Sentencia 11565 de octubre 7 de 1999 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

NARCOTRÁFICO

INCREMENTO PUNITIVO POR LA GRAVEDAD DEL HECHO

EXTRACTOS: «Aducen los defensores que el Tribunal consideró que frente a delitos de narcotráfico siempre se configura como agravante “la gravedad del hecho punible”, lo cual constituye interpretación errónea del inciso 1º del artículo 61 del Código Penal.

Los fundamentos aducidos en el fallo sobre el punto y a los cuales está referido el cargo, fueron los siguientes:

“Tiénese, entonces, que a partir de la considerable cantidad de estupefacientes (cocaína) objeto de procesamiento, ilícita exportación y distribución, que se ha referido resultó superior a 1.660 kilogramos, es válido afirmar que la jurisdicción se encuentra frente a una infracción con virtualidad suficiente para afectar gravemente el interés jurídico protegido de la salubridad social, con proyección no sólo en el conglomerado social patrio, sino también el de aquella Nación norteamericana para la cual estaba destinada la ilícita producción y donde, en definitiva, se materializó la etapa de distribución o tráfico de la misma. Como ya lo ha dicho la Sala en oportunidades anteriores, la gravedad misma del hecho también se deriva de los destinatarios del ilícito producto que son por lo general jóvenes, sector más vulnerable de la sociedad. De otra parte, no pueden dejar de sopesarse en este contexto, los nada despreciables perjuicios económicos que se derivan del ilícito tráfico para uno y otro países, con proyecciones negativas incluso en las economías más sólidas”.

La gravedad del hecho (que junto con la personalidad del procesado y el grado de culpabilidad, le sirvieron al Tribunal para incrementar la pena a imponer a los procesados en 2 años) fue en primer lugar derivada de la gran cantidad de cocaína objeto del delito, lo cual fue acertado a criterio de la Sala.

Ese fundamento, del cual se hizo depender la afectación grave de la salubridad social en Colombia y los Estados Unidos, en absoluto puede traducir que el juzgador dijo —como lo afirman los demandantes— que los delitos de narcotráfico siempre constituyen hechos graves, siendo en todos los casos incrementable la pena por tal criterio de dosificación previsto en el artículo 61 del Código Penal. Eso en ningún momento fue lo expresado en la sentencia, que lo que hizo, en primer término, fue considerar grave el hecho debido a la importante cantidad de la sustancia objeto del tráfico.

La intensidad del daño que se causa o puede causarse al bien jurídicamente tutelado de la salubridad social es mayor o menor dependiendo de la cantidad de droga materia del delito. No es lo mismo elaborar, exportar y distribuir 5 kilos de cocaína que 100 o 5.000, por lo que resulta completamente racional y lógica la asociación de la cantidad de droga materia del delito a la noción de gravedad del hecho como criterio para la fijación de la pena.

Cierto que el artículo 38-3 de la Ley 30 de 1986 agrava la conducta con fundamento en la cantidad de la sustancia. Esta previsión, sin embargo, no puede conducir a la afirmación que hacen los demandantes, según la cual, en el caso de la cocaína, cualquier conducta que se refiera a una cantidad superior a 5 kilos es ya adecuable a la agravante específica y no puede por lo tanto ser nuevamente agravada con sustento en el criterio de dosificación a que se viene haciendo referencia.

La idea es sencillamente absurda. Lo que propicia la agravante específica del artículo 38-3 es variar los límites dentro de los cuales puede imponer la pena el juzgador por la concurrencia de la circunstancia objetiva allí prevista. Pero una vez tipificada la conducta en su modalidad agravada, mal pueden igualarse para efectos punitivos todas las hipótesis delictivas, sin ninguna consideración a la cantidad de la sustancia estupefaciente. Es obvio para la Sala, se reitera, que en cuanto mayor sea la cantidad de droga objeto del delito, mayor será la intensidad del daño potencial o real ocasionado al interés jurídico tutelado y consecuencialmente más grave el hecho.

Así las cosas, en ningún momento el Tribunal hizo una interpretación errónea del criterio para fijar la pena que se analiza. Las cantidades significativas de la cocaína exportada y distribuida en los Estados Unidos por los procesados, permitían afirmar que se trataba de conductas graves, más allá de la gravedad misma del delito es decir de la que se sirvió el legislador para describirlo como tal.

