretario ni a ningún otro subalterno judicial y si lo hace, la responsabilidad permanece radicada en él, independientemente de la que corresponda a aquél en quien se asignó.

Ha dicho al respecto la Sala:

“El mismo Ministerio Público, desde la anterior oportunidad en que se conoció de este proceso, resaltó que, conforme a lo dispuesto en el numeral 4º del Decreto 1798 de 1963, a los funcionarios de la Rama Jurisdiccional y de Policía, les corresponde mantener “en custodia y bajo su responsabilidad, los títulos o comprobantes de depósito”. De ahí que la Corte en aquella ocasión anotara: “esto en primera instancia comporta que tal función es indelegable y, en segundo lugar, que si indebidamente se delega, la responsabilidad sigue en cabeza del funcionario, sin perjuicio de la que le corresponde a aquél en quien arbitrariamente se delegó. Entonces, la circunstancia misma de haber trasladado una función propia de su cargo a uno de sus subalternos (...), comporta, per se —y así lo ha señalado la Corte, M.P. Guillermo Duque Ruiz, auto de mayo 18/89— ostensible negligencia del juez en el manejo de los asuntos a él especialmente confiados”. (Auto del 27 de noviembre de 1991, M.P. Gustavo Gómez Velásquez).

Por lo tanto, se equivoca el tribunal cuando asevera que la custodia material se podía atribuir a la secretaria y que esa asignación eximia de responsabilidad a la titular del despacho.

En otros términos, la ley, con la finalidad de proteger los bienes entregados a la vigilancia del Estado y, por consiguiente, el bien jurídico de la función administrativa pública, que debe aparecer transparente y confiable ante los asociados, quiso que el juez no se pudiera desentender de la custodia y manejo de los títulos de depósito judicial.

Es más, el deber de cuidado exigible con relación a los mentados comprobantes no es el mismo que se demanda a los funcionarios con respecto a los bienes oficiales confiados a su administración, sino que la propia ley impone expresamente un cuidado especial, en razón del riesgo de pérdida, daño o extravío a que están sujetos.

4.1.2. En el caso que ocupa la atención de la Sala, la doctora Petro Hernández admitió que la custodia de los títulos judiciales a ella encomendados, por razón de sus funciones, la confió a su secretaria, señora Noris Puche Redondo de Pastrana. Así se expresó cuando sobre el punto fue interrogada:

“Sí le asigné tal responsabilidad, por cuanto que estos títulos llegaban por secretaría, ella era la que se encargaba de recibirlos cuando llegaban del banco y me parecía que como secretaria debía manejarlos y custodiarlos”.

Como motivo adujo que su escritorio no ofrecía las seguridades del caso para custodiar los mencionados documentos, conducta que asumió desde que tomó posesión del cargo.

4.1.3. Con esa actitud la acusada violó el deber de cuidado que le era exigible, pues le hubiera bastado arreglar las seguridades de su escritorio o cambiarlo, para lo cual no desarrolló el más mínimo esfuerzo.

Es más, aun aceptando que la entrega material de los títulos en manos de la secretaria hubiese sido necesaria, por razón misma de las circunstancias, ello no la eximía del deber de custodia material y, por lo mismo, de la obligación de ejercer el pertinente control y vigilancia sobre tales instrumentos, mediante la confrontación de saldos bancarios, chequeos selectivos, etc.

En otros términos, la custodia material de los títulos corresponde, específicamente, al juez, por lo cual debe manejarlos físicamente. Pero si por razón misma de las circunstancias se ve compelido a entregar ese manejo físico al secretario, sigue obligado a la custodia material, la que hará efectiva con las medidas adecuadas de vigilancia y control.

Ahora bien, esa custodia material no la puede confiar ni al secretario ni a ningún otro funcionario subalterno, ni aun en el evento de que tenga que encomendarles la tenencia y el manejo físico, pues en tal caso mantendrá y ejercerá tal cuidado, mediante los pertinentes actos de vigilancia y control. Si indebidamente abandona esa custodia material, es decir, se desentiende de la misma, la responsabilidad permanece radicada en el juez, independientemente de la que corresponda a aquél en quien se dejó.

En consecuencia, el tribunal y el defensor se equivocan cuando sostienen que a la procesada no le era exigible ninguna actitud tendiente a evitar la dolosa sustracción de los títulos judiciales, pues, se reitera, existía un imperativo legal que le impedía sustraerse a la custodia de tales documentos, sin que valga el argumento defensivo de que otros funcionarios actuaron en la misma forma, pues la incuria ajena no puede servir de excusa a la propia.

(...).

4.1.5. Así mismo, se insiste en la resolución de acusación y por los impugnantes que la juez fue advertida de las anomalías que con relación a tales títulos se estaban cometiendo, pero que no prestó ninguna atención.

Al respecto la Sala se permite precisar que independientemente de si se le hizo o no esa advertencia, lo que aparece dudoso, lo cierto es que los restantes elementos de convicción que obran en el expediente son suficientes para concluir en la responsabilidad a título de culpa de la doctora Petro Hernández.

4.2. En cuanto a la relación de determinación entre la omisión del deber de cuidado y el indebido cobro de los títulos, que no encuentra el tribunal, para la Sala aparece indubitable y emerge de la circunstancia de haber confiado a la secretaria la custodia material de los mismos, sin el más mínimo control ni vigilancia, pues si no hubiera obrado así, la apropiación del dinero encargado a la custodia del Estado, no se hubiera producido.