Aunque era suficiente tal argumento para motivar el incremento punitivo por razón de la gravedad del hecho punible, el Tribunal agregó que ésta también se derivaba de dos circunstancias adicionales: el hecho de que en general la sustancia estupefaciente tiene como destinatarios a los jóvenes y los importantes perjuicios económicos para Colombia y los Estados Unidos ocasionados con el tráfico ilícito.

Es verdad, como lo predican los recurrentes, que se trata de unas consideraciones de carácter general que resaltan algunos de los problemas aparejados a todo delito de narcotráfico. También que una afirmación abstracta, desligada de la conducta concreta imputada, no es suficiente para sustentar la gravedad específica de un comportamiento específico. Sin embargo, aparte de que se trataba de un argumento superfluo pues ya acertadamente se había deducido la gravedad del hecho de las considerables cantidades de cocaína traficadas, estima la Sala que el error del Tribunal radicó en introducir como motivo fundante de la gravedad del hecho la consideración relativa a que los destinatarios de la sustancia eran jóvenes. No se determinó en realidad que esto fuera cierto y en tal medida es verdad que se resaltó un problema social normalmente asociado al narcotráfico para reforzar la deducción de la agravante.

La equivocación de juzgador, no obstante resulta intranscendente en el proceso de fijación de la pena, si se tiene en cuenta que la gravedad del hecho ya estaba derivada de las importantes cantidades de cocaína traficadas. Y que es un juicio de valor razonable la consideración de los evidentes perjuicios que tal tipo de conductas —cuando son reiteradas y a gran escala como sucede en el caso examinado— le causan a la economía, lo cual resulta consustancial al carácter pluriofensivo que el delito tiene en abstracto y que puede llegar a concretarse cuando se realiza bajo tales circunstancias.

El cargo, en consecuencia, tampoco está llamado a prosperar».

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AGRAVACIÓN PUNITIVA EN DELITOS DE NARCOTRÁFICO

POR LA CANTIDAD DE DROGA OBJETO DEL DELITO

EXTRACTOS: «No quiere desaprovechar la Sala la oportunidad para reiterar que la aprehensión material de la droga no es una condición para que proceda la aplicación del numeral 3º del artículo 38 de la Ley 30 de 1986. Esta norma autoriza duplicar el mínimo de las penas previstas en los artículos anteriores “cuando la cantidad incautada sea superior a mil (1.000) kilos si se trata de marihuana, a cien (100) kilos si se trata de marihuana hachís; y a cinco (5) kilos si se trata de cocaína o metacualona”.

Es indudable que se trata de un tipo cuya aplicación se encuentra subordinada al contenido de los artículos 33 al 37 de esa normatividad y que por lo mismo obliga a una interpretación sistemática y no meramente gramatical.

“...por su condición de subordinado del tipo agravante de que se trata —enfatizó la Corte en pasada ocasión— (2) no puede aplicarse de manera independiente, pues únicamente adquiere entidad jurídica en referencia y sólo así, con los tipos básicos a los cuales alude. De tal suerte, el vocablo “cantidad incautada”, empleado por el legislador para imprimir mayor drasticidad a la pena mínima de los delitos definidos en los artículos 33 a 37 de la ley en mención, no puede limitarse al significado gramatical del verbo incautar. Éste, haciendo parte del tipo subordinado, pierde también su autonomía y debe ser interpretado dentro del contexto de la normatividad represora del narcotráfico, que no por haberlo empleado sólo en la redacción del agravante, excluye de sus efectos la mayor parte de las conductas delictivas que se reprimen, como que las más de las veces la incautación del estupefaciente no llega a materializarse.

(2) Sentencia de casación de diciembre 10 de 1997. M.P. Dídimo Páez Velandia. Radicación 9066.

Fluye claro que lo que el legislador quiso reprimir con mayor severidad, es la cantidad de estupefaciente manipulada por el agente, de la cual tenga probada noticia el proceso; no simplemente de la cantidad decomisada, pues es apenas lógico entender que el uso de la palabra “incautada” no lo fue con el alcance restrictivo que le da el casacionista, sino para significar con ella “la droga o sustancia ilícita sometida a conocimiento de un tribunal o autoridad competente para lo de su cargo, así no se halle aprehendida materialmente” o sea que el “tomar posesión” que utiliza el diccionario de la Real Academia de la Lengua como acepción de “incautarse” lo entendió el legislador en sentido figurado con alcance jurídico, no material.

Resulta indiscutible que el ejercicio por el juez, del trabajo interpretativo, cuando el texto de la ley lo requiere para hacerla operante al fin que persigue, no puede constituir, como dice entenderlo el profesional demandante, el desconocimiento del principio de legalidad del delito y de la pena. Es sencillamente, el cumplimiento del deber connatural al juez, que ejercido con responsabilidad, va formando los criterios de interpretación propios de la jurisprudencia y va suministrando pautas generales de orientación al legislador para la comprensión de las situaciones que requieren de su manifestación funcional”.

En suma, la evidente vinculación del numeral 3º del artículo 38 de la Ley 30 de 1986 con los tipos penales descritos por el mismo estatuto en las normas que lo preceden, obliga al intérprete a escudriñar la verdadera intención de la ley al establecer la circunstancia de agravación, en atención precisamente a que una labor hermenéutica puramente gramatical, traduce inmediatamente la idea absurda de que el tráfico de sustancias estupefacientes en cantidades exorbitantes, sin que se produzca su aprehensión material, quedó excluida del tratamiento punitivo más severo a que se refiere la disposición.

No se trata de abandonar sin ninguna fórmula el método de interpretación gramatical, sino de buscar el verdadero espíritu y finalidad de la norma. Esta, sin ninguna duda, forma parte de un sistema y ante una incoherencia como la anotada, es un deber inaplazable del juez, auscultar sistemáticamente sus verdaderos alcances, bien para limitarlos a la estricta significación de las palabras o para extenderlos a las hipótesis lógicas posibles que surjan de la evaluación del conjunto normativo al cual pertenece.

Lo precedente no traduce el uso de la analogía. Se trata de un procedimiento legítimo de interpretación, que no por el hecho de una pretendida claridad en el significado de las palabras utilizadas en la norma, le está vedado al juez como fórmula para encontrar la finalidad pretendida con la misma, ante una eventual imprecisión legislativa. Así las cosas, no se trata de llenar por vía judicial un vacío de la ley en aras de la justicia material, sino de encontrar sus verdaderos alcances, es decir aquellos que motivaron la inclusión de la norma por parte del legislador y únicamente de ellos.

La Ley 30 de 1986, eso es claro, de manera recurrente se refiere cuantitativamente a las sustancias estupefacientes. En el literal j de su artículo 2º alude a la dosis para uso personal y para el caso de la cocaína la fija en una cantidad que no exceda de un gramo, naturalmente a condición que el fin de quien la tenga no sea su distribución o venta

El artículo 33 —inciso 1º—, obviamente antes de la Ley 365 de 1997, establecía una sanción de 4 a 12 años de prisión, frente a las siguientes conductas, realizadas sin permiso de la autoridad competente y salvo lo previsto sobre dosis para uso personal:

Introducir al país, así sea en tránsito, sacar de él, transportar, llevar consigo, almacenar, conservar, elaborar, vender, ofrecer, adquirir, financiar o suministrar a cualquier título droga que produzca dependencia.

El inciso 2º de la norma, preveía una sanción de 1 a 3 años para las mismas conductas, a condición de que la cantidad de droga no fuera superior de 1.000 gramos de marihuana, 200 de hachís, 100 de cocaína o de sustancia a base de cocaína y 200 de metacualona.

Nótese que dicha disposición en ningún momento estableció como elemento del tipo el hallazgo material de la sustancia, como se deduciría del argumento del recurrente respecto de la agravante. También que el legislador tomó en consideración la cantidad de la misma para la previsión de penas más o menos graves. En el caso de la cocaína, hasta 100 gramos, señaló prisión de uno a 3 años. Y de 4 a 12 años, si excedía esa cantidad.

Es supremamente clara, entonces, la tendencia del legislador de contemplar penas más rigurosas en la medida del incremento de la sustancia objeto del tráfico. Y a criterio de la Sala esa fue la lógica y el sentido para estatuir la agravante punitiva del artículo 38-3 de la Ley 30 de 1986, sin que sea dable encontrar una sola razón desde el punto de vista lógico-sistemático para admitir que únicamente quiso esa rigurosidad punitiva frente al presupuesto de la incautación de la droga, entendido éste como aprehensión material de la sustancia.