En lo que atañe a este aspecto, en la sentencia impugnada se sostiene que el plan para sustraer y cobrar los mentados títulos fue tan habilidosamente fraguado que aun actuando con diligencia era imposible descubrir el “inicuo montaje”.

Al respecto la Sala se permite precisar que no comparte tal argumento que parte del desatinado presupuesto de que se podía abandonar la custodia material, de manera que una vez en manos de los subalternos su habilidosidad impedía, incluso a un avisado funcionario, descubrir el fraude, cuando lo que demuestra el expediente es que fue tal la imprudente confianza e incuria con que se actuó, que no sólo se renunció con ligereza al manejo físico de esos títulos representativos de los depósitos judiciales, sino que no se ejerció ninguna forma de control sobre los empleados a quienes arbitrariamente se entregó, siendo tal actitud la que permitió que el plan defraudatorio se realizara.

En otros términos, si la acusada no deja el manejo y custodia de los títulos bajo la exclusiva confianza de la secretaria, con la inexplicable disculpa de que su escritorio estaba dañado, y el libro de títulos bajo la exclusiva tutela del escribiente, o, por lo menos, lleva a cabo periódicas y prudentes operaciones de control, el plan criminal y el consiguiente resultado antijurídico, no se hubieran conseguido.

Por lo precedentemente expuesto, claro resulta que la sindicada incurrió en el delito de peculado culposo previsto en el artículo 137 del Código Penal, toda vez que por su comportamiento descuidado fueron indebidamente cobrados numerosos títulos judiciales, según se aprecia en la inspección judicial y en las relaciones que obran a los folios 239 a 252 del cuaderno principal.

Vistas así las cosas, se encuentra debidamente demostrada la tipicidad de la conducta imputada, el daño sin justa causa al bien jurídico protegido por el precepto y la culpa de la procesada en los hechos que se le atribuyeron en la resolución de acusación, por lo que se procederá a proferir en su contra sentencia condenatoria y, consecuencialmente, a la tasación de la pena, la cual se hará de la siguiente manera:

El delito de peculado culposo, vigente para la época de los hechos (C.P., art. 137), contemplaba las siguientes penas principales: arresto de seis (6) meses a dos (2) años, multa de un mil a veinte mil pesos e interdicción de derechos y funciones públicas de seis (6) meses a dos (2) años.

Para dosificar la pena a imponer, la Sala toma en consideración que no concurren circunstancias de agravación y sí la de atenuación consistente en que la sentenciada carece de antecedentes penales o contravencionales, pues no existen en el proceso elementos de juicio que indiquen lo contrario. Sin embargo, no se impondrá la pena mínima establecida en el citado tipo penal, sino que ésta se incrementará un (1) mes por la gravedad del hecho, toda vez que el estado de negligencia en el que incurrió la procesada se prolongó por más de un año. En consecuencia, se le impondrán las penas principales de 7 meses de arresto, un mil ($ 1.000) pesos de multa e interdicción de derechos y funciones públicas por el lapso de seis (6) meses.

La sentenciada Martha Cecilia Petro Hernández tiene derecho a que se le suspenda la ejecución de la sentencia por un período de prueba de dos (2) años, ya que la pena privativa de la libertad no excede de tres (3) años y la personalidad, naturaleza y modalidades del hecho punible permiten a la Sala suponer que no requiere tratamiento penitenciario.

Sin embargo, el subrogado operará exclusivamente respecto a la pena privativa de la libertad y la procesada habrá de soportar el cumplimiento de las demás penas principales.

La efectividad de la suspensión de la ejecución de la condena está sujeta a que suscriba una diligencia en que se comprometa a informar todo cambio de residencia, a ejercer profesión u ocupación lícitos, abstenerse de consumir bebidas alcohólicas, a presentarse cada dos (2) meses a la Presidencia de la Sala Penal del Tribunal Superior de Montería y, en general, a observar buena conducta.

Igualmente, se le impone como obligación la de pagar la totalidad del monto de los perjuicios señalados en esta sentencia, para lo cual se le fija como plazo el término de 7 meses, contados a partir de la ejecutoria de la misma.

El cumplimiento de dichas obligaciones se garantizará mediante la constitución de una caución prendaria por la suma de dos salarios mínimos mensuales legales vigentes, que deberá consignar en el Banco Popular de la ciudad de Montería a órdenes del Tribunal Superior de la misma ciudad.

A la condenada se le advierte que el incumplimiento de las citadas obligaciones le acarreará la revocación del subrogado penal concedido y la pérdida de la caución prestada.

Por último, en cuanto atañe a la indemnización de perjuicios, debe decirse lo siguiente:

Teniendo en cuenta que por la conducta descuidada de la doctora Martha Cecilia Petro Hernández se cobraron indebidamente, con la participación de la secretaria y el escribiente, numerosos títulos de depósito judicial, entre los meses de mayo de 1989 y el 7 de septiembre de 1990, según la imputación que se le hizo en la resolución acusatoria, se le impondrá la obligación de pagar a favor del Tesoro Nacional la suma de $ 5.543.045,86.

Cabe señalar que no se dispone la indexación de dicho valor, pues el Estado lo devuelve a los consignantes o beneficiarios, por la misma cantidad del depósito, ni el pago de intereses, por no haberse establecido su cuantía, pues el aprovechamiento de tales dineros está sujeto a un régimen especial en el que juegan el saldo trimestral y el encaje bancario, que hubiera requerido la práctica de una prueba pericial, que no se llevó a cabo».

(Sentencia de segunda instancia, junio 12 de 2000. Radicación 11.541. Magistrado Ponente: Dr. Jorge E. Córdoba Poveda).

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