Así las cosas, como lo expresó la Sala en la sentencia citada, la utilización del término “incautar” es una típica imprecisión legislativa, que no impide el hallazgo de su verdadero sentido dentro de la lógica interna del sistema general de la ley, “...el cual no es otro que el de especificar un incremento de la pena cuando la droga objeto del delito exceda las cantidades previstas en el artículo 38-3 del estatuto nacional de estupefacientes”».

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DELACIÓN DE AUTORES O CÓMPLICES DE NARCOTRÁFICO

CONDICIONES PARA QUE PROCEDA LA REBAJA DE PENA

EXTRACTOS: «La violación directa por interpretación errónea en esta ocasión la predican los defensores del artículo 45 de la Ley 30 de 1986. El texto de la norma es el siguiente:

“La persona sindicada y procesada por los hechos punibles a que se refiere este capítulo que denuncie mediante pruebas idóneas a los autores, cómplices o encubridores del delito que se investiga, diferentes a los ya vinculados al proceso, se le disminuirá la pena de la mitad (½) a las dos terceras (2/3) partes”.

El Tribunal Nacional consideró que la norma no era aplicable en favor de los procesados y la Corte cree acertada la conclusión.

La disposición consagra una modalidad especial de delación que opera en relación con los delitos relacionados en el capítulo V del Estatuto Nacional de Estupefacientes. Si se tiene en cuenta que delatar significa descubrir a alguien que ha cometido un delito, el reconocimiento de la rebaja de pena prevista en la norma presupone la revelación de autores o partícipes del hecho punible investigado o lo que es lo mismo, el señalamiento de personas no descubiertas todavía, sustentado el mismo en la aportación de pruebas idóneas.

Así las cosas, resulta claro que la finalidad del precepto es ofrecerle una oportunidad al sindicado de rebajar la pena a cambio de una actitud de colaboración con la justicia en la medida que le permite una mayor efectividad.

Así las cosas, si ya en la investigación aparece relacionado el copartícipe del delito, no procede la aplicación de la norma y la consiguiente rebaja punitiva cuando simplemente el que pretende ser beneficiario de ella lo único que hace es afirmar nuevamente dicha participación, como aconteció en el presente caso. Hizo bien el tribunal, por lo tanto, al no otorgarle el carácter de delación a la mención que hizo Urdinola Grajales de Jhonier Mariano Ospina como “su compañero de delincuencia”, o la que de manera escueta hizo éste de Alicia Correa y Guillermo León Alzate, en atención a que todos ellos ya se encontraban individualizados a partir de las pruebas aportadas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

Quiere enfatizar en este punto la Sala que la denuncia mediante pruebas idóneas a que se refiere la norma cuya aplicación se reclama, no significa —como lo pretenden los casacionistas— que la declaración del supuesto delator sea creíble, sin importar que de manera previa y a través de otros medios demostrativos se haya logrado la identificación del autor o del partícipe. Si ésta ya se había producido como sucedió en los casos de examen, ninguna revelación en realidad hicieron los sindicados y en tales condiciones, a pesar de que sus testimonios sean creíbles y por lo mismo idóneos, en manera alguna pueden considerarse como delación.

Debe precisarse, adicionalmente, que cuando el artículo 45 de la Ley 30 de 1986 condiciona la rebaja de pena a la “denuncia” de autores o partícipes “diferentes a los ya vinculados al proceso”, no se está refiriendo al fenómeno jurídico de la vinculación procesal a través de las figuras de la indagatoria o la declaración de persona ausente. A lo que alude el precepto es a la revelación de autores o partícipes todavía no asumidos en el proceso como “vinculados” a la empresa criminal, es decir aún desconocidos.

Si la teleología de la norma es estimular al sindicado para que a cambio de una rebaja en la pena colabore con la justicia descubriendo a los otros autores o partícipes de la conducta, resulta sencillamente un sin sentido admitir como delación la simple afirmación del sindicado sobre la participación criminal de alguien que ya fue descubierto (que ya fue vinculado con la realización del delito), por el hecho puramente contingente de que no haya adquirido la condición de procesado.

No puede quedar duda que cuando la delación que se ofrece es fraudulenta, no en cuanto a la verdad misma del señalamiento sino en cuanto a la manipulación de la figura (“delatar” al coacusado, a alguien ya individualizado dentro del proceso o acordar entre los copartícipes “delatarse” entre sí sin ningún ánimo de colaboración con la justicia), la rebaja de pena es totalmente improcedente.

El Tribunal Nacional, entonces, no interpretó equivocadamente la disposición legal, siendo del caso señalar que la comparación hecha por los recurrentes entre la figura que se examina y la confesión no resulta afortunada. Esta se reconoce como aminorante punitiva en los términos del artículo 299 del Código de Procedimiento Penal, a condición de que haya sido fundamento de la sentencia condenatoria, es decir contribuido en forma determinante a afianzar la certeza sobre la realización del hecho punible y sobre la responsabilidad del procesado. Cierto que puede concurrir con otros medios de prueba, pero su posición debe ser preeminente y conclusiva de la responsabilidad penal.

La delación del artículo 45 de la Ley 30 de 1986 es otra cosa. Consiste, como se dijo, en descubrir mediante pruebas idóneas a personas vinculadas con la realización del delito. Si la posibilidad de que esto ocurra supone lógicamente que el autor o el partícipe no haya sido descubierto, acudir a la confesión para decir que no existe razón legal para negar la delación cuando a través de otros medios de prueba ya se haya logrado esa revelación o descubrimiento, es simplemente una necedad.

No prospera el cargo».

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DOSIFICACIÓN DE LA PENA

CUANDO CONCURREN VARIOS FACTORES QUE IMPLICAN REBAJA

EXTRACTOS: «Para el defensor el método correcto para computar las rebajas de pena implica determinar la pena a imponer, sobre ésta calcular los diferentes descuentos, sumarlos y descontárselos a la primera. Como el Tribunal Nacional realizó las rebajas de manera progresiva y sobre saldos resultantes, el parecer del censor es que erró en la interpretación del artículo 37B-1 del Código de Procedimiento Penal.

La Sala ya se ha referido al tema en diferentes oportunidades y ha sido reiterativa en señalar que las rebajas de pena se calculan sobre residuos o remanentes. Así por ejemplo, mediante providencia del 31 de julio de 1996 (M.P. Dr. Jorge E. Córdoba Poveda) se consideró violatorio del principio de legalidad de la pena el método para computar las rebajas propuesto por el impugnante. Este criterio —se dijo en esa oportunidad— de calcular todas las aminorantes sobre el total de la pena imponible y no sobre los residuos

“...puede llevar no sólo a imponer penas insignificantes sino, incluso, a dejar impune el delito y a que el Estado aparezca deudor del condenado, ya que, por ejemplo, si al total de la sanción imponible se le quitan las 2/3 partes por haberse actuado en estado de ira (si se estima que el procesado merece la máxima reducción del artículo 60 del C.P.), más 1/3 parte por confesión (D. 2700/91, art. 299) se habrá copado el quantum íntegro de la pena y sin que siquiera, por sustracción de materia, exista la posibilidad de descontar el tercio a que, teóricamente, tendría derecho por haberse acogido a la sentencia anticipada.

Aparece claro que tal forma de tasación punitiva no sólo viola el principio de legalidad, sino que pugna con una racional política criminal, desconoce la proporcionalidad que debe existir entre el hecho juzgado y la pena, la eficacia de la misma y el carácter plurifuncional a ella asignado, a más de conllevar una evidente injusticia (...).

Por otra parte, la Comisión de evaluación de la política de sometimiento a la justicia, organismo consultivo del ejecutivo, adscrito al Ministerio de Justicia y del Derecho, de la cual hicieron parte, entre otros funcionarios, el presidente de la Corte Suprema de Justicia y el Fiscal General de la Nación, expresó: “en los casos en que proceda la acumulación de beneficios y salvo específicas exigencias normativas, cada rebaja se debe hacer en la sentencia en forma independiente tomando como base la pena que quede después de efectuado cada descuento; o sea, revaluar la práctica de sumar los diferentes descuentos y luego sí aplicarlos al total de la pena””.

Con la misma orientación precisó la Corte en la sentencia de casación del 20 de abril de 1999, con ponencia compartida de los magistrados Fernando E. Arboleda Ripoll y Ricardo Calvete Rangel (radicación 10.576):

“No puede desconocerse que la utilización de la expresión “acumulación” en el enunciado y cuerpo de la norma (37 B-1 del CPP), ha provocado interpretaciones disímiles, entre ellas la propuesta por la demandante, pero el contenido de la disposición, y las modificaciones que luego se le introdujeron (L. 365/97, art. 12), permiten lógicamente dejar establecido que lo pretendido por la ley no fue autorizar una suma aritmética de beneficios, entendida como conjunción de varias cantidades homogéneas en una sola, sino reconocer el carácter concursal o concurrente de la rebaja prevista en los artículos 37 y 37A, como los demás a que tuviere derecho el procesado.

Obsérvese que la norma, al negar el carácter concursal de estas rebajas entre sí (arts. 37 y 37A), utiliza la misma expresión (en ningún caso se acumularán, dice el precepto), no quedando duda del alcance que se le quiso dar a la expresión, en el sentido de compatibilidad o concurrencia.

La interpretación propuesta por la demandante, además de no resultar acorde con el texto del precepto, vendría a erigirse en factor de impunidad, en cuanto podría conducir a la exclusión total de la pena, e inclusive al absurdo de tener que reconocer saldos a cargo del Estado y en favor del procesado, haciendo que la certeza de su aplicación resulte siendo una burla, intolerable desde el punto de vista de los fundamentos y función asignados al derecho penal, o por mejor decir, al derecho de la pena en un Estado de las peculiaridades del nuestro, como ya ha sido sostenido por la Corte en oportunidades anteriores, frente a pretensiones similares.

Ninguna incorrección, por tanto, se advierte en el proceso de dosificación de la pena llevado a cabo por las instancias, pues las rebajas por confesión y sentencia anticipada se hicieron sobre la pena ya individualizada, de manera gradual, con afectación de los saldos que se iban obteniendo, como corresponde hacerlo en estos casos, según se dejó anotado”.

La razón de ser de las rebajas de pena, de otra parte, es la disminución de su duración (prisión o arresto) o valor (multa) pero en ningún momento su eliminación. Esta sola posibilidad se opone al concepto mismo de reducción —que presupone el mantenimiento de parte de la pena— y al claro querer del legislador de aminorarla y no prescindir de su aplicación. (Cfr. sentencia de ago. 12/97. M.P. Dr. Fernando Arboleda Ripoll).

El casacionista es insistente en el argumento de que en la regulación de las rebajas por sentencia anticipada, confesión y delación, la ley remite todas las rebajas a “la pena” y “no a un cálculo provisional o intermedio de pena ya parcialmente rebajada”. Se trata de un planteamiento sofístico, si se tiene en cuenta que por pena a imponer debe entenderse en primer lugar —en un caso como el examinado— la deducida en los términos de los artículos 61, 67 y 26 del Código Penal y, en segundo, frente a la concurrencia de varios factores que impliquen su rebaja, aquella que vaya resultando a medida que sean aplicadas, siguiendo un orden lógico, las aminorantes punitivas.

Así las cosas, determinada la pena a imponer, o de la cual se parte como lo expresa el Procurador Delegado, la cantidad respectiva empieza a afectarse en forma progresiva por las porciones previstas para las diferentes rebajas a que haya lugar. Si existe confesión, simplemente la pena tasada se disminuye en su sexta parte y el resultado adquiere la categoría de pena a imponer, convirtiéndose como consecuencia en el punto de partida para disminuirla en alguna de las porciones autorizadas por razón de la denuncia de autores o partícipes a que se refiere el artículo 45 de la Ley 30 de 1986. La nueva cantidad es, a su turno, el monto de la pena que corresponde al hecho o hechos objeto del proceso y sobre ella opera la reducción prevista por la ley frente a las eventualidades de sentencia anticipada o audiencia especial.

En el caso examinado eso fue lo que hizo el juzgador. A la pena a imponer le restó lo que correspondía por confesión y el monto resultante lo disminuyó en la cantidad de pena pertinente por razón de haber aceptado el procesado su responsabilidad. No encuentra la Sala, por lo tanto, ningún error en la interpretación de la ley por parte del tribunal, por lo que la censura objeto de examen es como las anteriores igualmente improcedente».

(Sentencia de casación, octubre 7 de 1999. Radicación 11.565. Magistrado Ponente: Dr. Carlos Eduardo Mejía Escobar).

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